jueves, 21 de octubre de 2021

Leticia Herrera, sin posibilidad de ser candidata, se destapa para pelear por la gubernatura de Durango

 


Están pendientes las denuncias por el desvío millonario de recursos públicos e investigación de la UIF

Juan Monrreal López

Octubre 19 de 2021

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Gómez Palacio, Durango. – Sin resolver aun las denuncias interpuestas por el Ayuntamiento de Gómez Palacio, junto con la congelación de las cuentas bancarias personales efectuados por la Unidad de Inteligencia Financieras (UIF) parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este sábado 16 de septiembre, Juana Leticia Herrera, se destapó para ser candidata a la gubernatura de Durango, el próximo año 2022, sin posibilidad alguna de representar a las coaliciones amarradas en la entidad durante el pasado proceso electoral;  una de éstas, “Va por Durango”, formada por PAN-PRI-PRD y la llamada “Juntos Haremos Historia”, pactada por MORENA-PT-PVEM.

El auto destape de la ex alcaldesa no fue nuevo.

A finales de septiembre, rodeada por el regidor priista, Francisco “Paco” Bardán, la diputada federal panista, Gina Campuzano González, lo anunciaron en el comedor de un hotel de la ciudad.

Ahora, “ya en forma”, Leticia Herrera, se presentó en el merendero de la posada para revelar a los medios de comunicación que, “Estoy interesada en participar en esta elección que viene por la candidatura a la gubernatura de mi estado, de mi estado de Durango (Sic)”, sumándose al enorme número de aspirantes ya existentes.

Sólo el PAN, tiene 9 precandidatos, sin contar los aspirantes del PRI, mismos que controlan internamente la vida orgánica de ese partido, confrontados con Herrera Ale.

Luego, externó con notorios problemas de afasia, que, “Ese es mi interés (ser candidata a la gubernatura)”.

Entonces se definió como “una amiga lagunera que tiene el interés de trabajar por su estado”, a la que “su pasión la llama”, a servir, con todo y, que existen las 2 denuncias pendientes ya citadas.

“Ahorita no sé por cuál (partido político o alianza política, voy) pero de que pretendo, pretendo y, tengo ganas de ser candidata a la gubernatura”, expuso.

En seguida, mostró dudas acerca de que partido la postulará, ya que aseveró que ha recibido varias propuestas, cuando en el universo de los partidos políticos fuera de las alianzas ya establecidas, sólo queda Movimiento Ciudadano (MC) o ser aspirante independiente.

“Ni en la cama me volteo”, Carlos Herrera Araluce

El finado Carlos Herrera Araluce, ex alcalde de este municipio en 2 ocasiones, siempre reiteró públicamente que “ni en la cama me volteo”, -haciéndolo extensivo a su familia-, con referencia a las lealtades que le guardaba al PRI.

Ahora, su hija, Leticia Herrera, no sabe bajo los colores de que partido político contendería, dejando entrever de que “irá, irá”, en las boletas electorales, aun así, deje al PRI.

La postura de la ex alcaldesa, no es novedad.

La aplicó en el 2016, contra la candidatura de Esteban Villegas Villarreal, a quien boicoteó abierta y soterradamente en pleno proceso electivo, como en su momento, confiaron a Demócrata Norte de México, integrantes del grupo de Leticia Herrera.

Pero 2022, no es 2016, los aspirantes del PAN, PRI y PRD, suman al menos 13 candidatos, todos presentes en los 3 últimos años en la palestra política, mientras Herrera Ale, como ella misma lo reconoce, “estuvo ausente 2 años para descansar”.

Otro elemento importante, es que el negociador del clan, Carlos Herrera Araluce, ya no se encuentra presente, eso disminuye el poder de maniobra de la ex presidente.

