lunes, 31 de enero de 2011

Las denuncias han sido presentadas en instalaciones militares; incierto, el destino de las víctimas

Este sexenio se han reportado 18 mil 491 levantones en el país

Las autoridades civiles no cuentan con registros de estos secuestros, donde los captores no piden rescate

Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, NL y BC, con el mayor número de casos

Gustavo Castillo y corresponsales

Periódico La Jornada
Lunes 31 de enero de 2011, p. 7

De diciembre de 2006 a diciembre de 2010, se han reportado en instalaciones militares del país 18 mil 491 levantones. Sin embargo, no se tiene confirmación de la posterior liberación o muerte de los afectados. Las autoridades civiles prácticamente no cuentan con un registro de estos casos, y únicamente las procuradurías de los estados de México, Coahuila y Morelos llevan una contabilidad de estos hechos.

Por parte del gobierno federal no existe un registro de levantones; sin embargo, fuentes castrenses que pidieron el anonimato revelaron a La Jornada que en lo que va de esta administración en instalaciones militares se avisa de estos hechos, pero son casos que solamente se contabilizan como secuestros cuando los familiares presentan la denuncia formal.

En la mayoría de los estados donde se ha presentado este tipo de actos, y principalmente en aquellas entidades donde el crimen organizado se manifiesta de manera más violenta –como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León o Baja California–, prácticamente no existen denuncias, pero las fuentes consultadas ubican esos territorios como los lugares donde más se han recibido quejas de la ciudadanía por estos hechos.

En ese contexto, de diciembre de 2006 a diciembre de 2007 se recibieron 2 mil 123 llamadas para denunciar levantones; en 2008, 4 mil 25; 2009, 4 mil 322, y el año pasado 8 mil 21.

Las autoridades entrevistadas hicieron hincapié en el hecho de que las autoridades militares no dan seguimiento a los casos de desaparición, pues son competencia de las procuradurías. Sin embargo, señalaron que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tiene conocimiento de los registros castrenses.

Coahuila, cifras conservadoras

En Coahuila, por ejemplo, desde 2007 la Fiscalía General del Estado ha documentado más de 150 desapariciones vinculadas con la operación del crimen organizado, pero la cifra extraoficial sería tres veces mayor, de acuerdo con estimaciones de organizaciones no gubernamentales.

En esa entidad, días después de los levantones aparecen los cadáveres de algunas víctimas, pero de la mayoría nada se sabe. Entre las personas reportadas en ese lapso hay dos periodistas, dos comandantes antisecuestros, así como jefes policiacos, comerciantes originarios de otras entidades y hasta un ex agente de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que viajó a Saltillo para capacitar a empresarios en materia de protocolos de seguridad.

Michoacanos, víctimas frecuentes

En Colima no existen cifras oficiales, pero entre las desapariciones destacan los casos de siete jóvenes profesionistas oriundos de Michoacán, de los que no se supo nada desde el 25 de septiembre de 2010. Viajaron a Manzanillo a pasar un fin de semana y ya no regresaron a sus hogares.

Por otra parte, autoridades del estado de México refieren que durante los pasados tres años la Procuraduría General de Justicia de la entidad recibió alrededor de mil 500 denuncias por el delito de privación ilegal de la libertad. Aunque propiamente no existe el concepto jurídico levantón, la dependencia estatal registró, tan sólo en 2010, al menos 23 casos. Los municipios de Chalco y Nezahualcóyotl son las localidades con mayor número de reportes.

Por lo que hace a Hidalgo, se considera que solamente se cometen secuestros y no existen registros de levantones. Los municipios donde se ha reportado el mayor número de plagios son Pachuca, Tulancingo, Ixmiquilpan, Tula de Allende, Tepeji del Río, Huejutla, Huasca, Huichapan, Tetepango, Mixquiahuala, Atotonilco de Tula y Tepeapulco, territorios con presencia del cártel de Los Zetas.

En el estado de Jalisco, la procuraduría local no tiene un registro de estos casos, sin embargo, existen reportes confidenciales de esas autoridades que refieren que de enero a julio de 2010 se cometieron alrededor de 185 levantones en la entidad.

Fue la capital del estado, Guadalajara, el municipio que más contabilizó este tipo de actos delictivos, con 35 durante ese lapso de tiempo. Le siguieron en orden de jerarquía los municipios metropolitanos de Zapopan, con 15, y Tlaquepaque, con 10; Puerto Vallarta, tuvo 7 casos, y Tlajomulco de Zúñiga, al sur de la capital, registró cinco.

Por otra parte, en Morelos, de 2007 hasta 2010 han desaparecido mil 299 personas, de acuerdo con las cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). La Carpeta de Incidencia Delictiva estatal refiere que durante 2007 se registraron, en los 33 municipios de la entidad, 363 denuncias por desaparición de personas. En 2008 se contabilizaron 350 casos; en 2009, 266, y en 2010 fueron 320 denuncias. La carpeta no reporta el estado que guardan estas mil 299 indagatorias.

Por lo que toca al estado de Nuevo León tampoco existe estadística oficial, pero los reportes periodísticos contabilizan más de 200 levantones. Entre las víctimas, por ejemplo de 2007, están Gamaliel López y Gerardo Paredes, reportero y camarógrafo de Televisión Azteca Noreste. En ese mismo año, el mes de mayo desaparecieron 38 trabajadores de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Cadereyta.

En el caso de Oaxaca, los levantones incluyen autoridades de los tres órganos de gobierno, ya que, según informes de la Procuraduría de Justicia local, el 25 de mayo de 2007 fueron detenidos-desaparecidos por presuntos policías estatales los militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes después habrían sido entregados al Ejército Mexicano.

A la fecha, nada de sabe de ellos.

En Querétaro, el año pasado desaparecieron 41 personas. La Procuraduría General de Justicia estatal registró igual número de denuncias por ciudadanos originarios de los municipios de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Arroyo Seco, Jalpan de Serra y Huimilpan, así como de los estados de Hidalgo y San Luis Potosí.

Por otro lado, en el estado de Tamaulipas nadie se atreve a revelar cifras de personas levantadas, a pesar de que existen casos como el de una juez civil del municipio de Miguel Alemán, que despareció desde marzo de 2006 y ni siquiera la camioneta en la que viajaba ha sido localizada.

De acuerdo con cifras de autoridades locales y de casos publicados en diversos medios de comunicación de Tabasco, de 2007 a 2010 se han registrado alrededor de 115 secuestros en la modalidad de levantones, pero podrían ser más, ya que “no toda la gente comunica a la policía este tipo de delitos”, según señaló la procuraduría del estado.

En lo referente a Veracruz, la mayoría de los levantones se cometieron contra personas procedentes de otras entidades y se perpetraron principalmente en el puerto de Veracruz y el municipio de Boca del Río, en los años 2009 y 2010.

De ellos sólo hay investigaciones abiertas en los casos de cinco abogados y nueve jóvenes oriundos de Ciudad Juárez, Chihuahua, casos ocurridos en los meses de abril y noviembre del año pasado.

Otro hecho, el más sonado en el contexto nacional, fue el levantón del administrador de la Aduana Marítima de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, amigo del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El plagio ocurrió el primero de abril de 2009 y a la fecha el funcionario sigue desaparecido.

En Chiapas ocurren entre tres y cinco levantones semanales, la mayor parte relacionados con el crimen organizado, según fuentes oficiales, aunque la procuraduría estatal señala que no existe ninguna denuncia por desaparición de personas.

Por otra parte, en Sinaloa, de 2007 a la fecha se han contabilizado 250 personas desaparecidas, en su mayoría resultado de levantones perpetrados por agentes de diferentes corporaciones policiacas e incluso el Ejército, y aparentemente relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con datos de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en el Estado (CDDHS).

En su página de Internet, la Procuraduría General de Justicia estatal informa sobre 290 desapariciones de personas o en estatus de no localizadas, pero no precisa los lapsos en que se dieron estos casos ni avances en las indagatorias.

Tijuana, 300 levantones

En el caso de Baja California, la Asociación Ciudadana contra la Impunidad ha señalado que en este periodo se han reportado, tan sólo en la ciudad fronterizade Tijuana, más de 300 casos de desaparición forzada de personas, donde se encuentran involucrados elementos de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.

En Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió en los tres pasados años reportes de 180 personas desaparecidas. A solicitud de los familiares de las víctimas, el organismo solicitó información en diferentes instituciones y sólo aclaró el caso de dos personas que se encontraban recluidas en el Cereso de Morelia.

Migrantes desaparecidos incrementan las cifras

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán informó que de 2006 a la fecha se han registrado en la entidad 856 desapariciones forzadas. Incluye migrantes de los que “no se sabe nada”, así como personas que salieron a trabajar y no regresaron a sus hogares, además de jóvenes que presuntamente huyeron de sus casas, aunque la mayoría tiene que ver con casos de levantones y secuestros.

Confidencialidad

Finalmente, en el estado de Nayarit, “las estadísticas sobre personas levantadas o desaparecidas son prácticamente inexistentes”, señaló la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Gloria Noemí Ramírez Bucio. La legisladora mencionó que a pesar de sus reiteradas solicitudes sobre este asunto, simple y sencillamente la respuesta de las autoridades es que son datos “confidenciales”.

Asesinan a empresario maderero en Durango; hallan un decapitado

La redacción


DURANGO, Dgo., 30 de enero (apro).-Autoridades locales confirmaron la tarde del domingo el hallazgo del cuerpo sin vida del empresario maderero Jorge Arturo Pérez Gavilán León, en las cercanías del poblado Ramón Corona del municipio de Cuencamé. El fallecido fue abandonado en el interior de un vehículo, amordazado.

El empresario, hermano del exalcalde de Durango, Francisco Javier Pérez Gavilán, habría sido plagiado la noche del sábado cuando circulaba por la carretera
Durango-Mazatlán, a la altura del kilómetro 87, de acuerdo a versiones policiales.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por el asesinato.

Apenas hace dos semanas fue asesinado Francisco Javier Saravia Saravia, presidente de la Asociación Nacional de Ganado Limousine, después de permanecer secuestrado durante varios días. Por ese delito, permanecen bajo arraigo tres presuntos delincuentes.

La jornada violenta del domingo también dejó como saldo una persona decapitada, encontrada poco después de las 8 de la mañana en la colonia Tierra Blanca, del municipio de Gómez Palacio; el cuerpo fue encontrado en un tambo metálico color verde, dejado sobre la calle. La cabeza fue colocada a un costado.

Más tarde, el cuerpo fue identificado como Édgar Galván del Río, de 19 años de edad; sus familiares indicaron que había salido la tarde del sábado, alrededor de las 18:00 horas; fue la última vez que tuvieron contacto con él.

Proceso
31/01/2011

ESTADO DE MÉXICO Mítines en pueblos de narcos

Rosalía Vergara


En su gira por territorio mexiquense, Andrés Manuel López Obrador y sus simpatizantes han detectado la presencia de desconocidos que todo lo graban y anotan, y se han topado con retenes militares, en particular en los pueblos limítrofes con Michoacán, que son controlados por La Familia. A la tensión preelectoral en el Estado de México se suma el componente del miedo, toda vez que la entidad se está convirtiendo en un narcoterritorio cada vez más peligroso.


TOLUCA, MÉX.- "Aquí la inseguridad está muy cabrona", dice un lugareño de Amatepec que abandonó sus tierras hace 10 años para librarse de los sicarios del narco que empezaron a incursionar en la entidad.

