sábado, 5 de junio de 2021

Siete mineros atrapados en mina de Múzquiz, Coahuila

 


Otra vez la tragedia enluta hogares en la Cuenca Carbonífera

*Hoy rescataron sin viada al trabajador, Mauricio Cortés

Juan Monrreal López

Junio 5 de 2021

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Múzquiz, Coahuila. – Al mediodía de este viernes 4 de junio, una avalancha de agua se apoderó de los socavones de la mina hullera propiedad de la empresa Macarán S.A. de C.V. atrapando entre los túneles a 7 trabajadores, quienes laboraban sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, – tal como trabajan la mayoría de las explotaciones de carbón de esta Cuenca Carbonífera-, sembrando la zozobra, – y ahora se sabe, la muerte-, entre los familiares de los mineros y pobladores de la región.

Ubicada en poblado Rancherías, de este municipio, el pozo minero había sido suspendido por la Secretaría de Trabajo, desde el pasado mes de octubre de 2020 por las grandes carencias de seguridad laboral, sin embargo, en diciembre del año pasado, se volvió autorizar la operación del socavón de parte de los inspectores de la dependencia.

De la inundación de los tiros, 2 trabajadores alcanzaron a escapar.

Fueron quienes detallaron que una pared que obstruía el paso del agua en uno de los tajos mineros se rompió, anegando dos galeras donde se encontraban los 7 mineros atrapados a cuando menos 100 metros de hondura.

De acuerdo a diversas fuentes, el tiro minero es propiedad de Macarán S.A. de C.V. cuyo dueño es Gerardo Nájera Martínez.

Los mineros fueron reconocidos con los nombres de:

Leopoldo Méndez Flores, de 24 años; Pedro Ramírez y Francisco Briseño, uno y otro de 24 años; Damián Robles Arias, de 27; Mauricio Cortés y Humberto Rodríguez Ríos, ambos de 40; Gonzalo Cruz Marín, de 53.

Conocido el accidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de gira por Xpujil, Campeche, mencionó a través de Twitter, haber instruido a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Seguridad, así como a coordinadora nacional de Protección Civil, trabajar de inmediato en el lugar.

De hecho, miembros de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la par de elementos de Protección Civil de Coahuila, policías estatales y municipales, se apersonaron al sitio de la desgracia, iniciando las labores de rescate con los 2 trabajadores que escaparon de los túneles.

Más tarde, alrededor de 250 personas intentaban desalojar el agua de los socavones con la esperanza de rescatar a los mineros.

A la víspera, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, dijo en el lugar que:

“Estas y las siguientes son horas cruciales para el rescate de los mineros. Coahuila no escatima recursos ni esfuerzos en estos trabajos coordinados y la atención a las familias”.

Estableció que:

“No se van escatimar recursos humanos y materiales para poder rescatar con vida a los mineros, tenemos la esperanza de que en alguno de los túneles que existen en el interior de la mina se pudieran resguardar. Las siguientes horas son cruciales por el oxígeno”.

La mina, técnicamente es conocida como una explotación de arrastre, ya que la explotación se realiza utilizado railes y carros mineros que sirven de transporte para entrar y salir del agujero minero.

Familia Pasta de Conchos, había denunciado las condiciones “terribles” de trabajo del socavón

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), reveló que las pésimas condiciones de trabajo prevalecientes en la mina de arrastre propiedad de Macarán S.A. de C.V fueron denunciadas desde octubre del año pasado por la organización Familia Pasta de Conchos.

El Centro ProDH difundió que, desde octubre de 2020, la empresa fue denunciada ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), clientes del yacimiento.

El director General de la paraestatal, fue enterado de “las condiciones terribles” de la veta de carbón, a la vez que le solicitaron entrevistarse para corregir la situación anómala.

En la misiva del 23 de octubre de 2020, Familia Pasta de Conchos, detalló al mandamás de CFE que, “No había agua potable para los trabajadores, estaban en tenis (zapatillas), sin equipo de seguridad, no había consola para medir el gas, ni botiquín, extinguidores, ventilación, y los trabajadores no sabían si estaban registrados en el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social)”, le hicieron saber.

La intención, aseguró en la carta Familia Pasta de Conchos, era tratar de evitar la “repetición de siniestros y fallecimientos evitables en las minas de carbón”.