No en balde, miembros de su grupo, como Gerardo Lozano Palomares, ex director de la Feria Gómez Palacio, (a quien le han hecho creer, que puede ser candidato a la presidencia municipal), Juan Carlos Padilla, ex director de Salud, etcétera, por el momento, se encuentran al servicio de la campaña del senador morenista, José Ramón Enríquez Herrera, “El Águila”.

Por lo pronto, sin saber porque partido contenderá por la gubernatura, Leticia Herrera Ale, no será elegida por ninguna de las coaliciones como su candidata a gobernadora; acaso con el chantaje político pretenda negociar ser alcalde de Gómez Palacio, otra vez, para borrar las huellas de los más de 400 millones de pesos desviados durante su administración, y que son la cusa de estar denunciada en la FGR.

Ya se verá, pero no será candidata de ninguna coalición.

Le queda el MC o ser candidata independiente, pero esto último, tampoco sucederá; ella quiere la presidencia municipal de Gómez Palacio.

Ya se verá en ese mundo de deslealtades y traiciones, en lo que está convertida la vida pública y política de Durango.

jmonrreall@yahoo.com

Twitter: @jmonrreall

La libertad de expresión y el Poder Judicial corrupto de Durango

 


Ramón Gerardo Guzmán Benavente, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango

Fernando Miranda Servín.

Octubre 17 de 2021

Con agradecimiento para el periodista
Vladimir Galeana y la organización Artículo 19

Falsificar citatorios y notificaciones de carácter judicial para emplazar a juicio a un ciudadano inocente debería ser un delito grave, sin embargo, el actuario Omar N. del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el estado de Durango, al parecer lo hace de manera cotidiana, así se gana la vida, así se gana el sustento.

El pasado 7 de octubre el subdirector del periódico razacero, Erick Miranda Gamboa, y yo fuimos emplazados a juicio en la demanda por “daño moral” interpuesta por el conocido perredista duranguense Gamaliel N., ya que, según él, considera que nosotros y nuestro medio informativo fuimos los causantes de todas sus desgracias al darle seguimiento puntual y publicar las rapacerías que cometió en contra de la joven Lucía Isabel Álvarez. Para Gamaliel N., por culpa de nuestro trabajo periodístico fue despedido injustificadamente de su cargo como subsecretario de la SEBISED y la dirigencia nacional de su partido, el PRD, le negó el derecho de ser diputado federal plurinominal.

Gamaliel N., dice en su demanda que resultó absuelto, inocente, en la Causa Penal promovida por la joven Lucía Isabel Álvarez por el delito de acoso sexual e integra dicha Causa Penal en la demanda de marras contra razacero.

Lo cierto es que en esa misma Causa Penal se establece que Gamaliel N., fue vinculado a proceso por el delito de acoso sexual en agravio de Lucía Isabel Álvarez y su defensa solicitó la Suspensión provisional del proceso, imponiéndole la juez el pago de la reparación del daño, que fue de 2 mil 400 pesos, y obligándolo a cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales por el término de seis meses, las cuales consistieron en residir en su domicilio, dejar de frecuentar a la víctima por ningún medio así como su domicilio, continuar con el tratamiento médico o psicológico ante la Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad, el que ya le había sido impuesto como medida, y continuar con la vigilancia de la Dirección General de Ejecución de Penas, Sanciones y Medidas de Seguridad de forma mensual, la que ya le había sido impuesta como medida cautelar.

Una vez que Gamaliel N., cumplió con estas condiciones, la juez de la Causa Penal acordó el sobreseimiento de la acción penal, su extinción y absolución, de acuerdo al Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin que eso significara que Gamaliel N., fuera inocente del delito que se le imputó.

Hoy, por darle difusión a este hecho que efectivamente era de interés público por el alto grado de violencia de género y delitos de carácter sexual que se cometen en el estado de Durango y quedan impunes, Gamaliel N., nos demanda por “daño moral” y exige la entrega de 20 millones de pesos, porque de acuerdo a su psique nosotros y el periódico razacero (no sus actitudes enfermizas hacia una joven indefensa) fuimos los causantes de su despido laboral y de haber truncado su “brillante” carrera política. Solo nosotros le gustamos para ser demandados, aun cuando muchos otros medios de comunicación duranguenses le dieron cobertura a este vergonzoso caso y le dieron voz a la joven víctima Lucía Isabel Álvarez.