Cuando se le pide que hable de la inseguridad, el campesino se agita y le dice a la reportera que mejor le pregunte a otra persona. Y le advierte: "Ellos (los narcos) son los malos. Seguro ya saben quién es usted, porque viene de fuera, y saben que estamos hablando…".

La conversación tiene lugar en Amatepec el domingo 16 de enero, durante la Gira por la Lealtad de Andrés Manuel López Obrador por los municipios mexiquenses. Lo acompaña el coordinador de los diputados federales perredistas, Alejandro Encinas, candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del estado.

Es el segundo mitin del día. La mayoría de los asistentes son campesinos, entre ellos muchos ancianos, simpatizantes de López Obrador. Se ven contentos de recibirlo, pero la calma se termina cuando aparece un hombre de pantalón café y playera naranja. Lo acompañan dos personas. Sus vistosos anillos, sus cadenas y lentes oscuros llaman la atención de los asistentes. El desconocido se pasea de un lado a otro del auditorio municipal; en una libreta, anota los nombres de los invitados y de los oradores.

Horas antes, el mismo hombre había estado en Luvianos, municipio del Estado de México que colinda al norte con Amatepec y al poniente con Michoacán, del lado de Apatzingán y Argelia, territorio controlado por La Familia. Traía un radiolocalizador pegado a la oreja y no cesaba de anotar. Nadie lo conocía. Cuando un policía le preguntó de dónde venía, respondió que trabajaba con el petista Óscar González, pero el político lo negó. Dijo que nunca lo había visto.

No era el único que llamó la atención. Durante la gira han aparecido otros desconocidos. Suelen mezclarse en los tianguis municipales, o se sientan en alguna banca del parque del lugar y fingen descansar. Siempre ponen atención a los discursos de Encinas y López Obrador.

En cada municipio al que llegan, los oradores explican a los asistentes su plan de gobierno y enumeran su decálogo que, arguyen, está diseñado para las necesidades de la gente. Por lo general omiten hablar del narcotráfico y del crimen organizado. Sólo abordaron estos puntos en Luvianos, cuando los reporteros les hicieron preguntas sobre el particular.

López Obrador insistió en que Felipe Calderón es un irresponsable al declararle la guerra al narcotráfico. "Sin saber a lo que se iba a enfrentar, le dio un palazo, un garrotazo al avispero; actuó a lo tonto", repite el tabasqueño. Y Encinas comentó que como diputado seguirá impulsando una estrategia para combatir el crimen sin derramar tanta sangre.

En el mitin de Luvianos, municipio gobernado por el PRD, participó el alcalde Zeferino Cabrera Mondragón, quien antes estuvo al frente del ayuntamiento de San Martín Otzoloapan. Fue él quien declaró el 19 de noviembre de 2009 que las bandas delincuenciales pretendieron extorsionarlo, aunque no señaló a ningún grupo en particular. Ahora, ante López Obrador y Encinas, Cabrera Mondragón se soltó. Mencionó que Luvianos ha sufrido una gran transformación, pues está creciendo.

Su secretario de Seguridad Pública, quien pidió que se omitiera su nombre, afirmó que desde hace un año ya no hay levantones ni temor en las calles del municipio. No obstante, admitió que mucha gente abandonó el pueblo por la presencia de los cárteles de la droga y la falta de seguridad. E intentó matizar: "Hay presencia (de narcos); pero sólo pasan y se pasean. Nada más", dijo. Un uniformado lo escuchó escéptico y murmuró: "La realidad es que el territorio está controlado por la mafia".

Mientras López Obrador leía el decálogo del plan de gobierno para Luvianos, un hombre vestido de azul, con gorra y un radiolocalizador de frecuencia como los que usa la policía, escribía frenéticamente en una libreta. Otros cercanos a él sólo escuchaban, sin pestañear.

Un lugareño comentó a la reportera que eran fuereños. Aseguró que la gorra y el sombrero los delataban. El sombrero calentano es habitual en Atlaya, en Amantepec, en los pueblos de la cuenca del Río Balsas, y eso ya es Michoacán; aunque también se acostumbra usarlo en Guerrero, explicó.

Casi en susurro afirma que "los malos" son de Altamirano, Arcelia y Guerrero, del lado de Michoacán; que en la salida del pueblo están los llamados "halcones", gente encargada de vigilar y reportar a la gente extraña que entra o sale. Conocen a todo el pueblo.

Los habitantes observaban a un hombre de chamarra amarilla con el logotipo "Gobierno Luvianos. 2009-2012" bordado en la espalda. "Él es el que mueve el rollo aquí", comentó uno de ellos a la reportera. En ese momento López Obrador comenzó a hablar de "la mafia en el poder".

Al terminar el mitin en Luvianos la caravana de la Gira de la Lealtad enfiló hacia la salida del pueblo, custodiada por varios vehículos en los que iban el director de Seguridad Pública y una decena de policías municipales.

En Amatepec, al observar la comitiva, un joven exclamó: "No sé cómo se atrevieron a venir aquí. Hay mucha inseguridad". Entre tanto un auto rojo pasaba por la calle donde vive el diputado estatal Crisóforo Hernández Mena, sitio en el que estaba programado el mitin y un convivio con López Obrador. El conductor se cubrió el rostro con su camiseta verde y comenzó a tomar fotos del lugar con su celular.


Militares, orejas y narcos


Seguidores de López Obrador y militantes de Morena se quejan porque, comentan, cuando visitan la zona colindante con Michoacán y Guerrero siempre los detienen los militares o civiles armados. Sólo los dejan pasar cuando ven sus identificaciones y se enteran de que forman parte del equipo que encabeza el tabasqueño.

Para los integrantes de Morena, los más "acosadores" son los militares. Aseguran que siempre toman fotos a las placas de sus vehículos y preguntan con frecuencia quién está al mando del movimiento, qué hacen en la región, quién los invita, quién los va a recibir, quién coordina la logística.

El domingo 16 esa escena se repitió. De salida, rumbo a Tejupilco, cerca de un retén militar una Hummer interceptó el vehículo de Encinas, una camioneta Escalade negra. Cinco soldados armados se bajaron de la unidad y pidieron al diputado y a sus acompañantes sus identificaciones y los permisos para portar armas.

"Están haciendo operativos porque la tierra está caliente", comentan los lugareños. Lo curioso es que antes de detener la camioneta de Encinas, los militares saludaron a López Obrador, pues lo conocen bien. Algunas veces incluso le han pedido que se tome una foto con ellos.

El viernes 21 el itinerario de la caravana lopezobradorista incluyó Ocoyoacac, Lerma y San Mateo. En el primer mitin, el hombre vestido de naranja, botas vaqueras y lentes oscuros reapareció, esta vez con una credencial a nombre de Noé García, que lo acreditaba como "brigadista especial" y "protagonista del cambio verdadero".

El sábado 22 la gira se inició en El Oro, donde hay retenes de policías desde la entrada. Ese día hubo un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal y agentes estatales. Cerca de este municipio se ubican Maravatío, Ciudad Victoria y Tlalpujahua.

La siguiente población fue San José del Rincón, otro pueblo lleno de militares que portan gorras de policías preventivos. Con sus cuernos de chivo al hombro, algunos graban con sus celulares y toman fotografías. A la entrada alguien colocó un letrero con la leyenda: "Dos toneladas de mariguana destruida, compromiso cumplido. Enrique Peña Nieto, gobernador del estado". Esta zona es controlada por La Familia.

Durante el mitin, mientras el maestro de ceremonias presentaba a los invitados, varios civiles anotaban los nombres en libretas; algunos hablaban por radio, nextel o celular. Nadie sabe quiénes son ni para quién trabajan. Ese día también apareció el "brigadista especial". El domingo 23 también estuvo en Ciudad Nezahualcóyotl, donde días antes se registró un enfrentamiento entre narcomenudistas. Camino a Valle de Chalco, un convoy de cinco Hummers llenas de soldados armados circulaba por la carretera del lado contrario al convoy de la Gira por la Lealtad.


Tierra narcomexiquense


Entre 2006 y 2010 se reportaron mil 461 ejecuciones en territorio mexiquense. La cuota de sangre afectó a 97 de los 125 municipios. Hoy, el Estado de México ocupa el sexto lugar en homicidios, debajo de Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, con 4 mil 387; Guerrero, con 2 mil 739; Baja California, con 2 mil 19, y Michoacán, con mil 751.

Durante ese periodo Ciudad Nezahualcóyotl ocupó el primer lugar en índice de homicidios, con 162 ejecuciones, de las cuales 69 ocurrieron el año pasado. Naucalpan reportó 77, Tultitlán 69, Tlalnepantla 57, Coacalco 48, Tecámac 42, Ocoyoacac e Ixtapaluca 34 cada una, Valle de Chalco 33, Huixquilucan 30, Toluca 28, Chalco y Chimalhuacán 27 en cada municipio, Tultepec 25, Tepotzotlán y Texcoco 24, Tejupilco 22 y La Paz 20.

En su libro Tierra narca, Francisco Cruz Jiménez señala que El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia desde hace 10 años, eligió tierra mexiquense para refugiarse:

"Desde septiembre de 2005 se registró una explosiva consolidación de los cárteles del narcotráfico: ejecuciones en las calles de Toluca y Metepec, de Luvianos e Ixtapan de la Sal; enfrentamientos entre criminales y policías o entre criminales y policías criminales en Coacalco, Tultitlán, Ciudad Nezahualcóyotl, Atlacomulco, Tejupilco y Ecatepec; embolsados, encobijados, secuestros, extorsiones, decapitados, narco mensajes y protección policial a los cárteles y a sus personajes que impusieron una narcocultura arraigada en otras zonas del país".

También escribió que La Familia controla todo el valle de Toluca: de Metepec a Toluca, Lerma, Santiago Tianguistenco, Zinacantepec, Calpulhuac, San Mateo Atenco, Xonacatlán, Ocoyoacac, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez y Tenancingo. Según Cruz Jiménez, en el sur, la guarida natural de El Chapo era Luvianos, Valle de Bravo, Tlatlaya y Tejupilco, entre otros.

Hoy, La Familia libra una batalla contra Los Zetas, Los Pelones y los cárteles de Sinaloa y del Golfo en el llamado Triángulo de la Brecha de Tierra Caliente, zona productora de mariguana y amapola.

Proceso
31/01/2011

Preguntas para Enrique Peña Nieto

Denise Dresser


1¿Qué se siente ser un precandidato presidencial que le miente al Instituto Federal Electoral sobre sus espots publicitarios?


2 ¿No entraña una contradicción obvia aspirar a un puesto en el que se hace valer la Constitución cuando ya la ha violado?


3 ¿Sabía usted siquiera que el artículo 134 constitucional prohíbe realizar promoción personalizada fuera de la entidad que gobierna?


4 ¿Desconocía la legislación electoral o tomó la decisión deliberada de ignorarla cuando difundió su V Informe de Gobierno fuera de territorio mexiquense?


5 ¿Cómo es que el director de Comunicación Social del Estado de México argumenta que los espots fueron transmitidos por una "cuestión técnica" a nivel nacional, cuando hay documentos que prueban su contratación precisamente para ser transmitidos a nivel nacional?


