lunes, 29 de septiembre de 2014

Si cuotas son a fuerza, 'habría ilícito'


POR: ELIA BALTAZAR / EL SIGLO DE TORREÓN-AEE / MÉXICO, DF

Si se demuestra que todas o algunas de las aportaciones de 803 empleados del ayuntamiento de Torreón al PRI y a la Fundación Colosio se hicieron de manera compulsiva, obligatoria o no voluntaria, podría haber un ilícito, explicó el doctor Jaime Cárdenas, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.







Los pagos electrónicos al PRI son de un total 195 mil pesos, y a la Fundación Colosio, filial del partido, de 953 mil 359 pesos. El senador panista Luis Fernando Salazar dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por las aportaciones.
También el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila anunció que analiza presentar una denuncia en contra del alcalde Miguel Riquelme por permitir que las aportaciones de los militantes del PRI se realicen a través de la nómina.
El doctor Cárdenas dijo que el proceso a seguir es citar a los funcionarios para verificar si es voluntaria la aportación, y que posteriormente se podrán determinar responsabilidades de tipo penal, laboral o electoral.
Por su parte, Jesús Sotomayor, director Jurídico del Ayuntamiento de Torreón, aseguró que las "aportaciones" no violan ley alguna.
No obstante, Cárdenas señaló que las aportaciones obligatorias serían una violación al Artículo 123 constitucional, que establece que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función.
Pero demostrar el hecho será difícil, aclaró, puesto que existe la presión sobre los empleados de perder sus trabajos. "Los que quieran ser héroes cívicos dirán que se lo quitaban por la fuerza, dependerá de su compromiso y de su honestidad", dijo.
El especialista añadió que si los trabajadores declaran que si no firmaban las cartas del Sistema de Cuotas y Aportaciones dirigidas al tesorero Enrique Mota Barragán, perderían su trabajo o habría represalias en su contra, se demostraría que no fue un acto voluntario.
Lo anterior independientemente de que los mismos documentos aclamen la voluntariedad del acto.
Precisó que es probable que quienes declaren que los obligaron, sean fácilmente destituidos por "algún pretexto".
No obstante, el especialista en Derecho Constitucional comentó que este tipo de aportaciones son una práctica común en la política mexicana.