Lo peor de todo es que esta ignominiosa agresión a la libertad de prensa y a la libertad de expresión está siendo respaldada por el Poder Judicial de Durango que en su Juzgado Cuarto de lo Civil le está dando todas las facilidades al perredista Gamaliel N., para retorcer los procedimientos legales y violar nuestros derechos humanos, primero dándole trámite a una demanda absurda, a todas luces vengativa y represiva de la libertad de expresión, y luego solapando a su actuario fraudulento que falsifica citatorios y los integra al expediente de la demanda infame.

Citatorio falsificado por el actuario Omar N., del Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el estado de Durango, integrado al expediente del juicio ordinario civil número 0024/2021. En esta entidad la ley y la justicia están a la disposición del mejor postor.

Así, en este como en muchos otros casos, estamos viendo el uso de una institución pública como el Poder Judicial de Durango para satisfacer las perversidades del mejor postor.

 Cabe resaltar que esta agresión a nuestras personas y a nuestro medio de información se da en medio de las críticas y denuncias que hemos estado publicando sobre los saqueos y actos de corrupción cometidos en el gobierno del panista José Aispuro Torres, aliado político del partido al que pertenece Gamaliel N.

Vamos a defendernos de esta vileza porque tememos por nuestra integridad física y por nuestro patrimonio, sobre todo porque, de acuerdo al INEGI, Durango ocupa el primer lugar en Prevalencia y Percepción de la corrupción a nivel nacional, razón de más para solicitar apoyo a toda la comunidad periodística nacional y a los organismos autónomos internacionales especializados en la materia.

Ciudad Juárez: El cártel policiaco

 


Ricardo Ravelo

Octubre 15 de 2021

Las policías se convirtieron en grupos criminales, penetradas hasta la médula.

Un grupo de nueve agentes de investigación de la Policía del Sistema de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos y quedaron vinculados a proceso por delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado. El clan era encabezado por Aldo Iván Sáenz Tocoli, un agente acusado de extorsión, robo y secuestro que en 2020 fue nominado para ser condecorado como “Policía del Año”. El grupo utilizaba herramientas de la inteligencia policial para localizar a empresarios y comerciantes que, después, eran secuestrados y extorsionados con sumas millonarias.

Además de las organizaciones criminales que operan en Ciudad Juárez, Chihuahua, que por años han causado terror en esa ciudad fronteriza, la ciudadanía de ese municipio enfrenta los embates de un cártel bien organizado que cuenta con apoyos institucionales y diversas herramientas para delinquir: La policía.

Las policías se convirtieron en grupos criminales, penetradas hasta la médula, se transformaron en escuadrones de la muerte. Comenzaron, hace algunas décadas, brindando protección a algunos capos del narcotráfico; después se convirtieron en operadores del crimen, realizaban el trabajo sucio secuestrando y “levantando” a los rivales de sus aliados. Se trataba de personas ligadas a las actividades criminales que no eran entregadas a las autoridades sino a los sicarios enemigos para que los interrogaban y, después, terminaran con un plomazo en la cabeza.

El problema prevalece en todo el país, a pesar de que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se comprometió a sanear a las policías. Como ocurrió en los anteriores gobiernos, en la actual administración nada de eso se ha efectuado, por el contrario, el problema se agudiza: en todo el territorio, particularmente en municipios y comunidades rurales, los jefes policiacos son, a su vez, cabecillas del crimen organizado., capos con uniforme y apoyo institucional.

