jueves, 31 de marzo de 2011

Asesinan a agente de mp de Lerdo

El Siglo De Torreón/Ciudad Lerdo, Dgo. El licenciado Alfredo Barrientos de León, agente de la mesa cuatro de delitos contra la vida y la integridad corporal de la Vice Fiscalía zona 1 de Lerdo, fue asesinado la mañana de hoy metros antes de llegar a su trabajo. Según algunos testigos, se escucharon fuertes detonaciones y el pánico se sintió en las instalaciones del edificio público y en una empresa que está a un costado del mismo, después del ataque los responsables se retiraron del lugar con rumbo desconocido. El cadáver de Barrientos de León fue trasladado al anfiteatro del Servicio Médico Forense para realizarle la necropsia de ley e iniciar con la averiguación. --------------------------------------------------------------------------------

Presenta Calderón a Marisela Morales como reemplazo de Chávez Chávez

Arturo Rodríguez México, D.F. 31 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció la renuncia del procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez y la propuesta al Senado de Marisela Morales Ibañez, para que lo sustituya en el cargo. En el salón Manuel Ávila Camacho, de la Residencia Oficial de los Pinos, Calderón encomió el desempeño de Chávez Chávez y leyó los datos curriculares de Morales Ibañez, quien hasta hoy se desempeñaba como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR). De ser ratificada por la Cámara de Senadores, Marisela Morales se convertiría en la primera mujer en alcanzar la titularidad de la PGR en la historia del país. Mientras la propuesta es aprobada por los senadores, será el subprocurador Jurídico y de Asuntos Especiales, Jorge Alberto Lara Rivera, quien fungirá como encargado del despacho en la PGR. En el mensaje dirigido a medios de comunicación, Calderón Hinojosa destacó ampliamente la trayectoria de Marisela Morales, y encomió el desempeño de Chávez Chávez durante los 18 meses que estuvo al frente de la dependencia. “Su labor (de Arturo Chávez) ha sido fundamental en el esfuerzo que realizamos los mexicanos para hacer prevalecer el estado de derecho, y garantizar la seguridad de nuestras comunidades”, afirmó Calderón. Además, el mandatario federal sostuvo que gracias a la decisión del exprocurador para enfrentar “a los enemigos de México” fue posible llevar ante la justicia a varios de los principales líderes de las organizaciones criminales, así como asegurarles armamento, vehículos, propiedades, drogas y dinero ilícito. Desde su llegada en septiembre de 2009, Chávez Chávez fue ampliamente cuestionado por su r desempeño como procurador de justicia en Chihuahua, durante la administración del gobernador Francisco Barrio Terrazas en los años noventa. En esa época, le tocó investigar, sin éxito, los feminicidios en Ciudad Juárez. Vinculado con influyentes despachos jurídicos, Chávez Chávez fue responsable de implementar las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública, impulsadas por el presidente Calderón y aprobadas por el Poder Legislativo en 2008. En su intervención, Arturo Chávez hizo un recuento de sus acciones y aseguró que su renuncia es “para atender temas de carácter estrictamente personal e impostergable”. La designación de Marisela Morales en la PGR se venía manejando desde hace tiempo, especialmente luego de que a mediados de marzo, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton y la Primera Dama de ese país, Michelle Obama, le entregaron una presea por ser una mujer valiente, en medio del deterioro de las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Morales es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. En el inicio de su carrera, fue defensora de oficio en el Reclusorio Oriente, agente del ministerio público en el Distrito Federal, subdelegada de la procuraduría capitalina en Coyoacán y directora de Investigación de Delitos Cometidos contra la Administración de Justicia de la dependencia. Durante el gobierno de Vicente Fox, Morales Ibañez fue una de las colaboradoras más cercanas al entonces titular de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, con quien se desempeñó como directora general de investigación. Desde ese cargo, fue responsable de concluir la indagatoria por el homicidio del cardenal Jesús Posadas Ocampo, así como de coadyuvar en la integración del expediente de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. En caso de su ratificación, Marisela Morales se convertiría, además de la primera mujer titular de la PGR, en la segunda funcionaria del gabinete legal, egresada de la UNAM, pues actualmente, el único secretario de estado que egresó de esa institución es el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quezada.

FBI: violencia de narco puede cruzar frontera

Mueller dice que se reforzará labor de inteligencia en El Paso y el DF Jueves 31 de marzo de 2011 J. Jaime Hernández/Corresponsal El Universal politica@eluniversal.com.mx WASHINGTON.— El director general del FBI, Robert Mueller, reconoció ayer que a Estados Unidos le preocupa que la violencia de los cárteles que castiga a México “se traslade al norte de la frontera” y, por ello, consideró como “un imperativo” garantizar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. “La violencia extrema al otro lado de nuestra frontera sur, continúa impactando a Estados Unidos”, aseguró Mueller durante una audiencia senatorial y al evocar el atentado criminal en marzo de 2010 contra tres funcionarios estadounidenses en los consulados de Ciudad Juárez y el asesinato del agente federal Jaime Zapata, abatido el pasado 15 de febrero por un comando de Los Zetas en una carretera federal de San Luis Potosí. La violencia que azota a México volvió a hacer ayer acto de aparición durante una serie de audiencias en el Congreso en las que el jefe del Comando Norte, el almirante James Winnefeld, aseguró que los cárteles se han convertido en unas organizaciones transnacionales altamente “sofisticadas y despiadadas” que, cada año, reciben aproximadamente 40 mil millones de dólares desde EU, el más importante mercado consumidor de drogas. “Aún y cuando (los cárteles) no pueden considerarse como fuerzas militares, estos recursos les confieren un gran poder y las ubicarían entre las 10 principales fuerzas armadas del mundo”, consideró Winnefeld. “Así es que son una amenaza (a la seguridad de ambos países) que está muy bien financiada, en buena medida, gracias a la demanda de Estados Unidos”, añadió el jefe del Comando Norte durante una audiencia ante el comité de servicios armados de la Cámara de Representantes de EU. El principal responsable de los programas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas en México, consideró que el Ejército mexicano merece todo el crédito y reconocimiento por haber sido enviado a la trinchera para enfrentar a una “amenaza sofisticada y despiadada”, mientras se veía obligado a digerir “transformaciones muy difíciles” por haber sido una institución que se dedicaba a resolver contingencias de desastres naturales. “Hoy puede decirse que son una fuerza capaz de operaciones regulares contra esta amenaza sofisticada”, consideró el militar estadounidense responsable, en buena medida, de esa transformación en México. Ante las suspicacias que levanta la colaboración de las Fuerzas Armadas mexicanas con el Comando Norte, el almirante Winnefeld se esforzó por resaltar las frases que se han convertido en una suerte de guión obligado para los máximos responsables militares y civiles cuando se trata de hablar de la colaboración bilateral con México: “Estados Unidos tiene un gran respeto por la soberanía de México” y sus autoridades “son siempre las que lideran” en aquellos operativos que se desarrollan en su territorio. Las palabras del almirante fueron una alusión no sólo a las misiones de entrenamiento, sino a las labores de vigilancia en las que se han utilizado vuelos no tripulados a petición del gobierno mexicano. “El gobierno mexicano tiene una estrategia; han definido con nosotros un marco fundamental para guiar nuestra cooperación y nos han invitado a que colaboremos en sus esfuerzos”, enfatizó el jefe del comando. Comparecencia álgida A su vez, el director general del FBI reiteró que ante la amenaza de los cárteles en México “es imperativo” reforzar las seguridad fronteriza. Al ser interrogado por el senador republicano Lindsay Graham, sobre el impacto de la violencia en México y la necesidad de garantizar la seguridad en la frontera, Mueller tuvo dificultades para articular una respuesta coherente. El director del FBI, que hace apenas dos semanas consideró que con “el número de muertos y las atrocidades que ocurren al sur de la frontera”, difícilmente se puede hablar de éxito en la lucha de México contra los cárteles, se cuidó mucho en esta ocasión de no emitir ningún juicio de valor sobre la situación en el vecino del sur. “A pesar de los esfuerzos e intentos (de Felipe) Calderón desde el comienzo de su administración para resolver…”, fue la frase que Mueller dejó a medio terminar. El resto de su respuesta se convirtió en una sucesión de frases entrecortadas e incoherentes que incluyeron expresiones como “el aumento de homicidios, la ruptura...”. “No quiero decir justicia, pero, ya saben, restricciones, limitaciones...”. La estrategia de Mueller para tratar de responder a la situación en México concluyó con su mención a los esfuerzos que realiza el FBI para habilitar una mejor recopilación de información de inteligencia desde el Centro de Inteligencia de El Paso, Texas (EPIC por sus siglas en inglés), así como desde las oficinas de su agregado en el DF. Además, expuso Mueller, el FBI ha creado comandos híbridos de agentes especializados en delitos de corrupción, lavado de dinero, narcotráfico y delitos de cuello blanco para coordinar las investigaciones que se realizan principalmente a lo largo de la frontera.

El narco mexicano, con poder de gran fuerza armada: EU

Es una amenaza financiada por nuestra demanda de droga: Winnefeld La FBI califica de preocupante el incremento de la violencia en el país David Brooks Corresponsal Periódico La Jornada Jueves 31 de marzo de 2011, p. 7

Washington, 30 de marzo. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos (Northcom), almirante James Winnefeld, declaró hoy que el crimen organizado mexicano cuenta, por ingresos disponibles, lo que sería equivalente a una de las diez fuerzas armadas más grandes del mundo, mientras que el director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) afirmó que a pesar de los esfuerzos del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el incremento de homicidios indica que se continúa desatando una “violencia extrema” que “impacta” a Estados Unidos. La situación en México fue abordada en dos audiencias legislativas por separado y, como casi siempre en tiempos recientes, con la óptica de que representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Winnefeld, jefe del Comando Norte –la instancia militar dedicada a Estados Unidos, Canadá y México–, elogió este miércoles a las fuerzas militares mexicanas en su lucha contra las “organizaciones criminales trasnacionales”, ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, al subrayar que enfrentan una amenaza “sofisticada” y “muy bien financiada”. Culpa compartida Dijo que al calcular que 40 mil millones de dólares fluyen de Estados Unidos a México en beneficio de estas organizaciones del crimen, y que “aunque no son fuerzas militares, si uno toma esos 40 mil millones y los compara con (el presupuesto de) las fuerzas militares del mundo, (los criminales) ocuparían uno de los primeros diez lugares. Entonces es una amenaza bien financiada en gran medida por nuestra demanda de droga en Estados Unidos”. Winnefeld comentó que las fuerzas de seguridad mexicanas, frente a esta amenaza, han tenido algunos éxitos “muy serios” en los pasados 16 meses, donde han mostrado capacidades operativas “muy sofisticadas”, como en el caso de la detención de los responsables del asesinato del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata y la captura de unos 28 líderes criminales. Alabó en particular a las fuerzas militares en su difícil “transformación” de una fuerza convencional dedicada a operaciones de apoyo en casos de desastres naturales a “una fuerza capaz de operaciones… contra esta amenaza sofisticada”. Pero el almirante advirtió que “como en toda lucha como ésta, las cosas probablemente empeorarán antes de mejorar, y estamos viendo eso con la violencia en México”, resultado, dijo, de la postura “de valentía” que el presidente Calderón ha tomado. “Soberanía” es la palabra repetida una y otra vez por el almirante y algunos legisladores al hablar de la cooperación estadunidense con México en la lucha antinarcóticos. “En Northcom hacemos todo lo que podemos para ayudar a nuestros socios. Tenemos gran respeto por su soberanía”, afirmó Winnefeld, y agregó que por ello dejará a las autoridades mexicanas divulgar todo detalle particular sobre “el apoyo que otorgamos”. Dijo que se están aplicando lecciones aprendidas por Estados Unidos en otras partes del mundo, incluyendo planeación, operaciones especiales y derechos humanos en este tipo de lucha. Al referirse a la ayuda estadunidense a estos esfuerzos, enfatizó que “el primero y más importante principio que observamos en esta lucha es el respeto por la soberanía mexicana” , y subrayó que en todo lo que se hace “México siempre, siempre es el que está a la cabeza” en la lucha contra los criminales. Indicó que Northcom y su contraparte encargada de Centro, Sudamérica y el Caribe, Southcom, están colaborando en su trabajo sobre la región fronteriza de México-Guatemala-Belice. Afirmó: “Mis socios mexicanos… están muy enterados de lo que está sucediendo ahí, están abordando esto de manera estratégica. Saben que tienen que llegar ante ese problema”. Sin embargo, continuó, para los militares mexicanos es un asunto de “capacidad”, ya que no cuentan “con una fuerza militar enorme y tienen sus manos llenas ahora mismo en el noreste en lugares como Ciudad Juárez y Monterrey, y quieren tener esa violencia bajo control lo mejor que puedan antes de que verdaderamente puedan abrir otro frente”. Agregó: “Estamos trabajando para ver si hay alguna manera en que podamos ayudarlos abajo”, en esa región “muy, muy compleja”. A la vez, el director de la FBI, Robert Mueller, se presentó ante el Comité Judicial del Senado para ofrecer una evaluación global del trabajo de esa agencia y las diversas amenazas que le corresponde enfrentar, desde terrorismo internacional y doméstico, hasta casos de corrupción, ciberataques y, entre éstos, el asunto de la violencia en México. “La violencia extrema a través de nuestra frontera sureste continuó impactando a Estados Unidos, como vimos en los asesinatos en marzo pasado de trabajadores del consulado estadunidense en Juárez, y la agresión el mes pasado contra dos agentes de Inmigración y Aduanas en San Luis Potosí. A lo largo del año hubo numerosos casos de corrupción que minaron la confianza pública, e innumerables casos de bandas que continúan tomando vidas inocentes y poniendo en peligro a nuestras comunidades”, declaró. Cuando el senador republicano Lindsey Grahm le pidió su evaluación de la violencia en México, Mueller ofreció una respuesta que él mismo fragmentó, con la intención de no decir demasiado. “Creo que cualquiera está observando lo que ha sucedido en los últimos años… tanto a lo largo de la frontera como dentro de México, en términos del incremento en homicidios y a pesar de los esfuerzos e intención del gobierno del presidente Calderón desde el inicio para abordarla”. Para la FBI, “la preocupación es la violencia que pasa la frontera”, y señaló que en años recientes se incrementó el número de casos de secuestros de personas en México que residen en Estados Unidos, pero que tienen negocios y/o familias del lado mexicano. Además, informó que se ha abordado la corrupción en la frontera sur a través de equipos de seguridad pública especializados en el tema, y a la vez se ha incrementado la capacidad de inteligencia en esa zona a través del centro de inteligencia en El Paso, que recibe y analiza información tanto de las oficinas de la FBI aquí, como desde la oficina del agregado legal en la embajada estadunidense.

