viernes, 27 de julio de 2012

Tres mentiras y traiciones de Calderón a las víctimas: Movimiento por la Paz

Movimiento Por La Paz Con Justicia Y Dignidad
26 julio 2012

ProVíctima, Ley General de Víctimas y Memorial, tres traiciones del presidente a las víctimas de la guerra y la violencia en México

México D.F.(MPJD).- El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) se reunió en dos ocasiones a dialogar con el Presidente Felipe Calderón y miembros de su gabinete en el Alcazar del Castillo de Chapultepec; en ambas ocasiones le mostramos al Jefe del Ejecutivo el rostro del dolor de las víctimas y le pusimos nombre y apellido a algunos de los cientos de muertos y desaparecidos que su gobierno había insistido en invisibilizar, en estigmatizar y criminalizar. Frente a toda la nación, pues el MPJD impuso como condición el carácter público del diálogo, le expusimos al presidente y a sus principales colaboradores la necesidad urgente de cambiar la política de seguridad llevada a cabo por su administración y de atender a las víctimas provocadas por la guerra que habían desatado su gobierno y las organizaciones del crimen organizado.

Cuando nos reunimos por primera vez con Felipe Calderón (23 de junio de 2011) el país contaba cuarenta mil muertos; para la segunda ocasión (14 de octubre de 2011), a menos de cinco meses de distancia, la cifra de víctimas mortales se acercaba a los sesenta mil y los desaparecidos eran ya más de veinte mil. El presidente no modificó su estrategia militar tras escucharnos, insistió en extender el conflicto militar a todo el territorio nacional y quiso legalizar el uso anticonstitucional de las Fuerzas Armadas impulsando una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que de aprobarse institucionalizaría el uso del ejercito en tareas de seguridad pública, militarizaría definitivamente la vida pública de México, multiplicaría la violencia y terminaría por cancelar cualquier posibilidad de una convivencia democrática en nuestro país.

Gracias a las movilizaciones del MPJD y otras organizaciones de la sociedad civil logramos detener por ahora la aprobación de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, pero desafortunadamente no hemos podido parar la guerra y la violencia que desangra al país, tampoco hemos logrado, para desgracia de todos, que las fuerzas políticas representadas en el poder legislativo entiendan la gravedad de la emergencia nacional que vive la República y lleguen a los consensos necesarios para impulsar una Ley de Seguridad Humana y Ciudadana que garantice la seguridad de los ciudadanos y promueva políticas integrales de prevención de la violencia, reconstrucción del tejido social y paz. Aún así, el presidente Calderón y el poder Legislativo parecieron comprender la necesidad de atender a las víctimas y en su calidad de Jefe del Ejecutivo el presidente se comprometió a crear una Procuraduría de Atención a Víctimas de la Violencia y a aprobar una Ley General de Víctimas que convirtiera a las decenas de miles de mexicanos atrapados en el fuego de su guerra en sujetos jurídicos dignos de atención y protección por parte de estado. Sin embargo, confirmamos que hoy Felipe Calderón no únicamente equivocó el camino y condujo a México a una espiral de violencia desgarradora, pues su estrategia multiplicó la criminalidad e hizo aún mas vulnerable a la sociedad frente a la delincuencia, sino que además se niega a cumplir su palabra y los compromisos asumidos con las víctimas de la violencia. Si bien tanto él como su señora esposa, Margarita Zavala, dieron muestras de compasión y abrazaron a algunas de las víctimas de nuestro movimiento, al momento de crear la Procuraduría Pro-Víctima prefirió no acordar con las víctimas y los especialistas del MPJD las políticas, funciones, estructura y financiamiento de la nueva institución; en su lugar ha creado una procuraduría sin recursos financieros ni capacidad operativa, incapaz en los hechos de atender la emergencia nacional, a pesar incluso del esfuerzo de algunos de los funcionarios honestos que la integran.

Si en el caso de ProVíctima Felipe Calderón prefirió la simulación a asumir su responsabilidad y compromiso, en lo que tiene que ver con la Ley General de Víctimas ha optado de plano por vetarla con argumentos leguleyos indignos de un jefe de Estado. Ha jugado con los tiempos electorales haciendo creer a las víctimas que la aprobación de dicha ley en el Senado y la Cámara de Diputados, sería acatada por el ejecutivo mientras dejaba correr el proceso electoral, y ha decidido desacatar la Constitución y enfrentar un juicio de constitucional antes de cumplir lo acordado una vez concluida la jornada electoral. El presidente, en voz de su secretario de gobernación, quiere ampararse en el supuesto de que la ley es perfectible (¿cuál no lo es?) y en que la federación carece de recursos para atender la demanda ciudadana que su aplicación conllevaría; con ello Felipe Calderón viola la separación de poderes, menosprecia a un conjunto acreditado de especialistas en jurisprudencia –tanto del Instituto Nacional de Ciencias Penales como de la Universidad Nacional Autónoma de México– e insulta a las víctimas de México, ya que les confirma que la riqueza nacional puede servir para rescatar bancos, financiar una guerra equivocada o despilfarrar en elecciones ignominiosas, pero no para atender a aquellos a quienes la omisión e incapacidad del Estado, o incluso la violencia ilegal de las instituciones, los ha despojado de la vida de sus seres queridos, los ha obligado a dejar su casa, a perder sus bienes y a vivir en el dolor y el desconsuelo.

