Guardería ABC, ¿qué hizo Calderón con el dictamen de la Corte?

Gustavo Leal F.*

En su fallo del 6 de octubre de 2010 sobre la tragedia de Hermosillo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resolvió que: “en los hechos del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en el municipio de Hermosillo, Sonora, se incurrió en violaciones graves de garantías individuales; se vulneraron los derechos del niño, de protección a la vida, a la integridad física y a la salud”.

El dictamen estableció que “por mayoría de seis votos de los ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a que se vulneró el derecho a la seguridad social. Los ministros Luna Ramos, Franco González Salas, Gudiño Pelayo, Aguilar Morales y Valls Hernández votaron en contra”.

Así como que “por mayoría de siete votos de los ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos, Franco González Salas, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a reconocer la legalidad del sistema de guarderías subrogadas a particulares. Los ministros Cossío Díaz, Zaldívar Lelo de Larrea, Gudiño Pelayo y Silva Meza votaron en contra”.

Se consideró también “necesario” precisar las acciones mínimas que como “máximo tribunal de la nación sugiere, sean implementadas a fin de prevenir y evitar que vuelvan a suceder casos semejantes”. Ellas son:

Autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país:

1. Redimensionar la acción pública para que en toda política legislativa, administrativa o judicial donde se vean involucrados los derechos de los infantes, se atienda al interés superior del niño, el cual exige medidas de protección reforzada.

2. Revisar la normatividad referente a la seguridad de los menores en los centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, escuelas, centros de recreación y, muy especialmente, guarderías. Tal normatividad debe atender a las más altas exigencias que demanda la protección de la integridad física de los menores.

Congreso de la Unión:

1. Evaluar las mejores prácticas en la materia y las alternativas en el sistema de prestación de servicios por parte de particulares, de tal forma que la asignación de los contratos de prestación de servicios sea únicamente a través de licitación pública; por lo que el criterio para la asignación del servicio no debe ser la minimización del costo, sino la calidad y seguridad del mismo.

2. Establecer un órgano no sólo coordinador nacional del servicio de guarderías, sino que también funja como supervisor de todos los aspectos del servicio, mismo que dé propuestas en cuanto a las políticas públicas relacionadas para ser transformadas en acuerdos y lineamientos generales por parte del Consejo Técnico.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):
1. Revisar las condiciones en que se presta el servicio de guarderías bajo el régimen de subrogación, a efecto de que se corrijan, con suficiencia y de manera expedita, las fallas estructurales que presenta dicho sistema, haciéndolas llegar a la autoridad legislativa.

2. Implementar mecanismos de control específicamente para la actuación de los delegados estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3. Implementar un mecanismo de control que asegure un cumplimiento efectivo de los requisitos legales para el otorgamiento de contratos de subrogación.

4. Establecer indicadores de desempeño económico que midan la eficacia, eficiencia y calidad en la prestación del servicio de guarderías, haciendo públicos los resultados.

5. Homologar las condiciones de operación de las guarderías en materia de protección civil, así como los criterios de supervisión y adecuarlos a la normatividad vigente.

6. Adecuar los formatos de inspección con base en los cuales las autoridades del instituto emiten los dictámenes en materia de seguridad.

7. Realizar supervisiones continuas a las guarderías operadas por particulares.

8. Instrumentar políticas eficaces para capacitar al personal de dichos centros y que sea continua.

9. Dar seguimiento puntual a las observaciones realizadas en las visitas de inspección hasta su total cumplimiento.

10. Implementar políticas efectivas que garanticen que en dichos centros, en todo momento, se cuente con la cantidad adecuada de personal en relación con el número de menores presentes.

11. Establecer un sistema de publicidad para que los padres de familia estén informados sobre el cumplimiento oportuno de los requisitos necesarios para la operación de las guarderías.

12. Brindar la mejor atención médica posible a los niños afectados en el incendio de la Guardería ABC, que se dé seguimiento a su evolución médica y que se garantice, con suficiencia, la reparación del daño.

13. Incrementar los esfuerzos que hasta el momento ha realizado el instituto para la reparación del daño a los padres de los menores fallecidos, lesionados y expuestos, con el objetivo de asegurar que las familias afectadas recuperen el nivel de vida que tenían antes de la tragedia.

Además de otras acciones sugeridas al estado de Sonora y al municipio de Hermosillo, la SCJN consideró que el dictamen “deberá ser remitido a los órganos en que ejercían su cargo los funcionarios señalados como responsables”: director general del IMSS, gobernadores de los estados, jefe de Gobierno del DF, cámaras del Congreso de la Unión, poderes legislativos estatales, ALDF, secretario de Salud y secretario de Educación Pública.

