martes, 30 de septiembre de 2008

Miente Grupo México sobre condiciones en Pasta de Conchos: sindicato minero


■ Señala que son falsos los supuestos estudios que la firma y el gobierno ordenaron elaborar

■ Las viudas de los obreros comprobaron que el rescate de cuerpos es posible, asegura el gremio


Patricia Muñoz Ríos


Son falsos los supuestos estudios que el gobierno federal y Grupo México mandaron elaborar sobre la mina ocho, unidad Pasta de Conchos, en Coahuila, según quedó demostrado por viudas de los obreros, quienes ingresaron el domingo y llegaron hasta la diagonal 15, señalaron integrantes del sindicato minero.


Es decir, añadieron en conferencia de prensa, la viudas estuvieron a 200 metros de donde se encuentran los cadáveres, por lo que comprobaron que no hay gases en la mina, que el rescate es posible y que las autoridades mintieron acerca de que iban a quitar esa concesión al consorcio.


Agregaron que en dos años y medio van más de 100 trabajadores muertos en este sector. Ochenta de dichos decesos ocurrieron en sitios pertenecientes a Grupo México.


Otras defunciones han acaecido en sitios de Altos Hornos de México, Peñoles y Frisco, y no se ha hecho justicia, abundaron.


Por el contrario, son “dolorosos y crueles” los engaños y la cantidad de mentiras que el gobierno federal ha dicho a los deudos, como en el caso de los muertos en Pasta de Conchos.


Carlos Pavón, secretario de asuntos políticos del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, sostuvo que es evidente que las autoridades laborales han actuado en el “crimen industrial” de Pasta de Conchos, cubriendo la responsabilidad de la empresa, y a las viudas no les han hecho caso en su demanda de recuperación de los cuerpos, la cual es totalmente factible de llevarse a cabo.


De hecho, aseveró Pavón, “los mineros del país retan al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, a que baje a la mina y compruebe por sí mismo las condiciones en que se encuentra”.


Sostuvo que en todas las aristas del conflicto minero el gobierno federal no ha apoyado a los trabajadores y aprovechó para desmentir que el dirigente del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, vaya a pedir asilo político en Canadá, ya que “tiene visa indefinida, denominada ‘por humanidad’, por la persecución que hay en su contra”, y no necesita más.


Acerca de las próximas acciones que se van a tomar en relación con Pasta de Conchos, anunció que los deudos decidirán en los siguientes días si vuelven a ingresar a la mina, y el sindicato está dispuesto a apoyarlos, ya que aunque la organización no posee maquinaria, sí podría conseguir una bomba para sacar las aguas negras que impidieron llegar hasta los cuerpos.


Sin embargo, aclaró que realmente para hacer eso se requeriría de un permiso gubernamental, porque tendría que intervenir el Ministerio Público.


Al respecto, Juan Luis Zúñiga, primer vocal del consejo general de vigilancia y justicia de este sindicato, apuntó que el ingreso de las viudas y otros familiares a la mina no se hizo de manera irresponsable.


Aseguró que los deudos llevaron equipo, sobre todo medidores de gas metano, los cuales marcaron todo el tiempo “cero”, dado que este gas se genera sólo cuando se explota el carbón, es decir, cuando hay actividad productiva en la mina.


Expresó que es absolutamente absurdo que Grupo México anuncie que hará denuncias penales contra quienes ingresaron a la mina, ya que los culpables del “asesinato industrial” están libres, mientras a los deudos se les ha negado el mínimo derecho a enterrar a sus muertos.


En tanto, Carlos Pavón expuso que con el ingreso y la salida sin percance alguno de la mina, las viudas demostraron que “son totalmente falsos los supuestos estudios oficiales y las versiones de que las condiciones de inseguridad reinantes en la mina hacían absolutamente imposible y mortal el ingreso de personas a la misma”.


Indicó que también es falso lo que dice la STPS de que ya no tiene responsabilidad laboral en Pasta de Conchos, pues no se ha liquidado a todo el personal, ni se ha llevado a cabo el proceso para dar de baja la sección sindical en esta unidad minera.


Foto Agencia Infonor

La Jornada 30/09/2008

lunes, 29 de septiembre de 2008

Familiares de muertos en Pasta de Conchos entran a la mina

Echan abajo versiones de la empresa de que no es posible el rescate


■ Afirman que llegaron a la diagonal 15 sin problemas
Patricia Muñoz y Leopoldo Ramos (Reportera y corresponsal, La Jornada)


Movilizaciones por el rescate


Las viudas y familiares de los trabajadores muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, entraron ayer “con sus propios medios” a esta mina, e informaron que pudieron ingresar a los cañones o galerías de la misma y que es falso lo que dicen autoridades y empresa, ya que “sí se puede proceder al rescate de los 63 cuerpos”; incluso retaron al secretario del Trabajo, Javier Lozano, a que “deje la comodidad de sus oficinas y las acompañe a un nuevo ingreso”.
El pasado 13 de agosto, viudas de los mineros ofrecieron una conferencia de prensa en la que anunciaron que “ante la indiferencia de las autoridades laborales y del gobierno federal” para atender su demanda de rescate de los cuerpos, establecían un plazo de un mes y medio para que se les diera una respuesta concreta o ingresarían a la mina a sacarlos por su propia y cuenta y riesgo”.

Ayer se cumplió el plazo y las viudas cumplieron su palabra, aún cuando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reiteró que no hay condiciones de seguridad para realizar ningún trabajo en la mina, e Industrial Minero México (IMMSA) advirtió que levantará denuncias penales ante el Ministerio Público contra quienes ingresaron a Pasta de Conchos, por ser un acto “irresponsable”, debido a las condiciones inestables que prevalecen en esta unidad.

Así, al frente de la expedición a esta mina estuvieron las viudas Rosa María Mejía, Tomasa Martínez y Claudia Escobar, así como Gilberto Ríos Ramírez, padre de uno de los fallecidos la madrugada del domingo 19 de febrero del 2006. También descendieron Daniel Cossío Ríos, representante de la sección 64 del sindicato minero, quien trabaja en el área de Refinería de la empresa Met-Mex Peñoles, localizada en Torreón; Fernando Acosta, activista de la otra campaña y Cristina Martínez Pacheco, del organismo civil Otra Obrera.

Luego del descenso que duró de las 14 a las 18 horas, informaron que llegaron hasta la diagonal 15, y que en la número 17 se supone que yacen los cuerpos de los mineros; que la cantidad de gas metano que hay adentro no es “extraordinaria” y que hay algunas inundaciones donde el agua llega a medir hasta un 1.20 metros, pero esto se podría resolver con bombas extractoras y que se pudo comprobar que los cañones o galerías están totalmente transitables, incluso sin necesidad de equipo especial, por lo que en ningún momento el descenso puso en peligro sus vidas.

Por ello, las viudas dijeron al secretario del Trabajo “que los acompañe cuando él lo desee y penetre en la mina, y deje de agredirlas con sus declaraciones alarmistas e ignorantes de lo que realmente sucede, con la finalidad de solapar y encubrir a Germán Larrea Mota Velasco, de Grupo México, y a Xavier García de Quevedo, (que señalan) que no hay condiciones seguras para entrar a los socavones” .

Ante esos hechos, Industrial Minera México reiteró que no hay condiciones para el rescate, y que en cambio, presentará las denuncias correspondientes por “allanamiento, cometer despojo” e ingreso a Pasta de Conchos. Señaló que “descender unos cuantas docenas de metros no prueba nada y es fútil”, pero ir a los túneles a 180 metros de profundidad y a más de medio kilómetro, como se pretende, “es jugarse la vida, aún para expertos bien equipados”.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo hizo ver que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico señaló que no hay condiciones de seguridad en dicha mina y llamó “irresponsables” a quienes alientan a los familiares de los mineros a “aventuras sin fundamento”.

La STPS marcó distancia, al sostener que “las relaciones laborales en Pasta de Conchos fueron terminadas en noviembre de 2006, por lo que a esta dependencia ya no le corresponde atender los asuntos relacionados con la mina”. Sólo la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo tiene la representación de más de 50 de los 65 casos de reclamación de derechos laborales de los mineros fallecidos.

Divide a familiares de mineros ingreso a Pasta de Conchos

Mientras que varias esposas, madres y hermanas de los muertos por la explosión del 19 de febrero de 2006 entraron a la mina ocho de ese complejo, otros grupos lamentaron la intromisión de intereses ajenos a los de las viudas.

Lun, 29/09/2008 - 19:38


Ciudad de México.- Los familiares de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos comenzaron a dividirse por el interés de entrar a ese centro de trabajo para rescatar a los 63 cuerpos que aún permanecen sepultados.

Mientras que varias esposas, madres y hermanas de los mineros muertos por la explosión del 19 de febrero de 2006 entraron a la mina ocho de ese complejo, otros grupos lamentaron la intromisión de intereses ajenos a los de las viudas.

La organización "Familia Pasta de Conchos", del que forma parte el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), desmintió que familiares de todos los mineros fallecidos hayan ingresado el domingo pasado a la mina.

En un comunicado, esta organización indicó que "nosotros nos hemos opuesto a entrar a la mina por obvias razones"; la seguridad, dijeron, es inexistente y podrían entrar otras personas, pero los familiares no lo han hecho.

Los integrantes de CEREAL señalaron que tampoco han querido entrar a la mina porque "estamos a la espera de las recomendaciones que debe hacer en breve la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los sucesos que han ocurrido del 19 de febrero de 2006 a la fecha.

Por su parte, la empresa Industrial Minera México insistió en que la mina es altamente inestable y sumamente tóxica por las altas concentraciones de gas metano y en algunas zonas potencialmente explosiva.

En su momento, el subsecretario del Trabajo y Previsión Social, Alvaro Castro, dijo que el foro consultivo científico y tecnológico que analizó las condiciones de la mina determinó el 5 de octubre pasado que las condiciones al interior del túnel son poco favorables y no es aconsejable ingresar.

Recordó que desde noviembre de 2006 las relaciones de trabajo en la mina Pasta de Conchos se dieron por concluidas y el dictamen del comité científico y tecnológico fue turnado a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Minas y a la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con el funcionario, ahora es la Secretaría de Gobernación la que determina que no hay condiciones de seguridad para el ingreso a la mina y que no es aconsejable entrar por razones de protección civil.