Por desgracia, el vaticinio se cumplió, hoy en la mañana fue rescatado el cuerpo de Mauricio Cortés, desconociéndose la situación de los demás atrapados.

Aunque el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, externó desde ayer mismo, la esperanza de que los trabajadores hayan podido protegerse de la inundación en las partes elevadas de los socavones, convirtiendo el rescate en una carrera contra el tiempo, por la escasez de oxígeno presente en los tiros mineros.

La tragedia interminable para las familias mineras de la Cuenca Carbonífera

Conocida la tragedia, los familiares llegaron como pudieron al punto del tiro.

Entre la esperanza, la desesperación, arrebatos y la exigencia, hicieron patente la reclamación del rescate de sus familiares

En un recuento de los muertos en accidentes mineros, éste arroja al menos 100 fallecidos en los últimos 15 años.

Muchas vidas, para tan exiguos pagos.

Quizá por eso, el carbón de esta Cuenca Carbonífera, es más negro, por el luto que ha sembrado en los hogares de la región.

Con la tragedia presente, líderes sindicales charros, como Napoleón Gómez Urrutia, secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana  (SNTMMYSRM) difundió en su cuenta de Twitter @NGomezUrrutiaMX que lamentaba mucho el accidente, cuando él junto con su padre, el fallecido Napoleón Gómez Sada,- quien le heredó el sindicato-, es uno de los responsables del accidente por haber protegido por decenas de años a los charros sindicales y patrones insensibles.

Ojalá y el resto de los trabajadores aparezcan con vida.

jmonrreall@yahoo.com

Twitter: @jmonrreall

Veracruz: Daños por requisa unen a cien puertos del mundo

 


Ricardo Ravelo

Junio 4 de 2021

“La IDC brindó su respaldo a la lucha laboral que emprendieron los trabajadores maniobristas del puerto de Veracruz, afectados por la requisa de 1991″…

La International Dockworkers Council, que cuenta con 140 mil agremiados en unas cien terminales portuarias del mundo, brindó su respaldo a la lucha laboral que emprendieron los trabajadores maniobristas del puerto de Veracruz, afectados por la requisa de 1991. Jordy Arangunde, representante internacional de ese organismo, dijo que si el caso no es resuelto por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador podrían emprender acciones internacionales, como paros en terminales marítimas, para que la administración federal resarza los daños y perjuicios causados hace tres décadas. “No existe un caso tan lastimoso e indigno en el mundo como el que sufrieron los maniobristas de Veracruz”, dijo el representante de los obreros portuarios a nivel internacional, de visita por la Ciudad de México.

Los trabajadores portuarios de Veracruz, afectados con la requisa que decretó el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari en 1991, ya cuentan con apoyo internacional en unos cien puertos del mundo, cuyos obreros están dispuestos a realizar paros escalonados en terminales portuarias si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cumple su promesa de devolverles propiedades y derechos laborales perdidos hace tres décadas.

El apoyo que lograron los miembros del sindicato de maniobristas, carretilleros y checadores veracruzanos es nada menos que de la organización International Dockworkers Council (IDC), que cuenta con unos 140 mil agremiados en 48 países. Se trata de obreros de todas las categorías que laboran en unas cien terminales portuarias localizadas en los cuatro continentes.

Jordy Arangunde, coordinador internacional de IDC, dijo en entrevista con SinEmbargo que en el mundo no conocen otro caso como el que enfrentan los trabajadores portuarios veracruzanos, a quienes en 1991 los despojaron de sus derechos laborales, edificios, maquinaria, cuentas bancarias y de la empresa Servicios Portuarios de Veracruz (Serpover), fundada en 1973 por el entonces Presidente Luis Echeverría Álvarez.

“Hemos apoyado luchas laborales, como la que emprendieron unos 500 estibadores en Inglaterra, particularmente en el puerto de Liverpool, hace algunos años. Ese caso fue casi dictatorial y se solucionó. Hay otros, pero nada que se compare con lo causado por la requisa de 1991”, dijo el directivo español de IDC.

La mañana del jueves 3, Jordy Arangunde estuvo acompañado de César Luna, de origen chileno, quien es coordinador de IDC para América Latina y el Caribe, así como por Alejandro Pulido Cueto, apoderado legal del sindicato de maniobristas de Veracruz. Juntos preparaban algunos puntos que tratarían en una reunión, el jueves 3, con Alejandro Pulido García, titular de Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER).

