MEXICO, D.F., 27 de marzo (apro).- Con la exoneración de Luis Echeverría de la masacre del 2 de octubre de 1968 se corona un perverso juego político simulado con ropajes judiciales.
Es, además, una demostración contundente del fracaso de la llamada transición a la democracia en México, que tenía en el tema de los derechos humanos uno de sus grandes y primeros pendientes.
Fue una simulación que tomó siete años, cinco del gobierno de Vicente Fox y dos de Felipe Calderón, quienes transaron con el PRI la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen autoritario priista: torturas, desapariciones y ejecuciones.
A diferencia de lo ocurrido en Centro y Sudamérica y algunas experiencias de África donde esos crímenes de lesa humanidad fueron investigados y sancionados, en México nadie es culpable.
Si bien lo ocurrido entre los años sesenta y entrados los ochenta no es de la magnitud de aquellos países, el mensaje que reitera México al mundo es el de la impunidad.
Participante en la simulación del establecimiento de responsabilidades, la justicia mexicana llegó a la conclusión, en el caso del 68, que sí hubo genocidio; pero nadie es responsable. Quienes lo fueron ya se murieron o se beneficiaron de la prescripción del delito.
Fue una acusación que en ese juego de perversión el entonces fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, en su irrefrenable grandilocuencia, se encargó de presentar como un propósito del Estado mexicano de "exterminar" al sector de la población representado por los estudiantes, tanto en la matanza del 2 de octubre de 1968, como en la del 10 de junio de 1971.
Las diferentes instancias judiciales que debieron pronunciarse sobre la acusación se dividieron. Para unos, sí existió esa pretensión del Estado mexicano; para otros, no.
Peor aún, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el genocidio en México fue prescriptible en ambos casos, a pesar de que la legislación internacional humanitaria establece lo contrario.
El Poder Judicial no estuvo a la altura de las necesidades de justicia no sólo de las víctimas y sus familiares, sino de todo el país. Se plegó a los intereses del PRI y el PAN que por conveniencia política hicieron todo lo posible para enterrar el tema.
A pesar de su animadversión contra Echeverría, Fox lo hizo con la ingenuidad de que el PRI apoyaría en el Congreso sus reformas. Ahora, lo hace Calderón con el desprecio que ha demostrado hacia el tema de los derechos humanos.
De ese desdén da cuenta el notable incremento de las violaciones a los derechos humanos cometidas sobre todo por el Ejército con pretexto del combate al narcotráfico. Esa será una herencia que dejará Calderón a los militares, a menos de que hacia el final de su sexenio declare una amnistía o antes logre cambios legales para proteger a quienes estén implicados en tales violaciones.
En México, ninguna autoridad política ha sido procesada por esa causa. No ocurrió con la llamada "guerra sucia" ni con la desproporcionada represión gubernamental contra los pobladores de San Salvador Atenco, ni se espera que haya responsables en el caso de las violaciones ocurridas durante el movimiento de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO), según ya adelantó la propia Suprema Corte.
Sí, en cambio, hay sanción de más de cien años de prisión para quienes se enfrentan a la autoridad en la defensa de sus intereses, como ocurrió en Atenco.
A pesar del ruido mediático por su condición de expresidente de la República, Echeverría fue sólo una muestra –la más prominente hasta ahora– de que en México la impunidad está garantizada por el Estado para proteger a quienes detentan su poder.
Proceso 29/03/2009
Proceso 29/03/2009
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