Veracruz, bajo control de " La Compañía"

Jorge Carrasco Araizaga

El cobijo institucional que tiene el exbrazo armado del cártel del Golfo en Veracruz, “no se entiende” sin el concurso de las principales autoridades del estado, aseguran a Proceso testigos protegidos que operaron en ambos bandos y que dan fechas y lugares de supuestos encuentros entre el gobernador Fidel Herrera y los líderes del grupo en la entidad. Así lo declararon a la SIEDO, pero sus señalamientos fueron desestimados porque eso, les dijeron, “es política”. Si bien los informantes detallaron las operaciones criminales y la estructura de Los Zetas en la entidad, ahora han quedado fuera del programa de la PGR y claman por ayuda al presidente Felipe Calderón.
Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía, en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en Estados Unidos.
En México, exempleados de la administración de Fidel Herrera Beltrán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos del gobierno estatal con esa organización.
Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.
En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas controlar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada, desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.
Los señalamientos contra las autoridades de Veracruz, sin embargo, fueron desestimados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), según la cual la PGR “no se mete en política”.
Proceso entrevistó a esos informantes, cuya identidad fue plenamente acreditada, aunque, por su condición de testigos anónimos y el peligro que eso entraña, no puede revelar sus nombres.
Los testigos se quejan del fiscal Guillermo Domínguez y de “su sobrino”, el titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Humberto Domínguez, por haber omitido en la indagatoria sus declaraciones contra funcionarios del gobierno, además de utilizarlos para fabricar acusaciones contra personas que niegan conocer.
Renuentes a declarar en averiguaciones previas de hechos que no les constan, la PGR no sólo les redujo significativamente los beneficios del programa de testigos protegidos, sino que amenaza con procesarlos y encarcelarlos.
Según los entrevistados, ellos no son los únicos que están en esa situación: el 21 de diciembre pasado, 13 testigos protegidos enviaron al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, una carta para quejarse del trato y la manipulación que reciben de la SIEDO.

La organización

Empleados de Los Zetas al mismo tiempo que trabajaron en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, los informantes entrevistados dieron a conocer la estructura y el funcionamiento de la organización que en años recientes logró establecerse en ese estado del Golfo de México.
“La Compañía –dicen al referirse a Los Zetas– logró el control de todo cuanto pasa en el estado: droga, secuestros, extorsiones, tráfico de centroamericanos, piratería, robo de gasolina… todo; aunque ellos no siempre actúan directamente.”
Explican: en los secuestros participan policías, ya sea como informantes, como muros –encargados de dar protección física a delincuentes– o como responsables directos de los levantones; las extorsiones las controla La Compañía, y en el caso de robo de gasolina les cobra a quienes “ordeñan” las tuberías de Pemex. Los vendedores de mercancía pirata también deben pagar su cuota. “Hasta el juguero paga renta. El que no trabaja para ellos, paga cuota. Por eso, Veracruz aporta mucho a la organización”.
Para dar una idea de las ganancias de La Compañía, señalan que la nómina quincenal de sobornos a policías va de 500 mil a 600 mil pesos. Es decir, más de 1 millón de pesos mensuales. Los pagos, dicen, se hacen los días 5 y 25 de cada mes, en efectivo. Los policías firman recibos con su nombre por los sobres que reciben.
Los montos varían de acuerdo con el rango de los uniformados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado –a cargo del general de división retirado Sergio López Ezquer–, de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río o de las direcciones de Policía Municipal.
Según los testigos, también entregaron dinero a policías ministeriales del estado, efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y militares de la 29 Zona Militar, con sede en Minatitlán.
En la SSP, precisan, los sobornos más bajos oscilan entre 2 mil y 5 mil pesos quincenales para los policías que sirven de protectores, vendedores de droga o informantes. Los mandos medios reciben 50 mil, y los más altos, 100 mil al mes.
Identifican como supuestos beneficiarios al exdelegado de la SSP estatal en Coatzacoalcos, de apellidos Arellano Cano, y al exsubdirector operativo de la misma corporación en la zona sur, también de Coatzacoalcos, Alfonso Lara Montero.
Aseguran que “la mafia y la policía funcionan como dos estructuras paralelas”, pues La Compañía considera como propios a los tenientes y subtenientes de la corporación estatal. “Incluso, si alguno es despedido, pasa a ocupar el cargo que ya tiene en la organización”.
De acuerdo con su versión, esta es la estructura operativa de La Compañía:
“Quienes están en el nivel más bajo son los halcones, que se encargan de dar información sobre los movimientos en las calles”. Entre ellos hay taxistas y gente común.
Luego están los escoltas, en los que participan policías que dan protección y vigilan las actividades del narcomenudeo con radios de telecomunicación tipo Nextel proporcionados por la organización delictiva. Arriba de ellos están los sicarios y los comandantes de estaca, encargados de grupos operativos. “Después vienen los comandantes de plaza y el comandante del estado”. Los estacas, dicen, siempre acompañan al comandante de la plaza y son los encargados de ordenar los secuestros y las ejecuciones.
Una vez dentro, cuentan, es muy difícil que los policías estatales o intermunicipales deserten de La Compañía. Y no es sólo porque están comprados: tienen información de las relaciones del grupo delictivo con las corporaciones.
Desde noviembre de 2007, La Compañía es investigada en Estados Unidos, y para mayo del año pasado el Departamento de Justicia ya había fincado cargos contra 19 miembros de la organización por operaciones de narcotráfico entre 2006 y 2008.
Aunque la alianza entre Los Zetas y el cártel del Golfo se rompió, la justicia estadunidense busca la extradición de siete líderes de Los Zetas, seis del cártel del Golfo y seis de La Compañía por actividades realizadas bajo esta organización.