Entretanto, ¿qué ha hecho Felipe Calderón? Usar electoreramente 8 mil 800 “estancias” changarro de la Secretaría de Desarrollo Social y ubicar a Juan Molinar Horcasitas como secretario de Acción de Gobierno del PAN.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Papás de ABC piden justicia a 18 meses de la tragedia

Lunes 06 de diciembre de 2010

Zorayda Gallegos Corresponsal El Universal

HERMOSILLO. Los rostros que desde hace 18 meses no logran olvidar, ahora acumulan furia y hartazgo por no conseguir lo que quieren: justicia. Son los padres que el 5 de junio de 2009 perdieron a sus niños en el incendio de la guardaría ABC.

Esos padres que a un año y medio de emprender procesos legales, de hacer manifestaciones públicas, de acudir a instancias internacionales, de buscar el apoyo de legisladores, y de haber llegado hasta la Suprema Corte, no logran ver en prisión a los responsables de la tragedia.

Ayer, estos papás que conforman el Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio salieron a las calles para protestar como lo hacen desde hace 18 meses y 16 marchas.

Se congregaron a las 16:00 horas en las instalaciones de lo que fue la guardería ABC, en la colonia Y Griega, al sur de Hermosillo. De ahí al periférico sur hasta integrarse al bulevar Rosales.

Con grandes banderas azules y rosas, pancartas con los rostros de los niños fallecidos, globos de colores, y mantas exigiendo justicia, los manifestantes marcharon de una manera más activa que las últimas manifestaciones: ahora, a lo largo del camino, gritaban fuertes consignas.

Las injurias y las exigencias fueron contra los dueños de la guardería, de las autoridades del IMSS, de los gobiernos estatal y federal. A la altura de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia se detuvieron, ahí los reclamos fueron hacia el procurador Abel Murrieta.

La marcha que en un inicio lucía con pocos manifestantes fue reforzándose a lo largo del camino, y al llegar a las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, frente a la plaza Emiliana de Zubeldía, donde lucen 49 cruces recordando la tragedia, había un contingente de ciudadanos esperándolos.

Apoyo a iniciativa de ley

Después del pase de lista de los 49 niños fallecidos en el incendio, tomaron la palabra varios padres. Uno de ellos, José Francisco García, invitó a apoyar una iniciativa de ley recientemente presentada en el Senado.

“Quiero informales que hay avances positivos, el pasado 30 de noviembre ante el Senado de la República fue presentada para su discusión y eventual aprobación una iniciativa de Ley General de Servicios, Cuidados, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil que fue iniciativa del Movimiento Cinco de Junio”.

García Quintana informó que esta iniciativa fue suscrita por 39 legisladores de diversos grupos parlamentarios, que constituyen casi una tercera parte del número total de miembros de este órgano legislativo, y fue turnada a varias comisiones.

Lo más importante de la iniciativa, destacó, es su propósito de corregir las fallas estructurales, normativas y operativas que propiciaron el incendio en la Guardería ABC, que dejó 49 niños muertos y más de 70 heridos.

“Es una ley de instancias infantiles que regula cuidadosamente el funcionamiento y operación, los cuidados y educación, la higiene, la alimentación, la protección de los niños y niñas en estancias infantiles”.

Cristina García exigió no olvidar jamás el 5 de junio. “Pido castigo para Marcia Matilde Gómez del Campo, pido castigo para Antonio Salido Suárez, pido castigo para Alfonso Escalante, pido castigo para Gildardo Urquídez Serrano, y sigo pidiendo castigo para todos los funcionarios públicos que no cumplieron con la responsabilidad de proporcionar seguridad para todos los niños fallecidos y lesionados”.

Al final, como desde hace 16 marchas, la exigencia fue la misma: no detenerse hasta ver en la cárcel a cada uno de los inculpados directos e indirectos de la tragedia en la estancia infantil.

Caso ABC: Padres de bebés afectados inician huelga de hambre

La redacción


MÉXICO, D.F., 13 de septiembre (apro).- Padres de bebés sobrevivientes del incendio de la Guardería ABC iniciaron hoy una huelga de hambre, así como un plantón y un bloqueo en al aeropuerto internacional General Ignacio Pesqueira, de Hermosillo, Sonora.

La protesta, en la que participaron padres de al menos 30 niños que resultaron con afecciones de salud como consecuencia del incendio, se inició a las 08:00 horas de este lunes, cuando se instalaron en la entrada principal del aeropuerto e impidieron el paso de vehículos. Cuatro se ellos se declararon en huelga de hambre.