Alvaro Castro ha reiterado que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no tiene derecho ni interés alguno en limitar las acciones que quieran desarrollar los familiares de los mineros muertos.

Sin embargo, aclaró que esta dependencia sí tiene la obligación, como todas las instituciones, de advertir sobre los riesgos que corre cualquier persona al ingresar a esa mina potencialmente explosivas.

Notimex

Y ahora, la guerra interna

Ricardo Ravelo

El sometimiento de los miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que se niegan a pasarse a las filas de la Policía Federal Preventiva, llevó al clímax las diferencias entre el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Aunque sofocado su movimiento, los llamados afis sostienen que la única solución al problema es la renuncia de García Luna a su cargo, pues se empeña en dejar a la PGR sin su brazo operativo: la AFI.

La pugna entre el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, impactó contra la estructura de las policías federales en el momento de mayor violencia.

A la desorganización que priva en las instituciones en la lucha contra el narcotráfico se suman ahora las protestas y los paros de cientos de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el modelo policiaco más publicitado durante el sexenio de Vicente Fox. Los agentes inconformes se niegan a engrosar las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP) pues, arguyen, fueron capacitados como investigadores, no como policías de reacción.

Y se quejan porque, dicen, sus superiores intentan hacerlos firmar un contrato para incorporarse a la nueva Policía Federal cuando el proyecto de unificación de ambas corporaciones aún no se discute en la Cámara de Diputados.

Sin coordinación ni orden estructural, tanto la AFI como la PFP muestran signos de inoperancia. A pesar de que ambas dependen operativamente de la Secretaría de Seguridad Pública, aunque en materia administrativa la primera sigue ligada a la PGR.

Los choques entre la procuraduría y la SSP se agudizan en momentos en que el gobierno federal busca aumentar el presupuesto en materia de seguridad para 2009. De aprobarse la propuesta, la dependencia que encabeza García Luna puede convertirse en la segunda institución con mayores recursos, después de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las inconformidades de los afis derivaron en crisis el martes 23, cuando 150 agentes de esa corporación marcharon por la avenida Reforma y se plantaron frente a las instalaciones de la PGR en protesta por la unificación de las policías federales. "Eso nos deja en completa vulnerabilidad laboral", dijeron.

Una comisión de afis entregó a las autoridades de la procuraduría un pliego petitorio en el que manifestaron su temor a ser desplazados si su corporación desaparece; así mismo, pidieron incremento salarial, pues, dijeron, ganan menos de 2 mil 500 pesos quincenales, y mejor armamento para enfrentar con eficacia a la delincuencia organizada.

Durante el bloqueo a los carriles laterales de la avenida Reforma, Enrique Benitez Álvarez, un agente con categoría C y siete años de servicio, expuso que en los últimos meses los agentes de la PFP se han apoderado del equipo de trabajo de la AFI, entre otros, automóviles, helicópteros, detectores de droga, explosivos, armas, así como buena parte del equipo canino.

Otros compañeros suyos declararon que son presionados por funcionarios de la SSP, entre ellos el propio Genaro García Luna, quienes los conminan a salirse de la AFI y pasarse a la PFP. Relataron que sus jefes les aplican exámenes rigurosos y les advierten: "O te pasas a la PFP o renuncias".

El problema se agudizó la noche del jueves 25. Luego de dos días de plantones y marchas, elementos de la PFP, al mando del subsecretario Luis Cárdenas Palominos, tomaron el control de la AFI, cuyos agentes se habían entrevistado horas antes con dipu-tados para explicarles su situación.

Los legisladores Alberto Esteva Salinas y Layda Sansores, del Partido Convergencia, así como David Mendoza Arellano y José Jacques, del PRD, escucharon las demandas de los policías y luego hicieron un recorrido por las instalaciones de la AFI. Más tarde surgieron las confrontaciones y agentes de la PFP desarmaron a decenas de afis; les quitaron sus celulares y les exigieron permanecer en su área de trabajo hasta recibir nuevas instrucciones.

En este operativo, similar a los que realizan contra la delincuencia organizada, los agentes de la PFP pidieron apoyo de las Fuerzas Federales de Apoyo y, para tomar el control total de las instalaciones de la AFI, solicitaron refuerzos al Agrupamiento Femenil de la PFP.

Diferencias

La crisis entre las corporaciones policiacas federales no es nueva. Surgió a principios de sexenio, cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ordenó el cambio de uniforme. Los primeros en protestar fueron los agentes de la Policía Federal de Caminos, quienes se negaron a cambiar su uniforme beige y verde olivo por uno azul.

Varios elementos de esa corporación acusaron a García Luna de pretender "despersonalizar" a la institución, una de las más antiguas del país. El uso de la nueva indumentaria generó más problemas: los agentes no encontraron las tallas adecuadas y tuvieron que comprar el uniforme para evitar suspensiones y castigos.

A poco más de 20 meses de que el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, la violencia sigue escalando, mientras que la división entre las policías es cada vez más abierta.
Al interior de la PFP y de la AFI, por ejemplo, persisten las filtraciones de información, las traiciones, y se mantienen impunes varios asesinatos planeados presuntamente desde la SSP, como los de los agentes Édgar Millán e Igor Labastida, presuntamente perpetrados por sicarios del cártel de Sinaloa.

El comisario Javier Herrera Valles, excoordinador de despliegue regional de la PFP, asegura que durante los operativos conjuntos en Michoacán, Guerrero, Tijuana y Nuevo León, entre otros, la descoordinación fue el principal problema. "No hicimos trabajo de inteligencia".

A principios de 2007, el presidente Felipe Calderón presentó una iniciativa de ley para unificar a las policías federales bajo un mando único. El proyecto se basó, en buena medida, en las recomendaciones de García Luna, quien pretendía -y aún persiste- concentrar toda la fuerza policial del país en un solo mando.

La iniciativa sigue congelada en el Congreso. El presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Dipu-tados, Juan Rivera Bedoya, considera que el proyecto es peligroso e inviable. Según él, no es sano concentrar tanto poder en una sola dependencia.

Sin que el proyecto fuera sometido a discusión, García Luna aceleró la unión de la AFI y de la PFP mediante el acuerdo 05/2007, publicado el 25 de abril de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, y enseguida creó la instancia de coordinación única.

Las confrontaciones

Hasta el pasado 30 de marzo, la Policía Federal contaba con 24 mil 533 efectivos: 18 mil 640 eran elementos de la PFP; 5 mil 893, investigadores de la AFI.

A esta fuerza policial se suman los 370 mil policías estatales agrupados en poco más de mil 600 cuerpos de seguridad. Hasta ahora ha sido ineficaz para detener la ola de violencia del crimen organizado.

Por si fuera poco, los titulares de la PGR y de la SSP, Medina Mora y García Luna, siguen enfrascados en una pugna de poder que se inició con el sexenio, cuando Ardelio Vargas Fosado, recién nombrado alto comisionado de la PFP y coordinador de la AFI, se enemistó con García Luna.

Incluso presentó su renuncia y se incorporó a la PGR invitado por Medina Mora. Los desencuentros entre el procurador y García Luna continuaron. Un episodio más de la confrontación se dio a finales de agosto, cuando en una reunión del gabinete de seguridad ambos funcionarios se acusaron mutuamente de las fallas en materia de seguridad, en particular por el secuestro y muerte del joven Fernando Martí.

En aquella ocasión, ambos discutieron por las diferencias entre las corporaciones que cada uno dirige. Y en medio de esas diferencias, el jueves 25 García Luna dijo que los agentes de la AFI que protestaron son parte de los grupos que rechazan someterse a los exámenes de control de confianza, afirmación que los afis rechazan.

Dijo el titular de la SSP: "El motivo de la marcha (del martes 23) es que se está instrumentando un esquema donde toda la policía sin excepción pase a registro completo de voz, huellas, de ADN, para tener la referencia completa de cada policía y, en particular, de los que se incorporen a la Policía Federal, si pasan".

García Luna no se refirió a las causas de las protestas de los agentes, ni dijo si eran válidas o exageradas; tampoco aclaró si la SSP está conformando a la Policía Federal desde 2007 sin que esté constituida legalmente, lo cual fue uno de los principales reclamos de los agentes que protestaron.

El martes 23, cuando los afis realizaban un plantón frente a la PGR, el procurador Eduardo Medina Mora ofreció una entrevista radiofónica en la que habló de los esfuerzos de la institución que encabeza contra el crimen organizado.

Ahí mismo se refirió al desorden policiaco, a la protesta organizada frente al edificio central donde despacha y al proyecto de unificación de las policías federales:

"Estos procesos administrativos naturalmente conllevan un ajuste que tiene que hacerse respecto del personal; es decir, personal que tiene que dejar de prestar servicios en una institución y brindarlos en otra. Necesitamos ver que los derechos laborales de todos sean garantizados y ese es el punto crítico de esta protesta.

"La reforma constitucional, en el rescate de la reforma al artículo 123 constitucional, plantea con toda claridad que se puede, evidentemente, dar por terminada la relación de trabajo de policías, ministerios públicos o peritos, siempre que, desde luego, se les dé la indemnización correspondiente en términos de ley. Aquí estamos planteando este proceso y hay, evidentemente, expresiones de inconformidad, pero tienen que irse canalizando."

Después de que personal de la PFP tomó el control de las instalaciones de la AFI, el viernes 26, agentes de esa corporación insistieron en que continuarán protestando debido a que sus garantías laborales están en riesgo. Y expusieron que la única solución al problema es la renuncia de García Luna como titular de la SSP, quien se empeña en dejar a la PGR sin la AFI, su brazo operativo.

Proceso 28/09/2008

Jalísco: Las entrañas de la narcopolicía

GUADALAJARA, JAL.- Policías municipales y estatales, así como personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJ), enviaron a la Presidencia de la República un documento en el que denuncian que el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y sus principales colaboradores están relacionados con la delincuencia organizada.

Casi un centenar de policías acudieron a las oficinas de Proceso Jalisco en Guadalajara y entregaron una copia de su denuncia. Afirman que también enviaron el documento a los congresos local y federal para "desenmascarar" a Nájera.