La International Dockworkers Council, que cuenta con 140 mil agremiados en unas cien terminales portuarias del mundo, brindó su respaldo a la lucha laboral que emprendieron los trabajadores maniobristas del puerto de Veracruz. Foto: Especial.

De acuerdo con Pulido Cueto, el funcionario federal tomó el caso portuario con el fin de agilizar su solución. Su tarea, dijo, será vincular a todas las dependencias implicadas en nuestro caso –Secretaría de Hacienda, Sistema de Administración Tributaria, Secretaría de Marina, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia

Financiera– con el objeto de unificar criterios y resolver el embrollo portuario de Veracruz. De esto depende que nos devuelvan nuestro patrimonio.

Pulido Cueto no tiene descanso. Viaja cada semana de Veracruz a la Ciudad de México. Hace quince días, por ejemplo, entregó una copia del expediente completo –con todas las violaciones y agravantes financieras, laborales y humanas causadas por la requisa de 1991– a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a cargo de Julio Scherer Ibarra.

En el área que encabeza Scherer –narra– se analizarán todas las violaciones que acreditan que fuimos despojados de nuestro patrimonio mediante abusos legales y de poder ejercidos en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari; con esas acciones nos quitaron la empresa Serpover, disolvieron nuestro sindicato, nos arrebataron nuestro patrimonio y los edificios que habíamos construido a lo largo de varios años de trabajo. En el expediente obras documentos falsos, firmas apócrifas y decenas de anomalías en las que incurrieron los funcionarios de entonces con el fin de agilizar la requisa y quitarnos la fuente de trabajo y nuestras propiedades.

El caso de violación laboral más grande de la historia reciente es precisamente el que enfrentan los trabajadores portuarios de Veracruz. Con el fin de resarcir los daños y recuperar sus bienes y derechos laborales, el Gobierno federal ordenó que el sindicato de maniobristas recobrara vida. Por ello le asignaron una nueva toma de nota, pues para poder demandar la reparación de los daños era necesario que tuviera personalidad jurídica.

A partir de entonces, el apoderado legal de ese gremio, Alejandro Pulido Cueto, se ha entregado a desenredar todo el embrollo legal, financiero y laboral en el que terminaron enredados en 1991, tras el decreto de la requisa, la cual se ejecutó con exceso de fuerza por parte de la Policía Judicial, el Ejército y la Marina. Los trabajadores fueron echados de su sindicato y no les permitieron sacar ni un solo documento. Incluso, fueron amenazados de muerte.

Al conocer de todos estos antecedentes represivos, Jordy Arangunde afirma que el caso de los obreros portuarios de Veracruz es único en el mundo. Afirma que es posible que no tengan que recurrir a las presiones internacionales para que este asunto se resuelva: “Las reuniones que se han celebrado es un signo de que hay voluntad política. Cuando hay un conflicto como este siempre analizamos los escenarios, el diálogo y la negociación. Si ambas cosas no ocurren entonces recurrimos al apoyo internacional, pues tenemos fuerza y acción sindical a nivel mundial”.

En México están unificados en esta lucha, además del sindicato de maniobristas, la organización sindical Primero de Mayo, que encabeza Leonel Noya, quien está respaldado por IDC a nivel internacional.

Según Alejandro Pulido Cueto, el apoderado legal de los obreros maniobristas, los representantes de IDC –que tiene 22 años de antigüedad defendiendo conflictos laborales a nivel de los puertos del mundo– será clave para llevar a cabo las negociaciones con las empresas que se apropiaron de las actividades portuarias después de la requisa, como es el caso de ICAVE, CICE y Hutchison Port. Esta última –donde los obreros consideran que figura Carlos Salinas como socio a través de testaferros– controla el 80 por ciento de la actividad portuaria en Veracruz. El representante es Jorge Lecuona.

–¿La concesión de Servicios Portuarios de Veracruz está vigente? –se le pregunta a Alejandro Pulido Cueto.

–Si, hay documentos que así lo acreditan. Nosotros tenemos esa concesión, que se nos otorgó por 99 años. Aún nos quedan 30 años de explotación. Éramos los responsables de la primera y segunda maniobra en el puerto. Todo esto nos lo quitaron. En realidad nosotros no queremos causar conflictos, lo que nos importa es que nos devuelvan nuestro patrimonio y que las tres empresas actuales paguen por la explotación tanto de nuestra concesión como de la maquinaria que nos quitaron y que han utilizado a lo largo de tres décadas.