Los padres de familia que conforman el grupo "Salud y Justicia ABC", exigen con su protesta que sus hijos, que presentan lesiones internas, sean considerados como lesionados por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que les brinden el tratamiento adecuado.

La señora Sara Alejandra Estrada, vocera de la agrupación, dijo que tres mujeres y un hombre –padres de bebés sobrevivientes-- decidieron iniciar su huelga de hambre ante la negativa de las autoridades federales y del Seguro Social de realizarles un diagnóstico y reconocer el daño que tienen sus hijos.

De acuerdo con los quejosos, el IMSS se niega a reconocer como "lesionados" a los bebés que sufrieron afectaciones pulmonares por el incendio, a quienes cataloga como "expuestos", ya que no presentan quemaduras o heridas físicas. "Nuestros hijos no tienen heridas externas, pero siguen medicados desde hace 15 meses y como en el Seguro Social no les ven heridas no los atienden como debe ser", afirmó la señora Estrada.

Destacó que los menores que tuvieron afectaciones pulmonares presentan rinocinocitis, epilepsia y dificultades en el sistema respiratorio, entre otros padecimientos.

Mientras tanto, frente al Palacio de Gobierno, en Hermosillo, miembros de las agrupaciones Manos Unidas --que reúne a padres de niños fallecidos--, Padres Unidos –integrado por padres de niños que resultaron con quemaduras graves--, reclamaron al gobernador Guillermo Padrés, quien hoy cumplió su primer año de mandato, que cumpla con sus promesas de hacer justicia y encarcelar a los responsables de la tragedia.

Proceso
14/09/2010

Corte no sancionará a Bours, Karam o a Molinar: Oñate

El secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo de la SCJN expuso que ésta sólo podrá resolver si los funcionarios presuntamente responsables del incendio en el caso ABC violaron derechos humanos, pero no si irán a la cárcel.

Notimex
Publicado: 09/06/2010 14:10

México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrá resolver si los funcionarios presuntamente responsables del incendio en la Guardería ABC violaron derechos humanos pero no si irán a la cárcel u alguna otra sanción, precisó el secretario Ejecutivo Jurídico Administrativo del alto tribunal, Alfonso Oñate Laborde.

Durante la presentación del primer volumen de Cuadernos de Derecho y Ciencia, indicó que el dictamen del ministro Arturo Zaldívar se hizo conforme a un protocolo que considera la solicitud de la opinión de la SCJN por parte de los padres de los menores muertos en la tragedia.

Ahora, explicó, como se propone en el proyecto, se verá la opinión del resto de los ministros, lo que podría ser un elemento para establecer responsabilidades políticas y morales de los servidores públicos involucrados en los hechos ocurridos en Hermosillo, Sonora.

Indicó que ello significa que quienes ejercen un puesto público deben hacerse responsables de sus acciones y omisiones ante la sociedad.

Oñate Laborde planteó que en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, uno de los principios fundamentales es que la autoridad responda ante la población no sólo por aquello que hace sino también por lo que deja de hacer.

El dictamen señala como posibles responsables a Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes; Eduardo Bours, ex gobernador del estado; y Daniel Karam, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Oñate dejó claro que lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implicará necesariamente que sean sancionados, dejen sus cargos o vayan a la cárcel pues no se trata de un procedimiento penal, el único que puede tener como consecuencia la privación de la libertad.

Recordó que el dictamen emitido por el ministro Zaldívar se empezará a debatir el 14 de junio próximo en el pleno del alto tribunal a fin de esclarecer lo que sucedió hace más de un año en la Guardería ABC y si eso constituye o no una violación grave a derechos fundamentales.

Alfonso Oñate subrayó que el análisis de la situación constituye un recurso extraordinario de intervención de la SCJN, una vez que han sido rebasadas las autoridades y las instancias locales y federales.

Aclaró que no se incluirá en el debate la presunción de que el siniestro fue provocado; “sólo se discutirá lo que ya presentó en su dictamen el ministro Arturo Zaldívar el pasado jueves”, recalcó el funcionario del alto tribunal.

Cinco de junio no se olvida

Miguel Ángel Granados Chapa

No ha habido capacidad de condolencia con los deudos ni con los niños sobrevivientes, varios de ellos expuestos a riesgos o a daños ya actuantes y que se prolongarán por muchos años, la vida entera en algunos casos

Minutos después de conocido el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar sobre la muerte de 49 niñas y niños, y las lesiones a 104 más ocurridas en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el director del IMSS, Daniel Karam, pretendió disminuir su relevancia llamándolo "un elemento mas" de la investigación constitucional emprendida.

