Con una actitud poco colaborativa, el Secretario Particular del Alcalde, Gerardo Valdés, no tuvo más que obedecer lo dictado por la Constitución Federal en su artículo 8 que dice expresamente:
“ARTICULO 8. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS RESPETARAN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, SIEMPRE QUE ESTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA PACIFICA Y RESPETUOSA; PERO EN MATERIA POLITICA SOLO PODRAN HACER USO DE ESE DERECHO LOS CIUDADANOS DE LA REPUBLICA.
A TODA PETICION DEBERA RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACION DE HACERLO CONOCER EN BREVE TERMINO AL PETICIONARIO“.
Esto debido a que integrantes de colectivos como Ciudadanos por Coahuila, Jóvenes Lagartos y Basta! Coahuila, representados por Luis Zavala Díaz, (Abogado) David Muñoz (Activista social) y Alejandro Esparza Farías (Creador escénico) respectivamente integrantes de cada agrupación civil, se apersonaron en el edificio de la presidencia municipal de Saltillo, para hacer entrega de una petición con derecho Constitucional, para que se ponga a andar la maquinaria del Consejo Ciudadano del Transporte Público en Saltillo, ya que están dándole marcha atrás al proyecto Saltibús, que ha costado más de 120 millones de pesos, más de 70 desembolsados por los ciudadanos por el alza de tarifas, y ahora pretenden no solamente desaparecer ese proyecto, sino hacer que la tarifa permanezca o inclusive aumentarla.
El problema inicia desde que el mismo Isidro López Villarreal, siendo entonces candidato por el Partido Acción Nacional, ahora alcalde de Saltillo, prometió que no solamente se iba a robustecer al Saltibús, sino que cada ciudadano sería accionista de la empresa que a final de cuentas, nunca se ha terminado de constituir.
Los firmantes de cada petición constitucional, además citan expresamente su deseo de integrarse al Consejo del transporte público, con el afán de lograr que también se transparente a dónde ha ido a parar cada peso desde el aumento de la tarifa hace más de un año, que en números globales, representa aproximadamente 80 millones de pesos erogados por los ciudadanos, que agregados al subsidio del municipio y a la sospecha de que en realidad el Saltibús se trató siempre de un negocio que el ex alcalde Jericó Abramo Masso (del PRI) quería establecer para “pensionarse” digámoslo así, a costa del dinero de los saltillenses.
Cosa que no se duda, al saber que el mismo individuo a sido capaz de desalojar a personas a través del hurto de amplios terrenos de la ciudad.
El área de recepción, a pesar de que indica un letrero que los oficios se reciben de lunes a jueves, no solamente incumple con la Constitución, sino que demuestra un amplio margen de ignorancia y falta de respeto ya no solamente a la Constitución Federal, sino que insultan a la ciudadanía conciente y la Constitución se aplica día tras día, no debe existir burocracia de por medio.
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