Jornada de 16 ejecutados

La redacción MEXICO, D. F., 30 de marzo (apro).- Al menos 16 personas perdieron la vida en hechos presuntamente vinculados con el crimen organizado en Puebla, Michoacán, Estado de México, Durango, Chihuahua y Jalisco. En la primera entidad, un presunto delincuente murió durante un enfrentamiento a balazos registrado en el municipio de Acatlán de Osorio. Las autoridades policiales reportaron que tras el enfrentamiento, en el que resultó lesionado el comandante de la Policía Ministerial del Estado Domingo Efrén González Abascal, se logró la detención de dos sujetos. El presunto delincuente muerto fue identificado como Gabriel Cruz Hernández, de 52 años de edad, y su cuerpo, con varios impactos de bala, fue localizado a un costado de un carro Pointer blanco con placas de circulación MDL-24-66 del Estado de México. El Gobernador Rafael Moreno Valle aseguró que este tipo de hechos son provocados por bandas de delincuentes que provienen de estados vecinos a Puebla, como Morelos, Oaxaca y Veracruz. Por otra parte, en Michoacán cuatro personas, entre ella una mujer, fueron ejecutadas con lujo de violencia. Las víctimas presentaban visibles huellas de tortura, pues estaban maniatadas, semidesnudas con el tiro de gracia. Sus cuerpos fueron localizados la mañana de este miércoles en Cumuatillo, en la carretera Briseñas-Sahuayo, en la Ciénega de Chapala o antigua carretera a Guadalajara. Hasta el momento no se ha identificado a las víctimas. En tanto, en el Estado de México, la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) reportó el hallazgo de tres cadáveres en diversas zonas de la entidad. El primero de ellos fue ubicado en la calle Quetzal, en la colonia Ejidal San Isidro, Cuautitlán Izcalli, con un impacto de bala en la cabeza. El cuerpo se encontraba en la cajuela de un automóvil Jetta rojo. El segundo hallazgo tuvo lugar en la colonia Santa Cruz del Monte, en el Municipio de Teoloyucan, en la calle Alfredo del Mazo, donde fueron encontrados los cuerpos de dos hombres que estaban en el interior de una camioneta Eurovan. Las víctimas permanecen en calidad de desconocidos. Por otra parte, en Durango, este miércoles fue encontrado muerto en su celda del Centro de Reinserción Social No. 2, con sede en Gómez Palacio, Héctor Esparza Guillén, quien el lunes había asesinado a una mujer de 27 años y a su hija de seis, cuando intentaba asaltar una miscelánea. En la ciudad de Durango fue encontrado el cadáver de Martín Jaime Rosales Marentes, de 40 años de edad; su cuerpo se localizó por la mañana a espaldas de un bar ubicado en el antiguo camino al poblado Contreras. Junto a su cadáver se encontraron siete casquillos percutidos calibre 40; los disparos se habían reportado por parte de vecinos poco antes de las cuatro de la madrugada. En el municipio de Lerdo, un hombre todavía no identificado fue asesinado por desconocidos que lo persiguieron a bordo de un vehículo a lo largo de varias calles. La víctima viajaba en una camioneta Ford Explorer modelo 1993; tenía heridas en cráneo, cuello, abdomen y piernas. En Chihuahua, las autoridades penitenciarias reportaron la muerte de tres internos en dos penales de la entidad. Uno de los reos había sido detenido el sábado pasado Ciudad Juárez, en un operativo de la Policía Federal en una narcobodega, donde tras una balacera se arrestó a tres presuntos sicarios de La Línea. El cuerpo de Iván Tinoco Carvajal, de 30 años de edad, fue encontrado colgado sujeto a un pedazo de cobija atada al cuello en la celda 4 del módulo 2, del Cereso estatal en Juárez. Tinoco Carbajal fue detenido el sábado 26 de marzo tras participar, con otros tres sujetos --uno de los cuales perdió la vida-- en un ataque contra agentes de la Policía Federal en la colonia Granjas Santa Elena. En otros hechos, dos internos del Cereso de Aquiles Sedán, en la capital del estado, fueron encontrados sin vida la tarde del martes; al parecer fueron asesinados con armas blancas tras participar en una riña, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Los reclusos fueron identificados como Sigfredo Chávez Chávez, de 34 años de edad, y Armando Guadalupe Núñez Rodríguez, de 25 años, quienes, informó la FGE, presentaban heridas producidas por armas punzocortantes en varias partes del cuerpo. En Ciudad Juárez, dos hombres fueron ejecutados la madrugada de este miércoles en el fraccionamiento Riveras del Bravo, al oriente de la urbe. La FGE informó que las víctimas fueron identificadas como Jesús Eduardo Nava Palacios, de 20 años de edad, y Jacke Marlawe Reyes Nel, de 21 años, este último de origen estadunidense. Los dos hombres fueron atacados durante las primeras horas de este día en la vivienda localizada en la calle Riveras Ocosingo No. 2820-46, en el Fraccionamiento Riveras del Bravo, Etapa VIII. Según versiones policiales, hasta ese domicilio habría acudido un comando armado, que tras derribar la puerta de la vivienda se introdujo en el domicilio para sacar a los dos jóvenes y acribillarlos. Y en Jalisco, el coordinador de juzgados municipales del ayuntamiento de Tlaquepaque, Juan José Fierros Haro, fue ultimado a balazos cuando salía de su domicilio. Marcos Maldonado, comandante de la Policía local, reportó que el funcionario fue atacado minutos después de las 9:00 horas, cuando iba a trabajar acompañado por otra persona a bordo de una camioneta Humer blanca, sin placas, en la calle Tepan, al cruce con Pemex, en la colonia San Pedrito, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. En el lugar quedó el cuerpo del coordinador de los juzgados municipales, de 31 años, quien presentaba al menos cinco impactos de bala. En tanto, su acompañante, un abogado, fue trasladado grave por paramédicos de la Cruz Verde. Proceso 31/03/2011

AMLO 'empina' a Encinas: Juan Molinar

EL UNIVERSAL/MEXICO, D.F. El secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Molinar Horcasitas exigió al ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador a que presente las pruebas que acrediten que el presidente Felipe Calderón le ofreció la candidatura de la posible alianza PAN-PRD a Alejandro Encinas.
En conferencia de prensa, Juan Molinar aseguró que el presidente Felipe Calderón no intervino en la elección del estado de México y López Obrador "miente" y detalló que "el PAN no puede tolerar". "El PAN emplaza a AMLO a presentar pruebas de sus dichos como dice que las tiene, que diga de qué manera, cómo y cuándo fue que el presidente Calderón le ofreció una candidatura de la alianza a Alejandro Encinas y sí no cumple con este emplazamiento que acepte que la mentira es su recurso más frecuente". Molinar destacó que con este tipo de declaraciones, el tabasqueño sólo "empina" a Alejandro Encinas porque dice tener pruebas y lo que pretende es engañar a los mexicanos. "Mentir es lo que hizo AMLO, mentir es hablar de una reunión que presuntamente existió entre el Presidente y Alejandro Encinas a quien hasta ahora ha venido apoyando y ahora está empinando con una mentira, mentir es decir que tiene las pruebas de hacer eso, no solamente empina a su colega -al que según esto apoya-, a Encinas sino que además quiere engañar a los mexicanos, eso no es equivocarse eso es algo peor, es mentir y lo hace una y otra vez. AMLO hoy vuelve a mentir y empina a sus propios colegas", detalló.

