EL ALZAMIENTO
Luego de soslayar por meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del EZLN, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado
domingo, 29 de diciembre de 2013
Por Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, DF (Proceso).- El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo temer al gobierno de Carlos Salinas de Gortari lo peor: la movilización de otros grupos guerrilleros en varias partes del país, una respuesta terrorista de la ultraderecha y la intervención abierta de Estados Unidos.
Ante ese escenario, no le quedó más que buscar una solución pacífica, mantener el cese unilateral del fuego y negar en todo momento que el de Chiapas fuera un problema militar.
Después de soslayar por meses los informes de inteligencia civil y militar sobre la gestación del EZLN, Salinas se empeñó en acotar el movimiento armado que se hizo visible el 1 de enero de 1994.
Su inmediata respuesta militar sólo duró 12 días y la reemplazó por una fórmula de negociación porque su gobierno llegaba a su último año en medio de una complicada sucesión presidencial, que se agravaría tres meses más tarde con el asesinato de su candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio.
La gran apuesta de Salinas fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero el día que estalló la rebelión zapatista, el mandatario supo que la guerrilla no era cosa del pasado en México, a pesar de la represión militar y paramilitar desplegada en las décadas de los sesenta y setenta.
Los servicios de inteligencia del Estado mexicano conocían la evolución de los movimientos armados hasta llegar al surgimiento del EZLN. Sabían que era un ejército muy organizado, con una estructura amplia, relaciones intensas con organizaciones populares y preparación militar a partir de experiencias internacionales. Incluso llegaron a aceptar que había unos 35 mil hombres alzados en las montañas del sureste mexicano. La mayoría de ellos, armados con el apoyo de grupos de chicanos y puertorriqueños desde Estados Unidos.
Estaban también informados de que Chiapas era sólo una de las entidades de la Federación propicias para la guerrilla. Buena parte del país había mantenido durante años la formación clandestina de grupos armados, sobre todo en el centro y el sur. Una respuesta castrense exacerbaría más el ánimo en territorio nacional.
Tal era la lectura que Salinas hacía de los hechos en los primeros días del levantamiento zapatista, de acuerdo con dos documentos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) entregados a Proceso a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
El primero es un reporte que tiene clasificación triple A y que está fechado el 13 de enero de 1994, en plena crisis. Horas antes, Salinas había ordenado al Ejército cesar sus operaciones castrenses contra el EZLN, y previamente había aceptado la renuncia del secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, quien se desempeñó como gobernador de Chiapas en plena gestación del EZLN en la Selva Lacandona.
Su lugar lo ocupó Jorge Carpizo, mientras que el frustrado candidato presidencial del PRI y actual senador por el PRD Manuel Camacho Solís fue designado por Salinas comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas. Además, después de haber dejado el CISEN casi todo el sexenio en manos del jefe de la Oficina de la Presidencia, José María Córdoba Montoya, para el seguimiento de sus opositores, Salinas cambió al director del aparato de inteligencia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y lo orientó a afrontar la subversión de los neozapatistas.
El primero de los reportes, con la clave DMJ-094-0002, se titula Evaluación de estrategia general para la atención del conflicto en Chiapas. De apenas 10 páginas, enuncia los "principios básicos" de la estrategia del salinismo ante el conflicto: solución pacífica a través del diálogo, con el mantenimiento unilateral del cese al fuego por parte del gobierno, pero sin reconocer al EZLN como una fuerza beligerante.
Por "solución del conflicto", el CISEN entendía la deposición de las armas y/o la renuncia del ELZN a la violencia como vía para alcanzar sus objetivos, dejando en claro que la búsqueda del diálogo por parte del gobierno era para recuperar la iniciativa y controlar los tiempos. Su propósito lo definió como "acotamiento regional" del problema.
Era claro el tratamiento que se daría a los insurgentes: "El conflicto en Chiapas no debe ser visto como un problema militar, sino jurídico, ya que no existen elementos para considerar necesaria una solución armada. Admitir una lógica de guerra sería aceptar la beligerancia del EZLN y caer en un juego ‘escenográfico’."
