MÉXICO, D.F., (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene ante sí una oportunidad “única” para reformar el sistema de justicia militar y permitir que los abusos cometidos por militares contra civiles no queden en la impunidad, afirma el organismo internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW)
A propósito del análisis de los alcances del fuero militar que inicia este lunes en la Corte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW afirma que la SCJN “tiene la posibilidad de asegurar que se ponga fin al uso de un sistema opaco y sin imparcialidad, que ha protegido a militares por sobre sus víctimas”.
La discusión de la Corte partirá del fallo dictado en julio de 2011, cuando determinó que el Poder Judicial mexicano está obligado a cumplir con las sentencias internacionales que prohíben investigar y juzgar violaciones de derechos humanos en el fuero militar.
Tal decisión fue tomada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Rosendo Radilla, que ordena remitir a tribunales civiles los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares.
El organismo determinó en aquella ocasión, en 2009, que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”.
Dicha sentencia forma parte de un total de cuatro decisiones adoptadas por la CoIDH desde 2009, en las que exige a México abandonar el uso del sistema de justicia militar para investigar y juzgar violaciones de derechos humanos.
Después del pronunciamiento de la SCJN y la CoIDH, el presidente Felipe Calderón manifestó reiteradamente su compromiso de implementar las sentencias y reformar el uso de la jurisdicción militar.
Sin embargo, en la práctica los casos de presuntos abusos militares contra civiles continúan siendo investigados rutinariamente en la jurisdicción militar, y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha impugnado casos de civiles que pidieron que la investigación de abusos se remitiera de la justicia militar al fuero ordinario.
Ahora la Corte analiza al menos 28 casos más, interpuestos a raíz del fallo de julio de 2011, que cuestionan el uso de la jurisdicción militar para investigar y juzgar supuestos abusos cometidos por militares contra civiles.
HRW considera que la Suprema Corte podría ratificar su decisión de julio de 2011 al disponer en estos nuevos casos, “esta vez con carácter definitivo”, que los civiles que sean víctimas de violaciones de derechos humanos tienen derecho a una investigación independiente e imparcial en la justicia penal ordinaria.
“Con ello sentaría las bases para asegurar transparencia y justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, afirmó el organismo defensor de derechos humanos en un comunicado.
HRW documentó en su informe de noviembre de 2011, “Ni Seguridad, Ni derechos” violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas de México en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.
Según el organismo, está plenamente comprobado que una de las principales causas por las que se repiten los abusos es que son investigados y juzgados en el sistema de justicia militar “que carece de la independencia e imparcialidad necesarias para juzgar a sus propios miembros”.
En México, señala HRW en un comunicado, el secretario de la Defensa ejerce a la vez poderes ejecutivos y judiciales sobre las fuerzas armadas.
“Los jueces militares no gozan en general de la garantía de permanencia en el cargo, y podrían razonablemente temer que el Secretario de la Defensa los aparte de su función u obstaculice de otro modo su carrera profesional si emiten decisiones que este no comparte.
“La posibilidad de que las autoridades de la justicia penal ordinaria controlen las decisiones adoptadas por tribunales militares es sumamente limitada. Prácticamente no existe ningún escrutinio público ni información sobre qué sucede realmente durante las investigaciones, los procedimientos y los juicios militares, que pueden extenderse durante varios años”, señala el organismo internacional.
Añade que entre 2007 y abril de 2012, la Procuraduría General de Justicia Militar inició casi cinco mil investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra civiles, según cifras que el organismo obtuvo mediante pedidos de información pública.
Según esos datos, HRW apunta que la Sedena sólo ha condenado a 38 en el fuero militar en el periodo señalado.
Además, los registros aportados por la Sedena no permiten identificar claramente qué proporción de estas personas estaban prófugas y fueron condenadas en ausencia, ni cuántas fueron exoneradas en instancia de apelación. De los 38 militares condenados 11 recibieron una pena por delitos cometidos antes de 2007.
El director de HRW para las Américas afirma también que el año pasado la Suprema Corte consiguió un avance histórico para el reconocimiento de los derechos constitucionales de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas internacionales de México por lo que con la nueva sentencia de este lunes, “puede asegurar que las autoridades judiciales apliquen su decisión y eviten el uso indebido de la jurisdicción militar para obstaculizar el acceso de las víctimas a la justicia”.
Proceso
07/08/2012
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