Cancún: delitos ambientales y corrupción

Iván Restrepo

Los recientes asesinatos pusieron otra vez a Cancún en la mira de la opinión pública. Además de violencia e inseguridad, la ciudad que alberga casi un millón de habitantes registra altos niveles de marginalidad, distanciamiento extremo entre la lujosa zona hotelera y donde viven los pobres que trabajan en ella; escandalosas muestras de corrupción oficial y privada (el anterior presidente municipal es un buen ejemplo), baja calidad de vida, elevado alcoholismo y drogadicción.

El polo turístico que las autoridades promueven como de excelencia, es campeón nacional en suicidios, especialmente de gente humilde. Oficialmente al fin se reconoce que Cancún creció más allá de sus posibilidades y se encuentra sobresaturado; que se construyeron 70 por ciento más cuartos de los autorizados; que descendió en la lista internacional de sitios turísticos de calidad.

Se ignoraron las voces que oportunamente pidieron no crecer sin control y mejor consolidar lo hecho para no arriesgar el futuro del destino vacacional que, junto con su vecina, la Riviera Maya, es la fuente de divisas turísticas más importantes de México. Se olvidó la fragilidad ecológica del norte de Quintana Roo y las limitaciones que imponen el medio ambiente y los recursos naturales. Cuatro ejemplos.

1. Un presidente municipal, Carlos Canabal y el cabildo a su servicio, autorizaron el cambio de uso del suelo para que una empresa (Bay View Grand) hiciera el megadesarrollo Grand Island. Comprende más de mil condominios (distribuidos en 16 torres de 20 pisos cada una), 94 town houses, 20 residencias y los servicios conexos. La protesta ciudadana logró hace dos años detener el proyecto por las numerosas irregularidades que lo sustentan y por los efectos negativos en lo ecológico. Sin embargo, un juez federal recientemente concedió un amparo a los dueños de Grand Island para que prosigan con su negocio.

2. El actual edil, Gregorio Sánchez, quien gobierna en nombre del PRD, pretende construir una nueva ciudad al norte de la actual, para albergar a más de 200 mil habitantes. Debe estar lista cuando Sánchez deje su cargo. Está muy bien edificar 50 mil viviendas unifamiliares para los más necesitados, pero no en una zona clave para la captación de agua y cuando afectaría dos áreas naturales protegidas: el sistema lagunar Chacmochuc y la laguna Manatí. Igualmente criticable es la densidad extrema de la nueva ciudad y el tamaño de las viviendas: más de 100 por hectárea (el doble de lo que dicta la sensatez), y cada casa, con 40 metros de superficie. Con razón ya las nombran: “Las sardinas”, “Las caballerizas” y “Los saunas de los mayas”, por la humedad y el calor que hace en Quintana Roo la mayor parte del año.

3. El actual cabildo aprobó un plan de desarrollo urbano para Puerto Morelos, 30 kilómetros al sur de Cancún. Entre otras cosas, autoriza incrementar la densidad de 40 a 60 viviendas por hectárea. La población y sus autoridades se opusieron al plan, pues da luz verde a las compañías especializadas en levantar hoteles y condominios sin respetar el medio y por poner en peligro la barrera de arrecifes situada frente a la costa del lugar. Es la más importante del Caribe mexicano. Si hoy los 15 mil residentes de Puerto Morelos tienen problemas de abasto de agua y otros servicios, es de imaginar cuando en 20 años sean 150 mil, como se contempla en el plan de “desarrollo” urbano.

4. La publicidad invita a disfrutar las playas de Cancún. Pero el mar y los huracanes se las llevaron. En el mar y los bolsillos de algunos están los 20 millones de dólares de recursos públicos que hace un par de años se gastaron en el programa de recuperación de playas. Ahora se propone otro, muy cuestionado también, con dinero público. Lo promueven las fuerzas vivas de la ciudad, es decir, quienes controlan la actividad turística. Las encabeza el señor Fernando García Zaldivea, de arraigada estirpe panista, el mismo que, para crearle playa artificial a su hotel, puso espigones prohibidos por la legislación.

En Cancún urge combatir el crimen organizado, la corrupción oficial y privada. También otros delitos, como los ambientales. Pero sobre todo, la pobreza y la impunidad.