Se equivoca. No es un "elemento más" en esa indagación. Si emocionalmente le acomoda restarle importancia, es asunto suyo. Pero si bien en cada página de ese documento se insiste en señalar su carácter ("este proyecto sólo refleja la opinión del ministro ponente"), procesalmente es de mayor trascendencia que el informe preliminar del 26 de febrero, que no incluía el nombre del director del IMSS entre los funcionarios responsables de las violaciones graves a garantías individuales, como sí lo hace el texto presentado el jueves por el ministro Zaldívar, uno de los dos de más reciente incorporación al pleno.

Es de tan alto relieve el proyecto, que los ministros de la Corte no se ocuparán la próxima semana de otra cosa que de leerlo. De su estudio y evaluación resultará la resolución final de la Corte, a adoptar la cual dedicará el pleno sus sesiones a partir del lunes 14. En su receso de una semana, y en la discusión de la siguiente, cada ministro adoptará su propia posición, que puede ser diferente de la de Zaldívar, ciertamente, pero también puede coincidir total o parcialmente con ella.

La posición de Karam obedece a una notoria estrategia gubernamental en que importa más preservar la imagen y el cargo de los funcionarios que la adopción de sus responsabilidades y el esclarecimiento final de los hechos. A esa estrategia corresponde difundir la opinión del ex director de ese instituto Juan Molinar Horcasitas, como si se refiriera al proyecto de Zaldívar. Cuando el ahora secretario de Comunicaciones y Transportes descalifica "el documento" se refiere al informe preliminar de los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón, no al que servirá de base para la decisión del pleno. Por eso resulta equívoca, y manipuladora, su queja de no haber tenido derecho de audiencia. Para la elaboración del informe de los magistrados no fue llamado, en efecto, pero sí con posterioridad a su presentación. Ya fue escuchado y, dada la naturaleza de la investigación, cuya etapa deliberatoria está por llegar a su fin, no es preciso oírlo de nuevo.

La Presidencia misma es parte de esa estrategia, dirigida al mismo tiempo a controlar daños y a propagar la imagen del gobernante principal como siempre atento a las exigencias ciudadanas. En el fondo de esta estrategia hay sin duda una aguda incomprensión de la naturaleza del asunto y de sus consecuencias. Así como se obró con negligencia y mediante corruptelas en el contrato de subrogación y en el funcionamiento de la bodega de niños disfrazada de guardería, sin conciencia cabal de lo que se hacía, de ese modo en esta secuela no ha habido capacidad de condolencia con los deudos ni con los niños sobrevivientes, varios de ellos expuestos a riesgos o a daños ya actuantes y que se prolongarán por muchos años, la vida entera en algunos casos.

El activismo de los padres en este año ha sido visto no como un problema humano, la reacción natural de quienes sufrieron y sufren, sino como un problema político, de esos que se enfrentan con dinero, dividiendo a quienes protestan, haciéndolos chocar para que lleguen al extremo de mirarse con desconfianza y aun recelo (como se obra frente al SME, típicamente). Ello es consecuencia de que el gobierno federal trabaje para sí y no para el bien de los gobernados, en general y en particular los que sufrieron un daño de dimensiones abrumadoras.

También es por esa causa que en Los Pinos, y en las oficinas de sus colaboradores, se prefiere ver la intervención de la Corte como una intromisión al margen de la ley, que pueda manejarse a conveniencia. Si a la postre el pleno adopta una posición menos severa sobre la responsabilidad de los funcionarios federales, el gobierno la tendrá como aval a su conducta. Si, al contrario, los ministros mantienen el rigor conceptual del proyecto, y las consecuencias que de él derivan, el gobierno directamente o través de sus voceros informales pretenderá ridiculizarlos, como se pretende hacer con el ponente, a pesar de que éste, a su vez ya aminoró los alcances del informe preliminar sobre la legalidad del sistema de subrogación. Éste contraviene de mo- do expreso la ley del seguro social y pretende curarse con acuerdos de menor jerarquía jurídica, in- suficientes por ello para remediar la infracción de origen.

El proyecto de Zaldívar propone una interpretación atrevida del artículo 97 que podría amilanar a algunos de sus colegas. Argumenta que la investigación constitucional se justifica "cuando por el estado de cosas el ejercicio de otros recursos ordinarios no alcanza" o cuando tales medios "son insuficientes para reparar el daño a las víctimas". Acudir a la Corte no es un recurso de última instancia, no significa que se agoten antes todos los medios. La intervención del alto tribunal -que desahoga un medio de control constitucional- ocurre cuando "debido a la gravedad de las violaciones y a la indiferencia de las autoridades, las víctimas no hayan visto satisfecha su demanda de justicia. En suma, la Suprema Corte entrará allí donde las autoridades e instituciones han fallado".