A la ciudadanía le informamos que la ley que a ahora veta el presidente es un documento de amplia protección para víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos que responde a los cuatro principios de la justicia restaurativa: 1) derecho a la verdad; 2) derecho a la justicia; 3) reparación integral y 4) garantías de no repetición. Es por su espíritu garantista, porque su aplicación implica la participación ciudadana en su operación y porque no se limita a atender únicamente a aquellas víctimas del “delito” -como pretende el presidente que se definan, para dejar fuera de los beneficios de la justicia a aquellas miles de víctimas de la corrupción criminal de las instituciones públicas y del abuso del poder-, que esta Ley General de Víctimas es incómoda al gobierno actual y ha decidido impedir su aplicación aún violando otras normas legales que es su obligación respetar. Por ello, le comunicamos al Ejecutivo que, a pesar de nuestra probada disposición a la palabra, el MPJD no se sentará a dialogar con el secretario de Gobernación ni con ningún representante del Ejecutivo en tanto éste no publique la Ley General de Víctimas.

Mientras mantuvimos un diálogo abierto con el presidente Felipe Calderón vimos multiplicarse las víctimas del país pero muy particularmente asistimos al asesinato de nuestros compañeros y a la traición a nuestras demandas: Nepomuceno Moreno Núñez le expuso su caso al presidente y le pidió protección, pero fue asesinado cuando a partir del encuentro con el presidente confió en las autoridades y sumó a su causa mayor información sobre la desaparición de su hijo a manos de policías; los comuneros de Cherán, Michoacán, expusieron su caso frente al presidente y desde entonces han muerto cinco de ellos y trece han sufrido desaparición sin que a la fecha se conozca su paradero; Eva Alarcón y Marcial Bautista se incorporaron al MPJD y fueron desaparecidos cuando se encaminaban a una reunión con la Secretaría de Gobernación; los compañeros Pedro Leyva y Trinidad de la Cruz –este último caído en una emboscada a una caravana del MPJD– de la comunidad indígena de Ostula, fueron asesinados en el mismo periodo en que el MPJD dialogaba con las autoridades y sumaba pruebas contra la delincuencia. Nosotros apostamos a que la visibilización de las víctimas y sus causas y la intervención de las más altas autoridades del país servirían para proteger a nuestros compañeros y apoyar su acceso a al justicia, pero a cambio hemos recibido más muerte y más impunidad. Otro caso emblemático, en este mismo contexto de mentiras y traiciones, es la demanda que presentó el pueblo Wixrárika en los diálogos del Alcazar en defensa del territorio sagrado de Wirikuta, y que ha sido respondida por parte del Ejecutivo con una maniobra disuasiva que pretende desalentar el amplio apoyo, tanto nacional como internacional, que ha logrado convocar la causa de Wirikuta y abrir así las puertas a la destrucción de esa reserva natural y sagrada de México.

Como si estos agravios fueran pocos, Felipe Calderón pretende ahora erigir un monumento a las víctimas de la violencia y la guerra a espaldas del campo Marte y en territorios de la Secretaría de la Defensa Nacional. Si en los diálogos del Alcazar de Chapultepec se comprometió públicamente con el MPJD a aportar los recursos necesarios para que la sociedad levantara un memorial para todas las víctimas de la guerra y la violencia, Felipe Calderón ha preferido erigir un monumento a su guerra y para ellos a buscado el apoyo de organizaciones civiles que tristemente se han prestado a ese juego siniestro. Lamentamos mucho que Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro y ex candidata del PAN al gobierno del DF, que la Fundación Camino a Casa, que encabeza la diputada de Acción Nacional Rosi Orozco, y México SOS, que dirige el ciudadano Alejandro Martí, se presten a acompañar al presidente en esta farsa y prefieran participar de ella a compartir con las demás víctimas del país la construcción de un espacio ciudadano, donde el gran dolor de México se sienta legítimamente representado, donde entre todos construyamos una pedagogía del consuelo, la paz y la reconciliación. Por lo mismo denunciamos el concurso organizado por el Colegio de Arquitectos, que haciendo suyas algunas de las ideas que el MPJD propuso a las organizaciones de víctimas -junto con la revista Arquine y un grupo de especialistas de la arquitectura- invita ahora a los arquitectos y escultores de México a participar en un concurso sin jurado, sin los tiempos y los procedimientos pertinentes y sin las condiciones mínimas para atender con dignidad un asunto de tal importancia para la historia de México. Anticipamos que un concurso como el que hemos descrito, que nace de la traición y la mentira, no puede dar como resultado una obra en torno a la cual se reúna el dolor de México, por lo que invitamos a los artistas y arquitectos a no participar en esta farsa que nos ofende e indigna profundamente.

La dignidad de las víctimas que nuestro Movimiento representa no cederá ante la simulación y la mentira.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad