CHIHUAHUA, Chih., (apro).- La disparidad que priva en los marcos legales que tipifican el feminicidio en el país ha incrementado la impunidad en los asesinatos contra las mujeres, revela el más reciente diagnóstico difundido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El sector femenino, añade el estudio, es más vulnerable en la lucha emprendida por el gobierno federal contra el crimen organizado por el incremento de desapariciones forzadas o trata de personas, delitos que, dice, no están tipificados porque hay severas lagunas en las legislaciones estatales.
Por ello la CEDAW urge al gobierno federal a cambiar la estrategia de seguridad y le puso un plazo de dos años para contar con una codificación adecuada que permita que ese delito pueda ser calificado de forma adecuada en los Códigos penales locales.
Recomienda proporcionar una formación sistemática de derechos humanos a funcionarios policiales, a elementos del Ejército y la Marina, y todas las fuerzas involucradas en el combate.
También le pide estandarizar protocolos de investigación de la policía sobre el feminicidio, desarrollar un registro oficial de desapariciones forzadas para evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas adecuadas.
Asimismo, deberá revisar los Códigos locales en Materia Penal, para definir la desaparición forzada como delito y simplificar los procedimientos existentes como el protocolo de Alba y la alerta Ámbar.
En su informe, la CEDAW pide al gobierno mexicano que realice acciones para alentar la denuncia de violencia contra la mujer, como las violaciones sexuales que actualmente, señaló, no tiene procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar ni castigar a los perpetradores.
El exhorto a México es para priorizar la plena aplicación de la “Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia” (LGAMVLV-2007), activar los datos nacionales y banco de información sobre casos de violencia contra la mujer, con la participación de las 32 entidades federativas.
Llama a acelerar la ejecución de órdenes de protección a nivel estatal de las mujeres en situación de riesgo y tomar las medidas necesarias para mantener la duración de las órdenes de protección hasta que la víctima de la violencia ya no está en riesgo
El comité retoma la definición de feminicidio como “la forma extrema de violencia de género contra la mujer, producto de la violación de sus derechos humanos, en tanto público como privado, formado por el conjunto misógino de comportamientos que pueden conducir a la impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Dicha definición no está prevista en todos los Códigos penales, y ante el creciente número de feminicidios cometidos en México, la CEDAW considera que esas imprecisiones influyen en los procedimientos de registro y documentación de homicidios de mujeres, que afectan una adecuada investigación de los casos.
Estas recomendaciones dispuestas en la 52ª sesión de la CEDAW realizada el pasado 27 de julio en Nueva York, están incluidas en un documento que contiene 44 puntos y 27 recomendaciones preliminares que expertas del organismo pudieron elaborar con los informes de autoridades mexicanas y 113 organizaciones.
La CEDAW es considerada la norma internacional de mayor importancia en la protección de los derechos de las mujeres, promovida por la Organización de Naciones Unidas.
En su análisis, el comité reconoce que hay avance en leyes generales sobre temas de derechos humanos y trata de personas, pero instó al Estado mexicano a hacerlas cumplir y homologarlas con leyes locales en las 32 entidades federativas.
Actualmente, puntualizó el organismo, las leyes se aplican de manera diferenciada, los criterios se utilizan a discreción y depende de si hay legislación pertinente o no en cada entidad, lo que lleva a situaciones discriminatorias repetidas sistemáticamente en casos de violación, aborto, desaparición forzada, tráfico, lesiones y homicidios, pretextando “razones de honor y adulterio”.
Por eso el organismo propone una reforma en materia de derechos humanos y del sistema de Justicia Penal en la que se incluya el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.
Además, armonizar la legislación local con las leyes Generales sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y con la Convención establecer un monitoreo para sancionar a funcionarios que no cumplan con la ley, incluido el poder judicial, cuando discriminen a la mujer o se nieguen a proteger sus derechos.
Propone también educar profesionales, prestadores de salud y trabajadores sociales para que estén plenamente familiarizados con la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 para la prevención de la violencia contra la mujer, el tratamiento de las víctimas y estén sensibilizados a todas las formas de violencia contra las mujeres.
Los resultados de las recomendaciones deberán ser entregadas a más tardar en dos años y el CEDAW dará un nuevo informe el 18 de julio de 2016 sobre los avances.
Las recomendaciones son para todas las autoridades: federales, estatales y municipales y los tres poderes de la Unión, para que “tomen medidas necesarias que garanticen una coordinación eficaz, coherente y consistente en la legislación de todos los niveles”.
La CEDAW dedica también un apartado dedicado a periodistas y defensores de derechos humanos que son acosados, amenazados en el ejercicio de su profesión.
Al respecto, el organismo internacional urgie al Estado mexicano a que aplique la Ley para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos y periodistas a nivel federal y estatal, a fin de garantizar la vida, libertad e integridad de las defensoras de derechos humanos y periodistas.
Con información de 113 organizaciones civiles de México, la CEDAW confirmó 13 asesinatos de mujeres periodistas de 2005 a 2012.
Respecto al delito de trata de personas, la recomendación de la CEDAW es que el Estado mexicano garantice la aplicación efectiva de la “Ley General sobre la prevención, sanción y erradicación de los delitos de trata de personas” así como la protección y asistencia de las víctimas con el fin de estandarizar la tipificación a nivel federal y estatal y asegurar una asignación adecuada de recursos para su aplicación.
Recomienda también elaborar un diagnóstico del fenómeno de la trata de mujeres y niñas, con causas, consecuencias y efectos, así como sus posibles vínculos con las desapariciones de mujeres y niñas y las nuevas formas de explotación; compilar datos desglosados y análisis sobre la trata de mujeres para formular una estrategia integral que incluya medidas de prevención, enjuiciamiento y castigo de los delincuentes, así como mejores medidas para rehabilitar a las víctimas.
En el caso del aborto, el organismo internacional insta al gobierno mexicano a armonizar leyes locales con la federal ya que sólo en la Ciudad de México está despenalizado y en el resto del país es legal sólo en casos de violencia.
Además, dice, has incoherencia entre los motivos legales para el aborto en los marcos jurídicos de los 32 estados.
En opinión del CEDAW “es necesario que la mujer disfrute de sus derechos, incluido el acceso al aborto legal y salud sexual y reproductiva, porque de lo contrario se le ha puesto en peligro como consecuencia de las enmiendas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción, a pesar de que estas enmiendas no han modificado los fundamentos legales ya establecidos para el aborto”.
En ese sentido, la recomendación del organismo es armonizar legislaciones federales y estatales relacionadas con el aborto “para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que buscan el aborto legal y también a ampliar el acceso al aborto legal”.
Asimismo, pide garantizar el acceso universal a servicios de salud, a la información y educación sobre salud sexual y reproductiva y derechos, particularmente a las adolescentes con el fin de prevenir los embarazos no deseados.
Proceso
08/08/2012
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