6 ¿Cómo explica que su gobierno contrató y pagó tarifas nacionales a Televisa y a Televisión Azteca, tarifas mucho más caras que las contratadas para difusión sólo a nivel estatal?


7 ¿Cómo explica la discrepancia entre lo que muestran documentos oficiales del gobierno del Estado de México y lo que están diciendo usted y su director de Comunicación Social? ¿Quién está mintiendo? ¿Los documentos o ustedes?


8 ¿Sabía usted que un espot contratado a nivel nacional de su V Informe de Gobierno, que fue transmitido durante el horario de la telenovela Soy tu dueña, tuvo un costo de 640 mil 611 pesos? ¿Y que un espot contratado con Televisa Estado de México y transmitido durante el horario de la misma telenovela tuvo un costo de sólo 9 mil 492 pesos? ¿Cómo explica la discrepancia, si según su versión no sabía que el primer espot iba a ser transmitido a nivel nacional? ¿Por qué estuvo dispuesto entonces a pagar mucho más?


9 ¿No es cierto que en el momento de la contratación de espots con Televisa o TV Azteca las televisoras presentan un menú de opciones, y que su gobierno evidentemente eligió la transmisión a nivel nacional aunque eso fuera en contra de la legislación electoral?


10 Usted ha argumentado, en su defensa, que lo que hace "es similar a las actividades que hacen todos los gobernadores". Pero si ellos también están incurriendo en violaciones a la ley, ¿es justificable? ¿No equivale esa defensa a la lógica de consuelo de muchos, consuelo de tontos?


11 Si, como usted dice, fue una decisión de las televisoras mostrar sus espots a nivel nacional, ¿cómo explica que pagó más por los que fueron transmitidos fuera de su entidad? ¿No será que los contrató y los pagó con esa intención y ahora quiere colocar la culpa sobre los hombros de otros?


12 También ha negado que la entrega de despensas del DIFEM fuera responsabilidad de su gobierno, a pesar de las fotografías que lo constatan. Usted dice que hay algo "muy truqueado". ¿Tan "truqueado" como el asunto de los espots? ¿No está demostrando este conjunto de irregularidades una actitud de indiferencia ante los imperativos de la ley?


13 ¿No sigue siendo el caso que usted constantemente recurre al uso de dinero público para la promoción personalizada?


14 ¿No hay, en efecto, un acuerdo/contrato entre usted y Televisa mediante el cual, a cambio de dinero, la televisora le asegura el paseo permanente por la pantalla, con promoción política disfrazada de infomercial; con paquetes publicitarios que incluyen la compra de entrevistas en los principales noticieros; con la cobertura de un romance que recibe más atención que la guerra contra el narcotráfico; con el silencio televisivo que se guarda sobre el caso de Atenco o los feminicidios en el Estado de México o cualquier tema controvertido que podría empañar su imagen?


15 ¿Cómo explica que cuando el IFE declara que usted ha violado la ley y que procede una sanción, el tema no es cubierto por las televisoras a pesar de su trascendencia, ya que usted es el precandidato puntero del PRI?


16 ¿Cómo explica usted a los habitantes del Estado de México –un sitio con tantas carencias– que el presupuesto de publicidad de su gobierno asciende a 990.6 millones de pesos, de los cuales destinó 30 millones a la televisión para publicitar los Foros de Reflexión: Compromiso con México?


17 ¿De qué manera esos foros contribuyeron a resolver los problemas prácticos de violencia e inseguridad que se viven en el Estado de México? ¿O simplemente fueron eventos –con cargo al erario– concebidos para promover su figura personal?


18 Ante el problema de los feminicidios en el Estado de México ha dicho que "habrá foros de especialistas para discutir el tema". ¿Acaso los foros propuestos equivalen a una solución tangible o son tan sólo una pantalla de humo creada para distraer a la opinión pública?


19 ¿Cómo justifica que su gasto en publicidad sea 42.1% mayor que el Programa de Atención a Personas con Capacidades Diferentes? ¿No hay algo mal en sus prioridades como gobernante?


20 ¿Cuánto pagó a Televisa por la producción relacionada con su V Informe de Gobierno? ¿Y por qué en el momento en el que arribaron las camionetas de Televisa al evento habían tapado el logotipo de la empresa con papel bond y cinta de aislar? ¿Acaso ellos o usted tienen algo que esconder?


21 ¿No es cierto que usted le debe todo a Televisa; que el apoyo extra-legal de la televisora lo ha llevado de ser un político desconocido y sin trayectoria a la figura más popular de los últimos tiempos?


22 ¿Usted qué le está ofreciendo a cambio? ¿Evitar el surgimiento de una tercera cadena de televisión abierta? ¿Asegurar que no se dé la competencia en el sector? ¿Una Presidencia a la medida de los intereses de la empresa?


23 Dado que usted se declara adalid de la modernidad y la transparencia, ¿por qué no hace públicos todos los contratos que ha firmado con la empresa TV Promo? ¿Por qué no explica qué relación tiene con el brazo político y financiero de Televisa a través del cual vende espacios publicitarios, contenidos noticiosos y su línea editorial a políticos como usted a cambio de favores futuros?


24 En diversos artículos periodísticos usted habla de la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano recupere su fuerza y su eficacia. Pero ello pasaría por la domesticación de los poderes fácticos, principalmente la televisión. Al pactar como lo ha hecho con Televisa, ¿no llegaría a la Presidencia con las manos atadas de antemano? Su actitud actual, ¿no equivale a un doblegamiento frente al poder que debería contener? ¿No viviríamos, bajo su presidencia, con un Estado aún más capturado y más débil vis a vis Televisa?

Proceso
31/01/2011

domingo, 30 de enero de 2011

Asalto a la capital…

OPERATIVOS ANTINARCO DE LA MARINA
El delirante proceso de militarización en el país, atizado desde la Presidencia sin que se haya traducido en una reducción de la criminalidad, alcanzó ya al Distrito Federal, si bien años antes hubo algunos despliegues castrenses en la capital de la república

Domingo, 30 de Enero de 2011


JORGE CARRASCO ARAIZAGA


MÉXICO, DF.- Los cuerpos de infantería de Marina utilizados por Felipe Calderón para operaciones terrestres, al estilo de los marines estadounidenses, están cada vez más presentes en centros urbanos, incluida la Ciudad de México, sin que sus actuaciones cuenten con el aval del Congreso.

Desde septiembre de 2009, cuando realizaron su primera incursión en el Distrito Federal, los infantes de Marina han tomado por momentos el control de calles en la capital del país para labores de vigilancia, cateo e inspección, pero según la propia Secretaría de Marina-Armada de México, los "marines mexicanos" en cualquier momento pueden entrar en combate urbano.

Encapuchados y pertrechados con rifles de asalto, lanzagranadas y otro armamento de alto poder han llegado con unidades artilladas a zonas habitacionales y comerciales del DF preparados para un eventual enfrentamiento con grupos de la delincuencia organizada, como ha ocurrido en estados como Morelos, Tamaulipas o Nuevo León.

Ni el Ejército había hecho una demostración de fuerza de ese tipo en la Ciudad de México, donde se asienta su cuartel general.

A pesar de que los operativos militares, sobre todo de los infantes de marina, son cada vez más recurrentes, el gobierno del DF minimiza la presencia de las fuerzas federales en su territorio.

"Hemos tenido presencia de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en otras ocasiones. Llegan con objetivos específicos en seguimiento de investigaciones que viene realizando", dice en entrevista el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

SU CUARTEL GENERAL

Pero la presencia de la Marina en la Ciudad de México va más allá de esos "objetivos específicos". Concentrada hasta este sexenio en la defensa marítima del país, la Marina-Armada de México ya hizo de la capital del país también su Cuartel General de Alto Mando, desde donde prepara las operaciones de los infantes de marina en todo el país.

Desde la llegada de Calderón la Armada cambió su organización y operación sin contar con la autorización del Congreso. Apenas en marzo del año pasado el Senado aprobó modificaciones a la Ley Orgánica de esa fuerza, pero desde entonces está congelada en la Cámara de Diputados.

La "política estratégica" de la Armada impulsada por Calderón y el secretario de Marina, Francisco Saynez Mendoza, ha estado dirigida a la creación de una nueva estructura operativo-militar en la que la Infantería de Marina es la principal unidad operativa.

Según anunció el propio Saynez, en el segundo año de gobierno de Calderón esa fuerza ya tenía más de 15 mil efectivos, concentrados en batallones, fuerzas especiales y otros agrupamientos que representan casi la tercera parte del personal de la Armada y que han actuado en operativos como la ejecución de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, en diciembre de 2009 en Morelos, y de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, en noviembre del año pasado en Matamoros, Tamaulipas.

No se trató sólo de una modificación para aumentar el número de infantes de marina, explica Victoria Unzueta, asesora del PRD en la Cámara de Diputados en materia de seguridad. Ese cuerpo ya existía, lo que se hizo fue modificar el esquema de la Armada para que pudiera realizar operaciones en zonas continentales, tal y como lo hacen los marines estadounidenses, añade.

LOS PREPARA EU

De hecho, los infantes de marina mexicanos están recibiendo preparación y entrenamiento en Estados Unidos. De acuerdo con el cable 3573, enviado por el embajador Carlos Pascual al Departamento de Estados el 17 de diciembre de 2009, en el caso de la ejecución de Arturo Beltrán Leyva --ocurrida un día antes-- las fuerzas de la Secretaria de Marina actuaron "respondiendo y actuando ante información proporcionada por Estados Unidos".

El cable, uno más de los que han sido difundidos por Wikileaks, puntualiza un hecho que convierto a los miembros de la infantería de marina mexicana en verdaderos marines: "La unidad que realizó la operación recibió amplio entrenamiento por parte de Estados Unidos…"

La presencia de los marines de Calderón en la Ciudad de México, gobernada por el PRD, ha sido creciente. Su presentación ocurrió el 19 de septiembre de 2009, cuando infantes de marina se apostaron en Moliere 222, frente a las oficinas del Grupo Bal, del empresario Alberto Bailleres, en Polanco, muy cerca de la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los marinos tenían su objetivo en una de las subsidiarias de ese grupo, Química del Rey, cuya dirección apareció en los sacos de sulfato de sodio donde se habían escondido 11 millones de dólares que ocho días antes habían sido decomisados por la Marina en Manzanillo, Colima, y que tenían como destino el puerto colombiano de Buenaventura. Los marinos no entraron al inmueble porque nunca recibieron la orden de cateo.

OPERATIVOS CAPITALINOS

La semana pasada marcó lo que ha sido la principal presencia de los infantes de marina en la Ciudad de México. En menos de 72 horas realizaron tres operativos en la delegación Benito Juárez.

Entre la una y media y las cinco de la mañana del lunes 24, un grupo de marinos se desplegó en la colonia Del Valle. En el número 21-A de Miguel Laurent, entre Fresas y Tejocotes, catearon un departamento y detuvieron al supuesto integrante de un cártel del narcotráfico.

Según informó la Marina fue detenida una persona que se identificó como Juan Ramón Córdova Peñaloza, de 47 años, originario del Distrito Federal y a quien le decomisaron tres armas y vehículos.

Al día siguiente, como parte de la misma investigación, muy cerca de ahí catearon el hotel Vermont en el cruce de las calles Vermont y Colorado, en la colonia Nápoles. Después de seis horas los marinos no detuvieron a ninguna persona, pero aseguraron armas y municiones, según dijo la Marina.