En el documento, titulado La otra cara de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, se incluyen los nombres de funcionarios de la PGJ y de la Secretaría de Seguridad Pública que presuntamente reciben dinero del hampa, y se describe cómo se supone que colaboran con los cárteles del Milenio y de Sinaloa.

Entre otros indicios de los supuestos vínculos ilícitos, se afirma que Nájera asistió a una fiesta en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, acompañado de los directores de la Policía Estatal y la Preventiva, Alejandro Solorio Aréchiga y Fernando Andrade Vicencio. Ahí -sostienen-, los funcionarios se reunieron con capos del narcotráfico como Juan José Esparragoza El Azul, El Matrix e Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín El Chapo Guzmán.

En esa ocasión, añaden los denunciantes, funcionarios y narcotraficantes fueron custodiados por elementos estatales, "quienes retiraron a los policías municipales de Zapopan".

Formaban parte del grupo Ricardo Trejo González y Miguel Ambriz López, exfuncionarios del cuerpo antimotines, quienes renunciaron debido a que en el registro de llamadas del celular de un presunto zeta se encontraron los números telefónicos de ambos.

Al actual director de Antimotines, Óscar Reséndiz Ugalde, quien fue escolta de Nájera Gutiérrez cuando encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalajara, le atribuyen el control "de los distribuidores de droga de San Juan de Dios".

En su documento, los policías aseguran que el tercer comandante José Martín Muñoz Loza y el director de la policía auxiliar, Hernán Guízar, reciben pagos mensuales en dólares de los narcotraficantes asentados en Jalisco. Agregan que Julio Sánchez Flores, jefe de escoltas de Nájera Gutiérrez, se encarga de recoger ese dinero.

Los agentes inconformes narran también que el 24 de marzo de 2006, en el cruce de las calles José Arteaga y Carlos A. Carrillo, colonia Echeverría, de Guadalajara, fue asesinado el policía Martín Mercado Trujillo. Al jefe de grupo que inició la investigación lo quitaron del caso y lo sustituyeron por Alfonso Contreras, hombre de confianza de Nájera, quien cuidó que su nombre no apareciera en las pesquisas.

Entre los colaboradores de Nájera acusados de corrupción se encuentra el comandante Luis Gaeta, quien "durante seis años como encargado de la zona 5 de Guadalajara controlaba las 'tienditas' de narcomenudeo".

De igual forma, en el documento se revela que el director general del Centro de Comunicaciones, mejor conocido como 066, Héctor Navarro Nava, "informa a los narcotraficantes sobre operativos para que huyan antes de que llegue la policía".

Otro funcionario señalado es el titular de la Dirección General de Prevención y Rea-daptación Social (Digpres), José González Jiménez, quien, se asegura, desde que llegó al cargo ha otorgado muchas facilidades a delincuentes de alta peligrosidad.

Como parte de esta red delictiva se incluye a varios policías acusados de "robar vehículos y remarcarlos", así como de extorsionar a los distribuidores de drogas con base en las denuncias anónimas recibidas en Preventel, que ellos atienden. Se trata de los agentes Juan Aguilar Cruz, Arturo Anguiano Martín del Campo El Golondro, El Oaxaca, y Fernando López Flores El Lobo, que "es el encargado del grupo y quien entrega la mensualidad al jefe de escoltas de Nájera".

"Delincuencia protegida"

Los elementos de la PGJ señalan que el comandante de Homicidios Intencionales y Asuntos Especiales, Miguel Hernández Cuéllar, le regaló una camioneta Hummer a su jefe, Marco Antonio El Bambam Venegas Mendoza, coordinador de la Policía Investigadora. En la denuncia se indica que a este jefe policiaco los narcotraficantes le pagan su cuota en dólares.

El propio Hernández Cuéllar recibe camionetas de lujo -agregan- a cambio de no investigar ciertos homicidios, e incluso "se quedó con el dinero de dos personas (a las) que mataron sobre Mariano Otero y Félix Cornejo, en el paso a desnivel".

Y cuando la policía encontró en una camioneta Lobo un cadáver que traía la foto de un narcotraficante conocido como El Señor de los Caballos, en la calle Inglaterra, el comandante Hernández Cuéllar recibió un pago por no investigar más el homicidio.

El oficial, añaden, cobró 2.5 millones de pesos por desviar las investigaciones sobre la ejecución múltiple de abogados en la colonia Providencia, perpetrada el pasado 13 de marzo.

En ese caso, Hernández Cuellar "culpó de los hechos a unos sujetos que detuvieron en una camioneta Explorer en Zapopan", y el comandante Alberto Rayas se molestó porque no recibió su parte del dinero, por lo cual pidió al subprocurador "A", Jorge David Delgadillo Báez, que ordenara el cambio de varios jefes de grupo de Homicidios.

A raíz de esa presión, añaden los elementos de la PGJ, el comandante Hernández Cuéllar fue enviado a Tlajomulco de Zúñiga, donde empezó a recibir "200 mil pesos mensuales por parte de Los Zetas". En este municipio el oficial tiene otra ventaja: "su hermano tiene un rancho al lado de una propiedad del narcotraficante y actual regidor Quirino Velásquez", aseguran.

Y ofrecen detalles sobre otros delitos cometidos por elementos de seguridad bajo la protección de altos mandos estatales:

"En el área de homicidios y secuestros se dedican a ejecutar personas y a darles levantones utilizando vehículos particulares, de los que no remiten y se quedan con ellos, aun cuando están inmiscuidos en homicidios o secuestros. Todos los homicidios son negociados cuando son del narcotráfico."

Revelan que hay cuartos donde a los detenidos los desnudan, les vendan los ojos, los amarran de pies y manos, les ponen una franela en la boca y les echan agua para que sientan que se ahogan.

Ahí mismo, prosiguen, "los golpean para que se declaren culpables. Aunque hay cámaras de video, no funcionan, para que no quede grabada la tortura. Si los detenidos cometieron un delito, les echan tres o cuatro averiguaciones para que bajen las estadísticas. Los que torturan son los de las áreas de homicidios, secuestros y vehículos robados. A los detenidos los conducen a casas de seguridad y los sacan por la Calle 16, donde no existe control de entrada y salida".

Los policías inconformes aseguran que "la intención de esta denuncia es dar a conocer a la opinión pública la verdadera cara del funcionario que está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública", y enfatizan que las mismas irregularidades se cometen en la PGJ.

Consideran que no se debe de llamar "delincuencia organizada a lo que en realidad es delincuencia protegida. Detrás de un gran capo hay un gran policía, detrás de un gran policía hay una gran autoridad ministerial y detrás de ambos hay un gran político o grupo de políticos corruptos".

Ante esta grave situación, demandan al presidente Felipe Calderón la "presencia de las autoridades federales para salvaguardar la seguridad en las calles, mientras se realiza una verdadera depuración a los cuerpos de policía".

A su vez, piden al gobernador de Jalisco que abra una investigación contra Nájera y que "lo retire inmediatamente del cargo, so pena de que sea el propio Emilio González Márquez el nuevo capo, que permite y protege y controla a los grupo de narcotraficantes asentados en el estado".

Finalmente, a los diputados y partidos políticos les solicitan "que fijen inmediatamente su postura respecto de los hechos y se desmarquen públicamente de cualquier grupo delictivo".

Proceso 28/09/2008

Astillero

Julio Hernández López Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Diccionario político

■ Hablar de acuerdos

■ Zócalo vivo

■ Asesores ¿renuncian?



Andrés Manuel López Obrador habló ayer por primera vez de la posibilidad de llegar a un acuerdo con sus adversarios. Veinteiséis meses después del fraude electoral que le quitó la Presidencia de la República, con una nación en crisis múltiple y una administración federal tan ciega, soberbia y torpe que podría empujar al país a una catástrofe, el tabasqueño abrió una puerta política en busca de una “salvación nacional”. El planteamiento de una posible negociación con el PRI y el PAN (por conducto del Congreso federal) debería ser material muy valioso si del otro lado del mostrador hubiera valuadores con capacidad para entender que en estos momentos la postura del lopezobradorismo equivale al lanzamiento de un salvavidas político, desde una embarcación contraria, en vísperas de un naufragio anunciado. Así fuera para ganar tiempo, el calderonismo debería tomar la insólita palabra al jefe de un movimiento vivo, activo y organizado para batallas inmediatas, y hacer contrapropuestas que permitieran avanzar en formatos de discusión y entendimiento.


Sin embargo, el actual ocupante de Los Pinos no está en condiciones de contravenir la política económica que favorece a las cúpulas que le impusieron en el poder formal. El diagnóstico presentado ayer por AMLO es contundente en cuanto a demostrar, con datos que conviene leer y analizar, que hasta ahora “aunque cruda, ésta es la realidad. La espeluznante verdad: en México la riqueza de unos (pocos) se ha edificado con la miseria de otros (muchos)”. Si Calderón tuviera libertad de movimiento, genuina disposición para llegar a acuerdos por el bien nacional, visión de Estado y olfato político, exploraría las posibilidades de aprovechar el ofrecimiento de sus opositores firmemente sobrevivientes (a pesar del diario bombardeo mediático y político) y trataría de pasar del sometimiento actual en que lo mantienen unos cuantos poderes fácticos a un escenario plural en que la izquierda sirviese de contención, contrapeso y plataforma de avance. Pero el panista michoacano no puede intentar correcciones económicas de fondo y tampoco puede atreverse a retirar la iniciativa de mayor apertura de Pemex a capitales privados, a pesar de que ésta ha sido reducida de sus intenciones originales y del alto costo político y social que significaría enfrentar y reprimir a la resistencia civil pacífica que se activaría en caso de insistir en la aprobación legislativa de esa privatización incrementada.