Encinas, digno al rechazar la oferta de Los Pinos, sostiene

La alianza en el Edomex, al basurero de la historia: AMLO
Se enderezó el rumbo que había tomado la dirigencia del PRD, dice Alma E. MUñoz Enviada Periódico La Jornada Jueves 31 de marzo de 2011, p. 14
Ecatepec, Méx., 30 de marzo. La alianza entre PRD y PAN para la gubernatura de la entidad “ya pasó a la historia, pero al basurero de la historia”, a pesar de que, “desde Los Pinos, (Felipe) Calderón estaba operando para que se diera y desde allá estaba haciendo proposiciones indecorosas para que Alejandro Encinas aceptara” la candidatura de ese acuerdo, incluso antes de la consulta ciudadana, afirmó Andrés Manuel López Obrador. Tengo pruebas de lo que digo, retó, y destacó que Encinas “asumió una actitud muy digna y dijo: ‘no voy con el PAN porque por encima de todo están mis principios y mis ideales’”. Así que, señaló López Obrador, “es muy probable que ya Alejandro Encinas sea nuestro candidato del movimiento (Regeneración Nacional, Morena), de PRD, PT y Convergencia” para los comicios del 3 de julio. En el inicio del tercer recorrido de la llamada “gira de la lealtad” por el estado de México, ahora por los 40 distritos electorales, López Obrador expresó que se siente muy contento porque la alianza PRD-PAN “ya no transitó”, cuando se le preguntó en entrevista si esa coalición ya estaba muerta. Antes, en su discurso, sostuvo, entre gritos de apoyo de miles de personas que se congregaron para escucharlo: “ya se logró, no tengo la menor duda que se enderezó el rumbo que estaba tomando la dirigencia del PRD, que quería una alianza con el PAN”. Además de que, resaltó, los del blanquiazul ya sacaron a su propio candidato –en referencia a Luis Felipe Bravo Mena–. Así que nosotros vamos por un cambio, “no por el engaño y la simulación”. Con Encinas “se tiene un candidato de primera” y una propuesta de gobierno para el estado de México, indicó. Tanto en los discursos que pronunció en los distritos 13 y 16 de Ecatepec –tierra del precandidato priísta a la gubernatura del estado, Eruviel Ávila– como en entrevista, López Obrador celebró que no se diera el contubernio “con la mafia del poder, ni con el PRI ni con el PAN”. Esos partidos, aseveró, son lo mismo, “no se puede engañar ni confundir a la gente pensando que son diferentes”, porque “costaría más trabajo hacer valer un proyecto nuevo, que es lo que necesita el país. La simulación, el gatopardismo PRI-PAN hace mucho daño”. Puso como ejemplo que esos partidos se pusieron de acuerdo para aprobar una reforma laboral que resulta muy lesiva para los trabajadores y aseguró que los legisladores de Morena harán lo necesario para evitar su aprobación, por lo que pidió a la población estar pendiente por si es necesario emprender movilizaciones. Ante los medios de comunicación expuso que “aclaró mucho el momento en que nos deslindamos del PRI y del PAN, y yo estoy muy contento; celebro que se vaya a participar en el estado de México con Encinas (como candidato), con los partidos progresistas: PRD, PT y Convergencia, y, desde luego, con el apoyo de Morena”. En su primer discurso, destacó que la dirigencia del PRD enderezó el rumbo porque se dio cuenta de que “estuvimos visitando pueblo por pueblo y dijimos que si se iba en esa alianza nosotros íbamos con una del pueblo, con candidato propio, y le íbamos a ganar al candidato del PRI, al del PAN y al de la dirigencia del PRD”. López Obrador celebró que, como en 2006, vayan juntos PRD, PT y Convergencia en el estado de México, y recordó que en la elección de ese año le ganaron al tricolor y al blanquiazul por 2 millones 400 mil votos sólo en esa entidad. Al preguntarle sobre el ofrecimiento a Encinas desde Los Pinos, respondió: “le daban la candidatura del PAN, imagínense. Cuánta inmoralidad de Calderón, de los panistas, y qué pasa con sus órganos de dirección, sus militantes, si se lo ofrecieron antes de la consulta ciudadana (que se realizó el pasado domingo 27). Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Cuando digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano”. –¿Cómo se vería si apoyan a Bravo Mena? –Imagínense, no. Eso ya pasó a la historia, pero al basurero de la historia. Al preguntarle si se reconciliará con la dirigencia del PRD, López Obrador aclaró: “no, porque necesito tiempo para terminar de construir el Movimiento Regeneración Nacional. Encinas no asistió al recorrido porque está en el proceso de entrega-recepción de la coordinación del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Destapan a Ebrard para 2012; “vamos por todo”, dice el virtual precandidato

Convoca Jesús Valencia a líderes de corrientes, diputados y consejeros del PRD para hacer el anuncio

Es importante que el proyecto de la ciudad lo llevemos a escala nacional, afirma Buscaremos un solo candidato; sin unidad las izquierdas estamos condenadas al fracaso; declara Ninguna expresión está prohibida: Valencia

Gabriela Romero Sánchez Periódico La Jornada Jueves 31 de marzo de 2011, p. 35

Líderes de distintas corrientes, diputados locales y federales, así como consejeros políticos, convocados por Jesús Valencia, secretario general del PRD-DF, destaparon anoche a Marcelo Ebrard Casaubon como su candidato a la Presidencia de la República para las elecciones de 2012, y anunciaron el arranque de una cruzada nacional en favor del jefe de Gobierno del Distrito Federal. Ante un grupo de 90 perredistas reunidos en el Salón Señorial, en la Zona Rosa, Valencia presentó a Ebrard Casaubon como el candidato de la izquierda para 2012. “A partir de hoy vamos a hacer este tipo de encuentros, que llamamos de Vanguardía Progresista, en cada uno de los más de 600 distritos electorales para plantearles el proyecto que queremos que represente Marcelo Ebrard en el país.” De acuerdo con algunos de los asistentes, al tomar el micrófono el Ejecutivo capitalino los convocó a agruparse en una gran fuerza responsable de izquierda, “en legítima defensa de su aspiración. Tenemos los elementos para gobernar y hay resultados”. Basado en los resultados que se han tenido en la ciudad de México, Ebrard Casaubon afirmó: “vamos por todo, sí podemos; gobernamos la ciudad más grande y compleja, tenemos los programas sociales más importantes del país. Es importante que el proyecto de la ciudad lo llevemos al país como propuesta de gobierno”. Remarcó que forma parte de una izquierda inteligente, que gobierna bien. “Si no hubiera actuado prudentemente durante el consejo político del PRD, se hubiera roto el partido.” En referencia al estado de México, Ebrard Casaubon amplió que de no haber cerrado filas con Alejandro Encinas la próxima semana se tendrían dos candidatos del PRD para la elección de gobernador en esa entidad. Insistió en la necesidad de mantenerse unidos. “Es importante que nuestro proyecto sea garante de la unidad del partido; sin unidad las izquierdas estamos condenadas al fracaso. Un solo candidato, nada de pleitos internos; el enmigo a vencer es el PRI”, advirtió. Anticipó a los asistentes que va a proponer el método para elegir al candidato del PRD a la Presidencia de la República. “Las definiciones no pueden ser tomadas por un solo hombre”, acotó. Comentó que eran un grupo pequeño, pero que estaba convencido de que luego se reunirían en el Auditorio y en el Palacio de los Deportes. Al salir de la reunión, el secretario general del PRD-DF explicó que la reunión tuvo tres objetivos: anunciar la visita de Marcelo Ebrard al estado de México el próximo domingo e invitarlos a que vayan todos a respaldar a Encinas Rodríguez; segundo, “le estamos pidiendo al jefe de Gobierno que sea nuestro candidato a la presidencia de la República”, y ratificar el apoyo al diputado federal en su campaña para el estado de México. Puntualizó que se valora la consulta del pasado domingo, pero no “se dio en los terminos que se esperaba, vamos a apoyar con todo a Encinas. Con eso estamos siendo congruentes con el anuncio que se hizo en enero y con lo hecho por Ebrard el lunes”. Valencia exhortó a Andrés Manuel López Obrador a retirar su solicitud de licencia al PRD, toda vez que no habrá alianza con el PAN en la entidad mexiquense. Aclaró que éste no es un movimiento en contra de ninguna otra expresión política que no simpatice con ellos ni en contra de otra candidatura. El secretario general aseguró que cuando Marcelo Ebrard va a algún estado y expone sus proyectos, se convierte en el mejor candidato. “En Guerrero le fue muy bien en la campaña de Aguirre. Ahí está arriba de las encuestas, incluso por encima de Enrique Peña Nieto.” A la reunión acudieron, entre otros, René Cervera, José Angel Ávila, Mario Delgado, Alejandra Barrales, Armando Quintero, Rosa Icela Rodríguez, Carlos Reyes Gámiz y Gilberto Ensástiga. Además, consejeros políticos de los estados de México, Jalisco, Nayarit, Guerrero y Michoacán, y representantes de Foro Nuevo Sol, Nueva Izquierda, ADN, grupo de los ocho, y Unyr

martes, 29 de marzo de 2011

Cuenca Carbonífera, muerte sin fin

Bajos salarios, inseguridad laboral y charrismo sindical, azotes de los mineros del carbón

Juan Monrreal López



Marzo 29 del 2011



Barroterán, Coahuila.- Con la presencia de numerosos trabajadores mineros de la Cuenca Carbonífera de Coahuila, los restos de José Manuel Camacho Grimaldo y Juan Francisco Rodríguez Piedra, arribaron a la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, donde el obispo de la Diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, ofició misa de cuerpo presente para despedir a este par de obreros del carbón que fallecieron luego de que un socavón de la mina 7, -parte del consorcio Grupo Acerero del Norte (GAN) propiedad de Alonso Ancira Elizondo-, reventara el sábado 26 de marzo, a consecuencia de altas concentraciones de gas metano que no fueron detectadas por los supuestos equipos de seguridad del yacimiento.


Los cuerpos de los obreros del carbón fueron cargados a hombros por sus compañeros de la Sección 303 de Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República mexicana (SNTMMYSRM), junto a otros productores de mineral, quienes desde la plaza de esta población, hicieron el recorrido fúnebre envueltos en silencio.

En modestos féretros de color café y caoba, que guardaban los cuerpos de Camacho Grimaldo y Rodríguez Piedra, los proletarios de la hulla, vestidos con ropas modestas, arrastraron su humanidad por cientos de metros, cansados de recordar a cuando menos 110 fallecidos por accidentes en las vetas desde el años 2006, según la estadística en poder de la asociación Familia Pasta de Conchos.

Con vallas humanas franqueando la entrada del recinto religioso, los ataúdes fueron depositados al centro de la iglesia, mientras los curas Juan Armando Renovato y Juan Andrés Dávila de León, auxiliaban al obispo de Piedras Negras, a oficiar el culto católico.

Mientras los trabajadores fallecidos eran trasladados al sepulcro, la página oficial del GAN, permanecía en su sección de noticias, sin una palabra acerca del accidente que arrancó la vida al par de mineros de Barroterán, por la falta de equipos adecuados de seguridad.

jmonrreall@yahoo.com

lunes, 28 de marzo de 2011

“Negligencia criminal del Grupo Acerero del Norte” en los muertos de Barroterán

Alonso Ancira Elizondo, “creador de minas de sangre”, asevera el boletín del sindicato de mineros
Juan Monrreal López



Marzo 28 del 2011



Torreón, Coahuila.- Luego de la explosión de la bolsa de gas metano ocurrida el sábado 26, alrededor de las 9 de la noche en la Mina 7 de Barroterán, Coahuila, activo del consorcio Grupo Acerero del Norte (GAN) propiedad de Alonso Ancira Elizondo; el Sindicato Nacional de mineros, metalúrgicos y similares de la República mexicana (SNTMMYSRM), emitió un boletín donde acusa que “ las pésimas condiciones de seguridad industrial e higiene que prevalecen en esa mina, igual que en las otras que están concesionadas al Grupo Acerero del Norte, GAN, que dirige Alonso Ancira Elizondo, también director de Altos Hornos de México(Sic)”, causó la muerte de dos trabajadores mineros y puso en riesgo la vida de cerca de 250 obreros más.


De acuerdo al oficio del sindicato, después del percance, la empresa lanzó amenazas a los trabajadores y familiares de los mismos, si hacen trascender con extraños los pormenores del accidente; “La empresa amenaza a trabajadores y familiares con represalias si divulgan cualquier dato del siniestro; les avisa que les quitará el reparto de utilidades que por ley les corresponde (Sic)”, apunta el comunicado sindical.


Desplazados de la dirección sindical de la Sección 303, los seguidores de Napoleón Gómez Urrutia, - quien se ostenta como secretario General del gremio-, aseveran que, “los líderes cobardes de la Sección 303 del Sindicato Nacional de Mineros, quienes no han dado la cara para atender ni a los deudos de los muertos ni a los trabajadores heridos. Se trata del secretario general y del secretario de trabajo de dicha Sección 303, quienes mediante amenazas y coacciones fueron impuestos como líderes “charros” por Alonso Ancira Elizondo, director del Grupo Acerero del Norte(Sic)” ; postura que expone las pugnas sindicales existentes en las secciones mineras de la Cuenca Carbonífera, a raíz del conflicto entre Napoleón Gómez Urrutia, contra el secretario de Trabajo Javier Lozano Alarcón y los dueños de los consorcios mineros más poderosos de México, en manos de Alberto Bailleres González (Peñoles); Germán Feliciano Larrea Mota Velasco ( Grupo México), así como el ya citado, Alonso Ancira Elizondo (GAN) .


La circular obrera recalca la complicidad existente entre los empresarios mineros y el secretario de Trabajo, para crear “minas de sangre (donde) hay esclavismo”, asevera.


