Vanguardia
07 Noviembre 2011
Los Artículos del 253 al 258 del Código Penal de Coahuila establecen las diferentes hipótesis que en nuestra entidad, de actualizarse, configuran delitos relacionados con el encubrimiento y la obstrucción de la justicia, ilícitos que se consideran agravados si son cometidos por funcionarios públicos.
Por otra parte, el Artículo 20 del mismo ordenamiento establece dos hipótesis en las cuales individuos que no necesariamente sean los autores materiales o intelectuales de un delito son también responsable de éste en la modalidad de cómplices.
Ambos apartados de la legislación penal de nuestro estado constituyen herramientas legales que la Fiscalía General de Coahuila, a cargo de Jesús Torres Charles, tendría que estar utilizando en el proceso de investigación e inicio de juicios en contra de quienes participaron en los delitos por los cuales se persigue, en primer lugar, a Javier Villarreal Hernández.
Porque resulta lógico suponer que para la falsificación del Periódico Oficial del Estado, la presentación de dicho documento ante la Secretaría de Hacienda y los bancos acreedores, la obtención de créditos y su inscripción en el registro de obligaciones, se requirió del concurso de un número importante de personas.
Como ya se sabe a estas alturas, quienes participaron en la maquinación y consumación del plan no solamente son -o eran- funcionarios públicos del Gobierno de Coahuila, sino también de la Federación, así como ejecutivos bancarios y, probablemente, fedatarios públicos.
¿Quiénes si, y quiénes no, tuvieron conocimiento de los hechos, participaron de estos o los encubrieron con su silencio?
La pregunta no es ociosa porque, de acuerdo con la legislación penal de Coahuila el tener noticia de la comisión de un delito y no denunciarlo constituye una conducta ilícita que amerita prisión, así como el prestar auxilio a quien comete un ilícito convierte a quien lo haga en cómplice de aquel.
De acuerdo con la información que publicamos en esta edición, comienzan a aparecer individuos que desean dejar claro que no se ubican en ninguno de los dos supuestos y, por tanto, no están dispuestos a figurar en la lista de “sospechosos” de haber contribuido a la contratación fraudulenta de los créditos que nos han convertido en una de las entidades más endeudadas del país.
Valdría la pena, por supuesto, que tal posición fuera asumida sin timidez y de manera contundente por quienes se encuentran libres de pecado en este episodio bochornoso de la vida pública del estado y del país.
Porque lo que todos esperamos de quienes, de una forma o de otra, tienen información relativa a este caso, es que contribuyan a su esclarecimiento y a que se castigue con todo rigor a quienes conspiraron en contra de los intereses colectivos y nos han heredado una deuda que, en tanto no se aclare su origen y destino, no consideraremos legítima.
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