El paso dialogante dado ayer por López Obrador deja constancia de una disposición a hacer política, que de no ser aceptada dejará a la contraparte la responsabilidad de lo que suceda en el futuro inmediato. No sólo está en el foro el riesgo de confrontación que se desprende de la defensa férrea del petróleo, sino la síntesis de la crisis que hizo López Obrador desde el templete, con un Rogelio Ramírez de la O en las cercanías: “Es innegable que la situación económica del país está en franco deterioro y si no se corrige el rumbo, la situación va a empeorar y será el pueblo pobre el que resulte más afectado (...) Este año, el crecimiento económico de México es el más bajo de todos los países de América Latina y el Caribe. En los últimos tiempos ha sido mayor la pérdida de empleos. El salario y los ingresos están resultando insuficientes ante la carestía. Está creciendo la cartera vencida. Los bancos han reducido sus créditos. Las tiendas departamentales están bajando sus ventas. En estos días, la industria de la construcción no está creciendo”.


Calderón tiene, pues, la palabra, ante un movimiento cívico que ayer dio muestras de vigor y decisión, a pesar de las restricciones económicas chuchas de las que Jaime Avilés dio puntual cuenta en su Desfiladero de este sábado, de las tácticas de desgaste que lo mismo hicieron circular por Internet, amenazas de bomba en la marcha y mitin de ayer que se ensañan en una campaña obscena contra el principal dirigente. Ayer fue notable la ausencia de personajes como el jefe de Gobierno capitalino y el impresentable dirigente formal del PRD (Javier González Garza, el güero, habló en nombre de este partido y los demás integrantes del FAP, con un discurso fuerte). Hubo, sin embargo, presencia del Partido del Trabajo, tanto del dirigente, Alberto Anaya, como de grupos organizados bajo esas siglas, y de Convergencia, con Dante Delgado al frente. Y el núcleo duro del movimiento, más la presencia de muchos ciudadanos con ánimo decidido de seguir luchando. Desde allí, con un ejercicio de responsabilidad política que sus feroces detractores deberían agradecer, AMLO ha planteado alternativas y salidas. Ya lo hizo en 2006, al impedir que la reacción ante el fraude electoral fuese incluso violenta, y lo ha hecho desde entonces, repitiendo una y otra vez que su lucha es rigurosamente pacífica. Ahora, en estos momentos críticos, a un paso de abismos desconocidos, lo que López Obrador propone no son arreglos mezquinos para obtener privilegios en operaciones de compraventa política (para eso están los colaboracionistas tan sabidos), sino un replanteamiento político que impida el ahondamiento de la división social y palie desgracias económicas y sociales en camino. Sin sobresaltos ni fisuras ayer fue pronunciada en asamblea lopezobradorista la palabra faltante, acuerdos, falta ahora saber si el diccionario de la contraparte sólo tiene como respuesta la soberbia, la incapacidad y la represión.


Y, mientras el comité asesor del FAP para la refor- ma de Pemex estudia la posibilidad de renunciar este martes a su encargo, por considerar que sólo se les pretende usar como instrumento de convalidación de arreglos en curso, pues los senadores perredistas han cerrado las puertas de la información y de los debates a esos intelectuales y expertos, y mientras las viudas de Pasta de Conchos y los maestros de Morelos siguen luchando, ¡hasta mañana, con boatos principescos para entretener al respetable, mientras el país se deshace!

lunes, 22 de septiembre de 2008

SNTSS democracia macabra

Muerto, gana elecciones en delegación sindical


*José Cortez Carcini fue secuestrado, ultimado y carbonizado al interior de su coche
*Valdemar Gutiérrez Fragoso guarda silencio


Juan Monrreal López
Septiembre 22 de 2008
http://www.democratanortedemexico.com/


Reynosa, Tamaulipas.- Ejecutado al más puro estilo de los crímenes del narco o de malquerencia amorosa, José Cortez Carcini, Secretario del Trabajo de la Sección X del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y candidato a la Secretaría General de este gremio en la ciudad de Reynosa, fue sustraído de su casa la madrugada del viernes 5 de septiembre por un comando de hombres armados que posteriormente lo ejecutaron; luego calcinaron el cuerpo en la parte posterior de su coche y abrasaron el vehículo en una brecha del rancho El Berrendo, de este municipio, machacando el sello turbio por el que Cortez Carcini fue asado sin misericordia alguna.

Con el sello del narco o de un crimen por amoríos y propio para una historia de tales from the cript o de Stephen King, Cortez Carcini fue privado de su libertad sin que sus secuestradores pidieran rescate por regresarlo con vida. Por el contrario, los sicarios actuaron rápido y con saña, al parecer, con el encargo de no negociar nada: a unas 13 horas de ser “levantado”, su cuerpo apareció hecho cenizas.

Apremiados por algo los matones lo asesinaron pronto, como si el médico -inminente próximo secretario general delegacional de la Sección X del SNTSS de esta ciudad-, fuese un verdadero obstáculo para algo o que los odios enfurecieron mentes, que desquiciadas, fueron capaces de pagar sicarios con la consigna de carbonizar el cuerpo de Cortez Carcini.

Las actas de las investigaciones periciales de la Agencia del Ministerio Público del sexto turno así lo narran. En las reseñas ministeriales del caso se especifican las pocas partes corporales que se pudieron reconocer de lo que fue en vida el médico José Cortez Carcini.

Elecciones de ultratumba

Colocado a la cabeza de la planilla, José Cortez Carcini era amplio favorito para ungirse como secretario general de Reynosa, Tamulipas, de la Sección X del SNTSS que incluye a todos los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con base en Tamaulipas.

Los cambios delegacionales de la Sección X eran parte del proceso electivo rumbo al Congreso General Extraordinario que se celebró el 11 de septiembre, con la anunciada presencia de Valdemar Gutiérrez Fragoso, secretario general del SNTSS.

Las votaciones se celebraron como si nada el 8 de septiembre, pese a conocerse que el médico Cortez Carcini había sido ejecutado; contra toda lógica, fuera de estatutos, se le mantuvo a la cabeza de la planilla.

Nadie del Comité Ejecutivo Seccional ni del Nacional hizo pronunciamiento público alguno. Ni aún por las irregularidades del proceso electivo, pero aun más extraño, tampoco por la ejecución de Cortez Carcini. Con esta tremenda anomalía se dejó correr el ciclo electivo como si estuviera vivo.

Muerto, Cortez Carcini obtuvo 341 sufragios más que sus adversarios vivos. Los resultados: 471 votos, contra 130 papeletas de los contrarios. Increíblemente, algunos trabajadores del IMSS prefirieron que un cadáver dirigiera al gremio en esta ciudad.

Nadie se atrevió a parar la democracia de ultratumba que formalizaron los agremiados de Sección X en Reynosa.

Silencio cómplice

Tan sorprendente como sospechoso es el silencio guardado por el secretario general de la Sección X, Francisco Crisanto Colunga, como la del secretario general del SNTSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso.

El asesinato del secretario del Trabajo de Crisanto Colunga le ha merecido cero comentarios desde que Cortez Carcini fue dado a conocer como levantado el 5 de septiembre.

De hecho, trabajadores de las distintas delegaciones han denunciado reiteradamente desde el anonimato, la política de bocas cerradas que Crisanto Colunga practica.

En esta sección del SNTSS se encuentra implantada la ley mordaza. “Los comentarios se encuentran prohibidos en este sindicato”, dice una enfermera a Demócrata Norte de México.

Pero no sólo la afonía ha envuelto a la dirigencia sindical pese a la importancia de la cartera que ocupaba Cortez Carcini, es como si el hecho nunca hubiera acontecido. Ni denuncia, ni reconocimiento. Si los matones quisieron borrar de la faz de la tierra la existencia del médico cremándolo, los líderes gremiales pretenden ignorar los acontecimientos del plagio, asesinato y pulverización con fuego del cuerpo del galeno.

Aún peor: el Comité Ejecutivo Nacional que dirige Valdemar Gutiérrez Fragoso -un líder a quien se le ha vinculado con el narcotráfico-, no ha interpuesto exigencia alguna para esclarecer el plagio y ejecución de un miembro directivo del SNTSS.

En su estancia en Ciudad Victoria, con motivo de la renovación del comité ejecutivo seccional, Gutiérrez Fragoso no dijo nada, en ningún tiempo siquiera aludió a la ejecución de Cortez Carcini. Fue como si el facultativo jamás hubiera existido, a pesar de que en cenizas ganó las elecciones
.
El aval de los votos emitidos por los trabajadores del SNTSS para que el médico asesinado se presentase como delegado efectivo a la Convención estatal extraordinaria de la Sección X del SNTSS fueron ignorados, como sepultado cualquier gesto de exigencia por esclarecer la ejecución de quien fuera secretario del Trabajo de la sección X del SNTSS.

Así, mientras los restos carbonizados del médico eran plenamente reconocidos por el ADN extraído de una parte del maxilar y piezas musculares del corazón, los trabajadores del IMSS delegación Reynosa desfilaron a las ánforas para reelegir a nivel de la Secretaría General un cuerpo hecho cenizas, un cuerpo sin vida, que pese a todo mostró el control que mantenía en este gremio, pero también quizá la animadversión del dirigente Francisco Crisanto Colunga.

Bajo sospecha

Médicos entrevistados por Demócrata Norte de México se muestran extrañados por la actitud mostrada por la dirigencia seccional del SNTSS, hablan de los “pactos” que sostienen Gutiérrez Fragoso y Crisanto Colunga desde que este último paseó por Tamaulipas a Gutiérrez Fragoso, presentándolo como su “gallo” en cada una de las delegaciones de la entidad, antes de que fuera declarado secretario general del SNTSS en un congreso de escándalo. “Desde entonces, lo que sucede en Tamaulipas, se conoce en México de inmediato; nos extraña que el asesinato de Cortez Carcini no se mencione”, asientan.

“La pregunta es: ¿estarán involucrados ambos dirigentes sindicales en este asesinato?, ¿por qué guardan silencio ante este homicidio que segó la vida de un dirigente seccional importante?”, machacan los médicos entrevistados.

El narco ya es una estructura nacional

Ricardo Ravelo

Lo que es conocido por cualquier experto, lo que es sabido popularmente de extremo a extremo de la República, el presidente Felipe Calderón decidió reconocerlo apenas después del atentado terrorista de la noche del Grito en Morelia, Michoacán, su tierra natal: el crimen organizado cuenta en México con "una cobertura de carácter político". Menos retórico, el investigador especializado Edgardo Buscaglia, catedrático del ITAM y de la Universidad de Columbia, asesor adscrito a la ONU, hace para Proceso un análisis mucho más explícito: con la fuerza que le dan las armas y el dinero, el narco ya está dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas, interviene en las elecciones y tiene presencia en las instancias gubernamentales. Y mucho más...