Con los heridos aun en el hospital del IMSS de Nueva Rosita, el minero Adrián Sandoval Espinosa, quien vive en Barroterán, reveló que el estallido del sábado 26, fue a 2 mil 500 metros de profundidad, contrario a lo difundido por el vocero de la empresa, Francisco Orduña, quien difundió que la explosión fue a 120 metros de hondura.


Para finalizar, el memorándum señala la necesidad urgente de que, “se legisle a nivel federal y local, para que se castigue penalmente a las empresas que por negligencia criminal permiten que se den estos hechos, calificados como “Homicidio Industrial(Sic)”, una demanda que el movimiento contestatario de los mineros de las Secciones 288 y 147 de Monclova, plantearon en 1978 y 1979, y que motivó la expulsión del SNTMMYSRM a más de 700 mineros del sindicato que en ese momento dirigía Napoleón Gómez Sada, padre del actual dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien en esos días trabajaba en el Banco de México.


Así, mientras el “charro” sindical Gómez Urrutia, acusa a los neo “charros” de la Sección 303 de la mina 7 de Barroterán, los familiares de los deudos y heridos, no han recibido apoyo alguno.


En tanto, en el hospital de Nueva Rosita, Adrián Sandoval Espinosa y José Ignacio Navarro Moreno, heridos en el socavón, reiteradamente reconocen a José Manuel Camacho Grimaldo, como un “héroe” que salvó su vida; un quijote como muchos que existen en el fondo de las minas coahuilenses.


jmonrreall@yahoo.com

Y los medios se amordazan

José Gil Olmos Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa "no es tan ciudadana", pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos. Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió "ser parte de su estrategia" de guerra contra el narcotráfico, "autorregular" sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y "evitar" entrevistar "criminales" para no convertirlos en héroes. Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: "Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno". Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. "Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no". –¿Ven una posibilidad de censura? –Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno. El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan "legitimación" en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso. "Puedo decir con toda responsabilidad, pero sin citar mi fuente, que directores de varios medios me confirmaron que fue de las oficinas corporativas de Televisa de donde los llamaron para invitarlos a sumarse a este documento", afirma Trejo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Agrega en entrevista con Proceso que para Televisa y TV Azteca el acuerdo es en realidad "un acto de propaganda" y que por eso fue presentado en un "escenario lamentable" y "espectacularizado": el Museo de Antropología convertido en un set de televisión. Regulación Regular la cobertura informativa sobre el narco ha sido un propósito de Calderón desde hace años. En noviembre de 2009 se realizó en Boca del Río, Veracruz, el congreso Ciudadanía y Medios. Acción Conjunta, organizado por el gobierno de la entidad y la Procuraduría General de la República. Participó Margarita Zavala, esposa del presidente. Uno de sus principales resolutivos fue que los medios "no otorgarían espacios a los mensajes de los grupos delictivos ni a sus representantes". El 5 de agosto de 2010, en aquella reunión en Los Pinos, Calderón insistió en el tema al pedirle a los dueños de medios que se sumaran al Diálogo por la Seguridad. Hacia una Política de Estado. La reunión fue privada. Entre los asistentes estaban directivos de Televisa, TV Azteca, Radio Mil, Organización Editorial Mexicana, El Universal, MVS, Radio Fórmula, Grupo ACIR, de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), del Grupo Milenio, Radiorama, Radio Centro y de los periódicos Unomásuno, La Crónica, La Jornada, La Razón y Rumbo de México. El 9 de noviembre de ese año, al inaugurar la sexagésima sexta asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, Calderón nuevamente habló del tema. Tras señalar que el crimen organizado se ha convertido en "el mayor riesgo al ejercicio del periodismo y se levanta como la principal fuente de restricción, intimidación y represión a la labor informativa", pidió la regulación de los contenidos. "Es necesario informar sin hacer apología del crimen, evitar hacer el juego a la agenda mediática de las organizaciones criminales; no se trata de ninguna manera de ocultar los problemas, sino de reflejar la realidad y poner en perspectiva los grandes esfuerzos que hacemos para solucionar nuestros problemas; balancear la información, tomar en cuenta, sí, si es indispensable por el hecho mismo, noticioso, la voz intimidatoria de los criminales." El jueves 17 de marzo insistió, al borde del chiste: "Si yo no hubiera sido político, a lo mejor me hubiera dedicado al periodismo, que también me gusta; es una profesión que respeto", afirmó al intervenir en el foro México: Puerta de América organizado por el Grupo BBVA-Bancomer y el diario español El País. "Hubiera hecho un periódico que se llamara Balance y en la primera plana pondría de un lado todas las noticias malas, las más importantes, y del otro lado todas las más importantes buenas noticias. Y en medio las buenas o malas sin clasificarlas ahí". Tras asegurar que las únicas que "asientan hechos totalmente objetivos e inocultables" son las notas deportivas, Calderón afirmó que "se debe equilibrar y poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que hay en el país". De acuerdo con el acuerdo Con la firma del Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, Felipe Calderón parece haber logrado uno de sus objetivos: aliarse con un sector de la prensa mexicana en su lucha contra el narcotráfico. Horas después de la transmisión nacional del acto envió un mensaje desde Apodaca, Nuevo León: "Pienso que este acuerdo es una muestra muy clara de que la responsabilidad, cuando se ejerce plenamente por todos y en particular por los medios de comunicación, permite enfrentar de mejor manera el fenómeno de la violencia delictiva, de la violencia causada por los grupos y las organizaciones criminales que afectan a los mexicanos". Calderón necesitaba este acuerdo sobre todo porque encuestas publicadas el mes pasado indicaban que su popularidad ha bajado a 52%, lo que no se veía desde 2008, y se incrementó la percepción ciudadana en cuanto a criminalidad y violencia. "Calderón ha estado incómodo desde hace años con la cobertura mediática de la violencia", dice Raúl Trejo. "Cada vez que puede reitera su anhelo para que en México haya medios que vean tanto los asuntos buenos como los malos, pero a veces no hay muchos momentos buenos que cubrir. No sé si él auspició, pero sí aplaudió este acuerdo", señala. Medidas huecas Durante la elaboración del acuerdo hubo miembros de la CIRT que plantearon la necesidad de darles a los reporteros seguros de vida, cursos de capacitación, protocolos de protección y mejores salarios. La mayoría de los que trabajan para los medios que suscribieron el acuerdo carecen de esas prestaciones. Algunos no tienen ni Seguro Social. Pero las propuestas no prosperaron; se quedaron en el enunciado de "establecer mecanismos para la protección de los periodistas en situaciones de riesgo". Los anteproyectos del acuerdo, que Proceso pudo consultar, son sustancialmente distintos al documento final. Por ejemplo, en el segundo punto se proponía rechazar entrevistas "a miembros de las organizaciones del crimen organizado (sic) cuando exista sentencia condenatoria en su contra". En la versión definitiva sólo se habla de "impedir que los delincuentes o presuntos delincuentes se conviertan en víctimas o héroes públicos" y "omitir y desechar información que provenga de los grupos criminales con propósitos propagandísticos". Los ausentes Se dijo que el acuerdo estaba firmado por los principales medios de comunicación del país. Pero hubo ausencias. Algunos fueron invitados pero no quisieron participar, como El Diario de Ciudad Juárez, y otros de plano no fueron invitados, como La Jornada, Reforma, Proceso, Multivisión, TV Cable y muchos medios locales. De hecho aparecen pocos medios de las entidades en las que el crimen organizado es más violento, como Chihuahua, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León. Pedro Torres precisa que aunque el medio en el que trabaja fue invitado se decidió no firmar el acuerdo porque, desde su perspectiva, no se puede normar de manera tan general los criterios editoriales: la realidad de Juárez no es la misma que la de otras ciudades. "No podemos trabajar en las mismas condiciones que los enviados que tienen más libertad en el manejo de la información que nosotros que permanecemos aquí cuando se publica la nota. Además hay cuestiones de seguridad que tenemos que tener presentes cada vez que se publica algo, y para la gente que escribe a la distancia es muy diferente la situación. Por eso no creemos que sea viable esta generalización de los criterios y de los principios para la cobertura de la violencia." En su editorial del viernes 25, el diario La Jornada cuestionó las razones que, dijo, "llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas pero también por las dependencias públicas". Además critica que algunas empresas que encabezan el acuerdo, como TV Azteca, hayan pasado por encima de las leyes, como en 2006, cuando "recuperaron" las instalaciones de Canal 40. El editorial del diario desglosa el decálogo y señala que cae en linchamientos mediáticos, posibilidades de censura, peligro a la independencia editorial y "evoca las ideas expresadas hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, sobre lo que a su criterio debería ser la forma adecuada de hacer un periódico". Y remata: "Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial". La periodista Carmen Aristegui, en su columna del viernes 25 en el diario Reforma, asegura que algunos de los firmantes, en sus respectivas colaboraciones, han acusado a los que no suscribieron el acuerdo como "los mezquinos de siempre". La conductora del noticiario matutino de MVS señala que es imposible sacudir la sospecha de que la pretensión final de todo esto es, parafraseando al especialista Edgardo Buscaglia, "gerenciar el flujo de la información". Esto es, uniformar la información, y desde los medios, no desde la realidad, transformar la percepción de lo que está pasando. "El acuerdo se firma en el momento en el que todos los indicadores apuntan al fracaso de la estrategia gubernamental", asevera Aristegui. Proceso 27/03/2011

