Ética y periodismo

Editorial EL UNIVERSAL

13 de febrero de 2009

Luis Téllez, secretario de Comunicaciones y Transportes del actual gobierno federal, dijo en una conversación casual: “Carlos Salinas se robó la mitad de la cuenta secreta”. La grabación proviene a su vez de un celular que se quedó encendido por accidente. La obtención del audio y el interés público que contiene hacen del material objeto válido de investigación periodística y de posibles implicaciones legales.

¿Por qué es ético difundir públicamente la conversación privada con “un grupo de amigos” del actual funcionario? El especialista en materia de transparencia Ernesto Garzón Valdés dice en el libro Lo íntimo, lo privado y lo público (Cuaderno de transparencia 06, IFAI) que la intimidad es el lugar donde el individuo ejerce plenamente su autonomía personal; “es el reducto último de la personalidad”. Lo público es la libre accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad. El primero debe ser inaccesible al escrutinio de los demás, mientras que el segundo debe ser compartido.

A la mitad está la privacidad, que es el ámbito en donde “impera una transparencia relativa”.

Cuando la privacidad se usa para encubrir actos que pudieran implicar perjuicio a terceras personas, el ámbito público tiene la facultad de interferir en aquella esfera. Un padre tiene derecho a convivir en privacidad con su esposa, pero esa relación es susceptible de acción pública cuando, en el hogar, el hombre golpea a la mujer.

Lo mismo puede decirse de las cuentas bancarias de un defraudador, de quien usa su propiedad para esconder armas o narcóticos o del buzón de mensajes de un celular que graba la confesión de un enriquecimiento ilícito.

Cada caso tiene consideraciones propias. ¿Puede el periodista o la periodista, en esta ocasión Carmen Aristegui, desde el espacio público invadir la privacidad de una persona? La respuesta es sí en la medida en que la grabación habla de una partida secreta conformada por dinero público. Existe plena justificación para indagar sobre el audio incluso si en el proceso es necesario sacar a la luz o interferir en otros aspectos del ámbito privado.

Además, hay elementos para establecer la probable responsabilidad en malversación de recursos del erario. En su momento, la justicia suiza sostuvo que el dinero de Raúl Salinas, hermano del ex presidente, procedía del desvío de fondos públicos, según consta en varias actas y requerimientos del procedimiento judicial realizado en ese país.

Declara el ex subsecretario de Agricultura en el sexenio de Salinas, Luis Téllez, que carece de “evidencia alguna” para acreditar un daño al erario equivalente a 400 millones de dólares, pero como ha hecho saber a EL UNIVERSAL la propia Diana Pando —dueña del celular donde el actual secretario dejó registrada su voz—, la credibilidad de este personaje no cuenta con gran validez. El funcionario aseguró ante los medios de comunicación la tarde de ayer que nunca ha visto a Pando, siendo que ella tiene pruebas de que ambos sostuvieron una relación sentimental.

¿Por qué creer a Téllez que carece de elementos para sostener su dicho —siendo que colaboró y mantiene contacto con Carlos Salinas y su esposa desde hace dos décadas— si miente sobre la persona a la que llamó en aquella conversación privada que resultó de interés público?

México tiene ya una larga lista de grabaciones comprometedoras cuya difusión levanta escándalos mediáticos, rara vez traducidos en consecuencias para los involucrados.

Hay un derecho de conocer la verdad, a propósito de ese desvío de fondos que, haya prescrito o no jurídicamente, merece el escrutinio de los medios de comunicación.