jueves, 20 de noviembre de 2014

Maestro de la Sección 22 vinculado al EPR pide asilo político en el extranjero


Una pinta del EPR en las calles de Guerrero. Foto: Prometeo Lucero
Una pinta del EPR en las calles de Guerrero.
Foto: Prometeo Lucero
MÉXICO, D.F., (apro).- Gustavo Adolfo López Ortega, profesor y dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), pidió asilo político a países latinoamericanos (Cuba y Venezuela) y de la Unión Europea, luego de que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) publicó un documento donde se le vincula con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En declaraciones a un diario oaxaqueño, López Ortega, miembro de la Sección 22 afiliado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), dijo inició el proceso de asilo político en el extranjero, después de que la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) determinaron que no existen vínculos legales que lo liguen a alguna averiguación.
Asimismo adelantó que demandará penalmente al gobierno federal por la persecución en su contra, lo cual viola todas las garantías a los derechos humanos.
De ser aceptada la petición de asilo, el caso de López Ortega se sumaría al de Juan Sosa Maldonado, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), quien se encuentra refugiado junto con su familia en un país de la Unión Europa, luego de sufrir un atentado en 2013.
Encarcelado en la década de los 90 por supuestamente pertenecer al EPR, Sosa Maldonado explicó que se encuentra en el extranjero, al lado de su esposa Leonor Jiménez Castellanos, bajo la protección de la Sección Española de Amnistía Internacional (AI).
Desde octubre pasado, luego de que la revista Proceso publicó un informe de inteligencia federal en el que se enlistan al menos 11 grupos detrás de las protestas por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, varios de ellos supuestamente vinculados con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), López Ortega negó cualquier algún vínculo orgánico con esa guerrilla.
En aquella ocasión, el dirigente del FIR calificó como un discurso “bipolar y retrasado” la insistencia del Estado Mexicano en querer relacionar a organizaciones sociales, específicamente oaxaqueñas, con el EPR, sobre todo en virtud de las recientes manifestaciones por la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
“Esta vinculación no es nueva, siempre se ha hecho, pero es un discurso desgastado que se viene aplicando desde el surgimiento de la guerrilla e incluso desde mucho antes”, aseveró López Ortega.
Dijo que antes de la aparición pública del EPR, los movimientos contestatarios de Oaxaca fueron vinculados con movimientos armados centroamericanos con el objetivo de criminalizarlos y acabar con ellos.
“En la lógica de la descomposición social que vive el país y que ha sido fomentada por los monopolios y Enrique Peña Nieto”, explicó, se ha pretendido criminalizar al movimiento social.
“Ahora vuelven a recurrir a los mismos métodos que se utilizaban en los años 70 y 80, totalmente fuera de lugar”, añadió.
Y subrayó: “Rechazamos categóricamente mantener algún vínculo orgánico con el movimiento armado”. Sin embargo, declaró que como organizaciones han expresado su respeto y solidaridad “a la rebelión cuando sus derechos son violentados”.