‘Megadeuda’: ¿quiénes son los beneficiarios?

El préstamo de dinero que realizan los bancos es uno de los mecanismos más efectivos de concentración de la riqueza en las sociedades modernas

Por: Editorial Vanguardia

Editorial

El dato es elemental y cualquiera lo sabe: prestar dinero es un negocio. De hecho, se trata de uno de los mejores negocios del mundo, pues se obtienen enormes ganancias sin producir absolutamente nada, es decir, sólo por el hecho de poseer el capital que otro necesita eventualmente.
Pero se trata, debe reconocerse, de un negocio legal, de una actividad protegida por las normas de derecho público que permiten, a quienes las poseen, beneficiarse sin esfuerzo de la riqueza que han logrado acumular.
Por supuesto, no solamente quienes poseen los recursos pueden obtener beneficios de tal circunstancia. También pueden hacerlo quienes tienen la autorización para operar como intermediarios entre quienes poseen riqueza y las personas -públicas y privadas- que los requieren.
Es el caso, este último, de los bancos, es decir, de las instituciones dedicadas al préstamo de dinero por excelencia.
En teoría, desde luego, se trata de una actividad obligada a realizarse en el terreno de estrictos límites jurídicos que plantean la imposibilidad de obtener ganancias excesivas.
Pero, como se ha puntualizado, eso es sólo teoría. El préstamo de dinero que realizan los bancos constituye uno de los mecanismos más efectivos de concentración de la riqueza en las sociedades modernas.
Y no se trata solamente de los intereses que cobran los bancos por los préstamos, sino también de toda una suerte de “servicios periféricos” cuyo costo deben asumir quienes deciden, como es el caso de las entidades públicas, recurrir a la banca comercial para financiarse.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al pago realizado por el Gobierno de Coahuila, por decenas de millones de pesos, a propósito del proceso de reestructuración de los pasivos conocidos popularmente como “megadeuda”.
De acuerdo con los datos revelados por la Auditoría Superior del Estado, casi 150 millones de pesos costó el proceso de reestructura de la deuda pública de Coahuila en el ejercicio fiscal 2011 y, de dicho monto, alrededor de 28 millones de pesos fueron a parar a un par de despachos cuya existencia bien puede ponerse en duda.
“A río revuelto, ganancia de pescadores” reza el refrán popular y en el caso de la “megadeuda” coahuilense parece cumplirse de forma milimétrica, pues más de uno parece haber aprovechado la oportunidad para pasarle una factura a la administración estatal y “venderle” un servicio de asesoría cuya necesidad puede ponerse en duda, por supuesto.
Con tales datos parece quedar demostrado que, aún en situaciones que pueden calificarse de crisis, lo que importa para quienes se dedican de tiempo completo a la obtención de ganancias monetarias es hacer negocios pues, al fin y al cabo, la sociedad -la coahuilense en este caso- puede pagar lo que sea, incluso “servicios accesorios” al renegociar con los bancos una deuda que, en términos estrictos, ni siquiera existía.