En Guerrero, por ejemplo, uno de los estados con más grupos delictivos, se han conformado grupos criminales dedicados al secuestro, la extorsión, la trata de personas, cobro de piso, tráfico de drogas –de todo tipo –, regenteo de giros negros, control de la piratería, prostíbulos, despojo de propiedades –edificios, ranchos y tierras –y, de igual forma, estos grupos ejercen un férreo control político. Sus brazos armados son las policías municipales.

En Veracruz las cosas se complicaron y mucho durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes. Durante su bienio, los alcaldes panistas tenían la instrucción de aceptar que los jefes de la policía, es decir, los comandantes, fueran al mismo tiempo representantes municipales o regionales del cártel de Jalisco Nueva Generación, organización que, por cierto, está bajo la observación puntual del gobierno de Estados Unidos porque, entre otros propósitos, pretenden capturar a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes. Para ello, se estaría orquestando un operativo especial, según ha trascendido en algunos medios de información y en las redes sociales.

Todo este negro escenario viene cuento a raíz de la captura de nueve agentes de inteligencia de la policía investigadora de Ciudad Juárez, quienes el jueves 14 quedaron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado.

Los agentes detenidos mediante un mega-operativo militar y policiaco realizado la madrugada del jueves 14 son Aldo Iván Sáenz Tocoli –una verdadera ficha –que estuvo nominado para “policía del

año”. Fue propuesto para tal distinción por su jefe, Raúl Ávila Ibarra, otro narcopolicía ligado a intereses oscuros en Ciudad Juárez, el territorio del crimen.

Otros detenidos, quienes formaban parte de un cártel dedicado al secuestro y a la extorsión son Jesús Navarrete, Luis Hernández, Eduardo Álvarez, Carlos Fierro Gallegos, Lorissa Marrufo, Irma Adame y José Abad Reyes Contreras, de acuerdo con información publicada por el Diario de Juárez.

Según las historias que se le atribuyen, estos funcionarios utilizaban todas las herramientas de inteligencia que no usaban contra el crimen organizado para localizar a empresarios, hacer seguimientos a comerciantes y luego procedían a secuestrarlos para exigirles cuantiosas sumas de dinero. También estaban atentos de los negocios que realizaban mediante escuchas telefónicas y seguimientos puntuales.

Luego, montaban operativos para secuestrarlos y exigirles fuertes sumas de dinero, algunas incluso millonarias. Todos ellos formaban parte de la Unidad de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y varios de ellos quedaron sujetos a proceso ante la Fiscalía General de la República, cuyos miembros se dieron a la tarea de investigar a fondo para desarticular al menos una parte de esta organización criminal conformada por agentes de investigación.

De acuerdo con la gravedad de los delitos que se les imputaron, estos agentes podrían alcanzar una prisión de hasta 180 años, por tratarse de servidores públicos que utilizaron sus cargos y herramientas de inteligencia para atracar y extorsionar a empresarios.

Todo el operativo y las investigaciones se realizaron a partir de una denuncia interpuesta por un afectado, cuyo nombre se omite por cuestiones de la secrecía relacionada con la investigación.

A partir de la denuncia, la FGR realizó un operativo, con el apoyo de militares. A ciudad Juárez arribaron más de cien elementos. Realizaron cateos en viviendas localizadas en el fraccionamiento Las Quintas.

Uno de los personajes centrales de toda esta trama era, sin duda, Aldo Iván Sáenz Tocoli, un agente ligado a secuestros, extorsiones y a otros delitos relacionados con la delincuencia organizada que llevaba varios años operando en la impunidad.

Datos de la SSPM indican que seis de los ocho agentes implicados en la indagatoria son policías activos que fueron protegidos durante la administración anterior. Este grupo, se afirma, era encabezado por Sáenz Tocoli, uno de los arrestados el miércoles 13.

Y es que Sáenz Tocoli está acusado de tortura y robo agravado, además de los nuevos cargos que enfrenta por delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado.