El miércoles 26 una veintena de marinos regresaron al inmueble de Miguel Laurent para vigilar durante varias horas la diligencia que realizó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). La Marina evitó informar el objeto de esas acciones y sólo trascendió que se trataba de un jefe de Los Zetas o de una persona relacionada con Héctor Beltrán Leyva.

La atención sobre las acciones militares de la semana pasada en la Ciudad de México aumentó porque el Ejército y la Policía Federal realizaron otros tres cateos.

SITIO DE PASO

La Ciudad de México ya ha sido escenario de detenciones de presuntos jefes del narcotráfico por parte de las fuerzas federales.

En marzo de 2009, agentes de la PGR y fuerzas especiales del Ejército detuvieron en el número 269 de la calle Lluvia, en Jardines del Pedregal, a Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa.

Un mes después, también la PGR y el Ejército detuvieron en una residencia de Bosques de las Lomas a Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo del fallecido Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, jefe del cártel de Juárez.

En enero de ese mismo año fue detenido por la PGR, en la colonia Villas de Coyoacán, Miguel Ángel Soto Parra, exmilitar cofundador de Los Zetas.

En Lindavista, en el norte del DF, en octubre de 2008 fue detenida una célula del cartel de Sinaloa. Entre los aprehendidos estuvieron el hermano del Mayo, Reynaldo Zambada, El Rey o El Patrón, y su sobrino Jesús Zambada Reyes.

En 2007, en un restaurante de San Jerónimo, en el sur de la ciudad de México, fueron detenidos Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su entonces pareja sentimental, el colombiano Juan Diego Espinoza Ramírez, El Tigre, integrante del cártel colombiano del Valle del Norte, que se volvió testigo protegido del gobierno estadunidense y que ha declarado en contra de Sandra Ávila.

En la Ciudad de México también han sido detenidos grupos operativos de "Los Zetas" del cártel del Golfo, "a Familia Michoacana, el cártel de Sinaloa, los hermanos Beltrán Leyva, A esas organizaciones la PGR les ha asegurado casas en las colonias Juárez, Del Valle, Lindavista, Jardines del Pedregal, San Ángel, Coyoacán, Pedregal, Bosques de las Lomas e Interlomas.

BENEPLÁCITO

El jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, ha dado su aval a estas acciones de las fuerzas federales en la ciudad. En junio de 2009 aseguró: "Nosotros vemos bien todas las acciones que se puedan tomar, ya sea por instancias federales o locales, y más si las hacemos de manera coordinada"; se refería a un operativo realizado un mes antes por el Ejército y la Policía Federal en la colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.

Pero el propio secretario capitalino de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, matizó "la coordinación" con el gobierno federal y pidió "una mejor comunicación" para la realización de los operativos.

El procurador Miguel Mancera dice que todas esas capturas "relacionadas con diferentes grupos delictivos de alto nivel, han sido focalizadas, pero nunca resultado de un enfrentamiento a tiros en las calles, porque no hay una base efectiva de esos grupos en el ciudad".

Sostiene que el Distrito Federal "no es un punto de concentración o asentamiento de cárteles, ni tampoco foco de distribución de la droga". Explica: lo que han dicho los propios actores de la delincuencia organizada en algunas declaraciones es que la Ciudad de México se les dificulta para la operación porque requieren de mucha gente, de una rápida movilidad y de grandes esquemas de protección.

Según Mancera la Ciudad de México no lo facilita porque hay un cuerpo policiaco muy grande, de más de 70 mil elementos, concentrado en un mando único.

Pero la ciudad, que cada día puede llegar a tener unos 15 millones de personas con los cinco millones de población flotante, también facilita el ocultamiento de narcotraficantes, "siempre y cuando se mantengan discretos", dice el funcionario.

Asegura que cuando fue capturado El Rey Zambada dijo que había venido a festejar su cumpleaños; es decir, que como muchos otros narcotraficantes entraba a la ciudad y luego se iba.

NARCOMENUDEO

El verdadero problema de la ciudad, dice, es el narcomenudeo, que se registra desde fines de los años noventa especialmente en las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero y parte de Álvaro Obregón. Esas demarcaciones son consideradas por la autoridad capitalina como "puntos rojos" y que irradian en áreas circunvecinas como las delegaciones Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Tlalpan.

El procurador capitalino admite que hay una tendencia creciente: "No hay semana en la que no hagamos una detención que no tenga que ver con el narcomenudeo", pero insiste en que "no hay nada que conecte con un grupo en específico".

Sobre la presencia de ejecutados y narcomensajes que se han registrado en el DF afirma que no se trata "necesariamente de gente de esta ciudad", sino de "encargos" de otras partes del país.

Las incursiones militares en la Ciudad de México han derivado, como en todo el país, en un aumento de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (APRO)

Estado y cárteles: amalgama perversa

SEÑALA EL OBISPO RAÚL VERA LÓPEZ

Testigo de primera mano del fenómeno paramilitar en Chiapas, Raúl Vera López ve similitudes entre ese caso y la situación actual en el país, sumido en una guerra contra el narcotráfico que, afirma, no es tal sino una lucha de facciones de las mafias y los grupos políticos y económicos que sólo quieren cuidar sus intereses...
Domingo, 30 de Enero de 2011

ARTURO RODRÍGUEZ


SALTILLO, COAH.- Para el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico es una lucha de facciones de los cárteles y grupos políticos y económicos que quieren proteger sus intereses con el fomento de la militarización y la violencia.

Agrega que es un mecanismo que afecta a la sociedad civil, criminaliza a los luchadores sociales y aprovecha como carne de cañón el hambre de millones de jóvenes sin oportunidades.

Las consecuencias pueden ser semejantes a las que se ven en Chiapas, donde los grupos paramilitares y sus crímenes son responsabilidad del Estado que pretende, con el despliegue armado, evitar los procesos de articulación y cohesión ciudadana.

Vera López –quien ha calificado a Felipe Calderón de dictador y a los miembros de su gabinete de fascistas– advierte que la delincuencia organizada está amalgamada con el Estado mexicano y ya no hay límites entre el aparato represor estatal y el hampa.

Entrevistado en los últimos días de diciembre, el obispo de Saltillo afirma que el despliegue de las Fuerzas Armadas como estrategia de la guerra de Calderón, junto con el fracaso del sistema judicial, degeneró ya en una situación caótica en la que el Estado prácticamente tiene pelotones de fusilamiento.

"El gobierno fue rebasado y está dando respuestas desesperadas, con una tremenda violación de la ley y de la seguridad jurídica de los ciudadanos".

Su afirmación se basa en el antecedente de operativos como en el que murió Arturo Beltrán Leyva, el 16 de diciembre de 2009. La acción de fuego, dice, fulmina a los presuntos delincuentes. Lo mismo ha ocurrido con otros cabecillas, como Ignacio Coronel, en julio pasado, y Ezequiel Cárdenas Guillén, en noviembre.

"No hay procuración de justicia, investigación seria, probanza de los crímenes. En México, por ley, no existe la pena de muerte. Pero existe de facto. Eso es peligroso, es una manera sofisticada de ejecución extrajudicial".

El prelado advierte que si hubiera indagatorias se sabría lo necesario para enfrentar a la delincuencia. "Pero parece que estos operativos tratan de que se mueran (los capos) para que no denuncien a quienes los apoyan en el aparato de Estado, como si resultara mejor que se lleven a la tumba los nombres de sus cómplices en el gobierno", dice.

Desde su perspectiva, esa guerra es un mecanismo de protección de intereses que, ante el fracaso del modelo político y económico, está profundizando la injusticia y la impunidad.

REPRESIÓN Y TERRORISMO

Desde hace cinco años Raúl Vera ha cuestionado la falta de investigación en las estructuras políticas y financieras para combatir al narco. Considera que las instituciones perdieron el rumbo y la autoridad moral. Sostiene que el mensaje que envía el Estado es que "se vale todo".

–En el discurso oficial se habla de que estamos en guerra contra la delincuencia organizada. Pero ¿vivimos una guerra? –se le pregunta.

–Es una guerra mediática, de espectacularidades. Pero no es una estrategia bien pensada ni articulada, sino de respuestas inmediatas que no socavan el mal desde sus orígenes. Estamos hablando de una guerra de venganzas. No es una guerra de ideales ni por un objetivo; es un pleito entre facciones no sólo de cárteles, sino entre grupos políticos y financieros que están amarrados a cada cártel.

Señala que el Observatorio de Servicios y Asesoría para la Paz ha monitoreado una cantidad alarmante de actos de violencia, asesinatos, desapariciones y torturas contra miembros de organizaciones sociales. Así, concluye, se trata de acciones de carácter bélico y bárbaro contra la delincuencia organizada, pero también contra la sociedad que reclama.

"Estamos hablando de la reconversión del Estado en uno más militar, dictatorial, que niega derechos y retrocede el avance democrático", dice.

Considera que en términos jurídicos no hay una guerra, pues ello implicaría una suspensión de garantías que Felipe Calderón tendría que haber argumentado demostrando que hay una amenaza para la seguridad nacional.

El obispo realizó incluso un análisis de derecho internacional. A partir del estallido de un coche-bomba en Ciudad Juárez el pasado 15 de julio, encontró una explicación de por qué el gobierno de Calderón se niega a admitir que se trata de acciones terroristas.

De acuerdo con su estudio, después del 11 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la Resolución 1373, que describe las características de un acto terrorista, en las que encaja a la perfección la detonación de al menos media docena de coches-bomba en México.

"Al aceptar un acto terrorista el Estado se vería obligado a congelar las cuentas de los presuntos autores; también la de instituciones financieras o empresariales que les brinden servicios. Además tendría que procesar a funcionarios públicos que apoyen a los grupos y asegurar que las penas que se impongan sean acordes a la gravedad de los delitos. Nada de eso parece convenir al gobierno", afirma.

Lo que hay, sostiene, es un prototipo de guerra muy acorde a lo que se vive en el mundo, en que se rompen los marcos básicos de protección a la sociedad civil.

Y la consecuencia, advierte, es una crisis grave de gobernabilidad, producto del cierre de los espacios políticos para la sociedad civil que no encuentra respuesta a sus demandas, donde el vacío de poder fue llenado por la delincuencia organizada.

LA VIOLENCIA ES DEL GOBIERNO

"La guerra de Calderón es para proteger al poder político y económico. En Chiapas protegían los negocios fundados en la riqueza natural y jamás le iban a hacer justicia a los indígenas. Eso es lo que está pasando, pero ahora con cosas más grandes, en un plan semejante que se extiende al país entero", considera el obispo.

Testigo de lo que llama "una guerra de baja intensidad" en Chiapas, Vera López mantiene su exigencia de proceso por crímenes de lesa humanidad contra Ernesto Zedillo y mandos militares y políticos implicados en acciones contrainsurgentes; señaladamente por los crímenes de Acteal.

–¿Cuáles fueron las consecuencias de la militarización de Chiapas?

–La paramilitarización. El gobierno usó a la sociedad civil para que se enfrentara a sus propios hermanos. Los crímenes más graves cometidos ahí son responsabilidad del Estado mexicano –responde.

–¿Puede repetirse el fenómeno de paramilitarización en Chiapas o, como ocurrió en Colombia ante el despliegue militar, en todo el país?

