sábado, 27 de septiembre de 2014

Ahumada-PRD, el origen de la deuda


El empresario Carlos Ahumada en el reclusorio Norte en junio de 2004. Foto: José Manuel Jiménez
El empresario Carlos Ahumada en el reclusorio Norte en junio de 2004.
Foto: José Manuel Jiménez
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde su natal Argentina, el empresario Carlos Ahumada busca recuperar parte del capital invertido hace una década en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuando era dirigido por Rosario Robles, actual secretaria de Desarrollo Social del gobierno peñista.
Por lo pronto, el juzgado undécimo de distrito en materia civil del Distrito Federal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) embargar las prerrogativas del PRD, a solicitud expresa de un tribunal argentino donde se desahoga el juicio promovido por el autor de los videoescándalos que en marzo de 2004 hicieron tambalear al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Mientras el INE resuelve si la petición judicial es procedente, el secretario de Finanzas perredista, Xavier Garza, confirmó que su partido obtuvo un amparo contra el embargo precautorio de sus prerrogativas por un supuesto adeudo de 520 millones de pesos a Ahumada.
En el libro El Tango de Ahumada, publicado a fines de 2004, Raúl Monge arroja algunas luces sobre el asunto que involucra directamente a Rosario Robles y que a continuación se reproduce:
En enero de 2003, en medio de la disputa interna por las candidaturas dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la entonces presidenta nacional de ese partido, Rosario Robles, derrochaba optimismo: las encuestas electorales le pintaban bien a su partido en casi todo el territorio nacional, aunque debido -en buena medida- al factor López Obrador.
Arrastrada por la euforia del momento, la exjefa de Gobierno del Distrito Federal se autoimpuso el reto de superar la votación nacional alcanzada en los comicios de 2000, que en aquel tiempo fue de 20%, e incluso anunció públicamente que renunciaría a la dirección de su partido en caso de no alcanzar su objetivo.
Robles había calculado que el solo hecho de mantener el mismo nivel de votación conseguido en el proceso de 2000 en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Veracruz, Chiapas y Tabasco, sería más que suficiente para cumplir con su cometido.
Sin embargo, los pleitos internos por las candidaturas fracturaron la frágil unidad que mantenía Rosario Robles dentro del partido y provocaron una crisis interna, cuyas consecuencias se reflejaron inmediatamente en las encuestas, con un marcado descenso del partido en la preferencia electoral, incluidos los tradicionales bastiones perredistas.
Angustiada, la presidenta nacional del PRD decidió jugársela y apostó por la campaña mediática para reposicionar al partido. Un par de meses antes de las elecciones intermedias, se acercó a Televisa y a CNI-Canal 40, con el fin de entrar en negociaciones para lanzar una gran campaña propagandística en apoyo de los candidatos a diputados federales y locales perredistas.
En entrevista, el exsecretario particular y expresidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano, refirió que inicialmente Rosario Robles quiso firmar un contrato adicional al que ya se tenía con la empresa, pero dice que Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de la televisora, se negó porque el PRD arrastraba cuantiosos adeudos con Televisa por campañas anteriores.
Agregó que, en el siguiente encuentro, Rosario le propuso al directivo de Televisa reducir las tarifas del adeudo y abrir una nueva línea de crédito para difundir las campañas del PRD en los dos meses que faltaban, a cambio de abonar de inmediato a la deuda del partido 120 millones de pesos.
Según la versión de Bejarano, en esa negociación, Bernardo Gómez recibió una comisión de 2 millones de dólares (20 millones de pesos). Más aún, de acuerdo con el entrevistado, Carlos Ahumada, el empresario argentino detenido la semana pasada en La Habana, Cuba, fungió como aval del partido.
Sostuvo, asimismo, que Robles firmó un convenio de propaganda en los mismos términos con el propietario de CNI-Canal 40, Javier Moreno Valle, quien en ese entonces enfrentaba una difícil situación financiera.
La revista Proceso dio a conocer copia de un informe de la secretaría de Finanzas del PRD local en el DF que muestra cómo manejó los convenios con Televisa la dirigencia nacional antes de las elecciones de 2003. Se trata del oficio SF/089/04 que la actual secretaria de Finanzas del comité local del DF dirigió el pasado 4 de febrero a su homóloga del comité nacional, Mireya Guzmán Rosas, que dice textualmente:
Durante la etapa de campaña correspondiente al año 2003 se realizó un contrato con Televisa por un monto total de 23 millones de pesos, repartidos en dos facturas, la primera de 20 millones (6 de mayo, número 435132) y, la segunda, de 3 millones (18 de junio, número 435737). Dicho pago fue realizado para cubrir la campaña publicitaria del Distrito Federal para las elecciones de diputados locales y jefes delegacionales en la campaña electoral de 2003.