El CISEN reconoció que las "difíciles condiciones del contexto nacional" exigían claridad y firmeza del gobierno, algo que "actualmente no es registrado por la opinión pública", y evaluó que la iniciativa gubernamental acotaría los espacios de maniobra de los "inconformes".
Después de las hostilidades militares, la urgencia era detener la aceptación política y social que iban cobrando los zapatistas. A casi dos semanas del alzamiento, la dependencia precisó que los "inconformes" habían mantenido avances en los diferentes frentes, que identificó como el propio EZLN, el PRD local, las organizaciones sociales radicales, el "gobierno de transición" de Chiapas, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y varias ONG, "aparentemente todos articulados en una estrategia global".
DE ESPECIAL RELEVANCIA
Según el CISEN, había indicios de que, en esa estrategia para ganar espacios a favor del EZLN, el movimiento de Chiapas estaba articulado con otras partes de la República. En especial, la evaluación calificó como "preocupante" la participación activa de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) de Oaxaca, que en 1981 le arrancó al PRI, en Juchitán, la primera presidencia municipal del país.
Como de "especial relevancia" calificó el deterioro que se observaba en el ambiente local (población en general, ganaderos, pequeños propietarios y fuerzas políticas institucionales), así como en el ánimo y las condiciones de las fuerzas de seguridad pública ante la falta de claridad respecto del papel que desempeñaban, al igual que de cara a la inexistencia de una logística adecuada para periodos prolongados.
De acuerdo con el CISEN, el plan general para hacer frente al fenómeno pasó por dos definiciones: la estrategia A, que tenía el diálogo como premisa; y la B, llamada "claridad de rumbo y firmeza como principio", que no era otra cosa que la mano dura.
Ante el temor de que el conflicto saliera de Chiapas, insistió en una "solución negociada", por lo que aceptó como condición para el diálogo la participación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), propuesta por el EZLN; el retiro militar de San Quintín, Monte Líbano y Sabanilla, y la suspensión de vuelos de aeronaves militares.
PROPUESTA FINAL
La propuesta final del CISEN al gobierno de Salinas fue una integración de ambas estrategias: "Dar 72 horas de plazo para iniciar el diálogo en las condiciones de ‘concesión’ dadas hasta la fecha, sin hacerlo explícito ni a la Conai ni a la opinión pública. Informando sólo sobre los esfuerzos del gobierno de la República para alcanzar la solución del conflicto a través del diálogo."
Al optar por una solución negociada, aceptó incluir los temas de la autonomía indígena, cauces de participación política, medidas de desarrollo social, solución a problemas agrarios y desarticulación del grupo armado.
Pero pidió claridad en los límites temporales y en los términos de la negociación, y en ningún momento retiró la idea de la "firmeza del gobierno". Si no se llegaba a una solución negociada, propuso "definir el restablecimiento gradual del Estado de derecho, de acuerdo con lo señalado en la segunda estrategia"; es decir, con la fuerza gubernamental.
Advirtió que la prolongación indefinida de los tiempos, "en aras de una negociación que se percibe inviable, sólo dará espacios para que la estrategia global de los ‘inconformes’ siga avanzando y lleve a condiciones aún más complejas que las actuales".
Después de referir la evolución de la guerrilla hasta llegar al Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-Pdlp), asentó que dicha organización recurrió a "la instrumentación de escuelas de conformación de frentes guerrilleros", teniendo como base la experiencia de Vietnam de guerra popular prolongada.
Resumió: Las organizaciones de masas hacen la lucha, el EZLN la lucha militar, y el Partido Clandestino dirige las acciones y las alianzas indígena, campesina, obrera y magisterial, mientras que el Frente Único tiene objetivos, funciones, organización, composición, dirección y actividades propias a realizar, con el propósito de unir a todas las fuerzas del país en torno a un programa, aprovechando los impactos del EZLN. Indicó que su responsabilidad era la solidaridad amplia a nivel internacional y combatir la imagen negativa de los rebeldes en los medios de comunicación.
OFERTA DE 35 MIL EFECTIVOS
El CISEN se hizo eco de "un documento que les ha hecho llegar el EZLN" a las organizaciones clandestinas, mediante el cual se ponían "a disposición del movimiento revolucionario 35 mil efectivos debidamente preparados y en su mayoría armados", organizados por combatientes, grupos, escuadras, pelotones, con sus respectivos jefes y subjefes, identificados como comisarios y subcomandantes.