La orden de captura fue emitida por Raquel Carlos Ávila, jueza de primera instancia del Sistema Penal Acusatorio, con adscripción en el Distrito Judicial Bravos, bajo la causa penal 4865/2021-

Tras cuatro meses de permanecer prófugo, acusado de los delitos de secuestro, secuestro agravado y delincuencia organizada, el miércoles 13 Sáenz Tocoli fue aprehendido y quedó en manos de la FGR.

El agente fue arrestado por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal pertenecientes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El policía sería trasladado a las instalaciones de la SEIDO, aunque el viernes 14se confirmó, a través de una fuente interna de la FGR, que los agentes detenidos quedaron vinculados a proceso. Sáenz Tocoli fue capturado en su casa, ubicada en el fraccionamiento Las Quintas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sáenz Tocoli tuvo una carrera meteórica: fue agente de la Policía Ministerial, después comandante de la SSPM y en poco tiempo ascendió a jefe de grupo de inteligencia en la administración pasada, bajo el mando de su protector Raúl Ávila Ibarra.

De acuerdo con la carpeta de investigación FGR/SEIDO/UEITA0000294/2021, los agentes detenidos formaban parte de una organización criminal dedicada al robo, secuestro y secuestro agravado.

Utilizaban toda la infraestructura de inteligencia para ubicar a sus víctimas. Luego las secuestraban y les exigían sumas millonarias. Así operaron por largo tiempo, siembre cobijados por la impunidad.

Dichos y hechos

 


Horizonte ciudadano

Rosa Esther Beltrán Enríquez

Octubre 14 de 2021

La mejor forma de comenzar el día es riendo, porque te “desternillas” de risa cuando el secretario de Gobierno declara a los medios, que la Plaza de Armas, se mantiene cerrada -después de más de un mes de que fueran desalojados los pensionados y jubilados de la Sección 38 que reclaman sus derechos. Don Fernando justifica el ilegal e impune desalojo y cierre con el argumento de que ese espacio, la Plaza de Armas está siendo reparada porque hay ladrillos y algunas partes dañadas y muy viejas, se requieren cambios, dice el ingenuo funcionario, ¡imagínese usted!, si ese fuera el caso, respondieron las reporteras, la ciudad toda estaría cerrada, por la calle que transites hay baches grandes y chicos, brechas sin pavimento, alcantarillas abiertas y……..lo cierto es que estamos ante un gobierno medroso, pusilánime y que se ha propasado de la sumisión y el sometimiento de los ciudadanos, un gobierno represor y desposta  que ignora los derechos humanos de los ciudadanos, no los reconoce y por eso viola las leyes.

Hechos

El próximo domingo 17 será la apertura del proceso sinodal en Roma, sí, comienza el Sínodo en las iglesias particulares. El Papa Francisco, el de los gestos, lo ha vuelto a hacer. Una mujer, Cristina Inogés, ha sido elegida para inaugurar la mayor asamblea de la Iglesia Católica. En lo que puede Bergoglio, a diferencia de sus antecesores siempre invita a las mujeres comprometidas con esa renovación tan deseada por muchos y tan boicoteada por otros.

Palabras de la teóloga española. Muy clara cuando presenta a una “iglesia herida, profundamente herida, que ha hecho mucho daño a muchas personas y nos los hemos hecho a nosotros mismos”. Y valiente cuando señala que “Jesús no nos dejó normas ni estructuras sino una forma de vida con la que construir esa iglesia-hogar llamada a ser refugio para todos”.

El propósito es saber, cuáles serán los temas de los que se hablará en los próximos años en “ese caminar juntos” qué significa la Sinodalidad en este contexto eclesiológico, que indica la específica forma de vivir y obrar (modus vivendi et operandi) de la Iglesia católica que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente de todos sus miembros en su misión evangelizadora. Sinodalidad se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo cristiano en la vida y la misión de la Iglesia no solo en general, sino en cada Iglesia particular de los cinco continentes, siguiendo un itinerario de tres años articulado en tres fases, hechos de escucha, discernimiento, consulta. Laicos, sacerdotes, misioneros, personas consagradas, Obispos, Cardenales, incluso antes de discutir, reflexionar e interrogarse sobre la Sinodalidad en la Asamblea que se realice en la escucha de la totalidad de los bautizados, octubre de 2023 en el Vaticano, se encontrarán por tanto viviéndola en primera persona. Cada uno en su diócesis, cada uno con su rol, con sus exigencias.