En el mes de agosto recibimos la llamada de Marcelo Arreola, encargado de la Coordinación de Finanzas del CEN del PRD en representación de José Ramón Zebadúa González, entonces coordinador general de Administración y Finanzas, solicitándonos de manera verbal realizar diversos movimientos respecto de los contratos con Televisa, lo cual se comunicó al Comité Ejecutivo Estatal para su conocimiento y sanción, que se negó.
Una vez que se comunicó la negativa a la solicitud presentada de manera verbal a Marcelo Arreola y al no volver a tener comunicación al respecto con José Ramón Zebadúa, dimos por concluido el tema.
Durante una reunión de trabajo en la Secretaría de Finanzas efectuada el pasado 21 de enero con el contador Carlos Bello, se nos informó que los movimientos de contratos fueron realizados y que la documentación correspondiente obra en su poder, debido a que el 12 de enero se presentó en las oficinas de la Secretaría de Finanzas del CEN del PRD, Marcelo Arreola, quien le entregó la documentación que genera hoy nuestra preocupación.
Dicha documentación consistió en dos notas de crédito emitidas por Televisa con número 38881 y 38882, ambas de fecha 31 de agosto de 2003, las cuales cancelan la factura 435737 por el monto de 3 millones de pesos y la factura 43132 por el monto de 20 millones, siendo éstas las que este comité estatal entregó en tiempo y forma a la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal para la revisión de los gastos sujetos a tope de las campañas citadas.
Al tenor de los movimientos solicitados por el CEN, la empresa Televisa emitió a su vez la factura número 4367799 de fecha 31 de agosto de 2003 por un importe de 2 millones 999 mil 791.94 pesos y otra más con número 436798 de igual fecha por la cantidad de 20 millones de pesos, donde se detallan los movimientos pagados por concepto de publicidad efectuado por este comité estatal, desprendiéndose que, efectivamente, el CEN por medio de la Secretaría de Finanzas modificó los pautajes (sic, por repetición de los mensajes) transmitidos, integrando en estas facturas spots del Comité Nacional sumados a las cuentas del Comité Estatal.
El documento consignaba también que la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo estatal promovió una cita con Televisa, pero que los funcionarios de la televisora se negaron bajo el argumento de que sólo reconocían como representante del partido a Rosario Robles, puesto que ella había sido la persona con quien se realizaron las negociaciones para las transmisiones de publicidad.
Montiel Reyes hizo un segundo intento, pero la respuesta fue la misma: Televisa esgrimió que sólo se reunirían con Robles Berlanga, José Ramón Zebadúa o, en su defecto, Marcelo Arreola, porque ellos eran los únicos que sabían de los movimientos que se hicieron.
Pero los resultados alcanzados en los comicios del 6 de julio -18% de la votación nacional, dos puntos menos de los esperados- no justificaron la millonaria inversión en la campaña mediática y sí, por el contrario, sumieron en una profunda crisis financiera al PRD.
En la entrevista. Bejarano recordó que, después de las elecciones, los pasivos del PRD llegaron a casi 500 millones de pesos, la mitad de los cuales fueron contraídos por Robles durante la campaña.
Asegura que de nuevo Carlos Ahumada intervino en auxilio de Rosario Robles y fondeó parte de la deuda del partido comprándole a los bancos un paquete de pagarés que no ascendían a 140 millones de pesos, como se ha divulgado, sino a 60 u 80 millones de pesos.
El dirigente de la Corriente de Izquierda Democrática (CID) reveló que dichos pagarés se quedaron en manos de Ahumada, quien luego los utilizó para chantajear al partido. “Rosario insistía en la necesidad de contener a Ahumada, de evitar que usara los pagarés con los que estuvo amenazando todo el tiempo porque el gobierno del Distrito Federal le comenzó a congelar los pagos a sus empresas, debido a diversas irregularidades detectadas por la Contraloría General”.
-¿Qué tipo de amenazas les hizo?
-Quería publicar los pagarés y denunciar que él había financiado parte de las deudas del partido y que el PRD había rebasado los topes de campaña, entre otras cosas.
-¿Contra quién iban dirigidas las amenazas en particular?
-Contra el partido, contra el Comité Ejecutivo y contra la propia Rosario.
El 9 de agosto de 2003, Robles renunció a la dirigencia nacional del PRD porque “se ha insinuado un manejo indebido de los recursos del partido y se ha sustituido el debate por la filtración interesada”. En su carta de renuncia, también dijo que dejaba una deuda de 250 millones de pesos, la mitad de la que los estados financieros del partido habían mostrado inicialmente.
De acuerdo con Bejarano, los problemas de Carlos Ahumada con el gobierno de López Obrador hicieron crisis en diciembre de 2003 y el empresario argentino enfrentó problemas de liquidez por la falta de pagos a sus empresas.
