AGENCIA REFORMA/ SALTILLO, COAHUILA.
A un mes de que se dictaron las primeras órdenes de aprehensión en contra de funcionarios presuntamente responsables de la contratación de créditos por 2 mil 200 millones de pesos con documentos falsos en el gobierno priista de Humberto Moreira, los resultados de la investigación son pobres. Nadie está en la cárcel.
Aunque la Fiscalía General del estado ha asegurado que también están involucrados funcionarios federales y empleados de las instituciones financieras que participaron en las anomalías, no se ha informado sobre su identidad.
El líder estatal del PAN, Carlos Orta Canales, calificó como una simulación el proceso iniciado por la Fiscalía en contra de ex funcionarios estatales, ya que gozan de libertad bajo caución, debido a que el delito que se les imputa es de carácter patrimonial.
"Llama mucho la atención (la lentitud en la investigación), en cualquier caso, a veces muchos, sin tanta importancia, la justicia actúa de forma inmediata y expedita, y (ahora) parece que le están dando tiempo al 'moreirazo'", externó Orta.
"Es clara la maquillada y las estrategias jurídicas que están tomando para darse tiempo para maquillar más este fraude".
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante la PGR denuncias por el llamado "moreirazo", que involucran créditos obtenidos de manera irregular por el Gobierno de Coahuila, por un monto de 2 mil 200 millones de pesos.
Son cinco denuncias, por igual número de créditos irregulares, que se han interpuesto ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada
En Delitos Federales.
En sus denuncias, la Procuraduría Fiscal pide investigar la falsificación de documentos utilizados por el Gobierno de Coahuila para registrar ante Hacienda créditos por 5 mil 300 millones de pesos, y que
Se garantizaron con la entrega de participaciones federales.
El viernes 28 de octubre fue detenido el ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC),
Javier Villarreal Hernández, señalado como uno de los principales responsables del supuesto fraude.
El principal artífice de la política financiera en la administración estatal del ahora dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, no tuvo
Que sufrir el llamado "sabadazo", pues obtuvo su libertad bajo fianza en poco más de 14 horas.
Apenas a unas horas de haber sido liberado Villarreal, arribó al Cereso el segundo presunto involucrado, Sergio Ricardo Fuentes Flores, ex administrador general de Políticas Públicas del SATEC. Al día siguiente, Fuentes dejó la prisión tras pagar una fianza.
A ambos ex funcionarios se les dictó auto de formal prisión, pero gozan de libertad bajo caución, en espera de que el juez concluya el periodo de desahogo de pruebas por los delitos de falsificación de documentos oficiales y uso de los mismos, así como fraude en modalidad de simulación de actos jurídicos.
El 1 de noviembre se dio a conocer que el tercer presunto involucrado era Fausto Destenave Kuri, director de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, quien fue exonerado al comprobarse que no tuvo participación en la contratación de un crédito de mil millones que fue a dar a las arcas del SATEC.
A mediados de noviembre se dio a conocer la identidad de los otros tres supuestos inculpados.
Se trata del ex tesorero general del estado, Miguel Ramón Rodríguez Flores, así como Enrique Ledesma Flores y Juan Manuel Delgado Hernández, ex funcionarios del SATEC, quienes son procesados penalmente por el
Delito de fraude equiparado en modalidad de simulación de actos jurídicos.
No obstante, al igual el resto de los presuntos implicados, los ex funcionarios estatales enfrentarán a la justicia fuera de prisión, pues obtuvieron el amparo de la justicia federal.
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