La cifra total de muertos a manos del crimen organizado en México se duplicó de 2007 a 2008
SALVADOR CAMARENA México 26/02/2009 /El País
29 de noviembre de 2007, un ex alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, es asesinado a tiros. Buscaba ser, nuevamente, presidente municipal. 4 de enero de 2008, Ramiro Rubido Esquivel, ex alcalde de La Huacana, Michoacán, es encontrado sin vida con un tiro de gracia. 1 de junio, emboscan al alcalde de Villa Madero, Michoacán, y frente a su mujer lo acribillan. 4 de octubre, el alcalde de Ixtapan de la Sal, un popular balneario del Estado de México, es ejecutado por no ceder a la presión de trabajar para los criminales. 22 de febrero de 2009, el alcalde de Ciudad Juárez es amenazado de muerte. Le advierten que lo degollarán, junto con su familia, si no renuncia al cargo...
Los anteriores no son todos los casos de asesinatos, extorsiones, atentados y amenazas que se registran en el tercer nivel de gobierno en México, el municipal, en el marco de la llamada guerra en contra del crimen organizado. Es apenas un puñado de ejemplos que fueron coronados el martes pasado con la noticia del homicidio a tiros del alcalde de Vistahermosa, Michoacán.
El combate a la delincuencia habrá sido la declaración inicial del programa de gobierno del presidente Felipe Calderón (anunció ese propósito en su discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 2006), pero la guerra se libra en distintos frentes, y en el nivel municipal pareciera estar el eslabón más débil, el más propenso a ser avasallado por los delincuentes vía la plata (la corrupción) o el plomo (las balas). Por si fuera poco, las autoridades son las menos dotadas de recursos políticos, jurídicos y armamentísticos.
"En este momento, se necesita o estar loco -ser un soñador-, o ser un corrupto para querer ser alcalde o jefe de policía municipal". La línea telefónica vibra con la exaltación que acompaña a las palabras de Ramón Galindo, senador de la República, especialista en cuestiones municipales y él mismo ex alcalde (1995-1998) de Ciudad Juárez, Chihuahua.
"No hay una motivación para ser funcionario público municipal. No hay instrumentos jurídicos y menos presupuestales para poder incidir en el desarrollo de las familias a las que se sirve. Además se tiene encima al centralismo estatal y federal que no solamente no ayudan sino que estorban. Y se enfrentan a una situación de crimen perfectamente organizado, equipado y comunicado y con todos los recursos a los cuales ni siquiera tiene la facultad de enfrentar, no solamente porque no puede, sino que jurídicamente no es su facultad enfrentarlo por ser un delito de orden federal", diagnostica Galindo, entrevistado desde la fronteriza Juárez, a donde asistió a la reunión cumbre de seguridad que se llevó a cabo ayer miércoles.
En México hay 2.445 municipios, y la ley señala que estos son libres y autónomos. Como también consagra que México es una Federación. "No tenemos nada de federalistas -se exalta de nueva cuenta el senador Galindo-, la Constitución así nos establece, como un Estado Federal, pero esa es una poesía, eso es solamente un concepto teórico, en la realidad no es así, no hay una autonomía local, ni estatal en las cosas que realmente nos importan. Sí hay autonomía en los municipios para que decidan como recoger la basura y como sembrar las flores en los jardines, pero no puede tomar decisiones en las cosas trascendentales".
Armando al enemigo
Un militante de la izquierda confesaba hace unos días que su partido vivió un dilema en una discusión legislativa para dar aumentos sustanciales a los municipios en el rubro de seguridad pública. El político, que habló off the record, reconocía que a sus compañeros les mortificaba la alta probabilidad de estar aprobando dinero que terminaría al servicio del crimen organizado.
El consultor en temas de seguridad Samuel González, que estuvo al frente hace dos sexenios de la fiscalía especial para el combate de la delincuencia organizada, recuerda en una entrevista que el primer Ministro de Gobernación del presidente Calderón señaló, en petit comité, que tenían ubicados unos 300 municipios que el narco había comprado de manera directa.