–¿Qué va a pasar con el edificio que era de Servicios Portuarios de Veracruz, donde hoy está operando la Administración Portuaria Integral?

–Ese edificio nos pertenece. Lo construyó el Gobierno de Luis Echeverría y nos lo entregó para que ahí fueran nuestras oficinas. El objetivo en este caso es negociar con el Gobierno. Que nos paguen las rentas de 30 años y ahí puede seguir la API si el Gobierno así lo determina, pero nos tienen que pagar porque el inmueble también nos lo quitaron en 1991.

–Alejandro, ¿crees en el Presidente López Obrador? ¿Por qué estás tan convencido de que habrá justicia en el caso que representas?

–Hay muestras de apoyo. El caso va muy lento, hemos dado muchas vueltas para dar pequeños pasos, pero ha habido voluntad. Estamos muy agradecidos con Marcelo Ebrard, que nos ha apoyado siempre, con la señora Dolores Padierna y Luisa María Alcalde, quien desde la Secretaría del Trabajo nos ha dado muchas muestras de apoyo y deseo de que este caso se resuelva.

–¿Y el Presidente?

–Por él hemos avanzado, sin la voluntad del Presidente este caso estuviera estancado o quizá ni siquiera hubiéramos intentado resolverlo. Como te he dicho, va muy lento, no avanza como quisiéramos, pero los pasos que hemos dado se lo debemos al Presidente López Obrador.

–¿Hay desesperación de los socios maniobristas por las demoras?

–Muchísima. Tenemos mucha necesidad económica. Los socios que quedan están muy grandes de edad y enfermos. Lo peor es que no tienen solvencia financiera. Por eso es que este caso significa justicia para todos. Apelamos que al menos los últimos tiempos que nos queden de vida los podamos pasar con una pensión, a la que tenemos derecho, pues este derecho nos lo truncaron en 1991, pero confiamos en que habrá justicia y que el Presidente no nos dará la espalda.

Manuel Ramos Carrillo; cierre guango, nula propuesta legislativa

 


Es el candidato de “Va por Durango” en el Distrito XII local

Juan Monrreal López

Junio 2 de 2021

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Gómez Palacio, Durango. – Sin falta de dinero; con el apoyo total e ilegal del gobierno del estado de Durango, sumadas a las presiones sobre las organizaciones de autotransporte laguneras para que participaran desde el inicio de su campaña a costo de regalo; además, con amenazas en contra de ciudadanos discrepantes y, levas en las colonias y barrios populares del Distrito XII; no fueron factores suficientes para que Manuel Ramos Carrillo, llenara el estacionamiento del Acertijo Museo Interactivo en su cierre de campaña, con todo y acarreo de los ciudadanos empobrecidos de esta circunscripción.

Convertido en el nuevo proyecto de la familia Herrera Ale, – de la que es hermanastro-, para disputar el próximo año la alcaldía de este municipio, Manuel Ramos Carrillo, le ha inyectado a su campaña de todo. Dinero, amenazas, coerción a los gremios del transporte, cooptación de candidatos de otros partidos- por ejemplo, Patricia Sierra, la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP), abdicó-, apoyos ilegales del gobierno de Durango, todo esto y más, sin conseguir posicionarse como el ganador indiscutible del Distrito XII local; por el contrario; cuanto más se acerca el día de sufragar, las preferencias electorales de las que goza, se asoman  irrisorias, como lo revelan las encuestas que se conocen; Manuel Ramos se encuentra abajo de Eduardo García Reyes “El Profe Lalo”, candidato de MORENA.

Por si fuera poco, el cierre de campaña realizado por Manuel Ramos, en el Acertijo Museo Interactivo, – un espacio administrado por el gobierno del estado, cedido exclusivamente a los candidatos de la alianza Va por Durango. -, no resultó el acto apoteósico que esperaba; apenas unos cientos de acarreados, pero lo peor, reveló a un Ramos Carrillo, sin dotes de orador, pésimo lector, peor dicción y los balbuceos que por 15 minutos enseñaron un discurso anémico con nula propuesta legislativa.