La violencia llegó a las aulas…

Ante la ineficacia de autoridades civiles y corporaciones policiacas para contenerla, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior tomó sus propias medidas: diseñó un manual para que las comunidades universitarias prevengan y reduzcan los riesgos provocados por la guerra calderonista y los ataques del crimen organizado Domingo, 20 de Marzo de 2011 RODRIGO VERA MÉXICO, DF.- El joven estudiante de sociología Bernardo Romero Cabanillas escuchaba la exposición de su maestro en el salón de clase de la Universidad Autónoma de Sinaloa cuando, de pronto, un desconocido que había pedido permiso para ingresar al aula se levantó de su asiento, sacó su pistola y le disparó en cuatro ocasiones. Cayó ensangrentado al piso. Sus compañeros gritaron, algunos salieron corriendo y otros quedaron paralizados en sus asientos. Aprovechando el pánico, el desconocido guardó su pistola y se marchó a grandes zancadas sin que nadie lo persiguiera. Esto ocurrió el pasado 11 de febrero, en la Facultad de Historia de esa universidad. Hasta la fecha no se ha encontrado al sicario. Se supone que el incidente fue un ajuste de cuentas entre bandas rivales del narcotráfico. Rafael López Castañares, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), comenta que este es un caso más de la violencia que ya se introdujo a los campus universitarios, producto de la guerra contra el narco emprendida por el presidente Felipe Calderón: "¡Cada día está peor! Ahora los asesinatos se están dando dentro de las aulas. Los matones ya entran directamente a las universidades para acribillar o secuestrar estudiantes". CAMBIAN LAS COSAS ¿Serán estudiantes vinculados a los cárteles de la droga? –se le pregunta. –Lamentablemente, parece que así es, pues van directo contra un estudiante específico, matándolo frente a sus compañeros y maestros. A las autoridades judiciales les corresponde investigar si existen esos nexos. En su despacho de la ANUIES –asociación que aglutina a las 159 universidades públicas y privadas más importantes del país–, López Castañares exclama con preocupación: "¡Caray! Los homicidios de estudiantes eran sobre todo accidentales. Al principio de la guerra contra el narco a nuestros jóvenes les tocaban balas perdidas en algún fuego cruzado, y generalmente eso ocurría afuera de los campus universitarios. Ahora las cosas cambiaron. La violencia entró a las universidades". –¿A partir de cuándo? –A partir de 2010, después de la muerte de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Ese fue el inicio de la escalada. Ahora me llegan reportes terribles sobre balaceras, granadazos y bombazos que ocurren a las afueras y dentro de las universidades. "Me comentan sobre las esquirlas que alcanzaron a la directora de una facultad en Nuevo León, sobre las balaceras en los campus, o sobre los levantones y secuestros que se están dando en los estacionamientos de las universidades. Los maleantes entran al estacionamiento, esperan al estudiante, lo sacan de su automóvil y lo introducen violentamente al vehículo de ellos. Luego se lo llevan". INDEFENSIÓN Cada vez con más frecuencia las policías ingresan a las universidades para capturar a presuntos narcoestudiantes. Así ocurrió el 3 de junio pasado, en Mexicali, cuando agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) irrumpieron en la Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep). A bordo de 10 patrullas, los policías rodearon primero las instalaciones de esa universidad privada. Luego se metieron sin orden de cateo. Iban encapuchados y fuertemente armados. Apuntaban con sus armas a los aterrados estudiantes. Hasta que encontraron al estudiante de derecho Roberto Carlos Morayla Medina, a quien capturaron por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. –¿Cuáles son las universidades más peligrosas del país? –Las de Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán, Morelos y, últimamente, algunas universidades de la ciudad de Guadalajara. En el alumnado de esas instituciones se han dado muchas muertes, no sabemos cuántas porque carecemos de estadísticas al respecto. Sin embargo, hay algunos intentos por llevar ese registro. En marzo del año pasado, Gloria Ramírez, investigadora de la UNAM y titular de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, informó que, hasta esa fecha, la violencia había arrojado un saldo de 55 estudiantes y nueve profesores muertos en el estado de Chihuahua. Muchos de esos crímenes –en Chihuahua y otros estados– ocurren afuera de las universidades, como pasó con los asesinatos, perpetrados en Torreón, de Mauricio Alberto Murra Valdez y Roberto Damián Cepeda Esparza, ambos estudiantes del campus Laguna del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Unos desconocidos los asesinaron mientras estaban en un bar, en mayo pasado. Ese mismo mes, a las afueras de un centro comercial de Gómez Palacio, Durango, aparecieron decapitados los cuerpos de cuatro estudiantes de distintas universidades laguneras: Juan Jaramillo Montes, Paul Michell España, Abraham Alvarado Hernández y Cristian Guillermo Méndez. PARÁLISIS En la sonada matanza de Villas de Salvárcar, ocurrida a principios del año pasado, en Ciudad Juárez, los 15 jóvenes masacrados eran también estudiantes. La mayoría cursaba educación media. Sólo uno de ellos era universitario, Marcos Piña Dávila, estudiante de relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A todos ellos, el presidente Calderón los acusó de estar involucrados con el crimen organizado. Otros estudiantes han logrado sobrevivir a las balas casi de milagro, como sucedió con José Darío Álvarez Orrantía, de 19 años, alumno de la UACJ. En octubre del año pasado, agentes de la Policía Federal dispararon contra él, mientras participaba en una manifestación en Ciudad Juárez que pedía el cese a la violencia. Dos balas de alto poder le dieron en el abdomen y le sacaron las vísceras. El estudiante fue trasladado al Hospital General, donde se le salvó la vida. López Castañares sostiene que los jóvenes son un grupo "muy vulnerable" a los embates del crimen organizado, de ahí que las universidades en las que estudian también se vean afectadas. "La policía o los carteles de la droga no atacan a la universidad como institución en sí. Incursionan en sus planteles porque son un espacio de población juvenil, un grupo muy vulnerable en esta guerra contra el narcotráfico", explica. EDUCACIÓN A DISTANCIA "En Tamaulipas las cosas han llegado a tal extremo, que los rectores y otras autoridades universitarias ya ni siquiera se atreven a viajar por carretera, porque los asaltan y les quitan sus vehículos. Esto provocó la supresión de reuniones y de intercambios académicos. En el norte del país, el temor ha incrementado la llamada educación a distancia". Al igual que las escuelas de educación básica y media, también las universidades suspenden clases ante los rumores de supuestos enfrentamientos. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha cancelado sus labores por psicosis colectivas, ocasionadas por narcomantas que anuncian incursiones armadas. Los académicos extranjeros no escapan al peligro. El pasado 11 de marzo, en Ciudad Juárez, un comando armado secuestró a una doctora en arqueología, de origen estadounidense, cuyo nombre no se dio a conocer para proteger su integridad física. La Universidad del Norte de Arizona, donde labora la profesionista, informó escuetamente del secuestro. La desaparición de la joven Adriana Morlett también sacudió a la comunidad universitaria. Estudiante de arquitectura en la UNAM, Morlett, de 22 años, desapareció desde el pasado 6 de septiembre. Nada se sabe de su paradero, pese a las manifestaciones estudiantiles frente a la Torre de Rectoría. MANUAL DE SOBREVIVENCIA El problema en México es más grave incluso que en Colombia, donde la lucha contra el narcotráfico no afectó a su comunidad académica, según dijo Gilberto Giraldo Buitraso, rector del Politécnico Colombiano Jaime Isaza. "El tema para nosotros felizmente no llegó a las universidades", aseguró Giraldo en un encuentro de rectores celebrado en Guadalajara en junio pasado. Presionada por esta gravísima situación de violencia e inseguridad en las aulas, y por varios rectores que ya le piden tomar medidas, la ANUIES acaba de elaborar un manual de seguridad que será aplicado en las universidades del país. López Castañares toma el manual de la mesa circular frente a la que está sentado. Son 77 páginas engargoladas. Las muestra con satisfacción, y comenta: "El objetivo de este manual de seguridad es garantizar, dentro de los recintos universitarios, la integridad física y psicológica de alumnos, maestros, empleados administrativos y demás trabajadores". –¿Será un manual único para todas las universidades? –Sí, único. Y lo repartiremos gratuitamente a todas las universidades en cuanto esté listo, pues por el momento lo enviamos a la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que lo revise y nos haga sus comentarios y sugerencias. Sólo falta afinarlo. A mediados de abril empezará a circular. "Al manual se incorporaron las experiencias de algunas universidades que, de manera independiente, empezaron a tomar sus propias medidas de seguridad para enfrentar la violencia actual". MEDIDAS DE SEGURIDAD López Castañares se refiere a instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guanajuato o la Universidad Autónoma de Zacatecas, que ya tienen sus manuales y llevan meses aplicando medidas de seguridad. Agrega el dirigente de la ANUIES que el manual contiene un diagnóstico de la situación y, en otro apartado, una lista de medidas preventivas, así como de las acciones a tomar ante situaciones de riesgo. Las universidades mexicanas –recomienda el manual– deben implementar sistemas de credencialización, bitácora de visitantes, sistemas de control de acceso y de salidas, un directorio telefónico con números internos de emergencia, equipos de vigilancia, mejoramiento en el alumbrado interno y externo, así como autobuses que transporten al alumnado a lugares seguros cerca de sus casas. También recomienda realizar simulacros, charlas sobre seguridad o difusión de información en esa materia, con el fin de crear una "cultura de la participación" para afrontar colectivamente cualquier eventualidad. Abunda López Castañares: "Ante un tiroteo, es muy importante que los estudiantes se tiren al piso, pues quedarse parados o correr los hace un blanco más fácil para las balas. También deben detectar con rapidez en qué lugar se encuentran. Es muy distinto estar en la biblioteca donde sólo hay libros y computadoras, a estar en un laboratorio donde hay tanques de oxígeno, de gas o de nitrógeno. Una balacera en estos lugares puede ocasionar tremendas explosiones". CREDENCIALIZACIÓN ¿Cómo se mejorará el control de acceso?Mediante la credencialización, cosa que ya hacen muchas universidades privadas. Nada le cuesta al joven mostrar su credencial de alumno, ni al visitante mostrar su identificación oficial. Así ya no será tan fácil entrar a matar. Tenemos que saber quién entra, a dónde va y a quién busca. "Muchos estudiantes nos comentan: ‘Salimos de noche, corremos peligro’. Bueno, por eso el manual recomienda mejorar el alumbrado y tener autobuses que lleven al estudiante no directamente a su casa, pero sí a lugares céntricos y seguros. "Otro grave problema son los locales externos a las universidades donde se vende, por ejemplo, alcohol. Aquí debemos coordinarnos con las autoridades locales para que muevan a otro espacio esos comercios. No queremos que los jóvenes caigan en las adicciones". –¿Les darán armamento a los guardias de las universidades, para que puedan repeler una agresión? No, eso no lo haremos. Nuestros guardias deben seguir desarmados, porque están para vigilar y procurar que no haya robos de bolsos o laptops, o para evitar algún tipo de abuso sexual que pueda darse en los campus. Si les damos armas, hay el riesgo de que empiecen a disparar contra los propios estudiantes. Esa medida quedó descartada en el manual, lo mismo que la instalación de detectores de metales, pues no podemos estar revisando mochila por mochila a los alumnos. (APRO)