Dice que el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas, salió en su auxilio y lo ayudó a conseguir un crédito en Banca Afirme, versión que el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas negó rotundamente en entrevista con el reportero Rodrigo Vera.
El quebranto patrimonial de 31 millones de pesos detectado por la Contraloría del DF en la delegación Gustavo A. Madero le dio un giro a las cosas.
Cuando el gobierno de la ciudad descubre la red de complicidades de Ahumada en la demarcación, y antes de que el hecho trascendiera a la prensa, el empresario buscó a Bejarano y lo citó la noche del 13 de enero en el restaurante Balmoral del hotel Presidente Intercontinental.
Según Bejarano, Ahumada estaba sumamente molesto porque el entonces delegado Octavio Romero había despedido a los funcionarios Luis Salazar Cano y María Martha Arroyo, los autores materiales del fraude en la demarcación.
Recordó: “No sólo me exigió que persuadiera a Octavio para que los dejara, sino que me amenazó con llevarle a Carlos Salinas de Gortari la información que tenía en su poder”.
El dirigente expulsado del PRD supuso que Ahumada se refería al convenio firmado con Televisa. En ese entonces, dice, desconocía que había sido grabado.
Pero las amenazas de Ahumada no pararon ahí. Según Bejarano, el empresario le dijo que también tenía buena relación con el senador panista Diego Fernández de Cevallos y con Marta Sahagún.
En las mesas contiguas de aquel restaurante, Bejarano advirtió la presencia de Jorge Mendoza, directivo de TV Azteca, con quien Ahumada acababa de renegociar previamente el contrato de exclusividad del club de futbol Santos, según supo después, y el diputado federal priista Manlio Fabio Beltrones, quien cenaba, a su vez, con otra persona de la que no supo su nombre.
El pasado 28 de enero, el entonces jefe delegacional en Gustavo A. Madero presentó la denuncia penal contra Salazar Cano y Martha Delgado -prófugos de la justicia- por el quebranto, y el 19 de febrero se logró la detención de Luis Rey Ángeles Carrillo y Juan Carlos Herrera Chavira, administradores únicos de dos de las seis empresas filiales de Quart que defraudaron a la delegación, en complicidad con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, entre ellos Gustavo Ponce Meléndez.
Antes de que el brazo de la justicia lo alcanzara, el 20 de febrero, Carlos Ahumada presentó y ratificó ante el agente del Ministerio Público de la Federación, José Carlos Villarreal Rosillo, una denuncia penal contra funcionarios del GDF por el presunto delito de extorsión.
Inusualmente, la diligencia se llevó a cabo en un salón del hotel Intercontinental, en presencia de tres personajes que nada tenían que hacer ahí: el actual delegado en el DF del Cisen, José Valles López, un exintegrante de la Brigada Blanca que se encargó de cubrir la renta del salón; el senador Diego Fernández de Cevallos, y Rolando López Villaseñor, delegado de la PGR en el DF, según denunció López Obrador.
Salvo el funcionario del Cisen, los otros dos implicados negaron públicamente haber participado en la diligencia.
En la Cámara de Diputados, el entonces diputado perredista de Nueva Izquierda, Jorge Martínez Ramos, soltó la versión de que en esa ocasión estuvo también presente su primo, el vicepresidente de Televisa Bernardo Gómez. El dato cobró fuerza cuando la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) trató de conseguir el video de seguridad del hotel y la administración lo hizo perdedizo. Bejarano dice que un reportero de la empresa le comentó que el video había sido adquirido por Televisa.
La noche del 20 de febrero, Ahumada voló a Las Vegas, donde se encontraba Gustavo Ponce, el mando financiero de López Obrador y una de las piezas de la maquinaria de corrupción que operaba en el GDF bajo las órdenes del empresario.
El 27 de febrero, Bejarano y López Obrador sostuvieron una reunión de trabajo en la que trataron asuntos diversos. Al salir de la oficina del jefe de Gobierno, se encontró a Ponce y lo invitó a desayunar el domingo 29 a las nueve de la mañana en el Sanborns de los Azulejos. Pero un día antes de la cita, la secretaria del titular de Finanzas del GDF llamó a Bejarano para avisarle que su jefe no podría asistir a la cita acordada.
El mismo 27 de febrero, Ahumada se encontraba ya en La Habana, Cuba. Pero antes de partir se había encargado de dejar en México una bomba: El 1 de marzo, Televisa difundió el video de Ponce jugando en una mesa de apuestas en el hotel Bellagio, y dos días más tarde, el 3, exhibió el de Bejarano, recibiendo dinero de Ahumada.