Los encuentros

Pagados “por la mafia” durante los años que coinciden con el gobierno de Fidel Herrera, los testigos sostienen que la protección de La Compañía en Veracruz no se entiende sin las principales autoridades estatales. Y mencionan varios hechos de esa presunta relación.
El primero, una supuesta reunión de Fidel Herrera y sus principales jefes de seguridad y justicia con Braulio Arellano Domínguez, conocido como El Zeta-20, El Gonzo o El Verdugo, muerto el pasado 3 de noviembre en un enfrentamiento con elementos federales e infantes de Marina en el municipio de Soledad de Doblado, en el centro de Veracruz.
Los declarantes sostienen que el alegado encuentro con el entonces jefe de Los Zetas en Veracruz ocurrió a finales de 2008 en el hotel Mabiel, frente al hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.
Aseguran que Herrera Beltrán estuvo acompañado por el entonces subcoordinador de la SSP estatal de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y actual subsecretario B de la dependencia –que corresponde a la misma zona–, Remigio Ortiz Olivares, quien ha trabajado en esa área desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco.
Los informantes dicen que a esa reunión también asistieron el exsubdirector operativo Lara Montero, y el subprocurador general de Justicia del estado, Jorge Yunes Manzanares.
Agregan que en noviembre de ese mismo año, en la víspera de su IV informe de gobierno, Fidel Herrera acudió a un festejo en una casa del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive el propio gobernador, su secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez, y los empresarios más ricos del estado.
Según su versión, en la fiesta estuvieron El Gonzo y Miguel Treviño Morales, el presunto jefe de Los Zetas en Veracruz. También refieren otros festejos que tuvieron lugar en el mismo fraccionamiento en diciembre último.
Añaden que a finales de 2008, dos ayudantes de Escobar fueron detenidos con fotografías de familiares y casas de los empresarios que viven en el fraccionamiento, además de que les confiscaron cámaras de video, radios de telecomunicación y armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, fueron puestos en libertad al día siguiente.
Relacionan un hecho más: el asesinato de cuatro escoltas de la familia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal. Indican que el ataque, ocurrido en mayo de 2007 en Boca del Río, camino al puerto de Veracruz, fue ordenado por El Gonzo, al confundir el convoy en el que iban los hijos de Peña Nieto con integrantes de La Familia michoacana.
Para el operativo, además de los sicarios, se movilizaron alrededor de 30 patrullas, tanto de Coatzacoalcos como de la intermunicipal Veracruz-Boca del Río. En total, estiman, fueron ocupados unos 90 uniformados, incluidos los de Coatzacoalcos, que está a cuatro horas del puerto. Ninguno de los agresores está detenido.
Los entrevistados dicen que ese episodio y el de las fiestas en el fraccionamiento Las Ánimas también fueron omitidos por la SIEDO, con el argumento de que “eso es política”.
Testigos abandonados
A uno de los testigos la SIEDO lo integró de inmediato al programa de testigos protegidos, no así al otro, a pesar de haber declarado ministerialmente.
El testigo oficialmente reconocido dice que rindió su declaración inicial ante el entonces titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, a quien identifica como el “licenciado Cabrera”. Sostiene que este funcionario le ofreció entrar al programa de testigos protegidos junto con su familia, una mensualidad de 10 mil pesos, gastos escolares y médicos, así como apoyo para vivienda.
Asegura que desde el principio sus declaraciones y las del otro testigo sobre Fidel Herrera y su equipo quedaron fuera de la averiguación previa. “El fiscal Faustino Angulo” omitió “mucha información de la mafia, incluido lo que dijimos del gobernador”, con el argumento de que “así era más rápido para entrar al programa”, refiere. Angulo fue sustituido por “el licenciado Francisco Vera, quien también se negó a incluir esa información”.