Como consecuencia, cuando "los entramados constitucionales y metajurídicos dificultan el señalamiento de responsabilidad de las instancias de gobierno de las que dependen o con las que están orgánicamente vinculadas los entes encargados de investigar y sancionar las conductas violatorias de los derechos", entonces la Corte "no puede permanecer al margen de los acontecimientos públicos ni de las demandas de la sociedad, máxime en aquellos casos en que las autoridades, lejos de obedecer siempre al bienestar social y al bien público, debido a omisiones o negligencias ponen en riesgo los valores que precisamente intenta proteger la Constitución". Y anticipándose a la crítica que ponga el acento en los riesgos que supone el activismo judicial, posible con mayor claridad en la aplicación del artículo 97, cuya vigencia debe ser revalorada, Zaldívar afirma con razón que la "solidez institucional de la Suprema Corte permite que el ejercicio de sus atribuciones se realice con una idea clara del contexto en el que se desenvuelven con una firme ética de la responsabilidad".

La Corte no emitirá sentencias con efectos tales como la destitución de funcionarios, el encarcelamiento de los mismos, la obligación de indemnizar a las víctimas y sus deudos: "la Corte no puede ni debe sustituir a los otros órganos del Estado". Pero sí aporta, y en ello radica la trascendencia de su intervención y de su resolución final, y aun del proyecto de Zaldívar, cualquiera que sea su suerte en el debate (como ocurrió en el caso de Lydia Cacho con la posición del magistrado Juan N. Silva Meza), "su visión y autoridad como el máximo tribunal del país".

El cinismo social que nos envuelve ha abatido el valor de la ética, que se basa en el respeto a las personas tenidas como un fin y no como un medio. Por eso, con desdén o con alivio se asegura que la Corte "sólo" emitirá una suerte de recomendación, un llamado tenue dirigido a conciencias impermeables o ausentes. La atribución de la Corte, alega Zaldívar, debe entenderse como parte de "el juego democrático y que coadyuva a la operatividad real de todo el sistema".

Mientras esa acción y esas reacciones tenían lugar lejos de Hermosillo, en la capital sonorense se proclamó que el 5 de junio no se olvidará. No sólo por el decreto presidencial que declaró día de luto nacional esta infausta fecha, sino porque ayer se redobló el ánimo de los familiares de las niñas y niños muertos, y de las decenas de niñas y niños que padecieron heridas y alteraciones orgánicas terribles. En no pocos casos, su atención ha quedado sujeta a determinaciones burocráticas que no reconocen la peculiaridad del suceso original, no sólo por sus dimensiones monstruosas sino porque entre otros factores lo causó el órgano que ahora regatea cuidados y recursos.

Consistan en eso el recuerdo permanente, el duelo nacional: en tener presente el sufrimiento de quienes padecieron el daño, y en comprender su indignación.

Reforma
06/06/2010

Molinar, Karam y Bours, responsables de tragedia en la guardería ABC: ministro Zaldívar

Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, DF, 3 de junio (apro).- El exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcasitas, uno de los más cercanos colaboradores del presidente Felipe Calderón, fue señalado entre los 15 funcionarios responsables por omisión en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104 menores en el incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.

A unas horas de que se cumpla el primer año de la tragedia ocurrida en esa guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, presentó al pleno un dictamen en el que adjudica también responsabilidad al entonces gobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours, y al actual director del IMSS, Daniel Karam Toumeh.

Los otros 12 mencionados como responsables son cinco funcionarios más del IMSS cuando su titular era Molinar Horcasitas, cuatro del entonces gobierno de Bours Castello y tres de la anterior alcaldía de Hermosillo.

En el dictamen que la Corte discutirá la próxima semana, Zaldívar responsabiliza a los funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno del "desorden generalizado" en la administración de la guarderías subrogadas del IMSS, acción que propició la tragedia del 5 de junio de 2009.

El incendio dejó 49 niños muertos de entre diez meses y cuatro años de edad y 104 más lesionados o expuestos a gases tóxicos y quienes ahora sufren secuelas desde daños pulmonares –muchos de ellos graves e irreversibles, y otros que tardarán años en sanar– hasta discapacidad permanente.