Rápido y Furioso: todos lo sabían

Y TAMBIÉN LOS DUEÑOS DE LAS ARMERÍAS
John Dodson, uno de los agentes estadounidenses que participó en el operativo Rápido y Furioso, asegura a Proceso que, contra lo que se ha dicho en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia sí estaba al tanto de la operación. Y la conocían otras dependencias federales estadounidenses, como la Oficina de Inmigración y Aduanas. Y la conocía por lo menos un representante de la PGR... Domingo, 27 de Marzo de 2011 J. JESÚS ESQUIVEL WASHINGTON, DC.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos sí estaba al tanto de la operación Rápido y Furioso, con la que el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió que desde Arizona se introdujeran ilegalmente a México unas 2 mil 500 armas que terminaron en manos de los cárteles del narcotráfico, confirma a Proceso un agente federal estadounidense. John Dodson, miembro del ATF asignado a Phoenix –donde se gestó la operación Rápido y Furioso– afirma que el Departamento de Justicia sabía de su realización y que también era del conocimiento del Departamento de Seguridad Interior, a cargo de Janet Napolitano. "No sé si el procurador (Eric) Holder sabía o no de esta operación; eso es algo que está por encima de mí. Lo único que puedo decir, como uno de los agentes que trabajó en ella, es que en Phoenix había un representante del Departamento de Justicia junto con uno de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés, que depende del Departamento de Justicia)", dice Dodson a este semanario. La operación Rápido y Furioso, que permitió que a los cárteles del narcotráfico en México les llegaran miles de armas con supervisión del ATF (Proceso 1793), ha creado uno de los momentos más difíciles de la relación de Washington con Felipe Calderón. El presidente estadounidense Barack Obama negó que él o el procurador Holder hayan dado la orden para echar a andar la operación y aseguró que ni él ni su secretario de Justicia estaban enterados. "Ha habido problemas. Escuché en las noticias sobre esta historia de Rápido y Furioso en la que se permitió que entraran armas a México. El ATF sabía de ella pero no hizo nada para aprehender a quienes las enviaron. Eric Holder, el procurador general, ha sido muy claro en que no sabía nada de esto", declaró Obama a CNN en Español en una entrevista que se transmitió el martes 22. UN MEXICANO AL TANTO –¿El gobierno de México sabía de la operación? –se le pregunta a Dodson, uno de los primeros agentes en denunciar ante el Congreso de su país y ante los medios lo que estaba ocurriendo con Rápido y Furioso. –No sé si el gobierno mexicano fue informado. Lo que sé es que varios agentes del ATF conocían la operación. Creo que sólo un representante mexicano asignado a la región de Phoenix (el agregado de la Procuraduría General de la República) sabía del caso, pero qué tanto, no lo sé –responde a Proceso. La denuncia de Dodson de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enterado de Rápido y Furioso coincidió con las declaraciones que hizo Darren Gil a la CBS. En diciembre pasado Gil renunció a su puesto de agregado del ATF en la embajada en México, en parte como protesta por la realización de ese operativo. De acuerdo con lo que publicó CBS en su portal de internet el viernes 25, "Gil dijo que alguien en el Departamento de Justicia sabía del caso. Gil dice que su supervisor en las oficinas centrales del ATF en Washington le dijo abiertamente que la operación había sido aprobada incluso a nivel más alto que el de Kenneth Melson, director de esa agencia". "Gil dice que Lanny Breuer (subsecretario del Departamento de Justicia) y varios de sus subalternos visitaron México el verano pasado (...) y habló al personal del ATF en términos generales sobre un caso grande de tráfico que, aseguró, estaba dando buenos resultados", enfatiza la CBS. Dodson aclara que no sabe quién autorizó la operación ni quién o quiénes son sus creadores. Se limita a señalar que desde su traslado a Phoenix, en la primera semana de diciembre de 2009 y casi un mes y medio después de que empezara Rápido y Furioso, sólo recibía órdenes de su supervisor, David Voth. Contra lo que se ha publicado en la prensa mexicana y estadounidense, de que Rápido y Furioso permitió que cayeran en manos de los cárteles del narcotráfico mexicano mil 765 armas de alto poder, Dodson sostiene que fueron más. "Creo que el número de armas que se ha manejado en las notas informativas, mil 765, es muy bajo. Fueron más de 2 mil, muy cerca de 2 mil 500", acota. Tras estallar el escándalo en los medios y gracias a las denuncias de Dodson, el gobierno mexicano comenzó a reclamar y a exigir a Washington respuestas sobre Rápido y furioso. Ante la presión, el pasado lunes 14 el procurador Holder anunció que la inspectora general interina del Departamento de Justicia, Cynthia A. Schneder, investigaría el caso. Funcionarios mexicanos consultados por Proceso aseguran que después del anuncio de esta investigación, el gobierno de Obama no les responde nada sobre Rápido y Furioso: se escuda en que mientras esté en curso la pesquisa, los departamentos de Justicia, de Estado y de Seguridad Interior tienen prohibido hablar de ello. TRASIEGO CRIMINAL Ni el gobierno de Obama ni el de Calderón saben cuántos asesinatos se han cometido en suelo mexicano con el arsenal bendecido por Rápido y Furioso. En Estados Unidos ya se cometió uno: el del agente de la Patrulla Fronteriza Brian Terry en diciembre del año pasado. A Terry lo mataron con un fusil AK-47 y en el lugar del crimen se levantaron dos cuernos de chivo vendidos en Phoenix como parte de la estrategia de Rápido y Furioso. –¿Se logrará algo con la investigación de la inspectora del Departamento de Justicia? –se le pregunta a Dodson. –La única manera de que los pueblos mexicano y estadounidense descubran a los responsables de esta operación, y para que se apliquen cambios que de verdad tengan un propósito benéfico para ambos, es con la realización de audiencias independientes y bipartidistas en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambos. Además, según lo que conoce Dodson del funcionamiento del ATF, la investigación no será suficiente porque hay aspectos de la operación que podrían quedar fuera de la jurisdicción del Departamento de Justicia. "Por eso la investigación la debe hacer un comité de supervisión gubernamental, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes", insiste. Además del asesinato de Terry o de los reclamos de México, el gobierno de Obama no ha hecho nada para sancionar a los responsables de Rápido y furioso. "Al contrario. Pareciera que se está compensando a los que tenían responsabilidad en el caso", acota Dodson en alusión a William Newell, nombrado agregado del ATF en México en reemplazo de Gil (Proceso 1793). Newell era jefe de la oficina en Phoenix y bajo su mando operaba, como supervisor regional y del operativo, David Voth, jefe de Dodson. El agente dice que sus superiores le han aplicado la ley del hielo, aunque no lo han despedido. "Las represalias contra mí comenzaron antes de que hablara de la operación con los medios; se iniciaron desde que empecé a protestar por la operación ante mis jefes del ATF. Nadie en el ATF me habla y tienen prohibido comunicarse conmigo (en las oficinas de Phoenix)", platica Dodson a Proceso. Al cierre de esta edición se informó en Washington que Kenneth Melson, director del ATF, fue citado para testificar el próximo jueves 31 en una audiencia pública del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Senadores para hablar de Rápido y Furioso. –¿En qué consistía exactamente esa operación? –pregunta este semanario a Dodson. –Identificamos a un grupo de compradores múltiples que tenían como tarea adquirir armas no para ellos sino para otras personas. Dodson explica que la idea original era rastrear todas las armas que se compraran para poder detener a los traficantes y, después, a los destinatarios. Hasta a los narcotraficantes mexicanos. "Vigilábamos a estos individuos cuando compraban las armas, adquirían 5, 10 o hasta 20 en una sola visita a la armería. Al salir se reunían con otras personas en estacionamientos públicos o cocheras particulares. Transferían las armas de un vehículo a otro y después se las llevaban a los destinatarios finales." –¿Qué ocurría con las armas una vez que eran transferidas a otros autos? –Se nos había prohibido detener a los individuos, no podíamos confiscar las armas o identificar a la gente implicada. Nuestra única misión era observar. Así fue como le perdimos el rastro a las armas y llegaron a México. HASTA LOS VENDEDORES SABÍAN Según Dodson, Rápido y Furioso tenía perfectamente identificados a todos los compradores múltiples de armas. Fueron poco más de 20 hombres, mujeres y personas mayores, residentes legales o ciudadanos de Estados Unidos. Las armerías donde se compraron las pistolas y rifles también tenían conocimiento de la operación. El ATF les pidió que participaran en el caso. Cuenta Dodson: "Las armerías estaban más preocupadas que el ATF por la venta múltiple porque sabían que quienes estaban comprando las armas no las querían para su uso personal. Con ese criterio, las armerías pensaban que estaban haciendo lo correcto, no tenían idea de que nosotros (los agentes) no estábamos interceptando las armas". Casi desde el inicio de la operación varios agentes del ATF se enteraron de que las armas estaban siendo llevadas a México y entregadas a cárteles del narcotráfico. "Creo que el ATF nunca tuvo control de la operación; intentamos pararla, pero no pudimos. Simplemente éramos observadores", dice Dodson. No obstante, agentes del ATF en Phoenix, confiscaron sólo un par de cargamentos de armas a México. "Las otras armas que terminaron en posesión del ATF fueron incautadas por otras agencias y a nosotros nos correspondía recogerlas", sostiene Dodson. Esas "otras agencias" que confiscaron armas que eran parte de Rápido y Furioso fueron el ICE, la Patrulla Fronteriza o policías locales. –¿Cuántas personas han sido asesinadas en México gracias a Rápido y Furioso? –se le pregunta. –Creo que nunca lo sabremos. Estamos hablado de armas que el ATF permitió que se compraran y que sabíamos que terminarían en manos de los cárteles de la droga. "¿Cuántos homicidios se cometieron o se cometerán con estas armas? No lo sabremos. Aun en caso de que se llegaran a recuperar, porque antes de que sean incautadas se usan 10 o 15 veces. Por ello creo que nadie podrá saber de cuantas cosas son responsables estas armas que se vendieron bajo la autorización del ATF". Dodson no sabe cuántos cárteles recibieron armas gracias a Rápido y Furioso pero asegura que fue más de uno. "El daño que ha causado esta operación es inconcebible, es incluso un tipo de operación que nunca debió llevarse a cabo. Desde mi punto de vista no hay forma de justificar lo que hicimos", remata. (APRO)

domingo, 27 de marzo de 2011

Coahuila; Cuenca carbonífera, nuevos estallidos, nuevos muertos

En Barroterán, dos muertos más


Juan Monrreal López



Marzo 27 del 2011


Barroterán, Coahuila.- Una bolsa de gas metano de la mina 7 de Barroterán, Coahuila, estalló este sábado 26 de marzo, cerca de las 9 de la noche, matando a dos mineros del carbón e hiriendo a 3 más.

Los mineros fallecidos, Juan Francisco Rodríguez Piedra, y José Manuel Camacho Grimaldo, se suman a los miles de mineros coahuilenses muertos por estallidos y derrumbes en esta zona carbonífera, las más grande e importante de México.

El accidente se originó cuando a 120 metros de profundidad, una cuadrilla de 10 trabajadores “topó” con una bolsa de gas metano que voló por la fricción de la “máquina del frente”, derrumbando la pared de la mina que sepultó a Juan Francisco Rodríguez Piedra, quitándole la vida en el sitio.

José Manuel Camacho Grimaldo, fue trasladado al hospital del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) de San Juan de Sabinas,-distante a más de 50 kilómetros de la zona del accidente-, lugar donde falleció.

Junto con ellos, tres mineros jóvenes fueron hospitalizados por contusiones. José Ignacio Navarro Moreno de 21 años, Elidio Gloria Beltrán de 28, ambos son vecinos del poblado "Las Esperanzas", y Antonio Díaz Vallejo de 29 años, de Minas de Barroterán.

El vocero de la empresa, Francisco Orduña, explicó que en el turno de “segunda” laboraban 250 trabajadores más. Luego justificó, al citar que el accidente fue similar al de Pasta de Conchos, pero en este caso, el sistema de extracción de gases, si funcionó, por lo que el “estallido” no se extendió a lo largo de los túneles.

El próximo 31 de marzo, se conmemorará el 42 aniversario de la explosión de las minas 2 y 3 de Barroterán, en el que perdieron la vida 156 mineros. La mina 7 es propiedad de Minerales Monclova (MIMOSA) filial del Grupo Acerero del Norte (GAN) cuyo dueño Alonso Ancira, también es patrón de Altos Hornos de México.

jmonrreall@yahoo.com

México: entre la responsabilidad y la censura de los medios

Ignacio de los Reyes BBC Mundo, México Viernes, 25 de marzo de 2011 Medio centenar de grupos de medios de comunicación mexicanos pactaron seguir una serie de criterios comunes para cubrir la violencia del crimen organizado que azota al país. Este jueves, la cadena de televisión mexicana Televisa impulsaba un acuerdo con más de 700 empresas informativas para evitar que la cobertura de la violencia contribuya a "propagar el terror entre la población". Un pacto que también contempla la protección de periodistas en situación de riesgo. Menos de 24 horas después de su rúbrica, el cuerpo de José Luis Cerda, conductor de un programa de entretenimiento de esta cadena, fue hallado sin vida en Monterrey después de haber sido secuestrado a unas calles de las oficinas del canal. Historias relacionadasLas absoluciones polémicas de la justicia mexicanaLos “niños soldados” del narcotráfico en MéxicoDuopolio contra monopolio en MéxicoEste mismo día, la organización Reporteros Sin Fronteras denunciaba la desaparición de un periodista en Veracruz, donde según la ONG ya hay otros dos reporteros en paradero desconocido. Y todo en mitad del debate surgido en México sobre la idoneidad de un acuerdo alabado por firmantes (TV Azteca, El Universal o el Grupo Prisa, entre otros) y autoridades. Según el gobierno mexicano, este pacto "refrenda la responsabilidad" del trabajo de estos medios y "contribuye sustancialmente al entendimiento del fenómeno delictivo". Medios sin firma


Pero la iniciativa no convence en absoluto a otros periodistas. Entre los medios que decidieron no firmar el llamado Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia se encuentran diarios como La Jornada o Reforma, el semanario Proceso y la cadena de radio MVS Noticias. A menos de 24 horas de un pacto de los medios sobre la cobertura de la violencia, es asesinado un conductor de la TV. Tampoco lo apoyó el Diario de Juárez, cuyo caso se ha presentado en ocasiones como un símbolo de las amenazas que la prensa mexicana enfrenta a diario en su cobertura de la violencia del crimen organizado. "La realidad de Juárez no es la misma que la de otras ciudades del país", reza una nota del periódico, que en septiembre de 2010 pidió una tregua al narco, días después de que uno de sus fotógrafos fuera asesinado. "Preferimos permanecer al margen y desde la independencia editorial continuar normando los principios y criterios de la tarea informativa que realizamos", explicó este medio. Al menos 66 comunicadores han sido asesinados en México en los últimos 11 años, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del país. Y en todo el país la violencia ligada al crimen organizado ha dejado ya cerca de 35.000 muertos desde diciembre de 2006. "Narco: agricultor underground""Una pregunta inevitable es ¿quién va a revisar la acción de los medios en su pacto que no sean los propios medios? (…) Quizá algunos medios necesiten pautas aunque al final hagan lo que quiera" Javier Solórzano, periodista. Pero la discusión también ha girado en torno a los puntos más polémicos del acuerdo. Como el de no difundir información "que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada". O que "la información que se difunda sobre el crimen organizado debe asignar a cada quien la responsabilidad que tenga sobre los hechos de violencia". Mientras para los firmantes se trata solo de un ejercicio de responsabilidad ante la sociedad mexicana, para comunicadores como Javier Solórzano "el riesgo de la censura va a rondar a los medios". "Una pregunta inevitable es ¿quién va a revisar la acción de los medios en su pacto que no sean los propios medios? (…) Quizá algunos medios necesiten pautas aunque al final hagan lo que quieran", escribe el periodista mexicano en su clic blog. Mientras, no faltan quienes se toman con ironía la aplicación del acuerdo, que contempla, por ejemplo, "evitar el lenguaje y la terminología empleados por los delincuentes". Como el diario clic Milenio, quien en su edición del viernes bromeaba sobre la nueva forma de referirse a los hechos relacionados con la violencia. "A partir de hoy, nos referiremos eufemísticamente a dichos fenómenos como… Narco: Agricultor alternativo y underground y Enfrentamiento entre el Ejército y sicarios: Cita a ciegas entre dos que se aman con loca pasión".