Así que la plancha de cemento del museo, enfrió cualquier ánimo, mientras el maestro de ceremonias, forzado, se desgañitó para obligar a los asistentes de autoconvencerse que van a ganar. Desde el templete, grita “vamos a ganar, vamos a ganar”, frente a unos asistentes abúlicos, desgastados por el sol y calor de los atardeceres laguneros.

Convertido en amo y señor del tiempo de los levados, Manuel Ramos se presentó tarde al evento, al que arribó con una presentación estilo hollywoodense Región 4.

Luego, pasa lista a un grupo de saqueadores de Gómez Palacio, presentes en el evento y, que no han sido castigados, por los acuerdos de mafia que existen en los poderes institucionales del gobierno.

Ensalza al coordinador general de su campaña, Ernesto Herrera Ale.

También enaltece la presencia de Juana Leticia Herrera Ale, que por ahora carece de puestos de representación pero que sueña con ser gobernadora en el año 2021, pese a ser investigada por la UIF y tener denuncias por malversación de fondos públicos.

Con voz desigual, Ramos Carrillo, presume que van a arrasar en las votaciones del próximo domingo 6 de junio.

Abajo del templete, en medio de la gente, los porristas incitan y fuerzan a los acarreados a gritar “vamos a arrasar”; son los que tienen las listas de pagos.

El nuevo proyecto herrerista, para la presidencia municipal en el 2021, dice que “no existen oportunidades y desarrollo para Gómez Palacio”, cuando su hermanastra acaba de dejar un municipio saqueado.

Asegura que “…a nivel federal, le falta integridad al gobierno”, afirma, quien como la mafia, operó cobros ilegales de millones de pesos a los auto transportistas laguneros ( Manuel Ramos Carrillo, “recibió cheque ilegal por 1 millón 260 mil pesos “: auto transportistas; es subsecretario de Gobierno de Durango https://democratanortedemexico.com/2020/06/15/manuel-ramos-carrillo-recibio-cheque-ilegal-por-1-millon-260-mil-pesos-auto-transportistas-es-subsecretario-de-gobierno-de-durango/ ), además que aplicó “Cesto trámite” a las denuncias ciudadanas en contra de la generación de alcaldes corruptos en La Laguna, como Leticia Herrera, Sergio Nevárez, María Luisa González Achem, Judit Marmolejo, sin mencionar a los funcionarios estatales quienes beneficiaron a sus parientes con programas gubernamentales.

Luego ruega:

 “Permítanme ser su empleado desde el Congreso”, cuando se conoce que la mayoría de los ciudadanos que le solicitaron audiencia, fueron bateados por Ramos Carrillo, cuando fungía como sub Secretario de Gobierno en La Laguna.

Y sigue:

“Estoy aquí, porque veo a mi ciudad abandonada, descuidada, maltratada, y con muchas necesidades”, que, sin duda, él ha contribuido a profundizarlas.

Han transcurrido 15 aburridos minutos desde que Ramos Carrillo, empezó a balbucear su perorata, pero las propuestas legislativas, siguen sin aparecer… es, más, nunca aparecieron.

Manuel Ramos Carrillo, es un candidato mentiroso. Se auto presenta como aspirante ciudadano, cuando ha sido militante del PRI toda la vida.

Ramos Carrillo, ya demostró carecer de dotes de servidor público.

Sus antecedentes lo ubican como un abogado patronal que escamotea las liquidaciones de los trabajadores como marca la ley.

La sugerencia es que se regrese al escritorio del departamento legal de la empresa quesera Chilchota S.A. de C.V. porque como servidor público, simplemente no da el ancho, ni tiene la ética que se demanda.

Con los saqueadores que dominan actualmente la vida pública, son suficientes y sobran. No se requieren más.

Ojalá los ciudadanos lo echen del trabajo institucional con sus votos, el próximo 6 de junio. Aunque será difícil; la maquinaria herrerista armada para arrancar los sufragios ciudadanos ese día, ya está en marcha.

jmonrreall@yahoo.com

Twitter: @jmonrreall

Teteles: las herederas de Raúl Isidro Burgos

 


Luis Hernández Navarro

Junio 1 de 2021

“Que seamos hijas de campesinos no les da derecho a que nos traten como nos tratan –dice indignada la vocera de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, de Teteles, Puebla, a las autoridades gubernamentales–. No somos ignorantes. A eso venimos, a prepararnos. A nuestros padres no les alcanzó el recurso para mandarnos a otras instituciones.”