El periodista especializado en temas criminales Ricardo Ravelo publicó en la revista Proceso del pasado 22 de septiembre que según un estudio académico el 8% de las alcaldías "está totalmente bajo el control del narcotráfico", pero que 6 de cada 10 municipios estarían, de una manera u otra, "infiltradas" por el crimen organizado. De hecho, durante 2008 se volvieron rutinarias las noticias de cómo llegaba el Ejército y arrestaba a toda la policía de un municipio, bien fuera para investigar a todos los elementos, bien porque iban ya a reemplazarlos dado que no habían pasado los controles de confianza.
Pero mientras el ambiente político se enrarece día tras día en la víspera de la cita electoral del 5 de julio, cuando se renovará la Cámara de Diputados, seis gobernaciones y más de 600 alcaldías, y crecen los reproches entre los partidos por hallar a los culpables de la crisis de seguridad que se vive, los alcaldes enfrentan a ras del suelo las balas y las extorsiones.
Un par de días antes de ser amenazado públicamente, el alcalde de Ciudad Juárez vio renunciar a su jefe de la policía, un ex militar que se vio forzado a esa salida después de que el crimen organizado advirtiera que cada 48 horas ejecutaría a un policía municipal si el funcionario no dejaba su cargo.
"Cuando se hace una amenaza pública que se cumple, significa que no hay sistemas de inteligencia capaces de reaccionar ante el aviso público de una acción violenta", advierte el especialista en políticas de seguridad, Ernesto López Portillo.
"Estamos en una crisis de dimensiones descomunales, porque los actores políticos están declarando que no pueden trabajar juntos. Y esto es cuando apenas estamos empezando las campañas electorales. Ni siquiera ha iniciado el proceso electoral y ya están los actores políticos confrontándose a la luz de la competencia por el poder. En consecuencia, los municipios se ven y están totalmente vulnerables, pero probablemente no sólo ellos, en este momento no podemos medir el tamaño de la fuerza de la delincuencia organizada, pero los indicadores que tenemos a la vista es que no tienen límites, están haciendo amenazas públicas que cumplen".
El crimen está organizado mientras que los políticos no. Prosigue López Portillo: "Cuando hablo con actores municipales, me dicen que el principal problema está en la Federación, cuando hablo con la Federación me dice que el principal problema está en los municipios. Cuando hablo con los estados, señalan tanto a la autoridad federal como a la municipal como las más penetradas. No sabemos dónde está la mayor vulnerabilidad, lo que sí sabemos es que unos y otros trasladan la mayor vulnerabilidad al otro".
De 2007 a 2008 el número de personas ejecutadas en todo el país se duplicó. Y si bien las autoridades reconocen que no tienen el cálculo exacto de bajas en este combate durante el año pasado -los medios de comunicación han hecho recuentos que señalan que rondaron las 5.700-, el propio Gobierno ha reconocido que este año la cifra podría ser superior, dado que en apenas dos meses ya van un millar de muertes violentas.
"Estamos en una guerra de trincheras. El Gobierno te dice que el 90% de los muertos son vinculados a la delincuencia organizada. Y es evidente que el Gobierno no los ha matado, se han matado entre ellos. Probablemente el número de muertos en enfrentamientos con el Ejército son relativamente menores comparados con esta cifra del 90 por ciento", explica el consultor Samuel González. "El problema no es el control militar, nadie dice que el narco se le puede enfrentar al Ejército, no se le puede enfrentar, pero en realidad no terminas con el problema porque la batalla es por el control de los territorios, por los puntos de distribución del mercado del narcomenudeo".
Autoridades estadounidenses y medios de comunicación han señalado que ante las amenazas del crimen organizado, José Reyes Ferriz, alcalde de Ciudad Juárez, ya despacha desde El Paso, Texas. Pero no parece haber espacio alguno para el reproche a esa decisión del edil. "En estos momentos, dadas las circunstancias ¿existe alguien que tenga interés en ser jefe de la policía de Juárez, existe algún ciudadano de bien que quiera ser alcalde de Juárez, y más aún hay un esposo una esposa que quiera y acepte que su cónyuge sea alcalde o jefe de la policía de ciudades como Culiacán, o Reynosa, o Tijuana, o Juárez o muchas otras? No, porque es un suicidio en las actuales condiciones", concluye el senador Ramón Galindo.
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