Le ponen fecha al cierre de las compuertas

FABIOLA PÉREZ-CANEDO/ EL SIGLO DE TORREÓN/ Torreón El riego de presiembra está por concluir en la Región Lagunera, por lo que en la primera semana de abril, de acuerdo al plan del ciclo agrícola primavera-verano 2011, podrían cerrar las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, para reanudar la extracción posteriormente, en los riegos de auxilio. Para el riego.
El ciclo agrícola de este año tiene un volumen asignado de extracción de mil 100 millones de metros cúbicos, que fue lo mismo del año anterior.De acuerdo al plan de riegos, se extraerá del sistema de presas del río Nazas un total de mil 100 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua para los riegos de presiembra y los auxilios de las 70 mil hectáreas que se establecieron. De este volumen a extraer de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, 502.4Mm3 corresponden a La Laguna de Durango y los 597.6 Mm3 a La Laguna de Coahuila. LAS HECTÁREAS En el padrón de cultivos programado para este año destacan: 31 mil 834 hectáreas de forrajes, 22 mil 608 de algodón, 12 mil 146 hectáreas de perennes, dos mil 776 de huertas y hortalizas, entre otros. PLAN HÍDRICO Para este año la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene la encomienda de cumplir con el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, que contempla una serie de objetivos importantes como la modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de las superficies agrícolas en coordinación con los usuarios y los gobiernos municipales y estatales. De acuerdo con la dependencia federal, otro gran objetivo del Plan Nacional Hídrico en el que se trabaja es la promoción del manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos, es decir, en cuidar los cuerpos de agua para las generaciones futuras. CICLO AGRÍCOLA Sobre el ciclo agrícola 2011, la Conagua indicó que se ha contado con una buena participación de los productores para contar con la preparación de las tierras a tiempo, tener la semilla adecuada, la maquinaria e implementos, así como tener los canales de riego y redes interparcelarias limpios y en condiciones óptimas. Como se informó oportunamente, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno efectuaron la apertura simbólica de las compuertas en los mecanismos del Canal Principal Sacramento y del canal Santa RosaTlahualilo el pasado siete de marzo en la represa de San Fernando, en el municipio de Lerdo, donde se dio inicio al ciclo agrícola de este año. El volumen asignado en 2011 es el mismo que se recibió durante el año pasado, por lo que se espera un ciclo muy similar.

EL GOBIERNO CALDERONISTA NO PROTEGE A CIVILES

La ‘guerra interna’ toma forma…
Si bien el Comité Internacional de la Cruz Roja se cuida de no encuadrar el estado de violencia generalizado en México como un ‘conflicto interno’, las características de los bandos en pugna, el tipo de armamento que utilizan, la frecuencia de los enfrentamientos, el número de muertos, heridos, desplazados y desaparecidos, así como de ejecuciones extrajudiciales, lo ubican muy cerca de esa condición, según los parámetros del Derecho Internacional Humanitario Domingo, 27 de Marzo de 2011 JORGE CARRASCO ARAIZAGA MÉXICO, DF.- La "guerra" al narcotráfico declarada por el presidente Felipe Calderón se parece cada vez más a un conflicto armado interno: miles de civiles muertos, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de personas, desplazamientos de poblaciones, reclutamiento de menores de edad... Inocultables para el mundo, estas expresiones de la violencia han dejado desde el inicio del actual gobierno por lo menos 35 mil muertos, 230 mil desplazados, 283 denuncias de desaparecidos, miles de mutilados y otras tantas víctimas previstas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). De acuerdo con esa norma, la violencia intensa y prolongada en el país tiende a reunir las características de un "conflicto armado no internacional". Ante tal escenario, el DIH está concebido para prevenir y sancionar las agresiones a la población civil tanto por parte de las fuerzas del Estado como de los particulares. Hasta ahora, el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyo trabajo es verificar los límites de las hostilidades y del comportamiento de los combatientes en un conflicto armado, no ha querido encuadrar la situación de violencia en México en el DIH, aunque asegura estar consciente de que en el país "cada vez hay más sufrimiento y son muchas las consecuencias" en la población civil a raíz del combate a la delincuencia organizada. México se ha comprometido a reconocer casi todas las reglas internacionales sobre el trato humanitario en caso de los conflictos armados. La excepción es el Protocolo II adicional de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional; es decir, a los conflictos internos. Adoptado en 1977, ese instrumento no ha sido firmado por México debido a la oposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), asegura Fernando Coronado Franco, consultor general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En ese momento el Ejército participaba en la "guerra sucia" contra los movimientos guerrilleros, que dejó más de 500 desaparecidos, según cifras de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Según ese Protocolo, un conflicto armado interno tiene lugar entre las Fuerzas Armadas de un Estado y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen control sobre una parte del territorio, lo que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. COMPROMISOS SIN CUMPLIR Aunque México no ha reconocido el citado instrumento, al ser parte de los Convenios de Ginebra y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional México está obligado a respetar los principios internacionales de protección a la población civil en casos de confrontación armada. Las propias cifras oficiales indican que al 31 de diciembre pasado se habían registrado 34 mil 612 muertos desde diciembre de 2006, cuando Calderón declaró la "guerra" al narcotráfico. Ese número incluye a miles de civiles ajenos a las fuerzas confrontadas. Entre ellos, más de mil menores de edad. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México la guerra de Calderón le ha costado la vida a unos mil 200 niños y adolescentes. Al principio eran víctimas incidentales, pero ya se han convertido en blancos y, peor todavía, hay estados donde han comenzado a ser reclutados por la fuerza como informantes de la delincuencia organizada, dice en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red. NIÑO SICARIO El caso extremo es el de un menor de 14 años que en diciembre pasado fue detenido por el Ejército en el estado de Morelos como presunto responsable de torturar y ejecutar a miembros de grupos rivales del narcotráfico. Tales efectos ya propiciaron la intervención del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, integrado por 18 expertos internacionales, que en enero pasado le pidió al gobierno de Calderón generar información específica sobre el número de niños heridos, asesinados y detenidos, además de aquellos que participan en grupos armados no estatales. Organizaciones no gubernamentales internacionales también han informado sobre otras consecuencias de la estrategia gubernamental contra las drogas: el desplazamiento forzado de personas. El Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) y el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC) emitieron en diciembre pasado un informe en el que estimaron en 230 mil el número de personas que han huido de sus hogares a raíz de la violencia. De ellos, la mitad se fue a Estados Unidos y a los otros 115 mil los definen como desplazados internos. "El desplazamiento forzado por este recrudecimiento (de la violencia) ha pasado inadvertido", dicen los organismos, de los cuales el NRC se dedica a dar asistencia y protección a los refugiados y desplazados internos en el mundo y que surgió en 1946 a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los principales desplazamientos forzados por la delincuencia organizada han ocurrido principalmente en el norte de México, sobre todo en Chihuahua y Tamaulipas, aunque también en otras zonas del país –como en Sinaloa, Durango y Michoacán– donde el Estado mexicano ha perdido control territorial. De acuerdo con el NRC y el IDMC, "la violencia en Chihuahua ha provocado la huida de familias y personas ‘gota a gota’, haciendo que sea imposible dar seguimiento a su desplazamiento, mientras que en Tamaulipas, en 2010, se han producido desplazamientos masivos, en algunos casos afectando a municipios enteros". CIUDAD MIER Uno de los casos al que las organizaciones internacionales le dan el "grado de conmoción" fue el desplazamiento de unas 400 personas del municipio de Ciudad Mier, Tamaulipas, a inicios de noviembre pasado. Ante la gravedad de esa situación la Cruz Roja Mexicana tuvo que apoyar con despensas a las familias desplazadas, según informó en entrevista telefónica Daniel Goñi Díaz, presidente nacional de la institución, aunque sostiene que la violencia generalizada en México no ha afectado las actividades del organismo. El NRC y el IDMC sostienen que en Chihuahua el desplazamiento desde Ciudad Juárez se ha registrado a raíz del enfrentamiento iniciado bajo la actual administración, cuando el cártel de Sinaloa le empezó a disputar el control al de Ciudad Juárez. Para las organizaciones internacionales hay otro desplazamiento: el de las víctimas que han huido de la zona rural de Valle de Juárez, situada al este de la ciudad. "Las pruebas que evidencian desplazamientos forzados en las localidades de El Porvenir y Práxedis G. Guerrero en Valle de Juárez son irrefutables: prácticamente todas las casas están vacías, quemadas y destrozadas por actos de vandalismo". Apoyados en el Instituto Municipal de Planeación, aseguran que en Ciudad Juárez hay unos 116 mil hogares vacíos. Pero una "indicación contundente" de la existencia del desplazamiento interno es que 5 mil viviendas del Infonavit han quedado vacías, indican las organizaciones humanitarias que le pidieron ya al gobierno de Calderón poner en práctica los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, adoptados por Naciones Unidas en 1998. Consultado el Infonavit al respecto, indicó que tiene identificadas 12 mil 300 viviendas –entre abandonadas y deshabitadas– para recuperar en Ciudad Juárez, aunque no todas, dice, necesariamente a causa de la violencia. DENUNCIAS CONTRA EL EJÉRCITO La desaparición forzada de personas se ha incrementado también como consecuencia del combate del gobierno mexicano al narcotráfico. Apenas el lunes 21, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias de la ONU fue informado de la existencia de 283 quejas presentadas ante la CNDH por desaparición forzada entre diciembre de 2006 y febrero de 2011. La mayoría de los casos, 124, fueron en contra de la Sedena y de ellos casi todos corresponden a 2010, el que hasta ahora ha sido el año más violento con 15 mil 273 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con la información estadística de la Presidencia de la República. Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el informe indica que las víctimas de las desapariciones han sido estigmatizadas como miembros de la delincuencia organizada y desaparecido en medio de operativos militares o policiales. Aseguran que los desaparecidos pasan como "víctimas de levantones" atribuidos a la propia delincuencia organizada. Ejemplifica con los 80 casos documentados de desaparición forzada entre 2007 y 2010 registrados por la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila. El Grupo de Trabajo de la ONU, que realiza una vista de trabajo a México, evalúa solicitarle al Estado mexicano el reconocimiento de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas. AYUDAN A VÍCTIMAS A pesar de la violencia generalizada y sus efectos en la población civil, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado de ayudar a las víctimas de conflictos armados y de la violencia interna, evita hacer una definición jurídica sobre lo que ocurre en México. Dénes Benczedi, vocero de la delegación del CICR para México, Centroamérica y Cuba, expresa la reticencia del organismo para decir si México vive un conflicto armado interno, según lo establecido en el DIH, que se fundamenta en los Convenios de Ginebra: "No vamos a decir nada de México en particular. No necesariamente tenemos que tener una posición… Hay situaciones de violencia donde no necesariamente aplica el derecho humanitario internacional, sino el conjunto más amplio de derechos humanos". El portavoz del organismo matiza sobre la presencia en México del CICR desde 2002: "No quiero decir que no nos preocupa (lo que pasa en México). Sí nos preocupa mucho. Estamos muy conscientes de que cada vez hay más sufrimiento y muchas consecuencias, por lo que estamos colaborando con diferentes entidades del gobierno mexicano". Entre esas instancias, dice, están la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal, a las que justamente el CICR les da cursos de DIH, que además ha participado en reuniones de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, creada por el gobierno de Calderón en agosto de 2009 ante la creciente vigilancia internacional de los costos humanitarios de su "guerra" contra el narcotráfico. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) preside la Comisión y en ella participan Gobernación, la Sedena y la Semar. Pero de su funcionamiento poco se sabe, aunque una de sus tareas es preparar los informes solicitados a México por los organismos internacionales. Según el decreto de su creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2009, la Comisión pretende dar cumplimiento a los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de 1977 y 2005. El primero es precisamente el Protocolo II relativo a los conflictos armados internos, que aún no ha sido firmado por México. (APRO)