Zaldívar señaló que el incendio se debió a las omisiones de vigilancia y supervisión de los tres niveles de gobierno, sobre todo en materia de protección civil, provocando con ello "violaciones graves a las garantías individuales" por parte del Estado.

El dictamen, de 370 páginas, prácticamente avaló la investigación realizada por la SCJN en ejercicio de su facultad investigadora solicitada por el Congreso de la Unión.

Como director del IMSS al momento del incendio, el ministro le atribuye a Molinar Horcasitas, uno de los operadores de la campaña presidencial de Calderón, "el desorden generalizado en el otorgamiento, operación y supervisión del servicio de guarderías operado bajo el sistema de subrogación", lo que propició las condiciones para la tragedia.

Las fallas "también alcanzan a Daniel Karam Toumeh", debido a que no sólo asumió todas las atribuciones y responsabilidades derivadas de la dirección, cuando sustituyó a Molinar en el IMSS el 3 de marzo de 2009, sino porque "es responsable de la gestión de los eventos posteriores al incendio y de la atención médica que se ha brindado a las víctimas".

De ambos, el ministro dice: "Los titulares del Instituto, cada uno en los periodos de sus funciones, incumplieron con sus obligaciones legales consistentes en implementar políticas efectivas que impidieran (las) violaciones generalizadas en la prestación del servicio de guardería".

Precisa que el sistema de guarderías subrogadas "estaba lleno de fallas en cuanto a su otorgamiento, operación y supervisión, lo que resultó más grave en los aspectos relativos a la protección civil".

Precisa que tanto a Karam como al IMSS les son atribuibles acciones y omisiones en la dilación e inexactitud de los datos proporcionados en el momento posterior a la tragedia.

"En virtud de esta omisión, varios padres tuvieron que recorrer varias veces los hospitales en busca de sus hijos, sin que se les informara acerca de su paradero", lo que afectó la atención de los menores.

Los otros exfuncionarios del IMSS a los que les atribuye responsabilidad en la violación grave de garantías son Sergio Antonio Salazar Salazar, director de Prestaciones Económicas y Sociales; Carla Rochín Nieto, coordinadora de Guarderías; Arturo Leyva Lizárraga, delegado del IMSS en Sonora; Emigdio Martínez García, jefe de las delegaciones de Prestaciones Económicas y Sociales, y Noemí López Sánchez, titular del departamento regional de Guarderías.

En torno a Eduardo Bours, el ministro dice que como gobernador "incurrió en inexcusables actitudes omisivas que generaron el incendio de la Guardería ABC".

Como responsables de la entonces autoridad de gobierno incluyó también al titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Willebaldo Alatriste Candiani; al secretario de Hacienda, Ernesto Vargas Gaytán; el director general de Recaudación, Favio Salazar Gómez, y al director de Control Vehicular, Jorge Luis Melchor Islas.

De la autoridad que en ese momento gobernaba Hermosillo, responsabilizó al alcalde Ernesto Gándara Camou; al director de Inspección y Vigilancia Municipal, Jesús Davis Osuna, y al director de la Unidad de Protección Civil, Roberto Cepeda Gutiérrez.

El dictamen se discutirá la próxima semana en el pleno de ministros, por lo que el máximo tribunal canceló cualquier otra discusión durante esos días.

