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| Casas de Allende, Coahuila destruidas por los Zetas. Foto: Víctor Hugo Valdivia |
MÉXICO, D.F., (apro).- El gobierno de Coahuila dará a conocer en los próximos días el número y la identidad de las personas ejecutadas y desaparecidas en marzo de 2011 por sicarios de Los Zetas en el municipio de Allende.
Según el gobernador Rubén Moreira Valdez, las víctimas no son 300 como se ha manejado. “Son mucho menos” y daremos la cifra correcta con los nombres”, aclaró.
Y añadió que “antes de terminar este mes de noviembre va a haber ejercicio de acción penal, (pero) eso no depende de mí, es de la Procuraduría que tiene autonomía. Desde que llegamos (al gobierno) he estado trabajando en el tema, y en estos días funcionarios de Coahuila han estado dialogando con familias en algunas partes del país y del extranjero para dar bien los números de los que estamos hablando”.
En declaraciones a la prensa local, el mandatario detalló que algunas personas fueron reportadas como desaparecidas, cuando en realidad se encontraban en otra parte. Por eso, dijo, no minimiza la tragedia y tampoco “hemos quitado el dedo del renglón”.
Moreira Valdez aseguró que muchas de las supuestas víctimas –la mayoría familiares de Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán, quienes filtraron a autoridades de Estados Unidos información sobre el trasiego de droga que realizaban Los Zetas por Piedras Negras– no estaban desaparecidas.
“Muchos de ellos regresaron a sus hogares, muchos de ellos se trataba de otro tema, pero así empezamos. El tema es saber en Allende cuántas personas estuvieron relacionadas con los hechos. Traemos ya una cifra y sobre ella se ha avanzado en la investigación previa, aunque se está todavía corroborando nombres de personas que están en otra parte y que se han comunicado”.
El mandatario estatal informó que en la investigación, específicamente sobre los hechos de Allende, se ha recibido apoyo de las policías Federal y Científica, “pero quiero ser muy cuidadoso recordando el incidente que se generó con información que produjo mucho dolor”.
Dijo que también recurrieron a especialistas argentinos “para evaluar si lo hecho se había hecho bien, y ellos dijeron que se había hecho correctamente”.
Dijo que también recurrieron a especialistas argentinos “para evaluar si lo hecho se había hecho bien, y ellos dijeron que se había hecho correctamente”.
Hoy, añadió, nos hemos acercado a la Cruz Roja, a todas partes, “y a todos los que se sumen para ayudar serán bienvenidos”.
Moreira Valdez sostuvo que no corresponde al Ejecutivo informar si hay o no órdenes de aprehensión, “pero hemos dado un paso más. Nosotros hemos empujado esa averiguación, pues las familias por miedo nunca se acercaron, algunas sí. Nosotros hemos empujado para que haya esclarecimiento de lo que ahí sucedió y se haga justicia”.
La tragedia que sufrieron las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán comenzó la tarde del 18 de marzo de 2011, cuando decenas de sicarios provenientes de Tamaulipas cercaron el pueblo de Allende y, después de cerrar los accesos por carretera, sacaron de al menos 10 residencias a hombres, mujeres, niños y ancianos, y se los llevaron por la fuerza.
Los pistoleros, que arribaron en aproximadamente 40 camionetas, llegaron para cumplir una advertencia que Z40 y Z42 hicieron a Héctor Moreno y José Luis Garza por su presunta traición al filtrar a autoridades de Estados Unidos información sobre el trasiego de droga que realizaban Los Zetas por la ciudad vecina de Piedras Negras, y porque se quedaron con alrededor de 5 millones de dólares producto de un mes de ganancias del narcotráfico.
La venganza también incluía al capo de Piedras Negras Mario Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos junto con Héctor y José Luis.
Durante tres días los sicarios levantaron a las familias de Allende, Nava y Piedras Negras e incluso a los trabajadores domésticos y albañiles que construyeron las residencias.
Una semana después regresaron con maquinaria pesada y destruyeron paredes, techos y pisos.
También dejaron que las viviendas fueran saqueadas por los pobladores de Allende. Después prendieron fuego a algunas de ellas y a otras más les dispararon con armas de grueso calibre.
Alrededor de 80 miembros de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán fueron trasladados a un rancho propiedad de José Luis Garza, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Villa Unión Allende, donde los asesinaron. Los sicarios desaparecieron sus restos incinerándolos en contenedores.
Las residencias semidestruidas quedaron como un “monumento al horror” de lo que vivió la región en el primer trimestre de 2011, aunque en meses pasados esas escenas atrajeron a decenas de “turistas” que recorrían las calles del pueblo como parte de un “narco tour”, hecho que molestó a las autoridades y habitantes del lugar.
Ese también fue uno de los motivos para que las autoridades se decidieran a demoler las viviendas.
Tres años después de la tragedia, que supuestamente dejó más de 300 muertos, en las casas destruidas aún se encuentran recuerdos de las familias que las habitaron, como ropa, zapatos, vajillas rotas, fotografías, etcétera
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