La estudiante carga sobre sus hombros el dolor y el luto por la trágica muerte de sus compañeras, la poblana Mónica Paola, de 22 años, y la guerrerense Iris Yaretzy, de 21. Y el enojo por el desdén con que han sido tratadas. Vestida con el uniforme deportivo de su escuela, tenis incluidos, impecablemente peinada, con el cubrebocas en el rostro, rodeada de sus compañeras y con padres de familia cubriendo sus espaldas como muestra de solidaridad a sus reclamos, sentencia: Pedimos de la manera más atenta al gobierno que ya no sea incompetente. Que resuelva nuestra problemática (https://bit.ly/3oZHpoY).

Teteles, una de las 17 normales rurales que sobreviven en el país, internado donde estudian exclusivamente mujeres, sede actual de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), fundada de 1935, está convulsionada. Sus estudiantes se han movilizado y demandan a las autoridades la solución de un pliego petitorio, en que se incluyen acuerdos incumplidos por el gobierno estatal desde que fueron pactados en octubre de 2013.

Lo que hoy es la Normal Rural Carmen Serdán, se fundó en 1932 en Tlatlahuqui, Puebla, con una cartilla de divulgación socialista, para enseñar a leer y difundir conceptos como plusvalía, lucha de clases y explotación, antes de que se instaurara la educación socialista en el país. No duró mucho en esa comunidad. Desalentadas por el fanatismo clerical de Tlatlauqui –escribe Mary Kay Vaughan, en el extraordinario libro La política cultural en la Revolución. Maestros, campesinos y escuelas en México, 1930-1940–, las autoridades educativas se llevaron la normal a Xochiapulco.

Al frente de la nueva institución estuvo un educador excepcional: Raúl Isidro Burgos. Zapatista, arquitecto de la escuela revolucionaria mexicana, actor clave en la consolidación de normales rurales en Chiapas y Guerrero (Ayotzinapa), vestido de manta y huaraches, donador de su salario a escuelas y pobres, levantó de la nada, junto a sus alumnos y campesinos, las aulas y los huertos de la nueva normal. Su simiente rindió frutos. Cada mañana al despertar, los alumnos interpretaban La internacional. Al poco tiempo, junto a los vecinos, haciendo realidad la reforma agraria, recuperaron tierras de las haciendas de la familia Masip.

Como espada de Damocles sobre su cabeza, la Carmen Serdán ha vivido con la amenaza permanente del cierre. A pesar de la resistencia de los habitantes de Xochiapulco, fue trasladada a Hueyapan y, en 1961, a Teteles. En esta comunidad, en medio de grandes penurias, sin dormitorios ni talleres, durmiendo en catres, con raciones precarias, 37 alumnas comenzaron sus estudios.

Inclaudicables, autogobernadas en el Honorable Consejo Estudiantil, las jóvenes han sido víctimas permanentes de campañas de estigmatización y calumnias. Citando siempre fuentes anónimas, medios como El Sol de Puebla han denunciado que esta institución practica una ideología de carácter socialista, motivo por el que durante las noches se imparten círculos de estudio que se prolongan, en ocasiones, durante varias horas, sin importar que al día siguiente tengan que asistir a las clases de manera normal, por lo que ante cualquier distracción dentro de estos círculos, son rociadas en la cara con agua de chiles hervidos o bien como castigo las hacen correr sobre la pista, sin importar las inclemencias del clima (https://bit.ly/3p4XoSQ).

En la peor tradición diazordacista, sin aportar una sola prueba, el gobernador del estado, Miguel Barbosa, antiguo chucho aliado a Luis Videgaray y hoy morenista (https://bit.ly/3p2oA4o), se ha sumado a los infundios. “Nos preocupa –declaró– que sean obligadas a cosas, que sean forzadas, que se les limite la alimentación o se les quite la alimentación, que se les ponga una orientación ideológica específica.” Encarrerado, acusó a las representantes de la escuela de presionar a las estudiantes “a tomar casetas y robar camiones para financiar fiestas de graduación”.

Las alumnas de Teteles, que, ante la ausencia de intendentes se encargan del mantenimiento y la limpieza de la escuela (su segundo hogar), exigen, desde hace dos años, la intervención del gobierno para la solución de su pliego petitorio. En él se incluyen acuerdos tomados con las autoridades poblanas en octubre de 2013 que no se han cumplido. Ante la negativa gubernamental a honrar lo pactado, sin un diálogo respetuoso por parte de las autoridades, la paciencia de las normalistas se agotó y, para forzar la negociación, recurrieron a acciones más enérgicas, como liberar las plumas de las casetas de peaje.