–Con lo que está pasando con los luchadores sociales, con todos los delitos que se cometen, solapando acciones violentas contra la sociedad civil y con el distractor que significa la lucha contra el crimen organizado, el Estado tiene espléndidas oportunidades para hacerlo.

Vera afirma que la paramilitarización en Chiapas persiste hasta ahora, y afecta el desarrollo y la construcción de alternativas para la sociedad. "En estos años es muy claro ver la similitud de la estrategia de contrainsurgencia y la militarización de todo el país", asegura.

El obispo niega tener conocimiento de que los grupos paramilitares en Chiapas se hayan aliado a los cárteles de la droga, pero acude a los perfiles psicológicos desarrollados por los extintos André Aubry y su esposa Angélica Inda en los Altos de Chiapas.

"Los paramilitares y los sicarios de la delincuencia organizada tienen en común que son jóvenes sin futuro, sin identidad. Les dan un arma y dinero y se sienten alguien. Ambos pasan de ser nadie a convertirse en alguien con un arma y con dinero. Por si fuera poco, con la protección del Estado".

Sostiene que la violencia actual proviene del Estado, porque además de dejar paramilitares y sicarios en la impunidad, los protege. (APRO)

Suspenden clases y cierran negocios en Zacatecas por narco

Verónica Espinosa


Zacatecas, Zac., 29 de enero (apro).- Ocho municipios del sur del estado, en la región limítrofe con Aguascalientes y Jalisco, se mantienen en alerta por la presencia de grupos armados, cuyos enfrentamientos constantes en la última semana causaron la suspensión de clases y el cierre temprano de oficinas y comercios en toda la zona.

El gobierno del estado, a través del vocero oficial, Mario Alberto Caballero, reconoció que en la semana transcurrida se vieron obligadas a cerrar al menos tres escuelas y se suspendieron las clases en los municipios de Tabasco, Jalpa y Apozol, además de que admitió la tensión y el temor que prevalece en dichas localidades desde hace algunas semanas, a partir de que se desataron los enfrentamientos entre grupos armados.

A estos municipios se agregan Villanueva, Huanusco, Joaquín Amaro, Juchipila y Moyahua, poblaciones donde los habitantes han optado por encerrarse en sus casas al atardecer y suspender toda actividad comercial.

Los grupos han levantado y ejecutado a varios policías municipales; una versión extraoficial apunta a un frente unido de cárteles que busca sacar a "Los Zetas" del estado, donde hasta ahora mantienen su dominio.

El miércoles 26 tuvo lugar uno de los más cruentos tiroteos, en una refriega entre los grupos y las corporaciones en Tabasco, que obligó al cierre de la carretera 54 que conduce a Guadalajara.

Ese día se aseguraron cinco camionetas de lujo, varias de ellas blindadas y un arsenal de armas largas y granadas, además de que en uno de los vehículos había una cabeza humana.

Aún no se confirma si las actividades escolares se reanudarán el lunes 31; mientras tanto, los operativos reforzados con agentes de la Policía Federal que arribaron a la entidad el viernes continúan en esa zona.

Proceso
30/01/2011

Guerrero: sin comida ni democracia

Miguel Ángel Granados Chapa

Los guerrerenses, cuya vida no es mejorada por acciones gubernamentales, se han interesado poco por el gobierno, y no acuden a votar. Sus altos niveles de abstención permitieron durante largo tiempo que el voto se manipulara

Guerrero es uno de los estados más pobres de la República. Sus varias carencias lo tienen al final de la lista de las entidades: de un total de 3.4 millones de habitantes según el censo del año pasado, su población económicamente activa suma 1.3 millones de personas, pero al 31 de diciembre de 2010 sólo 145 mil personas estaban afiliadas al IMSS. Por ello 1.8 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud (Jorge Chávez Presa, El Universal, 29 de enero). Y ya no digamos los índices de las diversas clases de pobreza, entre ellas la alimentaria, que se ubican entre los peores del país.

Las pésimas condiciones de vida de los guerrerenses corresponden a su atraso político. En los ochenta años recientes la normalidad institucional se ha visto afectada por cuatro veces en que se "disolvieron los poderes", la deformada fórmula constitucional con que los presidentes deponían a gobernadores desafectos o incómodos. Una vez, cuando ya no era bien vista esa receta, un gobernador tuvo que renunciar, amén de otro que murió en el desempeño de su cargo.

Los guerrerenses, cuya vida no es mejorada por acciones gubernamentales, se han interesado poco por el gobierno, y no acuden a votar. Sus altos niveles de abstención permitieron durante largo tiempo que el voto se manipulara hasta extremos escandalosos. En la elección del primer Rubén Figueroa, en 1975, el gobierno de Echeverría quiso recompensarlo por el desajuste emocional que le provocó ser secuestrado cuando estaba en campaña, y le regaló una elección casi unánime: sin rival al frente, se le atribuyeron 583,371 del total de 583,887: sólo hubo medio millar de disidentes, contrarios a ese amigo del Presidente que ejerció el poder, como antes ocurría y como ocurrió también después, con mano dura.

Por eso en Guerrero se ha recurrido a las armas en mayor medida que a los votos. Amén de otros actos de violencia política (como los que han dirimido conflictos entre grupos de poder), en Guerrero se han gestado más alzamientos organizados que en ninguna otra entidad en el medio siglo reciente. Dos veces al menos pretensiones de organización popular fueron reprimidas y provocaron que sus dirigentes tuvieran que refugiarse en la sierra y desde allí practicaran la opción guerrillera. Genaro Vázquez Rojas había fundado la Asociación Cívica Guerrerense, que en su nombre enunciaba su propósito, pero fue aprehendido porque el gobernador Raymundo Abarca Alarcón, que rigió a Guerrero de 1963 a 1969, tenía presente que el general Raúl Caballero Aburto había sido depuesto por el presidente López Mateos en 1961 a partir de una revuelta civil, y no estaba dispuesto a padecer la misma suerte. Lucio Cabañas, a su vez, se remontó después de que se pretendió aprehenderlo sólo por organizar el descontento de padres y maestros en Atoyac de Álvarez, y no le quedó más que trocar ese modo de participar en la vida pública por el uso de las armas.

La muerte de ambos dirigentes y la desaparición de sus intentos guerrilleros no impidieron que se buscara repetir la tentativa. En Guerrero se presentó en público por primera vez el Ejército Popular Revolucionario, que desde su aparición en 1996 no ha dejado realizar acciones militares, aunque desde 2008 se ha comprometido a observar una tregua en espera de que fructifiquen esfuerzos por presentar con vida a dos de sus militantes, sujetos de desaparición forzosa en Oaxaca en 2007.

La lucha contra la guerrilla de Lucio Cabañas y su Partido de los Pobres y su Brigada de Ajusticiamiento intensificó la represión a las actividades políticas de la oposición y la disidencia. Guerrero fue un espacio principal de la guerra sucia emprendida por el gobierno de Echeverría para acabar con la protesta armada. Se emprendió esa batida sin reparar en límites legales. Está en curso, por la lentitud renuente del Estado mexicano a cumplirla, la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Rosendo Radilla. Su caso ejemplifica y sintetiza la naturaleza del combate militar a la población: en 1974 fue detenido por un comando del Ejército, en presencia de su hijo, y no se supo nunca más de él. La fiscalía especial para investigar las acciones ilegales de fuerzas castrenses y policiales en esa década recibió denuncias y halló indicios de decenas de acontecimientos semejantes, aunque no pudo documentarlos al punto de convertirlos en piezas de acusación contra sus perpetradores.

La violencia de autoridades locales o federales contra personas en Guerrero no pertenece al más remoto pasado. Hace no más de cinco lustros que el gobernador José Francisco Ruiz Massieu y quien fuera su cuñado, el presidente Carlos Salinas de Gortari, ostentosos de su modernidad y de la que querían imprimir a sus acciones, practicaron o admitieron también esa violencia, especialmente contra miembros del naciente Partido de la Revolución Democrática. Y en 1995 un intento de protesta pacífica emprendido por campesinos inermes fue enfrentado por la policía estatal con tanta rudeza innecesaria que murieron 17 personas. No a causa de ese exceso, sino porque se descubrió que lo era (un video donde se aprecia la artera agresión en el vado de Aguas Blancas fue difundido por Ricardo Rocha entonces todavía en Televisa), obligó al presidente Zedillo a pedir a la Suprema Corte una investigación constitucional sobre el suceso, y a pedir a su amigo, el segundo Rubén Figueroa, que se marchara. (Por cierto, convendrá que Zedillo explique a quién se refirió en Davos cuando anunció que "vamos a ganar").

Salvo esa sanción política, a la postre ningún autor intelectual o material de esa matanza recibió castigo penal. Tal impunidad propició que en 1998 fueran objeto de un ataque semejante, éste a cargo de militares, activistas de desarrollo social. En campaña contra el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI, una temprana disensión del EPR), tropas federales dieron muerte a 11 personas, reunidas en una escuela de la comunidad de El Charco, en el municipio de Ayutla de los libres. Oficialmente se determinó que cuatro de las víctimas eran miembros del ERPI. Las restantes padecieron, según la terminología en boga hoy, un daño colateral.

Reprimidos y pobres, los guerrerenses quieren saber lo menos posible del gobierno y por eso no votan. En las dos elecciones federales más recientes el abstencionismo fue muy elevado: 68 por ciento en los comicios legislativos del año antepasado. Ni siquiera el activismo de Andrés Manuel López Obrador en 2006 logró una mayoritaria participación social, pues apenas votó el 45 por ciento de los integrantes del padrón.

La ausencia ciudadana es mayor en elecciones locales. Fue de 48 por ciento en la jornada de 2005, cuando Zeferino Torreblanca derrotó al priista Héctor Astudillo, y ascendió a 51 por ciento tres años más tarde. En esos comicios fue elegido diputado Armando Chavarría, que de ese modo comenzó su aproximación al gobierno del estado, como candidato del PRD. Su proyecto empezó a concretarse cuando se convirtió en líder de la legislatura local, un espacio apropiado para hacer conocer su creciente distancia del gobernador Torreblanca, de quien había sido secretario de Gobierno, para diferenciarse de un programa político cuya ejecución había decepcionado a los votantes, que sufragaron por él en espera de un cambio que nunca se produjo.

Pero Chavarría fue asesinado el 20 de agosto de 2009 sin que, como es típico en Guerrero y en este gobierno, se conozca a los autores de la agresión aunque se supongan sus móviles. Ausente de la escena el candidato natural, las fuerzas del dividido PRD, especialmente la encabezada por el propio Torreblanca, se trenzaron en una lucha interna que se resolvió del peor modo posible, la selección de un priista como candidato. Y no un priista cualquiera, sino el senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, que fue gobernador interino a la caída de Figueroa.

De modo que, sin alternativas reales, llegan hoy los guerrerenses a las urnas. Es de temer que acudan pocos, no sólo porque los candidatos y los partidos no les digan nada, sino por temor. La violencia política tiñó de sangre las campañas, y las calles de las grandes ciudades y los caminos de todo el estado son escenario de ataques mortales del crimen organizado que nadie parece capaz ya no digamos de impedir y castigar sino siquiera de contener.

Reforma
30/01/2011

Se incrementó en 11%; llega al máximo histórico de 4 billones 218 mil millones de pesos

Crecimiento de la deuda pública duplicó el de la economía en 2010



En el último año los pasivos con el exterior se elevaron en 13 mil 233 millones de dólares

El endeudamiento del gobierno federal se disparó en 2009 al asumir el costo de los Pidiregas


Israel Rodríguez J.

