mié, 04 dic 2013 14:29
México, DF. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió amparar a dos organizaciones de productores yaquis que impugnaron la operación del Acueducto Independencia en el estado de Sonora, para efecto de que la Comisión Nacional del Agua conceda audiencia a los representantes de los dos grupos comunitarios sobre la concesiones de uso y aprovechamiento del agua del río Yaqui.
El ministro José Ramón Cossío votó en contra de la decisión por considerar que no resuelve el fondo de la demanda de los productores agrícolas del Valle del Yaqui, al conceder “un cheque en blanco” a las autoridades ambientales para que ellas mismas decidan sobre la validez de la concesión del líquido y respecto a la posible afectación que tiene para Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego 16, del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego Número 041 y la Asociación de Usuarios Productores Agrícolas de la Sección de Riego K-73+500 la puesta en marcha de dicha obra hidráulica que llevará el vital líquido a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
Cossío cuestionó que el máximo tribunal haya decidido dejar en manos de las autoridades administrativas la decisión respecto a si la operación del citado Acueducto afecta a los productores agrícolas de la zona. Tal y como lo hizo hace unas semanas, cuando cuatro ministros ampararon a la comunidad de Vicam, para el efecto de que las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) escucharan en audiencia a los productores sobre el impacto que tendrá el Acueducto Independencia en el flujo de líquido para sus parcelas y para que, en caso de que quedara demostrada dicha afectación, la propia Semarnat ordenara el cese de la operación del Acueducto.
Además, puso en entredicho la eficacia de que la Corte le ordenara a las autoridades ambientales la decisión sobre la posible afectación a la producción agrícola por la obra hidráulica que llevará el vital líquido a la ciudad de Hermosillo, Sonora.
El ministro instructor, Jorge Pardo Rebolledo rechazó que con su decisión (cuatro a uno), la Corte haya entregado “un cheque en blanco” a las autoridades ambientales y que la Corte haya eludido su responsabilidad en la resolución del asunto.
Apenas ayer, un juez de distrito de Sonora sancionó a la Semarnat, por no haber realizado la consulta pública que le ordenó la Corte.
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