Se había creado un corredor para la transportación de armas y parque "desde la frontera hasta los estados de Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Puebla". Para adquirirlas, "se está solicitando la aportación de cada persona (…), principalmente en objetos de oro (pulseras, anillos, cadenas, relojes, dientes, etcétera). Cuando se coopera con dinero, se compra pedacería de oro en Taxco y Puebla", detalló.
El oro se entregaba a las organizaciones de mexicanos chicanos y puertorriqueños que se encargaban de cambiarlo por armas y parque de distinto calibre en el mercado negro de Estados Unidos. Estos grupos de latinoamericanos normalmente estaban organizados en bandas y transportaban los arsenales hasta los estados fronterizos, apoyados "en ocasiones por narcotraficantes", haciéndose responsables de pasar todas las garitas aduanales.
El CISEN incluso situó rutas que coincidieron con las del narcotráfico, como la de Tamaulipas hacia Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, DF, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Otra ruta que localizó fue la de Ciudad Juárez, Torreón, Zacatecas y San Luis Potosí. Una más: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y México.
PREVISIONES CATASTROFISTAS
Según el documento, 10 organizaciones de masas estaban relacionadas con el EZLN como supuestas aportadoras de militantes: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Congreso Estatal de Organizaciones Indígenas, Comunidades Eclesiales de Base, Comisiones Estatales de Derechos Humanos, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM, Confederación Nacional Campesina y Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.
En particular, al Estado mexicano le preocupaba que la rebelión zapatista hiciera resurgir a la derecha extrema, sobre todo en el norte y el occidente del país: Chihuahua y Coahuila, en particular la región de La Laguna, y Guadalajara, con la reaparición de los grupos de ultraderecha El Muro y Los Tecos.
El aparato civil de seguridad del Estado reconoció que las acciones político-militares del EZLN de enero de 1994 recrudecieron las posiciones radicales en México, por lo que las negociaciones eran clave para evitar que el conflicto se desbordara. Expuso: "Los acuerdos concretos entre las organizaciones clandestinas para realizar acciones militares conjuntas se entablarán después de los resultados que arrojen las negociaciones del EZLN con el gobierno mexicano. Por el momento, se otorgará todo el apoyo político a las acciones políticas militares (del) EZLN."
Para las negociaciones con el gobierno, estimó que el EZLN no depondría las armas, no identificaría a sus verdaderos dirigentes (del consejo clandestino) y exigiría ser reconocido como fuerza beligerante, entre otros aspectos. En el caso de las propuestas del gobierno, destacó que el Ejército se replegaría y se quedaría sólo con sus fuerzas normales en los cuarteles, y pidió que el subcomandante Marcos quedara como el único vocero del EZLN.
Después de tres meses de iniciado el conflicto en Chiapas, y administrando la propuesta de diálogo, el CISEN se encontró con "nuevas actitudes" de los rebeldes: "Indudablemente, el EZLN ha cambiado su actitud del 1 de enero a la fecha, que si bien al principio era radical y cerrada, ahora muestra una posición más flexible; del socialismo, el desconocer a Carlos Salinas como presidente, echar abajo el TLC y avanzar militarmente sobre la capital del país liberando pueblos, regiones, estados, han pasado a luchar por justicia, democracia y libertad, hasta el congelamiento de las carteras vencidas.
"No atacarán militarmente la infraestructura de las trasnacionales ni propiedades manejadas por el Estado. Actualmente están en pláticas con otras organizaciones clandestinas para consolidar sus relaciones a nivel nacional", pero también, a través del Frente Único, el EZLN busca relacionarse con organizaciones y partidos con los cuales tenga algo en común, incluyendo grupos afiliados al PRI y empresarios progresistas.
Dejó claro que el diálogo entre el EZLN y Camacho Solís "no resolverá en sí los problemas económicos, sociales y políticos de Chiapas ni del país, aunque se hablará de temas que interesan a las partes, pero no habrá acuerdos concretos".
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