Gustavo Leal F. *
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la comisión designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, aguardamos un dictamen que haga justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.
Sobre todo después de la declaración de los ministros entrantes Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar, quienes se comprometieron a impulsar una agenda de protección a las garantías individuales. “La función de un juez constitucional –puntualizó Aguilar– es defender al pueblo frente al abuso del poder”. Y refrendó su “compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos”. Por su parte, Zaldívar se refirió al “mayor acceso a la justicia de quienes menos tienen”, así como sentencias “más claras y breves, entendibles para la comunidad”.
Como apuntara Carlos de la Torre –integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos–: la tragedia de Hermosillo es una excelente oportunidad para que la Corte “salga del formalismo jurídico y desarrolle una doctrina de derechos humanos en la que el Estado asuma como obligaciones el respeto, protección y garantías a esos derechos”.
Desde que fuera instalada esa comisión (6/8/09) y después de hacer público su protocolo de investigación (31/8/09), así como cuatro informes (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009), el estado de cosas va a peor. Al parecer, sólo Denise Maerker cree que “subrogar guarderías no es en sí misma una mala idea”, porque los hechos en el IMSS expresan otra realidad, y ello sin considerar siquiera la “estancias” changarro de Calderón “operadas” por Sedeso.
En junio de 2009, el secretario de Gobierno municipal de Querétaro aseguró que la estación de servicio número 7711 de Pemex, que opera justo enfrente de la guardería Giocare, subrogada por el IMSS, no le representa ningún peligro, por lo que descartó reubicarla. Mientras tanto, la delegación del IMSS en Coahuila cancelaba 15 guarderías subrogadas por no contar con mecanismos de seguridad adecuados y emplazaba a otros 31 “prestadores” –de las 72 con que cuenta la entidad– para que modificaran a la brevedad sus instalaciones. Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco clausuraba dos centros subrogados por el IMSS, entre ellos la estancia Discovery Planet.
En julio, la delegación estatal del IMSS en Durango rechazó, por “no ser necesario”, la recomendación de Protección Civil de Gómez Palacio, Durango, para que reubicara la guardería subrogada Peques, establecida al lado de un taller mecánico que acababa de registrar un conato de incendio. Además, Peques y la guardería 001 del IMSS se ubican a unos 150 metros de dos gaseras y de una terminal de almacenamiento de Pemex-Refinación. Cinco de las 22 guarderías que operan en la ciudad recibieron señalamientos varios.
Por encontrarse en una zona de riesgo: en el cauce del arroyo Las Víboras, el 19 de agosto Protección Civil de Ciudad Juárez clausuró una guardería subrogada por el IMSS al sacerdote Antonio Urrutia Rodarte y recomendó reubicarla. Días antes, se había impedido que otras dos estancias subrogadas atendieran a más de 500 niños “por incumplir con la corrección de fallas detectadas en la supervisión”. Para esas fechas ya habían sido clausuradas cinco de las 35 guarderías del Seguro Social en Juárez por carecer de expedientes médicos, manuales de operación y presentar deficiencias estructurales.
Después de ser “supervisada” sin hallar “anomalías”, el 27 de agosto ardió la guardería subrogada por el IMSS del Centro Escolar Palmerston (Mérida), sin que, por fortuna, hubiera que lamentar consecuencias.
Para septiembre, el instituto había rescindido –sin previo aviso– los contratos de subrogación de unas 100 estancias en el país. Ese fue el caso de la única guardería de Valle de Bravo, estado de México; dos en Palenque, Chiapas, y la denominada Mar, en la delegación Iztapalapa.
El 8 de diciembre, un cortocircuito en el aire acondicionado provocó un incendio y el desalojo de 120 infantes en la guardería Villa de Camorlinga, en Matamoros, mientras jueces y magistrados de todo el país iniciaban la revisión de 180 centros subrogados por el IMSS, cumpliendo la indagatoria de la comisión designada por la Corte.
El 11 de diciembre, la Delegación Poniente del Seguro Social en el estado de México anunció que por “distintas irregularidades” cerraría ocho de las 47 guarderías subrogadas, mientras el instituto se comprometía a que se efectuaran simulacros de evacuación en todas las estancias subrogadas, “incluso en las horas de siesta de los niños”. El 15 de diciembre, Protección Civil de Guerrero cerró 14 guarderías subrogadas del IMSS. Cuatro días después, el instituto rescindía los contratos de otras 36 “que no realizaron las adecuaciones”, mientras el 4 de enero de 2010, la delegación en Sonora clausuraba dos más en Hermosillo.
Sin embargo, para Daniel Karam, titular del IMSS, el asunto se reduce a deslindar al instituto en sus responsabilidades vía los nuevos contratos 2009 –“vigilados” por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles– que seguirán abatiendo la calidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la palabra: “caiga quien caiga y sin distingos”.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
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