RENUNCIA DE PASCUAL, ABRE NUEVO CAPÍTULO

Los cárteles crecen, la frustración también

La cooperación de los gobiernos de Estados Unidos y de México en la guerra contra el narcotráfico se vuelve confrontación fácilmente. Basta que el presidente Felipe Calderón le reclame a Barack Obama –quien lo ve ‘frustrado’– más ayuda y trabajo antinarcóticos en su país, o que claridosos funcionarios estadounidenses señalen que, pese a la ofensiva militar, los cárteles mexicanos siguen fortaleciéndose y la guerra interna ya le costó al país más de 34 mil muertos Domingo, 27 de Marzo de 2011 J. JESÚS ESQUIVEL WASHINGTON, DC.- Una vez que renunció como embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual es ahora mucho más que un fantasma para el presidente Felipe Calderón… El personaje repudiado por él no solamente se mantendrá en activo dentro de la embajada durante varios meses, asegurando el legado de sus políticas hacia México, sino que constituye el contundente recordatorio de la fracasada lucha de Calderón contra el narcotráfico. Las nuevas tensiones diplomáticas están precedidas por los cables diplomáticos "clasificados" que reveló el sitio de internet WikiLeaks –y que difundió en México, con amplitud, el diario La Jornada-, según los cuales Pascual informó al Departamento de Estado sobre la descoordinación entre el Ejército y la Marina en operaciones contra capos de la droga ubicados e identificados por las agencias estadunidenses que actúan a sus anchas en México. De ellas forman parte, también, los reclamos de Calderón a Obama, durante su visita a Washington. En entrevista con El Universal el 22 de febrero, Calderón estalló contra Pascual por el contenido de los cables y lo calificó de "ignorante". Después, en declaraciones hechas al Washington Post difundidas el 3 de marzo en la página electrónica de ese diario, manifestó que le había perdido la confianza. El mismo día, en la reunión que sostuvo con Obama en Washington, volvió a quejarse de Pascual. La noche del sábado 19, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, emitió en Washington un comunicado de prensa en el que dio a conocer la dimisión del embajador en México, quien se vio obligado a renunciar debido a que Calderón le cerró el acceso a las esferas gubernamentales mexicanas. Con todo, la Casa Blanca y el Departamento de Estado le refrendaron su apoyo. Si bien Calderón dijo que su inconformidad se debía a los reportes de la embajada, son cada vez más insistentes las versiones periodísticas y dentro del gobierno federal acerca de que el presidente tampoco toleró que Pascual tenga un romance con Gabriela Rojas Jiménez, la hija de Francisco Rojas, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gabriela, la novia de Pascual, fue esposa de Antonio Vivanco Casamadrid, amigo y exasesor de Calderón, quien el jueves 24 lo nombró director de la Comisión Federal de Electricidad, en sustitución de Alfredo Elías Ayub. EL DARDO DE OBAMA El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, fue muy directo en su reciente diagnóstico sobre Felipe Calderón: está "frustrado" porque su lucha militarizada contra el crimen organizado no da los resultados que prometió al pueblo de México. El adjetivo que le clavó el presidente Obama a Calderón mientras estaba de gira en El Salvador se sustenta en conclusiones de reportes oficiales de varias agencias federales y dependencias de primer nivel de su gobierno, según las cuales el narcotráfico se ha fortalecido en México y el saldo de muertos de la guerra interna opaca el triunfalismo de Los Pinos. Y antes de que el presidente Calderón pueda extraerse la espina, la administración de Obama afila otras… Una fuente del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca adelanta a Proceso que el mandatario estadounidense oficializará esta semana su rechazo a la solicitud que el pasado 17 de septiembre le hizo el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) para responder a la "regla de emergencia"; es decir, que la Casa Blanca emita una orden ejecutiva para obligar a las armerías de los estados fronterizos con México a reportar al ATF todas las ventas masivas de armas que se hagan a una sola persona. De hecho la petición ya había sido denegada por Obama el 4 de febrero último. RECRIMINACIONES Y en cuanto al capítulo de los derechos humanos, una fuente del Departamento de Estado que pidió el anonimato refiere que en el reporte anual que esta instancia dará a conocer el próximo 4 de abril, correspondiente a 2010, incluye "severas" recriminaciones a las Fuerzas Armadas Mexicanas por las continuas violaciones a los derechos humanos en que incurren con el pretexto del combate al narco, cuyos resultados tienen insatisfecho al presidente Calderón. "La relación con México es realmente muy fuerte. El reto es que los cárteles de las drogas se han fortalecido y el presidente Calderón está, justamente, frustrado", declaró Obama a la cadena de televisión estadunidense CNN en Español, en una entrevista exclusiva que se trasmitió el 22 de marzo. Esa "frustración", dijo Obama, se manifiesta en las demandas de Calderón a Washington: reducir el consumo de drogas, y contener el flujo ilegal hacia México de armas y del dinero procedente de la venta de los narcóticos en Estados Unidos. Para el mandatario estadunidense, el sentimiento de Calderón se debe a que, a sólo 18 meses de que termine su sexenio, la lucha militarizada contra el narcotráfico continúa ensangrentando al país, y a que en el mundo se conocen, más que sus logros, su costo en muertes: 34 mil 612 hasta enero pasado, de acuerdo con el reporte oficial. Por eso, en la entrevista con CNN en Español, Obama comentó: "Lo que le he dicho a él (Calderón) es que debemos compartir estas cargas, tenemos que asegurarnos de que estamos invirtiendo en reducir la demanda (de drogas) en Estados Unidos". Y puso como ejemplo de esta "responsabilidad compartida" su pedido presupuestal de 10 mil millones de dólares al Congreso de su país para combatir el consumo de drogas; sin embargo, calló ante las demandas directas de Calderón para que impulse una reforma a las leyes que regulan la venta de armas de asalto, contrarreste la normatividad local y estatal que permite la siembra y venta de mariguana para fines terapéuticos, e incremente los fondos de la Iniciativa Mérida en lugar de reducirlos, como hizo al solicitar sólo 387 millones de dólares para este instrumento bilateral en el año fiscal 2012. DESCALIFICACIONES La afirmación de que el narcotráfico se ha fortalecido en México desmiente la versión del gobierno calderonista y se basa en información que divulgó el Departamento de Estado el 3 de marzo, día en que el presidente mexicano se reunió con homólogo estadunidense en la Casa Blanca. En su capítulo sobre México, el Reporte de la estrategia internacional para el control de los narcóticos destaca: "Las organizaciones del tráfico de drogas continúan expandiendo su presencia y encontrando nuevas rutas para transportar las drogas y ampliar sus mercados. La producción doméstica de mariguana, heroína y metanfetaminas está creciendo rápidamente, y la cocaína procedente de Sudamérica continúa transitando por México para llegar a los mercados de Estados Unidos". Todavía más contundente fue James Clapper, director Nacional de Inteligencia, quien el pasado jueves 10 informó en una sesión del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado estadunidense: "México enfrenta una aguda y constante escalada de violencia criminal por parte de los cárteles, que luchan entre ellos por el dominio (de plazas) y buscan intimidar al gobierno y a la población. Los cárteles han tratado de minar la confianza de la gente en el gobierno y de mostrar su desacato a la ley, al tiempo que le dan difusión a más actos de salvajismo, como decapitaciones, ejecuciones en público y, en general, cambios en sus tácticas brutales". Seis días después el director del FBI, Robert Muller, dijo ante el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes: "El presidente Calderón ha realizado acciones sin precedentes que han tenido impacto en los cárteles (del narcotráfico) y la violencia en México; desafortunadamente, (la lucha contra el narco) no ha sido tan exitosa como él o cualquier otro quisiera, tomando en cuenta el nivel de asesinatos y atrocidades que ocurren al sur de la frontera". RETO GENERACIONAL La frustración que le atribuye Obama a Calderón puede explicar el hecho de que sólo un día después, por medio del embajador en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, el gobierno mexicano haya descalificado el análisis del jefe del FBI: "Extraña que a un funcionario de procuración de justicia con la trayectoria y larga experiencia del director Muller se le olvide que este es un reto generacional de largo aliento, en donde los resultados no se obtienen de la noche a la mañana", manifestó Sarukhán en un comunicado que difundió la oficina de prensa de la embajada entre los corresponsales mexicanos acreditados en Washington. Recalcó: "El gobierno de México rechaza categóricamente las aseveraciones formuladas ayer por el director del FBI en una audiencia del Congreso. No sólo ignoran los avances que ambos gobiernos estamos constatando… sino que están fuera de sintonía con lo que el propio presidente (Barack Obama) y miembros relevantes de su gabinete han declarado al respecto". Sin embargo, los altos funcionarios estadounidenses sí están en la misma sintonía. El 7 de febrero Joseph Westphal, subsecretario del ejército de Estados Unidos, expuso ante estudiantes y académicos de la Universidad de Utah: "Como saben, hay una forma de insurgencia en México con los cárteles del narcotráfico justo al lado de nuestra frontera, y creo que esto es una opinión personal, aunque la he compartido con gente de la Casa Blanca. Este problema no es sólo sobre drogas y migración de indocumentados; potencialmente esto significa que tomen el control del gobierno individuos que son corruptos y tienen una agenda distinta". Westphal se aventuró a predecir que ante una escalada insurgente en México, Estados Unidos no tendría más opción que desplegar soldados para vigilar la frontera sur, o incluso internarse a territorio mexicano. Dos días después, el 9 de febrero, fue la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, quien alertó en el Capitolio sobre el peligro de las organizaciones criminales. Furia de Calderón Napolitano destacó que el presidente Obama le encargó a su dependencia que se mantuviera muy vigilante "de la guerra al otro lado de la frontera" por el nivel "sin precedentes" de la narcoviolencia. "Ni se les ocurra (a los traficantes mexicanos) arrastrar esa guerra hacia Estados Unidos, porque se enfrentarán a una reacción avasalladora… Sería preocupante que organizaciones terroristas se aprovecharan de las redes de los cárteles para tratar de exportar sus actividades", puntualizó. Las declaraciones del subsecretario del ejército y de Napolitano desataron la furia de Calderón, que a través de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación descalificó los análisis de ambos y consiguió que el Pentágono obligara a Westphal a desdecirse. Sin embargo, el Centro de Inteligencia sobre Drogas del Departamento de Justicia ya lo había advertido desde febrero de 2010, cuando publicó su Evaluación nacional sobre la amenaza de las drogas: "Las organizaciones mexicanas del narcotráfico continúan representando la gran mayor amenaza de tráfico de estupefacientes a Estados Unidos. Ya cuentan con proveedores prominentes para la distribución de drogas ilícitas al mayoreo en Estados Unidos y están ganando una mayor fortaleza en los mercados del este (de Estados Unidos), donde está disminuyendo la fortaleza de las organizaciones colombianas del tráfico de drogas". En el reporte del Departamento de Estado que se difundió el jueves 3, el gobierno de Obama afirma que Calderón está haciendo lo mejor que puede en el combate al narcotráfico e incluso contra la corrupción, aunque sobre esto último plantea: "Estos nuevos esfuerzos para reducir la corrupción están dirigidos a las agencias federales y se concentran en bajar el nivel de corrupción entre los funcionarios de más alto rango. Pese a estos avances, la corrupción continúa siendo un impedimento significativo para los esfuerzos antinarcóticos en México". (APRO)