La novedad es que se trata de un Sínodo descentralizado, que se realizará en cada parroquia, algo inédito, un hecho conmemorado por primera vez en la historia de esta institución, aunque oficialmente el Sinodal fue inaugurado la semana pasada por el Papa Francisco, en lo que es un momento de encuentro/reflexión, y oración; el documento emitido por el Vaticano señala que se realice en la escucha de la totalidad de los cristianos. ¿Qué reacciones se han presentado en las iglesias católicas locales? Silencio, no se escucha nada al respecto.

Aún el clero pregunta ¿de qué sínodo se está hablando? ¿A nadie le preocupan las cifras históricas de no creyentes y de personas para las que la Iglesia es algo totalmente desconocido y aún rechazado? En el año 2000 el censo de este país mostró que el porcentaje de población identificado como católico era 88%. Pero en el 2020 el porcentaje cayó al 77.7 %, vaya que es indicativo. ¿Cuáles son los cambios que Iglesia Católica necesita? Este Sínodo sería la oportunidad para saberlo.

Publican La viuda, novela inédita en español de José Saramago


Anuncian actos de homenaje en 2022 por su centenario de nacimiento

Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2021, p. 3

Madrid. José Saramago tenía 24 años cuando acudió al mundo editorial para publicar la que sería su primera novela, una historia que él concibió con el título de La viuda, pero para el editor no tenía gancho comercial y decidió llamarla Terra do pecado, nombre con el cual se publicó la primera novela del Nobel portugués, por la que no firmó ningún contrato de regalías ni recibió un solo escudo (moneda portuguesa de la época). Él pensaba, con ilusión, que el mundo editorial portugués le abría sus puertas. Ahora, casi 75 años después de su publicación original, se traduce y se edita por primera vez en español dicha obra, que supuso que el escritor se enfrentara a sus propias dudas y tribulaciones al pasar, en su momento, desapercibida en el mun-do literario.

La editorial Alfaguara, que tiene previsto publicar la obra completa de José Saramago (Azinhaga, 1922-Lanzarote, 2010) para conmemorar el centenario de su nacimiento, que se celebrará el próximo año, decidió recuperar esa primera novela. Él mismo escribió una pequeña nota en una edición conmemorativa del texto que hasta los últimos años de su vida se negó a que fuera publicado de nuevo y también a que se tradujera a otros idiomas. Pero todos los expertos en Saramago, incluidos su viuda y traductora, Pilar del Río, y el catedrático portugués Carlos Reis, coinciden en que era necesario publicar y traducir esa pieza temprana, que forma parte del acervo literario de uno de los escritores portugueses más grandes de la historia.

En aquella época, Saramago tenía 24 años, muchas dudas sobre su futuro, vivía en una Europa empobrecida por la guerra en el seno de una familia comprometida con los ideales de la izquierda y el comunismo, al tiempo que veía cómo avanzaba el fascismo y la injusticia. Él, que recordó que en su primera juventud había reconocido en una conversación con amigos que su vocación futura era la de escritor, decidió llevar a cabo ese sueño: escribir la novela que tenía en la cabeza y llevarla a las editoriales para ver si había alguna interesada. Así lo hizo y después de tocar varias puertas se encontró con que una de ellas, Editorial Minerva Lisboa, lo publicaría, que les interesaba. Sólo le exigieron cambiar el título, al no encontrar ningún gancho comercial en su nombre original, La viuda, y le dijeron que no firmarían ningún contrato de regalías ni, por supuesto, recibiría un solo escudo por su obra. Él volvía a su casa con los sentimientos encontrados; por un lado, pletórico porque, según explicó a su familia, el mundo editorial portugués le abría las puertas y, por el otro, apesadumbrado porque había cedido a que le cambiaran el título.