Mediante "cañonazos" de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además, en algunas regiones, han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político.

Lo anterior forma parte de la radiografía del crimen elaborada por Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la ONU.

Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política "creando estructuras patrimoniales y redes criminales" que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el país.

El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Michoacán, la noche del Grito de Independencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos y más de 100 heridos.

Para el investigador no hay duda: "Se trató de un acto terrorista" que coloca a México entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que se evidencia en su territorio.

Dos días después de este crimen, el presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico.

"Porque esas plagas -dijo- sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".

Y agrega: "Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano".

El presidente parece haber asumido el reto demasiado tarde, pues el poder del crimen organizado sigue avanzando en el país. Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones... y ahora, terrorismo.

De acuerdo con Buscaglia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del país a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más de 63% de las más de 2 mil 800 alcaldías "están infiltradas" por sus células operativas, y de éstas, un 8% "están totalmente bajo el control del narcotráfico".

En poco más de 15 estados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del país operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen.

-¿Cuáles regiones del país están dominadas por las células del narcotráfico? -se le pregunta.

-El narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de impunidad sino de infraestructura criminal visible para operar.

"En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales que se traducen en una suerte de fiscalización criminal, para poder operar con cierta libertad sus negocios".

Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado -ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo- Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrado por las organizaciones criminales, y expone sus razones:

"Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar de ser controlados por el poder político, como ocurría antes, ahora estén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios."

-Si los narcos controlan un municipio se explica que ganan impunidad y adquieren nuevas rutas de trasiego. ¿En qué le puede servir un diputado federal o local al narcotráfico?

-El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para qué le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas.

Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de Seguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico.

"Igual que pasó en Colombia, los barones de la droga también pueden invertir todo el dinero del mundo en corromper a legisladores para que las reformas no prosperen o no tengan los alcances adecuados", dice.

Y añade que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejadas sólo en manos de un grupo de senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. "Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van ser clave contra el crimen", apunta.

-¿Entonces usted ve latente la posibilidad de que en las reformas constitucionales que vienen fluya dinero del narco en el Congreso?

-Es factible, sobre todo porque, como pasó en Colombia, al narco no le conviene la ley de extinción de dominio, porque implica despojarlos de su patrimonio. Y los señores del narcotráfico no sólo pueden corromper legisladores, sino a sus propios asesores para que las leyes sean débiles y no de amplio espectro como en otros países.

Buscaglia -quien, entre otras funciones, colabora en el proceso de selección de personal de la ONU, incluidos los Cascos Azules- sostiene que en la medida en que el gobierno de Calderón imprime fuerza y represión al combate del crimen organizado, "mayor es la respuesta violenta de las células criminales".

-¿Por qué no se frena esta espiral de violencia?

-Lo que sucede es que cuando a estas empresas criminales se les ataca con ejércitos, no van a bajar la guardia. Los criminales, y ésa es una de las fallas de Calderón, disponen de cientos de millones de dólares y otras fuentes de financiamiento que el gobierno no está destruyendo. El dinero de los criminales se está usando, en plena guerra, para infiltrar al propio Estado.

"Según cifras del gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado en México genera ganancias de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Y conforme el gobierno los ataca (a los criminales), ellos invierten cada vez más dinero para corromper niveles cada vez más altos del Estado. Es decir, en la medida en que aumenta la fuerza del Estado también se incrementa la corrupción.

"La violencia que se ve gradualmente aumentando en México en los últimos meses se manifestó en su momento en Rusia y en Colombia. Lo que a mi juicio se tiene que hacer es utilizar los operativos para rodear las asambleas y gobiernos municipales; atacar las redes patrimoniales que están alimentando la corrupción y la violencia."

Sostiene que en México llegará un momento en que el hartazgo social genere dolor al poder político, pero este fenómeno demorará por lo menos 10 años:

"Debe haber organizaciones civiles auténticas y no extensiones gubernamentales. En Italia, los políticos ligados al crimen fueron incluso apedreados por la gente. En el seno del poder hubo dolor y el poder oficial entendió que es mejor subirse al caballo de la autolimpieza. En México aún no se manifiesta ese dolor entre la clase gobernante. Frente a este escenario tan complicado, el político que no demuestre transparencia, no tendrá viabilidad electoral."

La invasión del narco

La invasión del narcotráfico en zonas pobres del país fue detectada desde 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al advertir que en distintas regiones había obstáculos para aterrizar los programas sociales debido a la fuerte presencia grupos criminales.

En el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias realizado por la Sedesol en 2003, se identifican a municipios indígenas de Jalisco, Durango y Nayarit como lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en el campo como en la actividad política.

En el documento también resaltan como feudos del narco las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, que se ubica entre Durango y Sinaloa, el llamado "triángulo dorado" del narcotráfico.

De acuerdo con el mapa, esas demarcaciones están detectadas por el gobierno federal como de alta producción e intenso tránsito de estupefacientes. La presencia del narco es tan poderosa que, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron obstáculos para desarrollar el programa "Contigo, manos a la obra". La razón: que los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.

La "feudalización" municipal fue reconocida el sexenio pasado por la entonces titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, quien dijo que en unos 80 municipios marginados había cultivos de enervantes. "Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo, de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes", expuso.

En el escenario político actual surgen diputados federales y precandidatos a gobernadores, como Jesús Vizcarra Calderón, aspirante priista al gobierno de Sinaloa, quien presuntamente estuvo relacionado con Jesús Inés Calderón Quintero, un famoso narcotraficante asesinado en 1988, a quien se le relacionó con Ismael El Mayo Zambada. De éste se afirma que es uno de los impulsores de Vizcarra.

No es el único caso. En el norte de Veracruz, particularmente en la zona de Costa Esmeralda y Papantla -enclaves del cártel del Golfo-, Rómulo Salazar García, personaje presuntamente ligado al narcotráfico, se postula por segunda vez como precandidato a diputado federal.

El precandidato priista despliega su activismo político a pesar de que también se le involucra en dos asesinatos: el del periodista Raúl Gibb, fundador del periódico La Opinión, de Poza Rica, ocurrido en abril de 2005, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.

De este segundo crimen lo acusa el gatillero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 sostiene "que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar", por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios para que lo ejecutaran.

Según autoridades federales, a Vizcarra también se le relaciona con dos presuntos operadores del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza del capo Osiel Cárdenas Guillén.

En los últimos ocho años, los escándalos por la vinculación de políticos y funcionarios públicos con el narcotráfico han estallado incluso en la Presidencia de la República y en instituciones responsables de combatir el tráfico de drogas.

No faltan, incluso, casos en los que legisladores del PAN, PRI o PRD asisten a velorios de narcotraficantes amigos suyos, como ocurrió en octubre de 2004, cuando Saúl Rubio Ayala (entonces candidato del PAN a diputado) y Wilfrido Véliz (candidato panista a la alcaldía de Culiacán) asistieron al funeral de Miguel Ángel Lugo Beltrán, El Ceja Güera, capo del cártel de Sinaloa asesinado en La Palma.

En el año 2005, uno de los escándalos que encendió los "focos rojos" dentro y fuera de México fue el de Nahum Acosta Lugo, jefe de giras del presidente Vicente Fox, quien fue acusado por la PGR de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

El caso fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de que la DEA entregó grabaciones a la PGR que acreditaban la comunicación que desde Los Pinos mantenía Acosta Lugo con el presunto narcotraficante.

No fue el único: en 1992, el exsecretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicochea Luna, se reunió en privado con Genaro Caro Quintero, hermano del capo Rafael Caro, cuando era aspirante a la gubernatura de Sinaloa.

El Cisen sabe

En julio pasado, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, puso el dedo en la llaga al declarar al diario estadunidense Financial Times que el Congreso no está exento de ser blanco de los cárteles de la droga, y lo peor: que dinero del narcotráfico puede estar involucrado en algunas campañas (políticas) de legisladores.

El funcionario fue aún más enfático al añadir: "Los narcotraficantes se han convertido en la principal amenaza porque están tratando de asumir el poder del Estado".

Cuando se le pidieron los nombres de los llamados narcolegisladores, Valdés matizó: "A la fecha no existe indicio sobre algún caso concreto o en particular. Si lo hubiera ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley; simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México", y agregó que las investigaciones sobre el dinero de la droga en las campañas "apenas están comenzando".

Uno de los primeros escándalos del actual sexenio tronó en la Presidencia de la República cinco meses después de que Felipe Calderón asumió el poder. La PGR aseguró poco más de 200 millones de dólares ocultos en una casa de Las Lomas. El dinero pertenecía al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente preso en Washington acusado de traficar con efedrina, base para elaborar drogas sintéticas.

El aseguramiento del dinero -el decomiso más cuantioso en la historia del crimen organizado- derivó en un conflicto: Zhenli Ye Gon dijo que el dinero decomisado se había destinado, tiempo atrás, para financiar la campaña presidencial del PAN; dijo también que un tal Javier Alarcón -inicialmente se indicó que se trataba de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo- se había entrevistado con el empresario para tratar asuntos relacionados con el financiamiento de la campaña de Calderón.

El caso, hasta ahora no aclarado, sigue desahogándose en una corte de Estados Unidos, en donde Ye Gon continúa detenido.

En el pasado reciente como en la actualidad han surgido datos y evidencias que colocaron a algunos legisladores bajo sospecha de servir a los intereses del narcotráfico. Por ejemplo, el exdiputado federal priista Jesús Humberto Martínez le propuso al presidente Fox resolver la violencia del país "pactando con el narco".

Y narró su experiencia como regidor del ayuntamiento de Matamoros: "Cuando fungí como regidor... yo personalmente negocié e hice pactos con los narcotraficantes para detener la violencia urbana", recrudecida por el choque entre las bandas.

Según él, la negociación funcionó, por lo que en septiembre de 2006, en medio de la violencia desatada por el crimen organizado, le sugirió al presidente Fox sustituir el programa México Seguro por un acuerdo con los narcos.