Un día antes, el 2, Bejarano había dado instrucciones de concertar entrevistas con diferentes medios de comunicación para hablar del caso Ponce Meléndez. En su calidad de vocera de la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, Alejandra Barrales se comunicó aproximadamente a las 8:25 horas con Leonardo Kourchenko para ofrecer una entrevista con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea.
Después de 15 minutos, a las 8:40 horas, Kourchenko le llamó a la diputada Barrales y le dijo que sí les interesaba, pero que le confirmaría más tarde. A las 10:00 horas, Kourchenko vuelve a llamar a Alejandra Barrales y le confirma que la entrevista se efectuaría el 3 de marzo a las 7:40 horas.
Tres horas después, Kourchenko se comunicó de nueva cuenta con Barrales y le dice que en lugar de las 7:40 horas, los esperaba a las 6:55 horas.
Previamente, a las 11:00 horas, Patricia Arreola (Coordinación de Prensa del PRD en la Asamblea) había intentado concertar una entrevista con Brozo para tratar el mismo tema, pero Francisco Juárez, asistente de Víctor Trujillo, nunca devolvió la llamada.
La mañana del 3 de marzo, Bejarano llegó al foro de Televisa. Esa mañana sucedieron cosas extrañas en el foro donde se transmite el noticiario En Contraste: Estaban presentes -de manera absolutamente inusual, de acuerdo con trabajadores de la empresa televisiva- Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros, el responsable de seguridad y el jefe técnico, quien se encargó, personalmente, de cambiar el canal de los monitores para evitar que dentro de las instalaciones de Televisa se viera el programa de Brozo.
De manera también inusual, se pidió a todas las personas que estaban dentro del foro que apagaran los celulares y, cuando se inició la transmisión, Leonardo Kourchenko y Adela Micha fueron informados de que se había cerrado el acceso a las instalaciones de Televisa Chapultepec.
Al salir del estudio, se acercó a Bejarano una persona, quien le dijo que Brozo quería saludarlo personalmente.
El presidente de la Comisión de Gobierno aceptó y, sin avisarle que estaba al aire, le soltaron de golpe que le iban a pasar un video.
“No tengo la menor duda de que Bernardo Gómez fraguó todo esto en complicidad con Ahumada para reventarme y reventar al gobierno de López Obrador”, dice Bejarano.
Menguado anímicamente por los dos certeros golpes, el viernes 5 de marzo, en la reunión de Gabinete de Seguridad, López Obrador preguntó a sus colaboradores si sabían de alguien más que hubiera recibido dinero de Ahumada, si le tenían preparada otra sorpresa.
El silencio llenó la sala de juntas hasta que la secretaria de Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum, se puso de pie y confesó que su esposo, el delegado de Tlalpan, Carlos Imaz, había recibido dinero del empresario.
López Obrador le dijo a Sheinbaum que Imaz asumiera las consecuencias y que hiciera público el hecho lo antes posible.
Así lo hizo, y ese mismo día declaró públicamente que Ahumada le había entregado entre 500 mil y 600 mil pesos, y que ese dinero se invirtió en la campaña de Rosario Robles para la presidencia nacional del PRD.
El lunes 8, Televisa proyecta el tercer video, el de Imaz recibiendo dinero de Ahumada en bolsas de plástico.
Bejarano aseguró que las fechas de los videos fueron alteradas, igual que los diálogos. Además, hizo notar que otro elemento que refuerza la participación de Televisa en lo que él llama un complot contra el GDF es que el video de Ponce tiene el logotipo de la empresa en marca de agua, lo cual requiere de un trabajo especial.
Afirmó que un factor que contribuyó, según él, a desactivar lo que insiste en considerar como una conspiración contra el GDF fue la revelación de la presencia de Diego Fernández de Cevallos y de los funcionarios del Cisen y de la PGR en la diligencia ministerial celebrada en el hotel Presidente Intercontinental y, por si fuera poco, las huellas del expresidente Carlos Salinas, quien mantiene una añeja rivalidad con el jefe de Gobierno.
En entrevista con Joaquín López Dóriga, el conductor del noticiario estelar de Televisa, el jueves 1, López Obrador reafirmó la tesis del complot, con un par de datos nada menores: la presencia de Ahumada en Cuba, donde Salinas tiene intereses, y las reuniones de Salinas con Ahumada.
El jefe de Gobierno reveló que la PGJDF tiene la declaración ministerial del chofer de Ahumada, quien aseguró que el expresidente y el empresario se encontraron entre septiembre del año pasado y febrero de este año al menos en seis ocasiones.
Desde que Salinas regresó a México, en efecto, se ocupó de torpedear a López Obrador desde distintos frentes. En el curso del año pasado, por ejemplo, no tenía empacho en invitar, a su casa de Camino a Santa Teresa, a quien consideraba digno de escuchar sus denuestos contra el jefe de Gobierno del Distrito Federal.