martes, 29 de noviembre de 2011

Jorge Herrera Caldera, el vacío y la ignominia


El primer año de desgobierno de JHC

Un gobierno nacido de la sospecha, marcado por las irregularidades y la violencia de una elección decidida no por los electores sino por los magistrados del tribunal electoral que reconociendo anomalías y conductas atípicas, consideró que estas “no alcanzaron a afectar el resultado de la elección”. Todo esto, ensombreció la figura del candidato priista al declararlo gobernador, lo que lo alejó de la indispensable legitimidad de origen.

Colectivo editorial de La Palabra

Si se desechara el alud de fotografías de estudio, de videos y promocionales actuados con su ya conocida sonrisa congelada, si cesara el inmisericorde bombardeo de miles o tal vez de millones de spots, de capsulas difundidas por todos los medios para maquillar y ocultar la realidad tan adversa que viven los duranguenses, irremediablemente se acabaría la materia de un gobierno autista que da la impresión de moverse sólo por inercia, con el vuelito que le queda de la febril gestión impulsada por los abusos de poder y los negocios particulares que con los presupuestos públicos realizó Ismael Hernández Deras, el verdadero poder tras el trono.
De igual forma, si se retirara el excesivo embadurnamiento de superficial y engañoso maquillaje aplicado sobre el rostro y la realidad que se vive en Durango detrás de las mentiras mediáticas encerradas en frases huecas como: juntos transformamos Durango y juntos crecemos,- con las que se pretende encubrir la trágica realidad-, entonces. ¿Qué queda?: Sólo queda el vacío. La nada.
Aún y cuando no se dispone del informe que por mandato constitucional está obligado a rendir el Gobernador ante el Congreso del Estado al final de cada ejercicio anual, el 15 de septiembre, y que su antecesor violó al cambiar la fecha para el mes de marzo, quien únicamente rindió cinco informes, omitiendo el sexto y último. No obstante la actual legislatura nada ha hecho por enmendar tan grave violación a la Carta magna de la República y a la Constitución local, seguramente obedeciendo la consigna de quien los ungió como diputados y los impuso en la presidencia y la gran comisión. El anterior Gobernador Ismael Hernández Deras, quien aún mantiene el poder e impone su voluntad a través de sus operadores políticos del actual gabinete gubernamental.
El mensaje emitido por Jorge Herrera Caldera (JHC) con ese motivo, elude toda referencia a lo acontecido en uno de los años más aciagos en la historia Durango. Como mensaje político, solo repite los esquemas mediáticos propios de una campaña electoral que a una rendición de cuentas. Más que informar sobre los compromisos y promesas cumplidas, sobre los avances por más pequeños que sean, reitera en cambio toda la retórica memorizada a fuerza de repetirla hasta el cansancio a lo largo de la campaña electoral fallida, o por lo menos desacreditada e ineficaz.
La mayoría de los medios informativos, abdicando de su obligación con la sociedad de proporcionarle información objetiva e imparcial, se plegaron una vez más a la oficiosa incondicionalidad apologética al servicio de la persona del gobernador, muy alejada de su función ética y compromiso informativo con los duranguenses a quienes se deben.
Fue así que lejos de cuestionar la grave omisión de un informe de gobierno, se dedicaron a difundir y ensalzar un pobre mensaje mediático, dejando fuera todos los cuestionamientos y dudas que a los ciudadanos comunes nos inquietan.
En todos los medios electrónicos y escritos se reprodujeron los boletines oficiales, las imágenes y las palabras sin el menor análisis, menos aún de análisis críticos sobre el enorme vacío de poder gubernamental y sobre la ignominiosa realidad producto en gran medida de esa parálisis.
Eso ocurrió con los “medios grandes” que sin embargo dependen en gran medida de los recursos gubernamentales. Nada diferente se puede esperar de la gran cantidad de semanarios y pasquines que cuyos dueños viven exclusivamente del “chayote” disfrazado de “publicidad gubernamental” que devora los grandes presupuestos bajo el elegante rubro de “comunicación social”, que consumen presupuesto muy por encima del subsidio que el gobierno del estado destina a la UJED, que tiene uno de los porcentajes más pequeños del país, apenas 13% comparado con las demás entidades federativas.
La mayoría de estos medios controlados, voceros oficiosos del gobierno, solo destacaron el cambio de funcionarios del gabinete, empezando con el ex secretario General de Gobierno Hugo Rosales Badillo y del Fiscal General, Ramiro Ortiz, pero nunca se dio una explicación de los motivos de su renuncia, quedando sembrada la duda y la sospecha sobre sus acciones y omisiones conocidas por una opinión pública, siempre suspicaz que ha aprendido a leer la realidad por más que desde el poder traten de ocultarla.
