Astillero

 

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Historias narkafkianas
Policías: Coahuila, DF

Julio Hernández López

El proceso de transferencia del Poder Ejecutivo federal ha pretendido ser de terciopelo a pesar de que los dos concurrentes llevan prendas muy ajadas y ríspidas. Para dar prueba formal de esa peculiar concordancia operativa, el saliente y el entrante han participado en reuniones con sus equipos para atender segmentos específicos de la función gubernamental.

La sesión de ayer, sin embargo, tuvo un desenlace público desafortunado y preocupante. Luego de cuatro horas de reunión, el actual ocupante de Los Pinos dio por cancelada una conferencia de prensa a la que había convocado, supuestamente para informar de lo que en sesión privada se hubiera tratado.
Una primera suposición razonable hace pensar en desacuerdos en las alturas. Tal vez Calderón llamó a esa rueda de prensa como si el poder le siguiera siendo absoluto, sin consultar al priísta que, en todo caso, creyó conveniente no realizar tal sesión, en una prueba de que ya se siente en pleno control del mando que formalmente aún no le pertenece.
Pero también podría estarse en presencia de diferendos mayores. Más allá de la coincidencia electoral pactada para sacar adelante al mexiquense, hoy están en el escenario nacional graves hechos relacionados con la inseguridad pública frente a los cuales las posturas e intereses de EPN y de Calderón parecen contraponerse con fuerza. También están en cartera los grandes negocios del sexenio por venir, en especial el relacionado con los energéticos.
Haiga sido lo que haiga sido, en momentos de tanta oscuridad y confusión es imprescindible un máximo cuidado de quienes ejercen a cualquier título el poder, para no fomentar especulaciones ni dar pie a lecturas equivocadas.
El priísta que gobierna Chihuahua es César Duarte Jáquez. Y el motivo de su máximo orgullo político es que, según reporta con insistencia, ha disminuido notablemente el índice delictivo en aquella norteña entidad. Las estadísticas alegres suelen toparse con impugnaciones provenientes de organizaciones no gubernamentales y de defensores de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de los asesinatos de mujeres, aseguran que han crecido un mil por ciento en los cinco años recientes (dos de los cuales han correspondido al mando de Duarte) y que, según denuncia presentada ante las Naciones Unidas, forman parte del paquete habitual de escamoteo de información real que practica esa administración chihuahuense.
El déficit de credibilidad de Duarte Jáquez ha sido exhibido de nueva cuenta en el caso de la detención de un tercer presunto responsable del homicidio cometido en contra de Marisela Escobedo, quien fue ultimada afuera del Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde estaba en demanda de justicia porque su hija, Rubí Marisol Frayre Escobedo, a su vez había sido asesinada sin que luego hubiera justicia alguna. Luz Estela Castro, quien forma parte del Centro de Derechos de las Mujeres, y se encarga jurídicamente del caso de Marisela, aseguró ayer que luego del ataque contra ésta “el fiscal Salas declaró públicamente que el asesino era Sergio Rafael Barraza; posteriormente, el 15 de diciembre de 2011, Carlos González, que es el vocero de la Fiscalía, declaró que Héctor Manuel Flores Morán era el autor material del feminicidio”. Ahora el gobernador Duarte en persona asegura que el verdadero asesino es José Enrique Jiménez Zavala.

Las historias narkafkianas de México impiden creer en las alocuciones oficiales. El primer acusado de asesinar a Marisela Escobedo fue Sergio Rafael Barraza, quien era pareja sentimental de Rubí Marisol. Luego de denunciar en 2009 la desaparición de su hija, Marisela localizó en Zacatecas a Barraza y logró que lo aprehendieran. Sujeto al nuevo sistema de juicios orales, y luego de un año en prisión durante el proceso judicial, el presunto asesino (quien había confesado el crimen aunque esas palabras no fueron incorporadas al procedimiento recién estrenado, según denuncia de Escobedo y otros familiares) fue declarado inocente en 2010 por tres jueces. En junio de 2011, sin embargo, la Procuraduría General de la República ofrecía cinco millones de pesos a quien ayudara a capturar al mismo Barraza, por el caso de la menor Rubí Marisol, y de tres millones por quien hubiera sido el asesino de la madre, Marisela Escobedo (aunque, según la versión del gobierno de Chihuahua, el primer sospechoso del crimen contra Marisela era el mismo Barraza).
Tan carcomida está la plataforma de sustento de las operaciones policiacas en estados y municipios que los presidentes municipales y gobernadores suelen ser rehenes de esas fuerzas desbordadas (fenómeno similar a lo que se vive en el plano federal: Genaro García Luna y los jefes marinos y militares construyen los escenarios sobre los que luego se monta sólo declarativamente el presunto comandante supremo). En Coahuila, por ejemplo, el drama de la familia Moreira tuvo como ejecutores directos, según las primeras versiones oficiales, a miembros y jefes de la policía de Ciudad Acuña, entregada como casi todas en casi todos los lugares del país a los arreglos económicos con jefes de cárteles que compran protección o insertan balas, según la elección del jefe o el agente involucrados.
En la capital del país, mientras tanto, Miguel Ángel Mancera dice que ha ganado con todas las de la ley la gubernatura del Distrito Federal de la que ayer le entregaron constancia de electo. Es inevitable pensar en dos planos de esa legalidad a plenitud: la electoral, en la que no hubo alegatos importantes contra la manera como la izquierda preservó el poder en la ciudad de México, y la específicamente operativa, la discrecional y corruptible legalidad administrativa en materia de procuración de justicia que se vive en esa capital y por encima de la cual Mancera logró tejer una insólita posibilidad electoral ahora triunfante.
Y, mientras Barack Obama rinde en Los Ángeles un homenaje (con evidentes visos electorales) a la tenacidad de César Chávez, el difunto líder sindical al que México no ha dado el reconocimiento que merece, ¡hasta mañana!
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