Víctor M. Quintana S.
La capital y los campos de Chihuahua se han visto sacudidos esta semana por una de las disputas que configurarán el siglo XXI: la guerra por el agua. Ejidatarios y colonos mestizos, de un lado, exigiendo su derecho al recurso; del otro lado, un grupo de colonos menonitas que llevan años aprovechándose de él. Retrasados, como siempre, dubitativos, no comprometidos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno del estado.
El problema se originó en los municipios de Namiquipa, Buenaventura y Riva Palacio, en la cuenca del río Santa Clara-Del Carmen, que fue decretada en veda desde 1955 por el gobierno federal, cuando se formó el distrito de riego del Carmen. Pero posteriormente un pequeño grupo de colonos menonitas ha estado perforando pozos en las cercanías y ha construido más de 150 represas en el río y sus afluentes. Esto ha provocado que, de las 20 mil hectáreas que se regaban en el distrito de riego, luego no se pudieran irrigar más que 7 mil 500, y el año pasado, apenas 3 mil. Se ha abatido enormemente el caudal de los pozos de los ejidatarios y colonos a consecuencia de las perforaciones más profundas y las retenciones practicadas por el grupo de menonitas poderosos, amparados en permisos falsos o amañados con la complacencia de Conagua. Muchos pozos están ahora secos y los que tenían un caudal de 50 litros por segundo ahora tienen un máximo de 25.
Muertas de sed sus tierras y hartos de que sus demandas no fueran atendidas ni por Conagua ni por el gobierno del estado, ejidatarios y colonos de varios municipios del norte del estado conformaron el colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense, presionaron directamente a las dependencias arriba mencionadas hasta que los hicieron acudir junto a ellos a detener los trabajos de perforación y de extracción de agua y a destruir las represas en los municipios de Namiquipa y Riva Palacio. El contingente que acompañaba –y vigilaba– la acción de las autoridades representa a mil 315 productores de seis comunidades del municipio de Buenaventura y de mil 854 productores de 22 comunidades del municipio de Ahumada. Hubo agrias discusiones entre ellos y los representantes de los menonitas, incluso en algún caso, con riesgo de enfrentamiento corporal.
La batalla de los campos se fue a los medios y al palacio de gobierno. Los colonos menonitas, usualmente callados, acusaron de violentos a los líderes de El Barzón y del Frente Democrático Campesino (aunque esta organización no participó en las acciones), tachándolos además de flojos y de borrachos. Algún medio periodístico encadenado nacionalmente se basó en ello para emprender toda una campaña de linchamiento contra estas dos organizaciones campesinas y sus líderes, campaña tan intensa como la que semanas antes había emprendido para promover a Peña Nieto.
Los representantes de los menonitas más ricos, con toda candidez, en desplegados y en entrevistas con funcionarios del gobierno del estado y de Conagua defienden su postura, aducen que todos sus pozos tienen permiso. Cobran su factura electoral: dicen que ahora sí acudieron a votar, como nunca, y votaron por el PRI. Señalan que no podían votar por López Obrador, “porque es comunista”, ni por Josefina Vázquez Mota, “porque el lugar de la mujer está en la casa”. Atribuyen las acciones del colectivo Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense a que su voto no fue ni por el PAN ni por el PRD. Así de simple, la postura ha logrado ablandar al gobierno del estado, el cual acaba de decir que no prestará más su maquinaria a Conagua para realizar las operaciones.
Sin embargo, la presión de cientos de productores organizados logró que por fin el martes pasado Conagua y el gobierno del estado se comprometieran a clausurar los aprovechamientos irregulares y se abra una mesa regional del agua para atender la problemática.
El problema de la sobrexplotación de recursos hídricos en Chihuahua es muy añejo, y se ha agudizado con la apertura de nuevas tierras al riego: tan sólo de 2000 a 2012, la superficie agrícola bajo irrigación en la entidad prácticamente se duplicó, al pasar de un cuarto de millón a medio millón de hectáreas en números redondos, lo que implica una sobrexplotación de los mantos acuíferos y de las corrientes de agua.
Todo esto se ha favorecido por la negligencia, la omisión o la franca corrupción reinante en Conagua, muchas veces coludida con dependencias del gobierno del estado. Desde hace mucho, organizaciones como El Barzón han venido demandando el reordenamiento de los acuíferos, la veda total o parcial según la situación de cada uno de ellos, la regularización de permisos, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales para acotar la figura de libre alumbramiento, etcétera. Han presentado múltiples denuncias contra funcionarios de Conagua, que nunca han prosperado; han reclamado que la Profepa otorgue permisos de cambio de uso de suelo para permitir que terrenos ganaderos sean desmontados para abrirlos al cultivo, provocando daños ambientales muy serios; han señalado a los “gestores” de permisos para pozos, que no son sino traficantes de influencias, etcétera. Insisten en que su postura no es racista, no atacan a la comunidad menonita en general, sino denuncian a un grupo de privilegiados que se aprovechan del agua.
Tienen razón los Defensores del Agua del Desierto Chihuahuense. La causa que enarbolan va más allá del rescate del agua para sus tierras: luchan por la viabilidad de la vida en esta vasta y sedienta región natural. Del combate de ellos la nación debe aprender que, ahora más que nunca, o hacemos que los bienes realmente sean de todos o aceleramos la catástrofe.
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