Foto
▲ Hasta los últimos días de su vida, José Saramago, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1998, se opuso a volver a publicar o traducir su primera novela, La viuda, impresa en 1977 bajo el título Terra do pecado.Foto n Europa Press

El libro se publicó y no pasó nada. Ni una reseña. Si acaso un comentario breve en una página perdida en la sección de Cultura de un diario local. Pasó sin pena ni gloria. Y él se empezó a cuestionar si valía la pena continuar con esa vocación, si no había ya demasiadas publicaciones diarias como para pensar que su obra literaria tendrían un hueco en ese mundo tan competitivo. El golpe definitivo a sus dudas llegó unos meses después, cuando escribió su segunda novela, Claraboya, y se encontró con un muro infranqueable en la industria editorial, a nadie le interesó. El rechazo fue contundente e implacable.

Saramago optó entonces por el silencio literario. Y así estuvo durante 20 años, hasta que empezó a publicar sus poemas, sus crónicas periodísticas y sus novelas, que unos años después le convirtieron en uno los premios Nobel más celebrados del siglo XX.

Pilar del Río, su viuda y quien presentó el libro en Madrid, explicó que con esta edición se hace un acto de justicia; primero porque se publica con su título original y, segundo, porque se traduce al español. Y de ahí vendrán otras traducciones en puerta, entre ellas al italiano, al francés y al inglés. Ese libro provocó a Jose Saramago tanta emoción que dejó que le cambiarán el título, no firmó contrato y no recibió ni un escudo de la época, pero él era feliz porque lo había publicado, explicó.

Durante la presentación también se anunció la preparación de un programa exhaustivo y emocionante de cara al centenario de su nacimiento, en el que se celebrarán conferencias, conciertos, obras de teatro, exposiciones de fotografía, óperas y un sinfín de actos conmemorativos en Portugal, España y en los países más entrañables en su vida, entre ellos, México, donde está previsto finalizar el homenaje durante la Feria del Libro de Guadalajara (FIL).

Presentan decálogo para evitar que narco reclute a niños por videojuegos

 Detallan caso de menores enganchados


El Presidente defiende su plan de apoyos a jóvenes: es becario, no sicario

 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2021, p. 5

Tres adolescentes, de entre 11 y 14 años, fueron enganchados a través del videojuego Free Fire (en el que la meta es matar con armas de fuego a los rivales) para ser llevados de Oaxaca a Monterrey y servir de halcones a la delincuencia organizada, con un supuesto pago de 8 mil pesos quincenales y el estímulo de que les gustaban las armas y ganarían mucho dinero.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional se alertó de ese modus operandi del crimen, ante lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su posición en favor de las clases presenciales, y advirtió que los juegos electrónicos son muy violentos y dañinos.

Sugirió no dejar a los pequeños con los aparatos de videojuegos sólo para que se calmen cuando lloran y atender al decálogo de recomendaciones, además de volver a la convivencia familiar y la lectura.

También reiteró su crítica hacia quienes en el pasado no atendieron a los jóvenes y sólo se burlaron de ellos al apodarles ninis, que ni estudian ni trabajan. Señaló la importancia de atenderlos: Es becarios, no sicarios, que les cueste trabajo reclutarlos.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, informó que el pasado 9 de octubre fueron rescatados tres menores que habían sido privados de su libertad, con engaños y perfiles falsos a través de un juego virtual.

Este caso enlaza el mundo virtual y real porque los delincuentes utilizaban vías de comunicación del Free Fire, el cual es de acceso libre y sin control.

Igualmente, tienen alta carga de apología de la violencia el videojuego Grand Theft Auto, que es la huida de un criminal y mata policías; otros similares son Call of Duty Gears of War con alta violencia y a partir de ahí se empiezan a vincular.

