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| Luis Raúl González Pérez, nuevo presidente de la CNDH. Foto: Octavio Gómez |
MÉXICO, D.F. (apro).- El sepulturero del caso Colosio llegó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Hombre de la élite burocrática desde los años noventa, Luis Raúl González Pérez está lejos del reconocimiento social requerido para un auténtico defensor de los derechos humanos, sobre todo en medio de la crisis humanitaria en que está sumido México.
Es un hombre más del poder. Sirvió a la Procuraduría General de la República (PGR) como fiscal especial para cerrar, hace 14 años, el expediente Colosio con la verdad jurídica de que Mario Aburto fue un asesino solitario y que detrás del crimen del candidato presidencial del PRI no hubo ninguna motivación política ni muchos del narcotráfico.
Luego formó parte del equipo de confianza en la cuestionada gestión de José Luis Soberanes en la CNDH, donde coincidió con el saliente presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, a quien el Senado le negó un segundo periodo luego de las severas y extendidas críticas sociales por su complacencia hacia el poder.
Pasó el decenio panista entre la CNDH y la UNAM, donde hasta este jueves fue abogado general al lado del pragmático José Narro Robles, con quien coincidió en el gobierno de Ernesto Zedillo. González era el fiscal especial y Narro, subsecretario de Salud.
En la CNDH, estuvo a cargo del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, fue primer y segundo visitador general y director de asuntos indígenas.
Aunque en su biografía se destaca que participó en la investigación de la masacre de Aguas Blancas en 1995, que derivó en la renuncia del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, en realidad fue la investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que abrió la puerta para la salida del gobernante.
Fue la primera de una serie de investigaciones especiales que la Corte realizó en época reciente al amparo de la Constitución. Pero esa facultad fue transferida en 2010 a la CNDH sin que el saliente Plascencia la hiciera valer.
De la época en que estuvo a cargo del Programa de Agravios a Periodistas lo único que quedó fue la acumulación de expedientes.
González Pérez mira más al pasado que al tamaño de la tarea de la CNDH. En el plan de trabajo que presentó al Senado, pidió “volver a los principios básicos con los que trabajó la CNDH y que se han perdido en el camino”.
Añora los inicios del organismo creado en 1990 por Carlos Salinas y que estuvieron bajo la conducción del Jorge Carpizo, fallecido en marzo de 2012. Dividido el grupo político de Carpizo, González Pérez enfrentó una acusación de plagio del sobrino del exrector Enrique Carpizo.
La crisis humanitaria que el mundo atestigua en México es mucho más grande que ese inicio. La CNDH está en el centro de esa crisis. Con más facultades constitucionales y cuantiosos recursos, la Comisión tiene mucho que hacer para que el Estado mexicano respete los derechos humanos, una de las condiciones de cualquier Estado moderno.
González Pérez está lejos de ser un ombudsman. No sólo porque esta figura está reservada para los organismos que tienen facultades de sanción –que no es el caso de las recomendaciones de la CNDH–, sino porque hasta ahora ha estado al servicio de grupos políticos. Tiene cinco años para convertirse en un verdadero defensor de los derechos humanos que esté a la altura del reto histórico de México en esa área.
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