La transparencia, víctima de la política de seguridad pública, señala Pablo Guerrero
*En el IFAI se formó una mayoría dispuesta a solapar y obedecer al Ejecutivo: John Ackerman
Elizabeth Velasco C.
En materia de seguridad pública, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha dejado de ser un contrapeso en favor del derecho a la información y de la ciudadanía, afirmó el comisionado de ese instituto Juan Pablo Guerrero Amparán.
A unas semanas de que los comisionados Alonso Lujambio, María Marván y Jacqueline Peschard votaron en favor de la reserva por 12 años de los nombres de los asesores del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, y de datos estadísticos de los cuerpos de la policía y de tropas aerotransportadas de las fuerzas armadas, más la decisión de aplicar a pie juntillas la reforma al Código de Procedimientos Penales –que clasifica las indagatorias de la Procuraduría General de la República (PGR), incluso las terminadas–, Guerrero coincidió con el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) John Ackerman, en afirmar que la reserva de dichos datos constituye un retroceso.
Con ello, dijo Guerrero, se confirma una tendencia de acompañamiento (por parte del IFAI) hacia un gobierno cada vez más cerrado; paradójicamente, cuando “otros gobiernos están abriendo información clasificada –como el de Barack Obama, en Estados Unidos–, en México la tendencia es contraria”.
Manto de opacidad
A su vez, el coordinador de Transparencia y Rendición de Cuentas de la asociación civil Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Pulido, dijo que si bien debe haber ciertas condiciones de reserva en torno a quienes están en la lucha contra la delincuencia, no se puede construir un manto de opacidad que aleje información sustantiva a la ciudadanía para valorar si es adecuada la estrategia del gobierno en el combate al crimen.
Pulido, especialista en el tema, destacó que, pese a que la Ley Federal de Transparencia (LFT) prevé circunstancias en que la información general estadística pueda ser reservada si pone en riesgo la persecución del delito, en los casos referidos, dijo, no se soporta la afirmación de que su difusión sea perjudicial para perseguir al crimen, como en cambio sí podría afectar la rendición de cuentas.
A su vez, John Ackerman, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advirtió que en el IFAI se ha conformado una mayoría dispuesta a solapar y a acatar la línea del Ejecutivo federal, en temas relativos a seguridad pública y procuración de justicia.
El especialista en transparencia y en políticas públicas calificó de absurdo mantener en reserva datos de tipo genérico. Es un absurdo pensar que el crimen organizado está interesado en usar la ley (LFT) para obtener información estadística, cuando ellos tienen otras vías más efectivas para operar y obtener información, como la infiltración que han logrado en los cuerpos de seguridad del país.
Ackerman destacó que, en materia de seguridad, el problema de México no es de policías y ladrones; los narcotraficantes no usan la ley para tratar de subordinar al Estado mexicano.
En tanto, Juan Pablo Guerrero Amparán refirió que es del dominio público que las fuerzas de seguridad en México están capturadas y penetradas por la corrupción, además de que el narcotráfico y la delincuencia han mostrado tener la suficiente capacidad para infiltrar a los cuerpos de seguridad del Estado.
Ackerman lamentó que esa mayoría conformada en el IFAI decida aplicar a pie juntillas la reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que reserva las averiguaciones de la PGR, argumentando que no tienen más opción que obedecer al Legislativo.
“En realidad –subrayó– lo que hacen es tomar una línea muy subordinada a los deseos del Ejecutivo federal, al aplicar las disposiciones de ese Código, pues a ellos compete aplicar la ley (LFT), y en todo caso dejar que siga en curso una controversia legal, pero no deberían obligar al solicitante de la información a realizar la travesía de acudir a los juzgados, en tanto que los comisionados son los primeros obligados a defender el derecho ciudadano de acceso a la información”.
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