Periódico La Jornada
Domingo 30 de enero de 2011, p. 27


En 2010 el saldo de la deuda total del sector público federal se ubicó en un nuevo máximo nivel histórico para establecerse en 4 billones 218 mil millones de pesos, lo que significó un aumento (entre deuda interna y externa) de 11 por ciento, es decir, el doble del crecimiento alcanzado por la economía mexicana durante el año pasado, de 5.3 por ciento.

De esta manera, el endeudamiento neto total del sector público federal, que incluye a los organismos bajo control presupuestal directo, como son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la banca de desarrollo, se ubicó en 30.9 del producto interno bruto (PIB), nivel superior en un punto porcentual respecto del observado al cierre de 2009.

De acuerdo con los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al cuarto trimestre de 2010, difundido por la Secretaría de Hacienda, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en su versión más amplia (que incluye las deudas interna y externa, las deudas de CFE y Pemex, el rescate carretero, banca de desarrollo, rescate bancario y Pidiregas) ascendió a 4 billones 817 mil 385 millones de pesos, equivalente a 35.2 por ciento del PIB, monto superior en 0.6 puntos porcentuales con respecto del nivel observado al cierre de 2009.

Más colocación de bonos

Durante 2010 la deuda interna neta creció 326 mil 827.3 millones de pesos, al pasar de 2 billones 594 mil 133.2 millones de pesos en diciembre de 2009 a 2 billones 920 mil 960.5 millones de pesos para representar una proporción de 21.4 por ciento con respecto del PIB, cifra superior en 0.9 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2009.

La deuda interna está integrada por los bonos gubernamentales como Cetes, Bondes, Udibonos, Bonos de Desarrollo, entre otros, que coloca el gobierno federal entre el público inversionista para completar el financiamiento de su gasto operativo.

El plazo promedio de vencimiento de la deuda interna presentó un aumento de 0.86 años (309 días), al pasar de 6.34 a 7.20 años en el mismo periodo. Lo anterior, como resultado de la nueva estrategia implementada a partir del primer trimestre de 2010, en la que se modificó el programa de subasta de bonos gubernamentales incrementando la colocación de valores de largo plazo y manteniendo en los niveles anteriores la colocación de valores de corto plazo.
Por su parte, la deuda pública externa neta, que comprende todas las obligaciones contraídas por el gobierno federal con acreedores extranjeros y pagaderas en el exterior tanto en pesos como en divisas y cuyo pago representa una salida neta de recursos del país, creció 13 mil 233.2 millones de dólares, unos 163 mil 430 millones de pesos con un tipo de cambio promedio de 12.35 pesos. Así la deuda externa neta pasó de un saldo de 91 mil 721.9 millones de dólares al cierre de 2009 a 104 mil 955.1 millones de dólares al 31 de diciembre de 2010.

La relación deuda externa neta a PIB, se situó en 9.5 por ciento, nivel superior en 0.1 puntos porcentuales respecto de la observada al cierre de 2009. La estructura porcentual de la deuda interna es equivalente a 69.3 por ciento y el restante 30.7 corresponde a la deuda externa.

Los informes oficiales precisan que el monto del endeudamiento total del sector público federal, considerando la deuda interna y externa, se situó en 425 mil 991.4 millones de pesos.

Es importante señalar que el endeudamiento del gobierno federal se acentuó después de que en 2009 la deuda contraída por el sector energético, principalmente de Pemex para financiar la ampliación de su infraestructura mediante los proyectos de impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas) pasó a ser contabilizada y reconocida como deuda federal.

El gobierno federal justificó los altos niveles de endeudamiento aplicados durante el año pasado, al señalar: “Durante 2010, la política de crédito público continúo siendo un factor que contribuyó a la estabilidad y recuperación de los mercados financieros nacionales tras las inestabilidad observada los años precedentes, como consecuencia de la crisis financiera internacional”.

sábado, 29 de enero de 2011

Desfiladero

¿No más sangre? La Marina en el DF

Mañana, en Guerrero, ganará Rubén Figueroa

Jaime Avilés

¿Cómo se llama el partido que mañana ganará las elecciones en Guerrero? PRI. No importa cómo se apellide el candidato que reciba el mayor número de votos. ¿Aguirre o Añorve? Da igual. De todos modos, ninguno de los dos gobernará. El poder seguirá en manos del cacique de los caciques del estado: Rubén Figueroa, cabeza de la familia que domina la entidad desde el sexenio de Luis Echeverría.

Siete años atrás, ante el desgaste político del PRI, los caciques echaron mano de un santurrón, egresado del Tec de Monterrey, que se envolvió en la bandera del PRD y les besó los huaraches, antes de lanzar su candidatura y prometer el siempre anhelado y postergado cambio.

Zeferino Torreblanca mantuvo su palabra y, en la medida de sus limitaciones, que eran muchas y pronto se hicieron visibles, cumplió sus compromisos con los caciques y dio la espalda a todas las fuerzas y proyectos de izquierda que lo habían apoyado. Le hizo la vida imposible al esforzado presidente municipal de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y lo dejó al garete, defendiendo la ciudad con veinte uñas ante la brutal irrupción del narcotráfico, de la que el saliente no podrá alegar inocencia.

En los municipios enclavados en las regiones de la Montaña y la Costa Grande, Torreblanca combatió, como el furibundo derechista que es, la organización de la Policía Comunitaria, que hace más de 16 años brinda efectiva seguridad y protección a los habitantes de esas localidades.

Con igual desprecio, impidió de mil maneras que se desarrollara la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), que sin recursos estableció planteles, o lo más parecido a eso, en Xalitla, cerca de Iguala; en Xochistlahuaca, pueblo amuzgo de tejedoras prodigiosas, cerca de Chilpancingo; en San José del Rincón (Montaña media), y en Cuajinicuilapa, centro de la Costa Chica, esa hermosa región colindante con Oaxaca y poblada desde la segunda mitad del siglo XVI por descendientes de esclavos africanos.

De igual modo, Torreblanca reprimió a las comunidades campesinas que en las inmediaciones de Acapulco se oponen a la construcción de la presa La Parota, una terquedad que arruinaría la vida de miles de personas, desaparecería pueblos enteros y acarrearía graves daños ecológicos, sólo para satisfacer los intereses de un grupo de inversionistas privados que desean lucrar con el negocio de la producción ilegal de energía eléctrica.

Zeferino Torreblanca se irá sin esclarecer el asesinato del presidente del Congreso del estado, el perredista Armando Chavarría Barrera, que el 20 de agosto de 2009 fue balaceado al salir de su domicilio. Ese homicidio, que intentó presentar como “pasional” sin demostrarlo, tiene todas las características de un crimen político, para eliminar al hombre que iba adelante en todas las encuestas.

¿Por qué Torreblanca filtró a la prensa el expediente de la investigación, según el cual Chavarría sostenía relaciones con múltiples mujeres y, en represalia, un marido ofendido lo habría matado? ¿Por qué se atrevió a encarcelar al periodista Juan Angulo, director de El Sur de Acapulco, luego de presionarlo con insistencia para que le revelara detalles de la vida privada de Chavarría?

Pues bien, esta fichita representa los “ideales” y “banderas” del PRD, que abrazó con similar hipocresía el priísta Ángel Aguirre Rivero, a quien respaldan, dándole trato de “compañero”, Marcelo Ebrard, Manuel Camacho, Jesús Ortega, Felipe Calderón, El Yunque y Ruth Zavaleta, que no se descarta para ocupar un puesto en su gabinete.

Aguirre, dicen los que saben, era el candidato natural del PRI, pero lo desplazó en el ancho corazón de Beatriz Paredes y en lo que haya debajo del copete de Enrique Peña Nieto, el xenófobo Manuel Añorve Baños, quien cuando era presidente municipal de Acapulco y estalló el brote de gripa porcina en el Distrito Federal, arrestó a cuatro chilangos en la costera Miguel Alemán y los expulsó del puerto adoptando medidas sanitarias propias de la Edad Media.
Malquerido por el partido de sus amores, Aguirre encontró comprensión y consuelo en los dirigentes del PRD, el PT y Convergencia. Pero muy pronto mostró el cobre. El 5 de diciembre del año pasado, Andrés Manuel López Obrador condicionó su adhesión a Aguirre, si y sólo si éste firmaba 10 compromisos públicos:

A saber, impulsar un programa para combatir la pobreza, dar más apoyo a campesinos y jornaleros, pensión universal para adultos mayores, discapacitados y madres solteras; atención médica y medicinas gratis a campesinos, obreros, estudiantes, vendedores ambulantes, meseros y trabajadores de otros ámbitos que carecen de seguridad social.

Además, otorgar becas a estudiantes de bajos recursos, respetar los derechos de los pueblos indios, mejorar los servicios públicos y pronunciarse explícitamente contra la construcción de La Parota. Aguirre se negó a suscribir los compromisos. Luego, se echó en brazos de Calderón. Y en el cierre de su campaña, Marcelo Ebrard le levantó el brazo.

La última gota

Cuando se escriba la historia del calderonato, los hechos demostrarán que se trató de un golpe de Estado en cámara lenta, de principio a fin, que al parecer se acerca a su clímax con la militarización de la ciudad de México.

Recordemos: Calderón llega al gabinete de Fox como secretario de Energía; va a Estados Unidos y ofrece privatizar Pemex; por medio de Mouriño amarra el apoyo español; comete fraude en las elecciones internas del PAN para arrebatarle la candidatura presidencial a Creel y, haiga sido como haiga sido, llega a Los Pinos.

Declara la guerra al narcotráfico, privatiza y saquea Pemex, saca a las fuerzas armadas a las calles, pierde militarmente numerosas ciudades y carreteras de la frontera norte, del Golfo, del Pacífico y del sur del país; la expansión del narcotráfico es inversamente proporcional a este supuesto “combate”: las exportaciones de droga desde México llegan a 36 países, el consumo interno de cocaína se duplica en seis años (datos de la Ssa), y la militarización y la paramilitarización avanzan impertérritas, con el aplauso de Estados Unidos, mientras el Estado se desfonda y la vía electoral se pudre.

Ahora, la Marina llega al Distrito Federal y Marcelo Ebrard, atado de manos por sus alianzas con Calderón, mantiene cerrada la boca, al igual que la Asamblea Legislativa. Pero también guarda silencio el gobierno legítimo. Y los ciudadanos. ¿Esta es la respuesta a la campaña No + Sangre? ¿Qué sigue? ¿La primera batalla campal entre militares y paramilitares en Plaza Universidad? Y después, ¿cateos sin orden judicial a domicilios particulares (¿se acuerdan de la ley Gestapo?), secuestros y desapariciones de personas inocentes, represión generalizada y estado de excepción no declarado pero permanente?