En una carta enviada al presidente Felipe Calderón en diciembre pasado, ambos testigos señalan que el actual titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Domínguez, y el coordinador Guillermo Domínguez, no sólo persisten en omitir esa información, sino que les han retirado casi todo el apoyo que recibían, “porque somos delincuentes”.
Ahí cuentan que Javier Domínguez les dijo que la SIEDO “no era beneficencia pública” y que todos los testigos deberían “estar en la cárcel”, o mejor entregarse a las mafias a las que pertenecen “para que nos mataran”.
Abunda uno de los testigos en el escrito: “De manera amenazante y burlona, me dijo que no se me ocurriera hablar algo en contra de ellos, porque ya sabía él que la mafia nos había fabricado… una denuncia y que no le importaba que la persona que denunciaba estuviera dentro de mi declaración… y que él, con una mano en la cintura nos podía poner en el reclusorio… para que nos terminara de matar la mafia”.
Se queja también de que debía ganarse los apoyos del programa declarando en contra de unos detenidos a los que no conoce. Afirma que Guillermo Domínguez, el otro funcionario de la SIEDO, le dijo que si no los conocía “no había problema, que eso sólo lo sabíamos él y yo, y que el juez no tenía por qué saberlo”. Desde entonces, expone, “me han hecho declarar en contra de personas que yo jamás he visto, pues me dijo que mi familia está amenazada”.
El otro informante, que no fue incorporado al programa de testigos protegidos, sostiene que le ofrecieron ser “testigo oculto” o “testigo colaborador”. El exempleado del gobierno veracruzano rechazó la propuesta.
Y refiere que, ante la negativa, Guillermo Domínguez lo amenazó: “Te advierto que si hablas algo de cómo estamos trabajando, van a tener problemas tú y tu familia, o la mafia puede dar con ustedes o sus hijos. Así que te conviene declarar o atente a las consecuencias”.
La carta enviada a Calderón concluye: “Señor presidente, no omito manifestarle que no me estoy negando… a seguir colaborando ni estoy renunciando al programa (de testigos protegidos), pero me dirijo a usted y ante los medios de comunicación, ya que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia… (responsabilizo) al señor Guillermo Domínguez, ya que nos han amenazado que si nosotros decíamos lo que han hecho con nosotros, nos podían poner a disposición o desaparecernos”.
En entrevista, los testigos dicen que ante esas presiones accedieron a firmar averiguaciones que les dieron los fiscales de la SIEDO y que contienen información aportada por los propios informantes, a pesar de lo cual prácticamente les han retirado los beneficios del programa.
Los testigos ahora temen ser procesados por falsedad de declaraciones o sufrir represalias de las organizaciones delictivas, como les ha ocurrido a otros testigos protegidos.
La reiterada negativa de los testigos a participar en nuevas declaraciones fabricadas llevó a Domínguez a endurecer las amenazas: “Lo que les pase de ahora en adelante ya no es de mi incumbencia”, les dijo el pasado 29 de diciembre.
Una semana antes, 13 testigos protegidos le enviaron una carta al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para quejarse de los tratos de la SIEDO, a cargo de Marisela Morales Ibáñez.
En ese escrito, enviado también a la Presidencia de la República con una nota para Felipe Calderón solicitándole su apoyo, le piden al procurador “un diálogo de unidad” para detener los abusos de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
“Nosotros no somos la solución, pero somos parte de la solución para ganar esta guerra contra los cárteles de las drogas, a (los) que pertenecimos”, dice la carta firmada con las claves que les han asignado en la SIEDO.
Los 13 testigos protegidos le piden al procurador “garantizar nuestros derechos humanos y garantías individuales”, además de un trato no discriminatorio, “como nos los a (sic) dado algunos funcionarios y funcionarios públicos sin escrúpulos”, dice el escrito entregado en la PGR y en Los Pinos el mismo 21 de diciembre.

Proceso 07/02/2010