Proceso
04/06/2010

Bours y Molinar, responsables de tragedia en guardería: SCJN

La Redacción

México, D.F., 1 de marzo (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responsabilizó al exgobernador de Sonora Eduardo Bours y al menos a 15 funcionarios más por la muerte de 49 niños en la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Entre los culpables también señaló a: el director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al exsecretario de Hacienda de Sonora, Miguel Eugenio Lohr Martínez, y a quien fuera edil de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou.
La Comisión Investigadora de la SCJN determinó que el IMSS, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo permitieron funcionar a la guardería ABC aun cuando esta incurría en anomalías graves.
El IMSS, concluyó la comisión de la SCJN, carece de facultades legales para otorgar contratos de prestación de servicios a guarderías particulares.
Además, los magistrados María del Rosario Mota Cinefuegos y Carlos Ronzón denunciaron que sólo 14 de mil 480 contratos cumplen con los requisitos establecidos por el IMSS. Esta cifra equivale sólo al 0.3 por ciento del total de estancias infantiles subrogadas.
También fueron responsabilizados: el director jurídico del IMSS, Fernando Gutiérrez Domínguez; el Director de Prestaciones Económicas y Sociales de ese instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño; la coordinadora de Guarderías, Dora García Kobeh, y el delegado Estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga.
La conclusión de la indagatoria de la Corte sobre la tragedia de la guardería ABC fue contundente: el desorden generalizado del IMSS y la negligencia del propio Instituto y de los gobiernos del estado de Sonora y del municipio de Hermosillo provocaron la muerte de 45 niños y lesiones a 75 más, el 5 de junio pasado.
Después de seis meses de investigación, los magistrados Maria del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla entregaron al pleno de ministros el informe preliminar de la indagatoria exigida por los padres de las víctimas y avalada por el Congreso de la Unión ante la indignación social por la desgracia.
Los magistrados demostraron la ilegalidad en que ha incurrido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al subrogar el servicio de guarderías. Se trata de una práctica iniciada en 1983, y que incluye el periodo en que el actual ministro Sergio Valls Hernández fue director jurídico del IMSS (Proceso 1725).
El IMSS, dirigido por Daniel Karam, carece de fundamento legal para otorgar a terceros el servicio de guardería que actualmente atiende a miles de niños en todo el país. Al momento de la tragedia, el IMSS tenía casi mil 500 contratos de ese tipo.
De acuerdo con los magistrados, la subrogación a particulares violó el artículo 123 de la Constitución Política, el 203 y 213 de la Ley del IMSS y el 171 de la Ley Federal del Trabajo.
Según esos ordenamientos, los servicios de guardería sólo pueden ser proporcionados por el Seguro Social y, excepcionalmente, por los patrones que celebren contratos de reversión de cotas o subrogación de servicios. En ese caso sólo 11 de las mil 480 guarderías subrogadas al momento de la tragedia tenían sustento legal. Actualmente, el número asciende a mil 240.
Sin tener facultades legales, el Consejo Técnico del IMSS decidió subrogar a particulares con el argumento de la carencia de recursos por parte del IMSS y apoyado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“Quedó probada la hipótesis de que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las guarderías existe un desorden generalizado”, y su relación con la tragedia en la guardería ABC, concluyeron los magistrados comisionados para la investigación hecha por la Corte a partir de la facultad establecida en el artículo 97 de la Constitución.
Los resultados son concluyentes: Sólo el 0.3 por ciento de las guarderías subrogadas cumple en su totalidad con los requisitos exigidos para su funcionamiento. En el caso de supervisión, señalaron que se trata de un “mero control administrativo” que se cumple en el 88.7 por ciento de los casos.
Según la Corte, el IMSS tampoco cumple con su obligación de supervisar en materia de protección civil: Sólo la mitad tienen constancia de protección civil vigente y sólo 407 (el 27.5 por ciento) tiene vigente el visto bueno de bomberos.
A la ilegalidad y omisiones del IMSS se sumó la negligencia de la autoridad municipal de Hermosillo y del gobierno del estado, que en el momento de la tragedia estaba a cargo de Eduardo Bours, del PRI.
El informe preliminar no establece responsabilidades, pero señala que en la violación de garantías pueden estar involucradas autoridades del IMSS y de ambos niveles de gobierno.
Con bases en un peritaje elaborado en Estados Unidos, explicaron que el incendio se originó en un corto circuito en uno de los enfriadores instalados en una bodega contigua a la guardería ABC, donde la secretaría de Hacienda del estado tenía almacenadas granes cantidades de documentos.
Ni el gobierno estatal ni el municipal inspeccionaron la bodega para el cumplimiento de los programas de protección civil.
Entre las fallas, la investigación detectó las oquedades en el muro divisorio entre la guardería y la bodega, que permitieron la concentración de grandes cantidades de humo tóxico en el techo de la guardería y que se desplomó sobre las aulas donde estaban los niños.
En la investigación, los magistrados tuvieron el apoyo de la UNAM y representantes en México de organismos internacionales como el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
El informe fue entregado al ministro José Fernando Franco Gonzáles Salas, quien elaborará un dictamen sobre el caso y que será discutido por el pleno del máximo tribunal.
Proceso02/03/2010

Guardería ABC: “caiga quien caiga y sin distingos”

Gustavo Leal F. *

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la comisión designada para indagar sobre las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, aguardamos un dictamen que haga justicia al delimitar cuidadosamente responsabilidades en la defensa del principal derecho humano: el derecho a la vida.

Sobre todo después de la declaración de los ministros entrantes Luis María Aguilar y Arturo Zaldívar, quienes se comprometieron a impulsar una agenda de protección a las garantías individuales. “La función de un juez constitucional –puntualizó Aguilar– es defender al pueblo frente al abuso del poder”. Y refrendó su “compromiso personal con la justicia en una defensa incansable por la protección de los derechos humanos”. Por su parte, Zaldívar se refirió al “mayor acceso a la justicia de quienes menos tienen”, así como sentencias “más claras y breves, entendibles para la comunidad”.