Como en el juego del go, el ajedrez chino, después de apoderarse con militares y paramilitares de la mayor parte del país, ahora Calderón viene por el centro del tablero. El próximo 19 de febrero, distintas organizaciones sociales realizarán una movilización que pretenden que sea nacional, para exigir el regreso del Ejército y la Marina a sus cuarteles. Parecerá una obviedad, pero los vasos se desbordan cuando les cae la primera gota de agua que ya no les cabe. ¿Cuándo caerá la nuestra? ¿Cuándo diremos, como el pueblo de Túnez, hasta aquí?

jamastu@gmail.com

jueves, 27 de enero de 2011

Los niños asesinados en la narcoguerra 2006-2010

La guerra de Felipe Calderón arroja 994 muertes de menores

Juan Monrreal López
http://www.democratanortedemexico.com
http://www.democratanortedemexico.blogspot.com
Enero 27 del 2010

Torreón, Coahuila.-Tipificados por el gobierno de Felipe Calderón, como “daños colaterales” de la guerra contra las pandillas del narcotráfico, más de mil menores de edad han sido asesinados por el fuego cruzado de los enfrentamientos entre los delincuentes con las distintas policías, El Ejército y la Armada, a lo largo del territorio nacional, según asienta el informe “Infancia y Conflicto Armado en México” dado a conocer este 26 de enero en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM).

Presentado por el director del REDIM, Juan Martín Pérez, quien estuvo acompañado por Miguel Concha Malo y Luis González Placencia,director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la CDHDF, respectivamente; el reporte especifica que el incremento de la violencia en contra de los menores en entidades como Sinaloa, Chihuahua y Baja California, se han disparado en el orden 291.7%, 364%, y 543%, tan sólo entre los años 2007-2008.
La reseña contenida en 46 páginas, afirma que el segmento de jóvenes entre 15 y 17 años, son quienes más ataques sufren.

Juan Martín Pérez, acusó que en el asesinato de los más de mil niños reina la impunidad, ya que no existe transparencia en el manejo de los datos por parte de las fuerzas armadas.

Por su parte, Concha Malo, señaló la necesidad de crear un marco legal encaminado a atender a los jóvenes en conflicto con la ley. Asimismo, aseveró que existe estigmatización hacia los supuestos delincuentes juveniles pues siempre “Hay cierta prisa para criminalizarlos”.

A su vez, Luis González Placencia, reprochó que “El Estado mexicano, espera que la respuesta militar contenga la violencia y deja de lado los motivos sociales que generan esa violencia”.
Terminó por resaltar la importancia de las crónicas como “Infancia y Conflicto Armado en México”, ya que se evidencian las mentiras del gobierno mexicano.

jmonrreall@yahoo.com

miércoles, 26 de enero de 2011

Guillermo Anaya Llamas, farsa electoral

“Memo” Anaya, usó de pelele a su recomendado Eduardo de la Peña Gaytán

* De la Peña, es operante político de la campaña del senador y miembro de su “círculo chiquito”
Juan Monrreal López
Enero 26 del 2011
http://www.democratanortedemexico.com
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Torreón, Coahuila.- Asesorado por el ultraderechista español, Antonio Solá; experto en propaganda política marrana e imposición autoritaria de líneas de organización; el senador Guillermo Anaya Llamas, continúa esperando a que llegue el próximo 27 de enero, plazo en que será declarado oficialmente candidato del PAN a la gubernatura de Coahuila, después de una precampaña bufa en la que actúa como títere, Eduardo de la Peña Gaytán; ex asesor jurídico de la presidencia de Torreón, cuando Anaya Llamas gobernó la ciudad y ex delegado de la PROFECO, una representación oficial que el propio Anaya Llamas le gestionó en la capital de la República, a su ahora “competidor” en la elección interna panista.

Con la frase, “Guillermo Anaya, sí gana”, impresa en anuncios espectaculares distribuidos por todo el estado, la pre campaña de Memo Anaya, mantiene en la radio, en la televisión, en las visitas a las universidades, la cantinela de las 4 campañas ganadas como aspirante. Sin embargo, haga lo que haga, o deje de hacer, la candidatura está amarrada. Los dados blanquiazules se encuentran cargados a su favor.

Guillermo Anaya, llega como única opción del panismo coahuilense hacia la gubernatura. No hay de otra.

Quebradas las aspiraciones de ganar el gobierno estatal con dos de los santones del panismo coahuilense, Juan Antonio García Villa,-quien perdió con Enrique Martínez y Martínez-; y Jorge Zermeño Infante,- derrotado por Humberto Moreira Valdés-, al legislador le cayó en automático la candidatura.
El senador blanquiazul, Ernesto Saro Boardman, conocido por los negocios realizados desde el poder de la presidencia municipal de Ramos Arizpe, pronto se retiró de la contienda.

Sumido en crisis, luego de las arrastradas electorales que el moreirismo le propinó en las 3 últimas elecciones bajo el mando de Reyes Flores Hurtado, el PAN optó por imponer decisiones más verticales y autoritarias en lo organizativo a manera de remedio para enfrentar las elecciones internas panistas con miras a las elecciones del 3 de julio próximo.

Aconsejado por Antonio Solá; Memo Anaya, en acuerdo absoluto con el presidente estatal del PAN, el diputado local, Carlos Orta Canales, decidieron desaparecer dos de los comités municipales históricos,-Torreón y Matamoros-, para convertirlos en delegaciones, aunque los militantes estuvieran en desacuerdo.

“Sin respetar la vocación democrática del PAN, se impusieron delegados en esos municipios”, dijo un militante legendario de Acción Nacional a Demócrata Norte de México, “por lo que se minó nuestra fortaleza participativa”, expresa lastimero.
También, Guillermo Anaya, decidió aleccionado por Antonio Solá, fortalecer su alianza con el grupo de Jorge Zermeño, apostando a la ultraderechista primera regidora de la administración municipal de Zermeño, María del Carmen Fernández Ugarte “Carmiña”,- igualmente esposa del añejo ultraderechista lagunero, el priista Luis Salazar Woolfolk-, como delegada en el municipio de Torreón.

Después, sin más consulta, Carlos Orta Canales, aceptó los caprichos de Anaya Llamas, para imponer en Matamoros, al ex regidor Roberto Sánchez Viesca, quien en octubre se encontraba formando una planilla con el fin de apoderarse del comité municipal del PAN Torreón.

Junto a lo anterior, el PAN se encuentra en pleno reacomodo de grupos. Las pandillas tradicionales, antes dominantes, se encuentran en proceso de desplazamiento y sus cabecillas navegan en un rango de comodidad que les proporcionan las dependencias federales, convirtiendo prioridad el interés de permanecer en la nómina.

Juan Antonio García Villa, se la ha pasado de la subsecretaría de economía, a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a la asesoría de su creatura, el intolerante e incapaz ex alcalde de Torreón, José Ángel Pérez Hernández.

Por su parte, Zermeño Infante, ha navegado de la LX Legislatura federal, a la embajada de México en España, participando en los procesos internos del PAN como “guía moral”, sin riesgos que correr.

De hecho, la postulación de Anaya Llamas, representa la derrota y repliegue del grupo garciavillista, pero en el fondo, el ascenso de Guillermo Anaya, a la jefatura de un grupo que ha detentado las delegaciones federales en el estado, mismos que conforman el llamado “ focus group” del anayismo, “círculo chiquito” al que pertenece su contrincante, Eduardo de la Peña Gaytán.

El origen priista de Memo Anaya

Anaya Llamas, pelea el control total del PAN. Después de pertenecer al grupo de Jorge Zermeño, desde 1997, hoy lidera su propio grupo de poder que tiene su origen en la ultraderechista organización priista “México Nuevo”, fundada por el secretario de Organización y acción política de Convergencia por la Democracia, Ricardo Mejía Berdeja,”El Bebesaurio”.

Sin lugar para apoderarse de posiciones políticas en el PRI, Anaya Llamas, emigró al PAN, donde ha construido su poder y sus bienes materiales. De aquella huída, le siguen acompañando, Jesús de León Tello, Fernando Gutiérrez “El Guti”; aunque ahora la lista de ultraderechistas ha engrosado con nombres como Luis Salazar Fernández,-hijo de Carmiña”, Eduardo de la Peña Gaytán, el diputado local, José Miguel Batarse, Luis Gurza Jaidar, entre otros.

La ideología de Memo Anaya

Antonio Solá, retrata de manera fiel la doctrina ultraderechista. Realiza mezcolanza de todo tipo de discursos, con el fin de obtener resultados electorales. Solá, no duda en denigrar a los contrincantes; vende propaganda como verdades, desinformación a manera de propuesta. Por eso no es extraño escuchar de boca de Anaya Llamas, emplear frases del lópezportillismo,-del ex presidente José López Portillo, “defenderé el peso como un perro”, “pido perdón a los más pobres del país por los errores cometidos”-, como demandar “perdón por los errores cometidos, (Anaya Llamas, dixit)”, o arrogarse actitudes pendencieras aunque las critique, “Humberto Moreira Valdés, es un boquiflojo”; o exigir actitudes que él mismo no cumple, “es un reto muy grande despertar a la ciudadanía para que en libertad vaya a votar, ese es el gran reto (Memo Anaya, dixit)”, escenario que no existe en el proceso electoral que termina el próximo 27 de enero, día en que oficialmente será declarado candidato oficial.

Las alianzas anayistas fuera del PAN

Los políticos pragmáticos chinos,-revisionistas, les dicen los historiadores, economistas, sociólogos, -, acuñaron una frase para justificar cualquier medio para conseguir poder; “No importa el color del gato, con tal de cace ratones, (Deng Tsiao Ping)”, esta es la filosofía de Memo Anaya y Antonio Solá, quienes sueñan y difunden amarrar una alianza con el corrupto ex secretario de Gobierno de Enrique Martínez y Martínez, Raúl Sifuentes Guerrero,- innegable ex jefe político de Eduardo Olmos Castro, Miguel Riquelme Solís, Fernando López Pérez, miembros del grupo llamado “La Burbuja”-, en otros tiempos su enemigo.

Un miembro prominente del PAN, confió a Demócrata Norte de México, que las “pláticas de acercamiento se encuentran muy avanzadas”.

En la actualidad, Raúl Sifuentes, poco puede aportar la contienda gubernamental. Su historia de corrupción y abusos, se encuentran frescos en muchos de los políticos coahuilenses, incluidos los panistas.
Del mismo modo, s
in ser candidato oficial, Anaya Llamas anunció la alianza con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) conjuntamente con la delegada nacional y diputada federal, Mary Thema Guajardo Villarreal. Así lo anunciaron el 14 de enero, lo que ejemplifica que la elección interna del PAN es una pantomima.

La mímica electoral de Memo Anaya, daña al PAN

Dividido por regiones, el proceso electivo panista, arrojará números bufos.

Con un contrincante subordinado como Eduardo de la Peña Gaytán, para legitimar un proceso ya decidido, el próximo 27 de enero, Guillermo Anaya Llamas, retratará las miserias de los consejos de Antronio Solá y su propia ambición política, arrojadas sobre la historia del PAN coahuilense.

Una prueba.

Con 86 mil 13 votos obtenidos en la elección del 2009, en Torreón; y un gran total de 103 mil 784 votos en los 5 municipios de La Laguna de Coahuila, los panistas emitieron 2 mil 5 votos a favor del senador, 25 por el pelele Eduardo de la Peña.

En Torreón, los sufragios de pantomima llegaron un mil 208 para Guillermo Anaya, por 14 de Eduardo de la Peña Gaytán; más 9 votos nulos.

Con 17 mil 771 votos en el año 2009, los blanquiazules de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro de las Colonias y Viesca, emitieron 774 papeletas, las que representaron el 4.35 por ciento de la votación constitucional para designar alcaldes en el año 2009.