Las jóvenes piden que se concluyan las obras de infraestructura inconclusas desde hace más de un año y se reparen las dañadas, que se entregue el autobús necesario para realizar las prácticas de campo, que no se suspenda la dotación de las raciones alimentarias y que no se reduzca la matrícula de ingreso.

En Teteles hay duelo y rabia por la muerte de sus dos compañeras, muerte que debe ser esclarecida y castigados los culpables. Pero, también, hay la firme determinación de seguir adelante con su lucha y ser las mejores maestras de Puebla. No en balde son legítimas herederas del legado del profesor Raúl Isidro Burgos.

Twitter: @lhan55

La democracia mafiosa

 


Ricardo Ravelo

Mayo 28 de 2021

“La sangre que corre por todo el territorio indica que en el país ya no se compite por un cargo de elección popular sino por…

Con más de cuatrocientas agresiones a candidatos y poco más de ochenta asesinatos, perpetrados con armas de alto poder y al más puro estilo de la Colombia dominada por los narcos en la década de los ochenta y noventa, la fecha de las elecciones más disputadas de la historia reciente se acerca en medio de balazos, disputas, amenazas, denuncias y ejecuciones.

Pero esta carnicería electoral no ocurre en Colombia: está pasando en México, el país que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a pacificar en su primer tramo de Gobierno y cuyo ofrecimiento no ha cumplido.

Si el acto de votar es considerado “un ejercicio civilizado” –nada más utópico– todo esto queda en mera retórica cuando el proceso electoral se ha convertido en una verdadera barbarie donde ninguna autoridad pone orden. En la guerra política el hombre retrocede a sus orígenes más salvajes, lejos de la civilidad, el orden, la legalidad y el buen juicio. Todo esto está borrado, pues hoy se compite por una alcaldía no con ideas ni con propuestas sino con dinero y armamento, con la metralla. La disputa de una alcaldía es motivo de odios, venganzas, traiciones, amenazas y muerte.

La sangre que corre por todo el territorio indica que en el país ya no se compite por un cargo de elección popular sino por una plaza del narcotráfico, un botín enfermizamente deseado. Y, en el fondo, hay mucho de cierto.

Con las 15 gubernaturas que se van a renovar el próximo 6 de junio los reacomodos criminales son una realidad. Los cárteles que actualmente operan en esos territorios probablemente tendrán que negociar con el próximo Gobernador o bien desatar una oleada de violencia más cruenta para apropiarse del territorio y convertirlos en feudos de su propiedad.

Es muy posible que más de un grupo criminal desate la guerra a otra organización rival para echarlo de la plaza; también es muy viable que los próximos mandatarios utilicen a sus aliados del crimen para llevar a cabo las tradiciones “operaciones barredora”, que consisten en desatar una oleada de matanzas para eliminar a los narcotraficantes enemigos. No es descabellado que, desde las cúpulas del poder político o empresarial, se conformen grupos armados y paramilitares para echar de las plazas a los viejos dueños una vez que un nuevo jerarca ha llegado al poder central de alguna de las entidades en disputa.

Todo esto se ve venir dada la intensidad de la lucha electoral, que también es criminal, y que se disputa igual que el crimen organizado pelea por un territorio, así como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) irrumpió en Aguililla, Michoacán, o en Guanajuato para enfrentar a José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, cuando este criminal detentaba el poder en El Bajío.

No hay ninguna diferencia entre la disputa política y la criminal. En los hechos es lo mismo: se trata de lucha territorial que se gana con violencia, con dinero público –o del crimen– y con asesinatos de contrincantes.

Pero pese a esta carnicería electoral hay quienes afirman que este ejercicio es democrático y civilizado. Parece que nadie ve cómo corren los ríos de sangre y cómo caen los candidatos masacrados después de pronunciar un discurso, al término de una gira o en plenos recorridos tanto en zonas rurales como urbanas. En cualquier rincón aparece la mano asesina, el comando, la emboscada; el crimen

organizado impone su ley frente a un Gobierno y un árbitro electoral –el INE– impotentes o cómplices de la barbarie.