Como apuntara Carlos de la Torre –integrante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos–: la tragedia de Hermosillo es una excelente oportunidad para que la Corte “salga del formalismo jurídico y desarrolle una doctrina de derechos humanos en la que el Estado asuma como obligaciones el respeto, protección y garantías a esos derechos”.

Desde que fuera instalada esa comisión (6/8/09) y después de hacer público su protocolo de investigación (31/8/09), así como cuatro informes (septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2009), el estado de cosas va a peor. Al parecer, sólo Denise Maerker cree que “subrogar guarderías no es en sí misma una mala idea”, porque los hechos en el IMSS expresan otra realidad, y ello sin considerar siquiera la “estancias” changarro de Calderón “operadas” por Sedeso.

En junio de 2009, el secretario de Gobierno municipal de Querétaro aseguró que la estación de servicio número 7711 de Pemex, que opera justo enfrente de la guardería Giocare, subrogada por el IMSS, no le representa ningún peligro, por lo que descartó reubicarla. Mientras tanto, la delegación del IMSS en Coahuila cancelaba 15 guarderías subrogadas por no contar con mecanismos de seguridad adecuados y emplazaba a otros 31 “prestadores” –de las 72 con que cuenta la entidad– para que modificaran a la brevedad sus instalaciones. Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco clausuraba dos centros subrogados por el IMSS, entre ellos la estancia Discovery Planet.

En julio, la delegación estatal del IMSS en Durango rechazó, por “no ser necesario”, la recomendación de Protección Civil de Gómez Palacio, Durango, para que reubicara la guardería subrogada Peques, establecida al lado de un taller mecánico que acababa de registrar un conato de incendio. Además, Peques y la guardería 001 del IMSS se ubican a unos 150 metros de dos gaseras y de una terminal de almacenamiento de Pemex-Refinación. Cinco de las 22 guarderías que operan en la ciudad recibieron señalamientos varios.
Por encontrarse en una zona de riesgo: en el cauce del arroyo Las Víboras, el 19 de agosto Protección Civil de Ciudad Juárez clausuró una guardería subrogada por el IMSS al sacerdote Antonio Urrutia Rodarte y recomendó reubicarla. Días antes, se había impedido que otras dos estancias subrogadas atendieran a más de 500 niños “por incumplir con la corrección de fallas detectadas en la supervisión”. Para esas fechas ya habían sido clausuradas cinco de las 35 guarderías del Seguro Social en Juárez por carecer de expedientes médicos, manuales de operación y presentar deficiencias estructurales.

Después de ser “supervisada” sin hallar “anomalías”, el 27 de agosto ardió la guardería subrogada por el IMSS del Centro Escolar Palmerston (Mérida), sin que, por fortuna, hubiera que lamentar consecuencias.

Para septiembre, el instituto había rescindido –sin previo aviso– los contratos de subrogación de unas 100 estancias en el país. Ese fue el caso de la única guardería de Valle de Bravo, estado de México; dos en Palenque, Chiapas, y la denominada Mar, en la delegación Iztapalapa.

El 8 de diciembre, un cortocircuito en el aire acondicionado provocó un incendio y el desalojo de 120 infantes en la guardería Villa de Camorlinga, en Matamoros, mientras jueces y magistrados de todo el país iniciaban la revisión de 180 centros subrogados por el IMSS, cumpliendo la indagatoria de la comisión designada por la Corte.

El 11 de diciembre, la Delegación Poniente del Seguro Social en el estado de México anunció que por “distintas irregularidades” cerraría ocho de las 47 guarderías subrogadas, mientras el instituto se comprometía a que se efectuaran simulacros de evacuación en todas las estancias subrogadas, “incluso en las horas de siesta de los niños”. El 15 de diciembre, Protección Civil de Guerrero cerró 14 guarderías subrogadas del IMSS. Cuatro días después, el instituto rescindía los contratos de otras 36 “que no realizaron las adecuaciones”, mientras el 4 de enero de 2010, la delegación en Sonora clausuraba dos más en Hermosillo.

Sin embargo, para Daniel Karam, titular del IMSS, el asunto se reduce a deslindar al instituto en sus responsabilidades vía los nuevos contratos 2009 –“vigilados” por Transparencia Mexicana, de Federico Reyes Heroles– que seguirán abatiendo la calidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la palabra: “caiga quien caiga y sin distingos”.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco