Jesús Castro/Enviado
27 julio 2012
Dueños de pocitos piensan más en elevar la productividad que en cuidar la integridad de sus trabajadores, denuncia Auerbech
Múzquiz, Coahuila.- Tras exigir a las autoridades estatales y federales clausurar de forma definitiva los pocitos de carbón, Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos, denunció que desde el año pasado los dueños de estos establecimientos despreciaron créditos de un millón de pesos para invertir en la seguridad de sus establecimientos.
“Venimos desde hace años pidiendo que se prohíban esos pozos de carbón, las familias claman por la clausura, que se haga una reconversión de la minería, a una minería donde se agoten más los riesgos, para evitar que sobre los mineros recaigan las muertes una y otra y otra vez”, manifestó Cristina.
Recordó que apenas el viernes pasado fallecieron dos mineros más, uno en Cloete y otro en Agujita, y con estos siete, se llega a más de ochenta muertos en las minas de carbón durante el sexenio de Felipe Calderón, y a pesar de eso, no parece haber pasado nada.
“Es condenable a inaceptable que las autoridades vengan, se rasguen las vestiduras, denuncien y decir que están listos para inspeccionar las minas, cuando saben que los pozos no son seguros, no pueden ser legales, si no cumplen con la norma de seguridad, por eso estamos pidiendo la prohibición de estos pozos”, declaró.
Reclamó que los contribuyentes sigan pagando con sus impuestos para que la STPS inspeccione negocios que a toda vista son ilegales, y se preguntó de qué sirve que se inspeccione 16 veces un centro de trabajo, si no están dispuestos a obligarlos a cumplir con la ley.
Afirma que ahora sabe que ya no es por falta de recursos o de apoyo que los dueños de pocitos no cumplen con la normatividad, sino la ambición de seguir en la clandestinidad, esto a razón de que ya se les ofrecieron créditos para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores.
Recordó que el año pasado, cuando el accidente en Binsa, la Federación les ofreció préstamos blandos de hasta un millón de pesos a los poceros para invertir en la seguridad de los tiros, a pesar de la inconformidad de parte de los mineros establecidos.
“Ese dinero iba a salir etiquetado, era solo para seguridad, no era para que se comprara trocas. Pero saben cuántos de los cincuenta poceros aceptaron el préstamos: sólo tres, ¿porqué?, pues porque era dinero para seguridad, no para ellos”, declaró indignada la abogada.
Se dolió que ninguna autoridad esté dispuesta a meter en cintura a estos poceros que continúan poniendo en riesgo a los ciudadanos de la región carbonífera, porque están lejanos al dolor y la pobreza de los mineros.
Como no son sus hijos los que están en los pozos del carbón, por eso siguen funcionando, si fueran los hijos de Rubén Moreira, los hijos de Humberto, o del presidente Felipe Calderón, o de Rosalinda Vélez, los pozos ya no estarían en operación”.
Cristina Auerbach, de la organización Familia Pasta de Conchos.
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