La Fiscalía General del Estado, operada con abusos de autoridad, tiene casas de seguridad, como la antigua Dirección Federal de Seguridad, que dirigió Miguel Nazar Haro
Juan Monrreal López
Diciembre 19 de 2020
http://www.democratanortedemexico.blogspot.com
Durango, Durango. – Detenida sin orden de aprehensión, secuestrada, torturada en una casa de seguridad,- como cuando Miguel Nazar Haro, dirigía la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS)-, ubicada en la colonia Acereros por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Ruth Medina Alemán,- un personaje siniestro, con negros antecedentes en la función pública-, la doctora Azucena Calvillo Carrillo, ha vivido un suplicio personal y familiar desde el pasado 7 de diciembre, cuando fue acusada y desparecida por la FGE, por supuesto intento de homicidio en contra del magistrado, Héctor Emmanuel Silva Delfín, quien se encontraba hospitalizado en la llamada área COVID-19 de la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad en condiciones excepcionales, ya que es hermano de la delegada del IMSS en el estado de Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín, y quien según personal adscrito a la Sección 16 del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) abusó del puesto público que ostenta, ya que mantenía personal médico exclusivamente dedicado a atender a su consanguíneo, con la complacencia del delegado del IMSS en Durango, Julio Gutiérrez Méndez. Pero si esto si fuera poco, Azucena Calvillo Carrillo, es además, víctima de una campaña de linchamiento en medios de comunicación y en las llamadas redes sociales orquestada desde la dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, a cargo de Verónica Terrones Romero, también asesora de cabecera del gobernador panista, José Rosas Aispuro Torres, “el gobernador federalista en rebeldía”.
Secuestrada, retenida en casa ilegal de seguridad, torturada por órdenes de la Fiscal, Ruth Medina Alemán, la facultativa Calvillo Carrillo, se convirtió en otra prueba viviente del actuar de Medina Alemán al frente de FGE, así como otra evidencia concreta que patentiza las prácticas ilegales e inconstitucionales con las que opera la FGE.
De acuerdo al Código Penal, estas violaciones de ley, cuando menos acumulan 60 años de cárcel y se persiguen de oficio, sin embargo, la impunidad domina en el gobierno del panista, José Rosas Aispuro Torres.
Por eso, para tratar de calmar el clamor ciudadano, Aispuro Torres, lejos de ordenar una investigación a fondo de los hechos, hizo vacío durante 5 días y decidió proteger mediante impunidad a la fiscal y sus agentes, utilizando una escueta reunión con la doctora Azucena Calvillo y su esposo, -5 días después de ser secuestrada-, prometiendo retirar los cargos fincados contra ella, más no el desistimiento acusatorio, como si a la galeno le hiciera un favor, cuando ella es la agraviada; a quien no sólo violaron el llamado debido proceso para levantarla, también violentaron flagrantemente sus derechos humanos.
Así, casi con el clásico, usted disculpe, Aispuro Torres, intervino el pasado viernes 11 de diciembre, “echando mano de las facultades que le otorga la Constitución de Durango” prometiendo retirar los cargos, pero sin desistimiento de los mismos, dejando las acusaciones contra Azucena Calvillo, cual espada de Damocles.
Los hechos
Se sabe que desde el pasado 6 de diciembre, la doctora, Azucena Calvillo Carrillo, empezó a ser acechada por la FGE.
El motivo habría sido que “la doctora Calvillo Carrillo, se oponía a dar trato preferencial en el área COVID del IMSS al magistrado Héctor Emmanuel Silva Delfín, hermano de la delegada del IMSS en Tamaulipas”, para quien su familiar habría pedido a “su colega” delegado del IMSS en Durango, Julio Gutiérrez Méndez, la asignación de médicos y enfermeros exclusivamente enfocados a cuidar a su hermano, el leguleyo, ya citado.
La noche del domingo 6 de diciembre, presionada, la doctora Azucena Calvillo, se retiró a su casa, sin imaginarse el tortuoso lunes que le esperaba.
De acuerdo a trabajadores del IMSS y miembros de la Sección 16 del SNTSS, Azucena Calvillo, manifestó su descontento por los privilegios que el magistrado estaba recibiendo, cuando se sabe que el personal de salud, adscrito para combatirla pandemia de COVID-19 en Durango, es escaso.
El lunes 7 de diciembre, Calvillo Carrillo, se retiró del IMSS después de haber cumplido su labor; sólo que ya no llegó a s casa; desapareció esa noche a manos de agentes de FGE, quienes la trasladaron a una “casa de seguridad”, como las que usaba la temible Dirección Federal de Seguridad, bajo el mando de Miguel Nazar Haro, y se siguen usando en Durango, según se constata con lo sucedido a la terapeuta.
Así que, la galeno fue empujada a este pozo de tortura y desaparición de los temibles agentes de FGE ubicada en la colonia Acereros.
Allí, con tortura psicológica, amenazas, empujones, le fue arrancada una confesión de intento de homicidio una vez que la quebraron con la amenaza de dañar a toda la familia.
“Desaparecida” envuelta en la oscuridad de la noche por manos siniestras de los agentes de FGE bajo las órdenes de Ruth Medina Alemán, la familia de Azucena, comenzó a difundir esa misma noche en las llamadas redes sociales la evaporación de la especialista, pues ya habían sido advertidos por la médica del peligro que se cernía sobre ella.
De hecho, “los parientes al ver que la facultativa no llegaba” de inmediato comenzaron a difundirlo, y creo que so impidió que el asunto llegara a mayores”, dicen los sindicalizados del IMSS a Demócrata Norte de México.