Nada se dijo de sus responsabilidades de estos dos funcionarios en sus actuaciones al amparo del poder y del beneficio de la impunidad conocida por todos; en el primer caso sobre actos de abuso de poder encomendados según se dice por el anterior titular del ejecutivo, y que llevó al rompimiento del Estado de Derecho, empezando por la grave violación de la Autonomía universitaria producto del asalto policiaco y porril del edificio Central y el desalojo de las autoridades interinas legalmente constituidas. El asalto se consumó con artero golpe a la legalidad constitucional con sendas reformas a su ley orgánica e imposición de dos rectores en menos de una semana. Todo al amparo del poder autoritario que hizo uso de cientos de policías , así como de sus huestes porriles atrincherados en la FEUD que junto con la FETED constituyen otro sector del PRI que funciona bajo los esquemas corporativos y clientelares más arcaicos y corruptos, lubricados por la derrama de millones de pesos y canonjías propias del crimen organizado.
El otro funcionario, Ramiro Ortiz, señalado y evidenciado en muchos casos de omisión en la persecución del delito como Fiscal General del Estado, así como de actos represivos contra maestros universitarios cuyo único delito fue levantar su voz y repartir volantes contra la arbitraria violación de la autonomía. Hechos delictuosos que a un año de cometidos la Comisión Estatal de Derechos Humanos concluye su investigación de los hechos denunciados, reconoce y emite “su recomendación” contra funcionarios que ya fueron “premiados o promovidos por sus servicios prestados”. Empleado incondicional del primero e igualmente cobijado por el manto de la impunidad, no fueron objeto de ninguna investigación mucho menos de sanción.
Otro hecho que se destaca en los boletines de prensa sobre el primer año de gobierno se refiere a la desaparición de dependencias, que en el mes de marzo fue presentada como resultado de una consulta general para la integración del Plan Estatal de Desarrollo.
El anuncio de la desaparición de Transformadora Durango, la Secretaría Técnica del Gabinete, el Organismo Auxiliar de licitaciones y Fallos y la Coordinación de Entidades Paraestatales de educación, entre otras áreas finiquitadas. Este hecho se presentó como una considerable reducción del gasto burocrático. Así debió de haber sido si no fuera porque estas dependencias se crearon en el gobierno anterior, sin obedecer a un modelo de planeación y en medio de la mayor discrecionalidad, solo para pagar facturas de campaña a quienes no alcanzaron una dependencia donde cobrar como funcionarios.
A los duranguenses, nunca se nos explicó cuál era el estatus y naturaleza de la llamada Transformadora Durango, sí estaba considerada dentro del organigrama del gobierno estatal como dirección, empresa Pública descentralizada o privada, así como el decreto de creación como organismo al servicio del Estado. Pero además de la escasa transparencia no se podía liquidar por decreto una entidad que manejó miles de millones de pesos del presupuesto del Estado y menos aun cuando este organismo debió ser auditado con base de una investigación que debió realizarse debido a que sobre su director, o encargado, Víctor Sánchez Sariñana pesa una denuncia interpuesta por la fracción de diputados del PT por el manejo poco transparente de más de cien millones de pesos.
Lejos de esclarecerse esta denuncia pública, el funcionario referido se retiró a los negocios privados, sin que igualmente se transparentara su participación en el multimillonario proyecto denominado Isla de la Piedra en el Puerto de Mazatlán y otros negocios inmobiliarios, desarrollos turísticos en la Riviera Nayarit, así como todos aquellos ligados a la industria de la construcción por miles de millones de pesos; negocios en los que los insistentes rumores (propios de la cultura política de los duranguenses), no han dejado de señalar al anterior Gobernador Isamel Hernández Deras (IHD) como el titular y a su empleado como prestanombres, pues se antoja difícil si no es que imposible que una persona cuyos orígenes y condición económica como la de Sánchez Sariñana haya escalado niveles económicos de fantasía como lo son los de la Isla que ya se conoce como la Isla de la Fantasía.
Otro de los “logros” presumidos por JHC en su primer año de gobierno, es el tan cuestionado “Nuevo sistema de justicia Penal, Acusatorio y Oral, que en realidad es una disposición federal y cuyo modelo copiado del Sistema puesto en operación en el Estado de Chihuahua, declarado un rotundo fracaso. En Durango alcanza apenas al primer Distrito judicial con un alcance del 25% del total de los juicios penales del Estado.
Se puede afirmar que su operación ya se puede considerar fallida, luego de que no responde a las características propias ni a la idiosincrasia y cultura jurídica de Durango que padece serios rezagos y anacronismos en la formación de los propios abogados, jueces y magistrados. En una primera etapa, los escasos recursos se emplearon en comprar vehículos de lujo, en la compra de trajes para el personal, así como en cambiar los pisos del Supremo Tribunal de Justicia que estando en buen estado se cambiaron por lujosos mármoles importados, todo esto bajo la visión del presidente del STJ Apolonio Betancourt, para quien era de máxima importancia o buena presentación de jueces, Magistrados, actuarios o simples secretarios y secretarias de juzgado, así como los vehículos y recubrimientos del edificio principal. Para las Salas de Juicios orales y demás instalaciones especiales requeridas, así como la capacitación del personal hubo necesidad de posponerlas por años pues hubo ajustes presupuestales en el nivel federal.
Toda esa enorme inversión se desperdició según la opinión de juristas expertos, pues se pensó en todo el escenario pero se dejaron los mismos funcionarios que muy trajeados con cargo al erario, son los mismos que reproducen los viejos vicios y la corrupción galopante.
El principal problema que afronta el mandatario es la opacidad de su gobierno, pero sobre todo la herencia maldita con que carga su administración, la que por más voluntad que tenga, difícilmente se podrá deshacer de esta.
En el rubro de la obra pública. La más importante es la tan cacareada supercarretera Durango Mazatlán, rodeada de un enorme dispositivo publicitario tanto de parte del gobierno federal como del estatal, sujeta aún a los recursos que pueda aprobar el gobierno federal, en un año electoral en que cada centavo que se aplique va a ser motivo de regateo y disputa electoral. Dicha supercarretera que ya exhibe múltiples problemas por sus deficiencias constructivas, que la ponen muy por debajo de la carretera libre construida hace más de 60 años, la cual es catalogada a nivel internacional como un modelo de alta ingeniería no superada en calidad y dificultades que hubo de sortear su construcción. Otra cosa sería si se tratara de la obra inconclusa del ferrocarril, proyecto abandonado y desmantelado en su parte que ya estaba terminada, por los poderosos intereses del pulpo camionero.
En un afán por ocultar la realidad adversa de Durango, los últimos gobiernos han optado por el ejercicio mediático del poder, es así como desde el anterior en que se anunció que el grupo de la generación “bebeleche” con IHD a la cabeza, requería de un periodo de 30 años para transformar Durango. Llevan siete y la pobreza, la marginación, la inseguridad que se ha traducido en miles de muertos, levantados, ejecutados, desaparecidos, extorsionados, decapitados, han superado a todos los muertos del siglo XX, incluidos los que cayeron en el movimiento armado de 1910 en Durango.
En estos últimos dos gobiernos, las cifras de asaltos a mano armada, robos comunes, de casa habitación, de vehículos, secuestros y extorsiones han aumentado en forma exponencial, pero lo más grave es que estos ya no son investigados con el argumento de que se trata del crimen organizado, quedando en la absoluta impunidad con la complacencia y hasta la protección policiaca.
Las cientos de casos no investigados de víctimas de secuestro, muchas de las cuales sin ser denunciadas por las amenazas y el temor, se siguen acumulando y por si algo nos faltara, hace apenas unos días sumamos otro primer lugar de todo lo indeseable. Los medios dieron cuenta de que ya desbancamos a Chihuahua en el renglón de suicidios.
Las narco fosas son otro distintivo más de Durango por su número y cantidad de cadáveres depositados en ellas, con los que fácilmente rebasamos a Tamaulipas y Chihuahua y que nos pone al nivel de Afganistán donde las tropas norteamericanas en una vorágine de terror y sangre, masacraron a su población indefensa. La figura de atracción de la PGR suena grotesca, como si las personas ahí enterradas clandestinamente no merecieran la atención estatal.
No es necesario que en su informe el gobernador nos dé una cantidad interminable de cifras de los miles de millones de inversión, de empleos creados, de obras de relumbrón, si por otro lado la realidad termina imponiéndose.
Poblados, colonias y fraccionamientos sin agua y muchas sin drenaje ni pavimento ni banquetas ni alumbrado ni nada. Se dirá que la atención de estos servicios públicos corresponden al nivel municipal afirmación no exenta de razón, si no fuera porque en Durango el sistema feudal implantado por Ismael Hernández Deras desapareció el Municipio Libre y Autónomo. ¿Desde cuándo no se respeta la autonomía municipal, consagrada en el artículo 115 constitucional? Desde que el gobierno de algunos municipios lo ganó un partido distinto al PRI.
Ahora es el gobernador quien se arroga las obras públicas municipales, dejando al presidente municipal el triste y miserable papel de entregar cobijas, cemento, despensas , y a lo más, domos a las escuelas. Al Cabildo que sería el órgano de gobierno más cercano a los ciudadanos, solo decide sobre giros negros, permisos para comercio en vía pública, panteones, servicio de limpia, pues aguas del municipio ya está semiprivatizada y el control de patentes para venta de bebidas alcohólicas las administra en coordinación o contubernio con las poderosas firmas cerveceras quienes las acaparan.
Más que un informe ritual cargado de cifras maquilladas y verdades a medias o mentiras completas es la percepción ciudadana la que más objetivamente nos indica sobre el desempeño del gobierno y está a flor de piel en todos los sitios de convivencia, en los taxis, en escuelas, centros de trabajo y hasta en centros recreativos, en los antros y cafés, donde se expresan opiniones de manera libre y sin cortapisas.
Así que con base en esto, saquen sus conclusiones sobre el desempeño de Jorge Herrera Caldera como gobernador del estado en este su primer año.