En cuanto a Torreón, la participación de los panistas fue patética; apenas el 1.43 por ciento de los sufragios obtenidos por Jesús de León Tello, en la contienda municipal del 2009.

Los números ilustran el desaliento que permeó en La Laguna.

Los números allí están.

Es lo duro.

La remontada en contra del candidato del PRI, Rubén Moreira Valdés, es pendiente de 333 mil 277 votos de acuerdo a los resultados electorales del 2009 cuando se eligieron los 38 alcaldes de Coahuila.

Candidatura en la bolsa

Con una pre campaña iniciada desde noviembre del 2010, cuando Anaya Llamas efectuó su informe legislativo por todo Coahuila, el senador no ha parado de producir proselitismo. No hay momento en que no recuerde que ha ganado 4 campañas electorales y que no “hay quinto malo” refiriéndose a la elección del 3 de julio.

Con el mismo discurso, Memo Anaya, afirma que en Coahuila, él alcanzará la gubernatura, como las consiguieron las coaliciones de Sinaloa, Puebla, Oaxaca y Sonora.

Respecto a Durango, donde el senador fue delegado del Comité ejecutivo nacional del PAN, dice que “se remontaron 34 puntos”, ya que la encuesta interna arrojó que José Rosas Aispuro Torres, se encontraba 35 puntos porcentuales debajo del priista Jorge Herrera Caldera. Lo que el senador no expone es que su abulia en el proceso, fue motivo de críticas y enconos en los partidos coaligados, al margen de no cumplir con los apoyos prometidos.

Con “30 mil militantes panistas en Coahuila, (Guillermo Anaya, dixit)” Anaya piensa que es suficiente para ganar el próximo 3 de julio; sólo que ese ímpetu se encuentra maniatado por las instrucciones de Antonio Solá, de intervenirlo todo. El español ha dado instrucciones de “controlar” todo el proceso con medidas autoritarias de organización y pasos controlados de los militantes.

Por ello, el 27 de enero, a las 19 horas, Guillermo Anaya Llamas, será declarado candidato oficial del PAN a la gubernatura de Coahuila, “haiga sido, como haiga sido (Felipe Calderón, dixit)” aunque termine por dañar la vida democrática de Acción Nacional.

Mientras tanto, Eduardo de la Peña Gaytán, sigue en su despacho coordinando algunas tareas que le encomendó el senador.

jmonrreall@yahoo.com

Vísperas guerrerenses

MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA
PLAZA PÚBLICA

Hoy es el último día para que candidatos y partidos hagan campaña en pos de la gubernatura de Guerrero, que se decidirá en los comicios del próximo domingo. Señales ominosas avisan del riesgo de que esa jornada sea violenta: a la agresión contra un militante perredista que lo tiene al borde de la tumba desde hace diez días se agregó el lunes el asesinato de un dirigente priista. Cada partido afectado acusa a su contendiente del ataque respectivo, por lo que no debe excluirse que haya represalias o provocaciones.

El 10 de enero, en Chilpancingo, fue golpeado al punto de que desde entonces se halla en coma, el representante del PRD ante el Instituto Electoral Estatal, Guillermo Sánchez Nava. Este lunes, en la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac de Álvarez fue asesinado Régulo Cabrera, cuya esposa y dos hijos quedaron heridos. Ese es el extremo de la guerra sucia que han librado las dos coaliciones en contienda. Muy llamativa ha sido, por la extensa difusión que ha merecido en espacios nacionales, una conversación telefónica, interceptada ilegalmente, entre Ángel Aguirre Rivero, el priista postulado por PRD, PT y Convergencia y la senadora perredista Claudia Corichi. Es una plática insulsa de cuya divulgación, sin embargo, deberán sacar consecuencias quienes la sostuvieron: la legisladora deberá abstenerse de participar en la jornada electoral, y sobre todo ha de pedir que se vayan de Guerrero los cien zacatecanos, locos o cuerdos, cuya presencia anunció a Aguirre. La sola presencia de la senadora y de sus huestes, aunque dedicaran el día a descansar en las playas acapulqueñas sería un factor de perturbación, y a sus presuntas acciones se atribuirían los resultados del domingo que, si uno se atiene a las encuestas, favorecerán al candidato que no pudiendo serlo por su partido se unió a sus opositores. Supongo que la delegación zacatecana no será determinante en el resultado, pero más vale que no lo parezca, sobre todo por la baladronada de Corichi, quien asegura que "lo suyo" es ganar secciones electorales difíciles. Y anunciar que lo hará de última hora se presta fácilmente a sospechas generadoras de tensiones que deben evitarse.

La mayor parte de las encuestas dan ventaja a Aguirre. La publicada anteayer lunes en El Universal, levantada en vivienda entre el 20 y el 23 de enero registra siete puntos de diferencia en su favor. En un torpe afán de contrarrestar el efecto propagandístico de ese resultado, el PRI hizo publicar al día siguiente, en el mismo diario, otro ejercicio realizado por Comunicación corporativa y pública (que se confiesa parte del Grupo Chakal), bajo un encabezado contundente: "Manuel Añorve ganará elección a gobernador", con los mismos siete puntos de diferencia. Se trata de una maniobra semejante a la que llevó al PRI a trucar los resultados de otra encuesta de María de las Heras, que muestra un empate a 39 por ciento de preferencias, como si fuera favorable a Añorve.

Debido a los mánagers que atienden a los contendientes en el cuadrilátero, la elección del próximo domingo se ha perfilado como un cotejo entre dos precandidatos presidenciales, Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Cada uno apoya a los candidatos de su partido, y han hecho actos de insistente presencia. La del priista parece obedecer a un propósito doble: no sólo contribuir a que su partido triunfe, como lo hizo en media docena de elecciones el año pasado, sino hacer suya una victoria que podría ser atribuida, en la combinación de factores locales y nacionales, a su competidor Manlio Fabio Beltrones. Añorve ha trabajado al lado del senador sonorense en los años recientes y su candidatura fue una muestra de la influencia de Beltrones. Sin embargo, Peña Nieto se abstuvo de presentarse el domingo pasado en el cierre de campaña de su candidato, lo que sugiere que no quiere ser afectado por la derrota que eventualmente padezca Añorve (y que Beltrones no podría eludir).

Ebrard tomó el proceso guerrerense en sus manos a partir del asesinato de Armando Chavarría, ex secretario de Gobierno y a la hora de su muerte, 28 de junio de 2009, líder de la legislatura local, eminente posición desde la que vislumbraba su postulación a la gubernatura. Con su presencia el jefe del Gobierno capitalino eliminó al gobernador Zeferino Torreblanca de la toma de decisiones y se propone mostrar la derrota priista a manos suyas como un anticipo de la que su candidato, sea quien fuere, infligirá en los comicios del DF a la candidatura priista. En el tricolor se da por hecho que el efecto Peña Nieto en 2012 se reflejará en la elección local capitalina. Pero no se trata más que de una ilusión, comprobable por las agudas divisiones que en este momento mismo, a la hora de elegir al consejo político priista en el DF se están evidenciando y profundizando.

Aunque los partidos que aseguran representarla triunfen el próximo domingo, la izquierda continuará esperando su hora de gobernar a Guerrero. Chavarría encarnaba la más firme posibilidad de que esa espera concluyera, y por eso fue eliminado, y por eso no se tiene noticia de quién lo mató año y medio después del asesinato. Si este fin de semana se altera sustantivamente el orden en algunos puntos conflictivos de la entidad, además que quienes los provoquen en su gestación tendrá responsabilidad el triste desempeño gubernamental, negligente para decir lo menos.

Ya que no cabe esperar nada del Gobierno local, los candidatos deben afanarse en evitar violencia el domingo.

"Fracaso de la sociedad", 34,500 ejecutados: Narro

"Nos equivocamos cuando pensamos que la lucha contra el hampa es una guerra". Las únicas batallas legítimas son contra la pobreza, la ignorancia y la enfermedad, dice

México.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, aseguró que las 34 mil 500 ejecuciones ocurridas en lo que va del sexenio de Felipe Calderón son un "fracaso de la sociedad".

El académico señaló que esos asesinatos no deben ser minimizadas por el argumento de que las víctimas pertenecen a bandas del crimen organizado.

"Nos equivocamos cuando pensamos en esta lucha contra el crimen organizado como una guerra. Las únicas guerras que se valen son contra la injusticia, la ignorancia y la enfermedad.

"Nos equivocamos cuando creemos que las vidas, muchos de ellos jóvenes, de estas casi 34 mil 500 víctimas de esta situación, no son tan importantes porque forman parte del crimen organizado.

"Nos equivocamos porque es un fracaso de la sociedad, porque esas personas, en un altísimo porcentaje, quiero pensar en que su totalidad, no deberían haber caído ni estado en condición de pertenencia a las bandas delictivas", refirió.

En pasado 17 de enero, en una edición más de los Diálogos por la Seguridad, convocados por el gobierno federal, el presidente Felipe Calderón negó que haya utilizado la palabra "guerra" para referirse al combate que su administración emprendió contra el crimen organizado.

Narro se sumó a la opinión de intelectuales como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, sobre la necesidad de una nueva estrategia contra el consumo de drogas, partiendo de la base de que la guerra anticrimen encabezada por Estados Unidos y la ONU fracasó.

"Requerimos replantear la estructura de la sociedad, preocuparnos para que los jóvenes tengan empleo, educación; que tengan una forma digna de transitar por su juventud y, sobre todo, que los adolescentes tengan esperanza y la expectativa de vivir en un México mejor", detalló.

Agregó que es necesario "llamar la atención de la sociedad" para fortalecer los valores cívicos y laicos, como la solidaridad, la lealtad y la defensa de la libertad.

"He llamado a que cambiemos, y sé que alguien puede pensar que eso es una simple utopía, pues convoco a que construyamos una utopía alrededor de los valores cívicos en el siglo XXI.

"Lo tenemos que hacer: no pude ser el dinero, los bienes materiales, el éxito fugaz, momentáneo e inmediato lo que norme el desarrollo de la vida y, en particular, el desarrollo de los jóvenes", aseguró.

Narro admitió que se ha vuelto un lugar común plantear un "abordaje integral" al combate a las drogas, e insistió en que la solución a este problema no pasa sólo por el uso de la fuerza pública.

"Se ha vuelto un cliché (este llamado), pero requerimos un abordaje integral y para eso la educación (en general), la educación superior y la cultura es lo que nos puede ayudar a salir adelante", afirmó.

En conferencia de prensa, en la que hizo un balance de su gestión al frente de la máxima casa de estudios, el rector alertó que deben atenderse que otros problemas sociales que afectan al país.

"La pobreza y la desigualdad son problemas que han estado con nosotros a la largo de la historia y lo mexicanos tenemos ya que tomar la decisión para encarar eso y resolverlo, y la resolución no es por supuesto sencilla", resaltó.

A 200 días de que concluya su gestión como rector de la UNAM, José Narro informó que realizará un programa de acción para los últimos 10 meses al frente de la institución educativa.




Claves

• Autoridades de Sinaloa hallaron el cuerpo de Luis Pérez Hernández, ex director de Gobierno y ex integrante del equipo de campaña de Mario López Valdez.

• Pérez Hernández fue levantado por un comando el pasado domingo. El cadáver fue hallado en el estacionamiento de un supermercado en Guamúchil.

Milenio
26/01/2011