Según afirma Buscaglia, en la actualidad existen indicios de que grupos políticos le sugieren al presidente de la República "pactar con el narcotráfico".

-¿Esa sería la mejor salida para Calderón y para el país?

-La experiencia de otros países indica que la violencia a esos niveles se reduce al desmantelarse las estructuras patrimoniales de las empresas criminales, o cuando los países se feudalizan y negocian con el crimen organizado. Si esto ocurre en México, la presión internacional sobre el gobierno de Calderón será brutal.

Proceso 21/09/2008

Una semana de pesadilla

Daniel Lizárraga

El lunes 15, a las 22:13 horas el presidente Felipe Calderón da unos pasos hacia atrás apartándose, lentamente, del balcón central de Palacio Nacional tras dar el Grito de Independencia, ondeando apenas cinco veces la bandera y lanzando rápidamente ocho arengas. Fue una ceremonia breve.

Un día antes, los médicos del Estado Mayor Presidencial le colocaron un aparato ortopédico para disminuirle el dolor ocasionado por la fractura en el hombro izquierdo que había sufrido una semana atrás. En cuanto dio la media vuelta se enteró del atentando en su tierra, Morelia, Michoacán.

Mientras Calderón junto con su esposa y sus tres hijos disfrutaba de los juegos pirotécnicos disparados desde diferentes puntos de la Catedral Metropolitana, al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, le informaron del ataque perpetrado contra la gente que festejaba el Grito en Morelia. En ese momento, los primeros reportes oficiales sobre el número de personas muertas y heridas, aún eran confusos, pero no había duda que alguien había hecho estallar por lo menos dos granadas.

En cuanto Valdés informó a Calderón de lo ocurrido, éste ordenó que de inmediato se reuniera su gabinete de seguridad. Dentro de su despacho en Palacio Nacional, sus colaboradores se comunicaron a Morelia para ampliar la información. Ante el caos imperante, Calderón pidió hablar de inmediato con el gobernador Leonel Godoy para que le informara acerca de lo ocurrido. El mandatario estatal no supo en un primer momento lo que estaba ocurriendo e incluso creyó que los estallidos eran causados por cohetones.

Ajenos a lo que estaba sucediendo en Morelia, los invitados al festejo del 15 de septiembre dentro de Palacio Nacional ocupaban sus lugares. El patio central había sido especialmente acondicionado al estilo de las fiestas de pueblo: puestos de algodones, chicharrones, elotes, aguas frescas, dulces mexicanos. La fuente, imponente con un pequeño caballo de bronce en lo más alto, estaba iluminada con tonos verdes.

Calderón y su gabinete de seguridad permanecieron encerrados durante 1 hora y 32 minutos. La información sobre lo que había sucedido en Morelia se filtraba poco a poco entre los invitados mediante llamadas telefónicas. Los miembros del Estado Mayor Presidencial, encabezados por el general Jesús Castillo, redoblaban la seguridad en los accesos a Palacio Nacional.

Con la mandíbula apretada, fruncido el ceño, demacrado, Calderón apenas movía la cabeza y saludaba de mano a los invitados. Hacía esfuerzos para sonreír cuando corrían hacia él buscando tomarse fotografías, decirle algo, abrazarlo. El Estado Mayor Presidencial evitaba que la gente se colgara de su hombro izquierdo, pero no siempre lo conseguía. De vez en vez el mandatario lograba esquivar las manos, pero a veces alcanzaban a lastimarlo y mostraba un rictus de dolor.
Los meseros repartían bocadillos que el presidente no probó. En ese momento, el jefe de Comunicación Social, Max Cortázar, emitió un comunicado de prensa en que el gobierno reconocía de manera oficial que en Morelia, Michoacán, se había registrado un ataque con granadas y condenaba enérgicamente este hecho.

El mandatario estuvo en la fiesta durante 25 minutos. Nunca se sentó. En punto de las 01:10 salió rumbo a Los Pinos. Los invitados, sorprendidos, poco a poco desalojaron el patio central de Palacio Nacional cuando aún había bailables típicos.

La política, infiltrada

A la mañana siguiente del atentado en Morelia, Calderón giró instrucciones para que la canciller, Patricia Espinosa, fuera retirada de la agenda como única oradora en la ceremonia del tradicional desfile militar para conmemorar el 198 aniversario del inicio de la Independencia. En su discurso, el mandatario calificó a los autores del atentado como asesinos cobardes.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, dio a los ataques la categoría de "terrorismo". El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza los calificó como "narcoterroristas". Felipe Calderón y su gabinete, hasta ese momento, no utilizaron esas palabras.

En cuestión de horas, el Ejército ya se encontraba en las principales calles de Morelia. Por la gravedad de los hechos, el tradicional desfile fue suspendido. En la Ciudad de México, Calderón encabezó la parada militar.

A la mañana siguiente, cuando estaba por despegar el avión presidencial para una gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, a los pasajeros se les informó que había un cambio en la agenda: Se cancelaba uno de los actos programados en una distribuidora de gas, para incluir una visita a los heridos en los hospitales de Morelia.

El presidente hizo una guardia de honor en el sitio de las explosiones y acudió a visitar a los heridos en el hospital. Los diarios apuntaban hacia el grupo de narcotraficantes conocidos como La Familia responsabilizándolos de los ataques.

"Estamos en alerta", respondió el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, cuando se le preguntó en Palacio Nacional si podría haber más ataques. En torno a la autoría del atentado, guardó silencio.

La noche de ese 17 de septiembre Calderón pronunció un inédito discurso en la sede nacional del PAN. Al encabezar el 69 aniversario de su fundación habló de la infiltración de la delincuencia organizada en la política.

"Porque esa plaga, sin duda, ha buscado servirse de asideros políticos en la vida de la Nación, porque precisamente, la complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".

Esta es la primera ocasión en que el mandatario toca el tema de la infiltración del narcotráfico en la elite política desde que asumió el cargo en diciembre del año 2006 y, sobre todo, desde que le declaró la guerra al crimen organizado a unos días de haber asumido el cargo. Paradójicamente, Michoacán fue el primer estado en que el Ejército se desplegó para atacar al narcotráfico.

Continuó Calderón en su discurso ante los panistas:

"Si digo que es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido que es un reto para todo el sistema político. Hoy, todos los partidos políticos, sin excepción, debemos repudiar sin matices los actos de violencia.

"Debemos repudiar sin matices la complicidad que pueda venir de las campañas electorales del próximo año. Debemos ser claros y contundentes en cerrarle la puerta a quienes quieren erosionar a la sociedad mexicana", puntualizó.

La única pista concreta con la que cuentan las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, es un retrato hablado de una de las personas que habría arrojado una granada entre la multitud.

Durante la 24 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en el Palacio Nacional el viernes 19 -en el que participan gobernadores, el presidente y su gabinete de seguridad- se dio el visto bueno a la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro, en respuesta a las exigencias de la multitudinaria marcha "Iluminemos a México" detonada por el asesinato del joven Fernando Martí.

Los gobernadores no pusieron ninguna objeción al plan. Por el contrario, hubo aplausos para el procurador Eduardo Medina Mora cuando terminó su exposición en el Salón Tesorería.

A tres semanas de distancia de la marcha, el panorama de la inseguridad pública cambió radicalmente, en un movimiento pendular que fue de una creciente ola de plagios, a la ejecución a mansalva de 24 personas en La Marquesa, hasta la explosión de granadas en el zócalo de Morelia.

Los diagnósticos sobre la inseguridad en esta reunión giraron en torno a los secuestros. Acerca del atentado en Michoacán sólo hubo condenas para los criminales y manifestaciones de solidaridad con las víctimas.

Proceso 21/09/2008

La matanza de La Mesa

Rosario Mosso Castro

Los motines del 14 y el 17 de septiembre en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, sólo confirmaron el control que ejercían Los Sureños, Los Paisas y Los Shalomes, quienes se enfrentaron por el mercado interno de las drogas. Las pésimas condiciones de los reclusos y la reacción tardía de los funcionarios -sospechosamente ineficaz- atizaron una batalla, confusa en sus detalles, que provocó más de 30 asesinados a fuego y cuchillo. Con autorización del semanario Zeta, que se edita en la ciudad fronteriza, reproducimos textualmente este reportaje, publicado en su edición del viernes 19.

Más de 30 muertos y un Cereso destruido es un saldo inadmisible para un secretario de Seguridad Pública del estado. Sobre todo si un motín era la amenaza latente ante el hacinamiento y la corrupción de carceleros.

Efectivamente, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública, no pudo ni prever el motín, por más anunciado, ni sofocarlo una vez estallado.

La incapacidad del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y la fuerza del crimen organizado en Baja California quedaron expuestas nuevamente el 14 y 17 de septiembre, de la manera más vergonzosa... desde el interior de un Centro de Readaptación Social que, declararon una y otra vez, tenían bajo control.

La realidad esos días fue que siete internos tuvieron el control del penal.

Divididos en tres grupos de poder al interior de la cárcel, Los sureños, Los paisas y Los Shalomes fueron los dueños de la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, por un lapso de 72 horas.

Rencillas entre las bandas delictivas y la corrupción de las autoridades carcelarias fueron el detonante de los cruentos motines que arrojaron un saldo extraoficial de 31 muertos.

Los poderosos del penal e iniciadores de la sangrienta rebelión: Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, Martín Madrigal Cázares, Juan Beltrán López (alias Benjamín Molina, alias El Juanillo), Víctor Eduardo Aguilar Sánchez, Juan Beltrán López, más otros dos reos de los cuales no se proporcionó nombre.

Estos hombres, sentenciados todos, fueron quienes dominaron la situación que al gobierno se le salió de control y que evidenció la incapacidad oficial para contener una situación de emergencia:

1.- La Secretaría de Seguridad tardó tres días en trasladar a los presos rijosos a la Ciudad de México, y a otros a los penales de El Hongo y Ensenada.

2.- Ocultaron la lista de lesionados y de muertos.

3.- Nunca tuvieron el control ni el resguardo de la penitenciaría y de los familiares que ahí se encontraban.

4.- Policías estatales, federales y militares no siguieron un protocolo de ataque, se les puede ver en las imágenes televisivas resguardándose de pedradas y disparando sin estrategia alguna.