Impactadas por el bombardeo de mensajes en las llamadas redes sociales, colocados por familiares, médicos, y amigos, acerca de la desaparición de la especialista, pronto Durango, se percató de la evaporación de la internista.
En tanto las torturas contra Azucena Calvillo, seguían en la casa de seguridad de la colonia Acereros, de donde se conoce fue trasladad al CERESO número 1 de la capital del estado, una vez que le arrancaron la confesión vía tortura.
Con el escándalo encima, Calvillo Carillo, apareció el miércoles en la madrugada.
Con todo, el gobernador José Rosas Aispuro, ni la boca había abierto para externar alguna preocupación al respecto.
Luego en una farsa de enredos, la delegada del IMSS en Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín, – quien presume cercanía con AMLO-, emitió un comunicado en el que asienta que ella nunca acusó a nadie directamente y mucho menos a la doctora Azucena Calvillo.
También el delgado del IMSS en Durango, emitió un video donde asume que él cree en la inocencia de la facultativa, cuando en los hechos acompañó a la Fiscal de las casas de seguridad en la rueda de prensa donde se dieron a conocer las acusaciones del supuesto delito de homicidio calificado en grado de tentativa en contra del magistrado Emmanuel Silva Delfín.
Con la olla social de los médicos de la Sección 16 de IMSS hirviendo, al tiempo que el enojo de la sociedad duranguense crecía durante la semana del día 7 al 13 de diciembre, conforme se difundían los delitos fabricados por la FGE a cargo de Ruth Medina Alemán, obligaron que 5 días después que Azucena Calvillo, fuera sustraída hacia la casa de seguridad, apareciera el gobernador del cambio “hacia Atrás” José Rosas Aispuro Torres, para externar que ya “se había reunido con la doctora y su esposo”.
Y asentó en las llamadas redes sociales que “Estoy atento al caso de la Dra. Azucena Calvillo, quiero compartirles que anoche me reuní con ella y su esposo. Me comprometí a revisar que el proceso judicial se esté llevando a cabo con apego a la ley, en aras de hacer justicia”, pero del secuestro, tortura y casas de seguridad no mencionó nada; como sí esto fuera la normalidad en el estado.
Es más, el secretario de gobierno dijo que, “al existir dudas razonables del caso”, las acusaciones se retiraron “en congruencia con el compromiso de garantizar la paz social y con el propósito de procurar un bien superior”, mientras el ánimo social se calentó más en contra de Rut Medina Alemán y del propio gobernador Aispuro Torres.
Y mientras la presión social aumentaba en esos días, los medios bajaron la intensidad de publicaciones por ordenes de la jefa de Comunicación Social, Verónica Terrones, a quien coincidentemente la habían nombrado, – otra vez-, jefa de la dependencia el viernes 5 de diciembre.
Héctor Flores Ávalos, – el secretario de Gobierno, impuesto como cuña por Marco Cortés, al gobernador-, tampoco habló del secuestro de Azucena Calvillo, mucho menos de las casas de seguridad, que mantiene el gobierno de Durango, con encargo a Ruth Medina Alemán.
Para el sábado 12 y domingo 13 de diciembre, médicos de la Sección 16 del IMSS, realizaron manifestaciones en las que dejaron en patente que para esclarecer el levantón que sufrió la doctora debe por comenzarse con la destitución y enjuiciamiento de la fiscal Medina Alemán y los agentes que se atrevieron a secuestrar al especialista, el pasado 7 de diciembre, como si México, estuviera viviendo en los años setenta.
Hasta el día de hoy, 13 días después que Azucena Calvillo Carrillo, fue levantada, secuestrada, torturada en un espacio extra judicial como la casa ubicada en el fraccionamiento Acereros, todo parece indicar que este caso será un carpetazo más que da, como muchos otros existentes en los archiveros de la FGE y que el poder de Ruth Medina Alemán, le permitirá seguir al frente de la dependencia, pase lo que pase.
Secuestro, tortura y casas de seguridad para retener levantados, se persigue de oficio
El secuestro, tortura y mantención a la fuerza a las personas en instalaciones no judiciales, se persigue de oficio.
En el caso de Azucena Calvillo, sus agresores deben alcanzar al menos 60 años de cárcel, según tipifica el Código Penal; pero todo parece indicar que esto no sucederá en Durango, donde las leyes se aplican a discreción.
Que se haya evidenciado la existencia de casas de seguridad, es grave para la entidad, peor para el doctor en derecho, José Rosas Aispuro, a quien cubrirá la sombra de la sospecha de todos los ciudadanos que desaparezcan en Durango, una vez que está comprobada la existencia de una red de casas clandestinas donde los agentes de la FGE, recluyen a duranguenses violando las leyes y los derechos humanos.
Que esto se conozca precisamente cuando inicia el proceso electoral 2021 y prácticamente también el relevo de alcalde y gobernador en el año 2022, es grave.
Lo es más aún, que la impunidad se disfrace de “congruencia con el compromiso de garantizar la paz social y con el propósito de procurar un bien superior”, como afirmó el secretario de Gobierno, Héctor Flores Ávalos.
Casas de seguridad, secuestro, tortura; por esto no votaron los duranguenses en el 2016. Sufragaron por un cambio que nunca llegó con Rosas Aispuro; como muy probablemente tampoco llegue la justicia para Azucena Calvillo Carrillo, por la vía de la aplicación de la ley a sus agresores.
De la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, mejor ni hablar; su presidente Marco Antonio Güereca Díaz, es parte del engranaje de represión estatal.
Twitter: @jmonrreall
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