Relató que el menor uno estableció amistad con un usuario que en realidad era un criminal. Luego pasaron a comunicación vía Facebook y WhatsApp. También hay enlaces a través de redes sociales y aunque “no usan palabras directas como narcocártel o sicario, empiezan a recurrir a siglas de grupos criminales”.

Entre los riesgos de estos juegos se encuentra la infiltración criminal y reclutamiento; imposición de estereotipos (narcocultura, sobre valoración de la capacidad económica y adicción al dinero); normalización de la violencia (bullying, de género, xenofobia); riesgos de acoso cibernético y real; sexualizar temprana y bajo parámetros cuestionables (principalmente en niñas), así como trastornos de ansiedad e implicaciones neuropsiquiátricas.

En el decálogo propuesto por la autoridad federal se recomienda no jugar ni chatear con desconocidos, establecer horarios de juego, no utilizar cuentas de correo electrónico personal sino generar nuevos para jugar, tampoco proporcionar datos personales de ningún tipo.

Además, mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, supervisar el juego, y si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños y adolescentes, reportarlas al 088.

Pide fiscal de EU aplazar para el verano de 2022 juicio contra García Luna

 Acuerdo con la defensa del ex funcionario mexicano


Autoridades estadunidenses aún juntan pruebas //En el expediente, más de un millón de documentos

 
Periódico La Jornada
Jueves 21 de octubre de 2021, p. 7

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al juez Brian M. Cogan, de la Corte de distrito con sede en Nueva York, que se posponga hasta el verano de 2022 el desarrollo del juicio contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal de México, quien enfrenta cargos por narcotráfico y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con un documento de la justicia estadunidense, de manera coordinada, tanto la representación de la fiscalía como la defensa del ex funcionario mexicano, quien se encuentra preso en ese país desde diciembre de 2019 y sin derecho a enfrentar su proceso en libertad, acordaron que el juicio se realice hasta el año próximo; consideran que el procedimiento podría desahogarse en ocho semanas.

Explicaron al juez Cogan –el mismo que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa– que el gobierno continúa el proceso de recopilación y revisión de mayores pruebas en el caso contra García Luna y que hasta el pasado 16 de agosto ya se había dado a conocer que entre los últimos materiales acumulados se encuentran más de 6 mil 500 páginas de documentos.

Asimismo, las autoridades de aquel país están a la espera de que se dé respuesta a otras comparecencias pendientes de desahogarse y continúa trabajando para obtener mayores informes financieros relacionados con las transferencias que el ex funcionario de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón habría realizado o recibido de integrantes del crimen organizado.

Se menciona que en sus investigaciones, las autoridades estadunidenses han obtenido más de un millón de documentos, registros telefónicos y mensajes interceptados con los que se pretende acreditar la responsabilidad de García Luna en los delitos que se le imputan.

Para el juicio, la fiscalía señaló al juez Cogan –quien también tiene bajo su responsabilidad el proceso contra Emma Coronel, esposa de El Chapo–, que tanto el departamento de Justicia como los defensores del ex funcionario han enfrentado retrasos importantes en la preparación del juicio, en este caso a la luz de la pandemia, incluidas las limitaciones en la capacidad del gobierno para cumplir con los testigos encarcelados y limitaciones en la capacidad del abogado defensor para reunirse con el acusado.

Por ello, en la próxima audiencia las partes solicitarán al juez que en función de la disponibilidad de la Corte, se programe para el otoño de 2022 el juicio, que durará aproximadamente ocho semanas, incluyendo la selección del jurado.

García Luna fue detenido en diciembre de 2019 por autoridades de Estados Unidos, al existir investigaciones en su contra por presuntamente haber recibido sobornos de grupos delictivos, principalmente de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, a quienes habría correspondido con protección a sus operaciones en territorio mexicano para realizar tráfico de drogas a Estados Unidos.