5.- El jueves 18 de septiembre, de la Secretaría de Seguridad se comunicaron con empleados del penal para solicitarles que no se presentaran a trabajar, pues aún no tenían el control total de las instalaciones.

6.- La podredumbre y suciedad en el trato a los reos quedó de manifiesto.

7.- También la corrupción de las autoridades de la prisión, luego de que el director está siendo investigado, un custodio está detenido y otros dos se encuentran prófugos.

Ante este escenario de desatinos gubernamentales, el gobernador del estado se escondió. Acaso ordenó a los titulares del gabinete de seguridad que el jueves hicieran gira por medios de comunicación en una intentona de tomar control por lo menos de las declaraciones públicas.

El secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, exhibió más la invalidez administrativa al intentar evadir la responsabilidad de lo sucedido en el penal, al señalar que los culpables eran dos grupos de criminales organizados que tenían pugnas por el control del tráfico de drogas y demás sustancias prohibidas en el penal.

De la Rosa evidenció, en su defensa, el poderío del crimen organizado en la penitenciaría, incluido el tráfico de drogas. También fue un hecho: Conocían el problema pero no elaboraron plan de ataque.

Guerra por el tráfico de droga

El recrudecimiento de los enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que controlan el tráfico en el centro de readaptación de La Mesa en Tijuana empezó el sábado 6 de septiembre sin que la autoridad tomara medidas precautorias. Ese día ambos grupos iniciaron una "guerra campal" cuando se fue la visita, hecho que los funcionarios mantuvieron oculto, pretextando que no era grave dado que no hubo heridos con armas, sólo dos lesionados por golpes.

El 13 de septiembre, las autoridades "complicaron" el panorama cuando custodios realizaron una revisión en la que presuntamente actuaron a favor de uno de los grupos delictivos. Llegaron a una celda donde "vivían" 23 delincuentes de baja peligrosidad, se llevaron a nueve jóvenes acusados de robo en sus diferentes modalidades, para que "confesaran" quiénes estaban introduciendo heroína y cuál era la línea de distribución. Ahí mataron a Israel Márquez Blanco.

La situación subió de tono cuando las autoridades del sistema penitenciario, dirigido por De la Rosa, conocieron del asesinato y, tras la fuga de los homicidas, el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez bloquearon la información y los detalles del asesinato plenamente probado con elementos periciales. Esta actitud evidenció complicidad por omisión.

La información proporcionada al gabinete estatal fue que, aprovechando la inconformidad ante la tortura y asesinato del joven Márquez Blanco, en la hora de visita los traficantes repartieron droga e incitaron la violencia.

Los reos fueron informados también de la presunta participación de custodios y autoridades en el asesinato, al permitir la huida de los asesinos del primer reo. Se hicieron de las llaves de las celdas, liberaron a los presos en el interior de la cárcel y la Policía Estatal no pudo acceder al edificio por "falta de llaves". Casualmente, fue el mismo grupo de custodios el que estuvo de cargo en los dos motines.

Las bandas que controlaron la Penitenciaría

De acuerdo con información en propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al interior del Cereso en Tijuana hay tres grupos:

1.- Los Sureños

Presuntamente dirigidos en Tijuana por el interno Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, ingresado al penal "por secuestro y homicidio calificado múltiple". Explicaron las autoridades que este hombre actúa por instrucciones de Martín Madrigal Cázares, quien purga condena por asesinato. Por su peligrosidad, Madrigal había sido trasladado al Cereso de El Hongo a finales de julio; sin embargo, seguía controlando el tráfico en el penal de Tijuana por medios electrónicos, teniendo a Aguilar Sánchez como lugarteniente.

El de Los sureños es el grupo más numeroso, integrado principalmente por miembros de la Mafia Mexicana que opera en el Barrio Logan y elementos del cártel de los hermanos Arellano Félix, a quienes les venden protección además de droga. También son conocidos como Los Pelones.

2.- Los Paisas

Este es un grupo menos numeroso que incluye a delincuentes procedentes del interior de la República, particularmente de Sinaloa. Como cabeza de célula la autoridad tiene identificado al interno Juan Beltrán López, alias Benjamín Molina, alias El Juanillo, acusado por delitos contra la salud, "tráfico de personas y secuestro".

3.- Los Shalomes o Chalones como los identifica la policía.

La misma indagatoria indica que en la lucha interna por el control, este grupo se afilió al de Los Paisas, incrementando el poder de estos delincuentes.

El relato de los hechos, conforme a declaraciones recabadas entre los internos y custodios por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue que desde la mañana del domingo 14 de septiembre los presuntos líderes criminales Víctor Eduardo Aguilar Sánchez y Juan Beltrán López y sus traficantes estuvieron distribuyendo droga, más de la acostumbrada en el penal, a cambio de participar en la rebelión que planeaban, exacerbados por la tortura, el abusos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos dentro de la cárcel.

"Aprovecharon el escenario", dijo Daniel de la Rosa, mientras explicó que todo se inició en el edificio seis, el de máxima seguridad, y siguió al uno; en ambos complejos purgan su condena los principales miembros de la mafia interna. Siguieron las revueltas de los internos del edificio dos, el cinco, el cuatro y después el descontrol total.

De los 8 mil 100 internos, los números oficiales indican que sólo 550 presos participaron en el primer disturbio. Pero la tarde del domingo los otros 7 mil atestiguaron y declararon haber visto cómo algunos internos se enfrentaban a golpes con los de la banda rival. Incluso, "cómo arrojaban los cuerpos de otros reos a la alumbrada que habían hecho con ropa, muebles y colchones".

Los cadáveres estuvieron tanto tiempo en el fuego que se calcinaron al punto de los huesos, ni siquiera quedó la dentadura para identificar. De hecho, las autoridades continúan buscando restos humanos en la reconstrucción de las instalaciones del penal.

A las 2:02 horas del lunes 15, en el gobierno del estado dijeron tener el control de la penitenciaría, que los internos no habían llegado a la armería, pero no pudieron explicar los balazos que se escucharon en el interior ni reportaron haber encontrado armas antes de meter a todos los internos en las celdas que aún servían. De hecho, no se ha explicado cómo es que más de una docena de los muertos lo fueron por impactos de bala.

La declaración oficial supone que para el miércoles 17 de septiembre, día del segundo motín, ya no había grupos de criminales vendiendo droga en el penal. No se había efectuado ningún traslado, pero dijeron haber controlado la situación. Además acusaron: La segunda reyerta la iniciaron las mujeres presas, a quienes acusan de liarse con los custodios, obtener las llaves de las celdas y liberar a los hombres.

Esta vez, 800 reos participaron en el motín. Quemaron lo que quedaba y, de nuevo, los grupos antagónicos aprovecharon para ajustarse cuentas. Cuando la autoridad investigadora pudo entrar a la prisión, encontraron que entre celda y celda de los edificios seis y uno, habían abierto boquetes. Al interrogar a los internos que las ocupaban, éstos aseguraron que un grupo de reos había atravesado de celda en celda con la intención de llegar a un espacio específico y matar a dos reos, que a la fecha están desaparecidos.

Ese mismo 17 de septiembre, al ingresar el Ministerio Público a la penitenciaría de La Mesa, encontró 17 cadáveres colocados en el área clínica y de enfermería del Cereso: 13 con heridas de arma de fuego, dos asesinados a golpes y tres con armas punzocortantes.

Trasladan a reos a penal de máxima seguridad

En las indagatorias oficiales los reos testigos del motín identifican a Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro como la cabeza negociadora de los internos rebelados. A él le atribuyen las amenazas, la privación de la libertad y homicidio de un custodio, y el maltrato y sujeción de otro.
Con el mismo grado de responsabilidad categorizaron al líder de Los Paisas, Juan Beltrán López. Además identificaron como cómplices a Miguel Arellano Cabrera, preso por homicidio, y a Luis Alfonso Reyes Cháirez.

Los cuatro reos fueron enviados a la prisión de El Hongo la tarde del 17 de septiembre, luego de sofocado el segundo motín. Al día siguiente, el 18 de septiembre, fueron remitidos, en compañía de Martín Madrigal Cázares y otros dos presos que no fueron identificados, a penales de máxima seguridad en el país, aunque De la Rosa no aclaró si a Puente Grande o a Almoloya de Juárez.

En las averiguaciones previas se incluyó al preso Francisco Javier Cantú Carlos El Pancho, como participante activo en los homicidios. Este hombre fue el mismo que el 31 de marzo de 2008 decapitó en una celda del penal al exagente federal Evaristo Morales Pérez, quien estaba acusado de participar en un secuestro fallido. El asesinato ocurrió dos días antes de que el exoficial acudiera a rendir su declaración.

Primera investigación: La muerte de Israel Márquez Blanco

La Procuraduría de Justicia del estado está llevando a cabo cuatro investigaciones.

La primera por el asesinato de un interno reportado el sábado 13 de septiembre. Encontraron el cadáver en el área de enfermería. Tenía lesiones compatibles con sometimiento por sujeción en pies, muñecas y golpes contusos en el rostro; la causa de muerte de Israel Márquez Blanco fue traumatismo craneoencefálico.

El director del penal les informó que había un testigo presencial de los hechos, el custodio Álex Cervantes Jaramillo, quien señaló como responsables al comandante y al subcomandante.

Explicó que en la celda 103, al hacer una revisión aleatoria y sorpresiva, había 23 internos y encontraron heroína y mariguana. Los sacaron a todos de la celda. Después, uno por uno, ocho internos y el occiso fueron sometidos a un interrogatorio por parte del comandante y el subcomandante, en un cuarto cercano a las celdas.

El custodio Cervantes Jaramillo era el encargado de trasladar a los reos al interrogatorio, mientras escuchaba los gritos de los hombres sometidos a las torturas. Al joven Márquez Blanco lo interrogaron en dos ocasiones. La última, comandante y subcomandante abandonaron la celda y ordenaron a Cervantes que cuando el reo se vistiera lo llevara a la enfermería. El custodio esperó 10, 15 minutos, y al no salir el reo, entró a la celda y se dio cuenta de que el cuerpo parecía sin vida. Con apoyo lo llevó a la enfermería y el doctor dijo que estaba muerto. De esto fueron informados el director del penal, Carlos Arturo González García, y el subdirector, quienes estaban comiendo y regresaron.

