miércoles, 28 de enero de 2015

Pitazo de un halcón a Guerreros Unidos dio inicio a la tragedia

¿Carpetazo?
La PGR tardó 10 días en atraer la indagatoria del caso

Foto
Imagen de uno de los videos presentados por el procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal, para sustentar que los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014, fueron asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros UnidosFoto PGR
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de enero de 2015, p. 4
El caso Iguala comenzó la noche del 26 de septiembre de 2014 cerca de las ocho de la noche, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando un halcón (vigilante de un grupo delictivo) avisó a la policía del municipio que integrantes de Los Rojos pretendían tomar la plaza y afectar la fiesta que María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca Velázquez, celebraba por su informe de labores al frente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local, en la que anunciaría su intención de convertirse en presidenta municipal.
Una orden criminal
Un grupo indeterminado de estudiantes viajó de la Normal Rural de Ayotzinapa a Iguala con el fin de recolectar dinero para solventar su viaje a la ciudad de México, donde participarían en la marcha conmemorativa de la matanza estudiantil de 2 de octubre de 1968.
Sin embargo, aproximadamente a las 20:30 horas, los policías de Iguala recibieron la orden del alcalde José Luis Abarca de detenerlos como sea.
Los agentes solicitaron apoyo a los policías de Cocula y buscaron a los normalistas hasta que los encontraron en dos ocasiones.
En la primera, tres estudiantes fueron abatidos cuando descendieron de un vehículo, y una mujer que viajaba en un taxi fue alcanzada por las balas de los uniformados y también perdió la vida.
En la zona fueron detenidos ilegalmente unos 25 estudiantes.
Los normalistas que se transportaban en otro autobús lograron escapar. Los policías confundieron con ese vehículo el camión en que viajaban los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y abrieron fuego en su contra; mataron a un jugador y al conductor.
Después encontraron al otro vehículo de los estudiantes. En éste viajaban unos 15 normalistas y también fueron detenidos.
Los hechos se extendieron hasta la madrugada del día 27. Los medios de comunicación informaron que los normalistas se habían enfrentado a los policías y el saldo era de seis personas muertas y decenas de heridos.
Primeras detenciones
El 28 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero anunció que 22 policías municipales de Iguala habían sido detenidos como responsables del ataque a los estudiantes y que trasladó a los uniformados a Acapulco, por cuestiones de seguridad.
En tanto, los normalistas comenzaron a difundir que más de 50 estudiantes estaban desaparecidos y que había sido detenidos por policías.
Apenas el 30 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto se pronunció sobre lo ocurrido en Iguala y señaló que el gobierno estatal debía ‘‘asumir su propia responsabilidad’’.
Durante una gira de trabajo por el estado de México, aseguró: “Es muy claro que el gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Aquí estamos en una amplia coordinación, en una gran disposición para sumar esfuerzos y sumar la fuerza federal a los esfuerzos estatales, pero no para sustituirlos, remplazarlos o asumir responsabilidades que corresponden en estricto sentido a los gobiernos locales’’.
Un día después, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, huyó, mientras el PRD inició un proceso para expulsarlo de sus filas.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que las autoridades federales estaban muy atentas para apoyar y reforzar donde, de ser el caso, ha habido un debilitamiento institucional.
Las investigaciones continuaron bajo la tutela de la PGJE de Guerrero y dieron un vuelco el 4 de octubre, cuando anunció que fueron encontradas varias fosas clandestinas en las inmediaciones del cerro llamado Pueblo Viejo, en la ciudad de Iguala.
Un día después, las autoridades federales anunciaron la atracción del caso. En las fosas se encontraron 28 restos humanos y los policías de Iguala que fueron detenidos refirieron que en ese lugar podrían estar sepultados los normalistas.
Desde que ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes, los funcionarios de la PGR han dado a conocer en 25 ocasiones información sobre el caso, ya sea en conferencias o mediante comunicados de prensa.
El 7 de octubre fue la primera vez que el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, aseguró que en el ámbito federal no había ninguna indagatoria contra José Luis Abarca, alcalde de Iguala, a pesar de que meses antes el perredista René Bejarano le había solicitado que atrajera la investigación del homicidio de Arturo Hernández Cardona.
El 8 de octubre, el presidente del PRD, Carlos Navarrete, pidió perdón a los ciudadanos por la postulación de Abarca a la alcaldía de Iguala.
A pesar de que las investigaciones ya estaban en el ámbito federal, el 11 de octubre el entonces gobernador Ángel Aguirre se adelantó a la PGR y dijo que algunos de los 28 restos no correspondían a los normalistas. Dos días después, Murillo Karam señaló que los estudios no dieron positivo para ninguno.
Ese mismo día se informó que 14 policías de Cocula fueron detenidos por su involucramiento en la desaparición de los estudiantes y se dio el primer indicio de que éstos fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos.
El gobernador Ángel Aguirre solicitó licencia al cargo el 22 de octubre y en su lugar fue designado Rogelio Ortega Martínez, secretario general de la Universidad Autónoma de Guerrero.
El 4 de noviembre fueron detenidos José Luis Abarca y su esposa en el Distrito Federal. Tres días después la PGR anunció que en el basurero de Cocula hay indicios de que ahí fueron incinerados los estudiantes.
En México y varios países se han realizado movilizaciones multitudinarias exigiendo la aparición con vida de los estudiantes. Los padres exigen la renuncia del procurador Murillo Karam y del presidente Enrique Peña Nieto.
Ayer, el titular de la PGR afirmó que las evidencias señalan que los normalistas fueron privados de la vida e incinerados por integrantes de Guerreros Unidos.
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