El escenario no podía ser más caótico. No se recuerda un proceso electoral tan agitado por la violencia como el actual, aunque hay que decir que el narcotráfico siempre ha sido un elector letal. No negocia ni hace política: corrompe o mata. Esa es su ley y hoy es más que evidente en todos los rincones del país donde priva un atroz vacío de poder porque a lo largo de más de dos años y medio de Gobierno no se les ha combatido ni con palabras.

Llama la atención que mientras el país se le deshace en violencia y asesinatos el Presidente Andrés Manuel López Obrador –hábil en la evasión de las realidades que políticamente lo taladran– diga que la prensa amarillista es la que pone énfasis en la violencia electoral. Entre lo importante y lo periodístico, la prensa ha optado por lo segundo simplemente porque todos los días es noticia el asesinato de un ser humano que contiende por un cargo de elección popular. Y es noticia porque hay balazos, armamento de alto poder y porque el crimen organizado está convertido en el gatillero de una mafia que lo ha dejado suelto e impune.

El mismo mandatario sabe, y de sobra, que el territorio que dice gobernar está controlado en un elevado porcentaje por las redes del crimen organizado: en total con 16 cárteles los que están desatados por todas partes y ejercen violencia de manera impune. Ninguna autoridad pone un alto, ni el Ejército, cuya presencia es verdaderamente escandalosa en el país. Los militares son espectadores de yeso frente a la ola de matanzas.

A esto debe sumarse que más del 60 por ciento del territorio no está controlado por el Estado. Hay vacío legal en gran parte del país y ahí donde hay ausencia de legalidad impera el crimen, la política criminal y la llamada narcopolítica, flagelos que el Presidente elude reconocer.

Lo que es un hecho claro es que en las elecciones del próximo 6 de junio serán electos –o impuestos–cientos de candidatos del crimen organizado: una nueva cauda de políticos financiados por las redes mafiosas arribará a las gubernaturas, a las alcaldías, a los congresos estatales y, por su puesto, al Congreso de la Unión. Así, ningún cambio se avizora prometedor para el país.

Esta es la democracia que se festina, una democracia criminal por no llamarla mafiocracia. Ante esta realidad bien cabe preguntar: ¿Qué tanto vale la pena votar el 6 de junio si desde hace décadas ocurre lo mismo y el país simplemente no sale de su atraso? ¿Con qué bases se construye esa democracia? ¿Con balazos, asesinatos y financiamiento mafioso? Se persigue el ideal democrático, pero no se practica, en los hechos, la democracia. Todo queda en mera ideación, pues los ideales muchas veces no conducen a las acciones. Es el eterno retorno a la esperanza frustrada. Por ello, esa llamada democracia mexicana sigue siendo una ilusión que desata pasiones y arrastra a los creyentes, igual que lo hacen las iglesias y las mezquitas. El 6 de junio será como un llamado a misa. Unos irán a lanzar peticiones al aire frente a un ídolo de barro y otros acudirán a votar creyendo en un cambio que nunca llega. Y así, por siempre, en la eterna frustración.

A lo largo de los siglos los gobiernos y las iglesias han ofrecido un paraíso y jamás han cumplido. La sociedad –pobre sociedad– sigue creyendo que el bienestar depende de la creencia y de los políticos. Nada más falso. Actualmente la política sigue sirviendo a los intereses fácticos y la sociedad poco o nada les importa. Los políticos ya son una clase mafiosa que busca afanosamente el poder –con balas, asesinatos, amenazas y cañonazos de dinero– para entronizarse en la cúspide del poder, enriquecerse y sentirse poderosos porque, fuera del poder político, para ellos la vida no tiene ningún sentido.

Este proceso electoral pasará a la historia como uno de los más violentos y desaseados. El Presidente Andrés Manuel López Obrador –un candidato más que hace campaña desde Palacio Nacional– rompió las reglas del juego y nadie lo sometió a la legalidad; los gobernadores se pasean por doquier inaugurando obras, impulsando a sus candidatos y financiando las campañas de sus aliados. El INE, donde se pregona la legalidad, pero no se aplica en forma equitativa, observa lo que le conviene, pero

deja impune muchos actos ilegales que son claros a todas luces. Es evidente que el árbitro ha quedado rebasado.

Y el narco, en lo suyo: amenazando y matando.

Esta es la democracia y la civilidad.

¡Qué horror!