Los custodios que asesinaron al muchacho ya habían huido. Lo hicieron luego de informar al director del hallazgo de droga en la celda mencionada. González García no hizo nada al respecto, aun cuando declaró haberlos visto "desencajados", no preguntó más. Se fue a comer y los oficiales asesinos se fugaron en sus vehículos.

Entre el momento en que el director los ve y cuando le informan del homicidio, transcurrió media hora, fue entonces que dieron parte al Ministerio Público. González García dio acceso a los expedientes de los comandantes, de donde se tomaron direcciones, pero ya no los encontraron en sus casas.

Se ejercitó acción penal contra el custodio que pasó de testigo a responsable por omisión y coparticipación en un homicidio en grado de tentativa, tortura y lo que resulte. También se giraron órdenes de aprehensión contra el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez, y solicitaron apoyo de las autoridades de Estados Unidos. "Porque presumimos que cruzaron a San Diego", dijo el procurador Rommel Moreno Manjarrez.

Segunda investigación: El motín y los cuerpos calcinados

La segunda indagación se inició en la Agencia del Ministerio Público el domingo 15 de septiembre a las 14:15 horas, cuando les notificaron el primer motín. A las 2:25 de la madrugada del lunes, cuando se decretó el control por parte de las autoridades, los investigadores entraron a las instalaciones de la penitenciaría. Les informaron que dos internos muertos por proyectil de arma de fuego estaban en el área de pasillos administrativos. Y que donde se prendió una hoguera se encontraba un cuerpo calcinado.

"Se pensó que se trataba de una sola persona pero después de la inspección se rescataron diversos restos óseos, a los que se les están haciendo estudios químicos para determinar la correspondencia y a cuántas personas pertenecen, todavía no se determina", declaró el licenciado Rommel Moreno, procurador de Justicia del estado. Sin embargo, personal pericial informó que de las primeras revisiones se presume que los restos calcinados puedan corresponder a por lo menos cuatro personas.

De acuerdo con las declaraciones de reos, los hombres calcinados fueron echados en la hoguera por los mismos internos. Respecto de los baleados en el pasillo, los investigadores rescataron un proyectil cotejable de uno de los cuerpos, y varios de la zona donde cayeron, determinaron la posición víctima-victimario y trayectoria: "Se está determinando si el arma usada, calibre .223 y AR15, corresponde o no a una corporación policiaca, porque en este momento no sabemos si había reos con armas", explicó el procurador.

Tercera investigación: 17 muertos el miércoles 17

La tercera averiguación previa se inicia el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas, cuando el Ministerio Público es notificado de los resultados del segundo motín: "Nosotros tenemos información preliminar por parte de la propia estructura del sistema penitenciario de que había aproximadamente 15 muertos, cuando contamos encontramos físicamente 17, pero no podemos dejar de mencionar que pueden ser 20, porque estamos cuerpo por cuerpo bajo tres premisas; el sistema de Afis de identificación dactilar, cotejo de pelos, la prueba de Walter; y el radizonato de sodio para determinar los perfiles.

"En estos casos no se encontraron restos humanos distintos, sin embargo los reos hablan de otros dos muertos y estamos revisando a la luz del día para corroborar o eliminar las versiones", detalló Rommel Moreno.

Más detalles: En 14 de los 17 cuerpos se encontraron balas calibre .223, de escopeta 12 y 9 milímetros.

Cuarta investigación: Evasión de reos

Al mismo tiempo se abrió una indagatoria por evasión de reos.

El procurador explicó a Zeta:

"Como internos que se evadieron de la justicia y los recapturaron, tenemos dos detenidos". Y aparte otros seis como implicados, "por actos vandálicos que concluyeron en el delito de daños en propiedad ajena y lesiones, y otros cinco detenidos en calidad de presentados", estos últimos fueron aprehendidos en el exterior de la penitenciaría.

En cuanto al detonante del motín, la línea principal de la Procuraduría coincide con la que siguen en la Secretaría de Seguridad: rencillas entre líderes de bandas de traficantes de droga en el interior del centro de readaptación.

Funcionarios implicados

Además de los custodios y comandantes investigados por homicidio luego del primer motín, en la segunda rebelión se inició una investigación por omisión, sobre los funcionarios del sistema penitenciario en el gobierno de Baja California.

Fueron destituidos de sus cargos y se ejercitó acción penal contra Simona Gamiño Gurrola, exsubsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario; Miguel Ángel Canett García, exdirector general de Centros de Readaptación Social, y Carlos Arturo González García, exdirector del Centro de Readaptación Social de Tijuana.

Ninguno de los ex funcionarios ha rendido su declaración, pero: "Se ejercitó acción penal y se dejó un triplicado abierto que significa que se está investigando para deslindar responsabilidades de cada una de las personas", explicó el fiscal estatal.

"Se les está investigando por no haber tomado las medidas necesarias desde el domingo, para que no se diera un segundo motín, hay responsabilidad en cuanto a los delitos que se cometieron al interior del centro de readaptación en Tijuana.

"En el código penal se establece que es contra la administración de la justicia, considerado leve y tiene libertad bajo caución, pero a este delito se agrega lo que derive por omisión en los delitos correspondientes, aunque jurídicamente la misma ley establece que no hay dolo."

Gurrola, Cannet y González son considerados como presuntos responsables en el mismo esquema.

Al preguntarle a Rommel Moreno si la línea de mando implicaba responsabilidad en las omisiones al secretario, Daniel de la Rosa concluyó: "Yo no quiero especular, voy con lo que van arrojando las investigaciones y declaraciones adonde llegue, la petición del gobernador es la transparencia y en ese sentido estamos trabajando".

De la Rosa: Sabía de las bandas criminales

El jueves 18 de septiembre, Zeta entrevistó al secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y dadas sus declaraciones revelando su conocimiento de los grupos de traficantes y distribución de droga en el penal de Tijuana, se le preguntó qué medidas había ejercido al respecto, pero el funcionario se remitió al programa general de los Ceresos en Baja California.

"Hay que ver la realidad de los penales de México y en ninguno podemos decir que no ingresa droga o sustancias ilícitas, pero lo importante es generar las condiciones para erradicar esas situaciones: ustedes han visto que se ha venido fortaleciendo el sistema de fiscalización en las visitas; implementación de operativos de revisión para decomisos de celulares, droga y armas: inversión en infraestructura; traslados a otros penales; la próxima inauguración mínima peligrosidad: y en 2008 establecer aduanas inteligentes con rayos que tienen mayor efectividad para evitar el ingreso de artículos prohibidos."

Cuando se solicitó mayor precisión de su reacción al enfrentamiento del sábado 6 de septiembre, agregó: "Fue una riña con lesionados que no eran de consideración, se aisló a esas personas y se tenían en el edificio de máxima peligrosidad de La Mesa, el cual tenía revisiones más constantes que el resto, porque no estaban las condiciones para trasladarlos y menos para enviarlos a El Hongo, donde estaba el jefe de Los Sureños".

Luego De la Rosa regresó a las respuestas generales:

"Ya se estaba tramitando el traslado de todos estos reos a otras entidades federativas. Se estaban generando los listados de cada uno de los penales de la entidad con los cuales se iba a solicitar formalmente a la federación el traslado. Ya se había establecido comunicación telefónica con el subsecretario federal, Francisco Patiño, hace tres semanas. Pero esta medida es para todos los Ceresos, y después de las listas que apenas se están armando, seguiría un estudio jurídico y procedería sólo que el interno no estuviera amparado."

Respecto del supuesto y anunciado control de La Peni, el tiempo que tardaron en resolver los motines y los negociadores que actuaron, el funcionario estatal respondió asegurando que el sistema penitenciario de Baja California sí tiene una estrategia de acción antimotines.

Que existe un grupo de reacción, una estrategia de coordinación con el resto de las corporaciones policiacas, que es encabezado por el comandante del Cereso, pero que en este caso estaba prófugo, razón por la cual tomó su lugar el director del Penal como negociador.

Justificó la lentitud oficial ante la rebelión de los presos:

"El riesgo que había con la visita eran los custodios tomados como rehenes que estaban amenazando con puntas. Si no los hubieran tenido privados de la libertad no los hubieran soltado poco a poco, el último grupo salió a las cero horas del lunes. En las negociaciones El Perro amenazaba con quemar a los custodios y dañar a los familiares."

Justificó De la Rosa el ingreso de dos cámaras de televisión en medio del motín, a pesar de que no está considerado en el protocolo de negociación: "Ahí se tomaron en cuenta las solicitudes de los reos, como ellos no cumplieron se acabó de manera rápida".

-¿Se le pidió a usted el visto bueno en las negociones?

"No; de hecho cuando llegamos lo que se estableció fue que ningún tipo de negociación, sino entrar a contener. Lo que hicimos después con la llegada de las diferentes corporaciones policiacas."

-No hubo estrategia de control dentro ni fuera...

"Sí, por eso se están haciendo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, porque ahí sí hay una omisión desde el momento mismo en que se suscita un incidente y se avisa tres horas después, y en los motines el tiempo es muy valioso, y una riña que pudo no pasar a mayores derivó en esto, aprovechado por los grupos criminales."

-¿Qué parte de lo que se hizo y se dejó de hacer es su responsabilidad?

"Aquí vemos que hay resultados que se están realizando pero también acciones que en un momento dado son sujetas de investigación, y bueno, en esas acciones también tiene que ver la responsabilidad de todos."

-¿Y la suya?

"Realmente como titular de la secretaría de Seguridad Pública tengo a mi cargo el sistema penitenciario y dentro de él hay responsables específicos, inclusive por normatividad jurídica. Y si alguno de esos responsables no actúa adecuadamente, todos estamos sujetos a la propia normatividad."

-¿Va a renunciar?

"Lo importante es lo que se ha venido desarrollando, estamos en esta responsabilidad por una confianza y por las acciones emprendidas en Baja California por parte del gobernador del estado, entonces ya será la evaluación de los ciudadanos de Baja California y del gobernador."
Proceso 21/09/2008