LA REFORMA ELECTORAL
domingo, 20 de octubre de 2013
Diputado panista llama al PRI y al Gobierno Federal para que no sigan dilatando el debate de lo trazado el 2 de diciembre de 2012. ‘Saben que la reforma energética, y lo saben bien, sólo la pueden aprobar con el PAN, por tratarse de una reforma constitucional; y nosotros ya lo dijimos: primero la electoral y luego la energética’
MÉXICO, DF (Apro).- La reforma energética está en manos de Acción Nacional. Para destrabarla presiona al Gobierno Federal con el fin de que se aprueben las modificaciones electorales delineadas en el Pacto por México. El PAN quiere nuevas reglas de fiscalización, que eviten casos como el Pemexgate, Amigos de Fox o Monexgate.
Fernando Rodríguez Doval —diputado del PAN y encargado de negociar con el PRD y el PRI el "nuevo modelo político-electoral"— anuncia que la discusión en el Senado arrancará esta semana para que el tema sea votado en la Cámara de Diputados antes de concluir octubre.
En entrevista con Proceso, el legislador hace un llamado al PRI y al gobierno federal para que no sigan dilatando el debate de lo trazado el 2 de diciembre de 2012. "Saben que la reforma energética, y lo saben bien, sólo la pueden aprobar con el PAN, por tratarse de una reforma constitucional; y nosotros ya lo dijimos: primero la electoral y luego la energética".
En su primera fase, la reforma política se centrará en el artículo 41 de la Constitución. De acuerdo con el último borrador avalado por los tres partidos, que consta de tres páginas, el punto toral es la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional de Elecciones (INE). Esta instancia se encargaría de organizar todos los comicios, tanto nacionales como locales. El principal órgano de decisión, el Consejo General, pasaría de nueve a 11 miembros y su método de elección "dejará a un lado el cuotismo de partidos".
Según el documento, el paso inicial implicaría conformar un "comité técnico" integrado "por siete personas de reconocido y probado compromiso democrático que sean referentes para la sociedad y las fuerzas políticas". Este comité propondría a los candidatos al Consejo General.
Al respecto hay dos sugerencias. Primero, que tres integrantes del comité sean propuestos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados (uno por cada una de las tres principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD); dos, por miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos más, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
LA OTRA PROPUESTA
El panista Rodríguez Doval explica la otra propuesta. Se trata de incluir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). Se baraja también la posibilidad de incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el borrador de reforma política, la Jucopo emitiría la convocatoria y los integrantes del comité técnico podrán invitar a aspirantes al consejo, "que a su juicio cuenten con la independencia, imparcialidad y conocimientos necesarios para el ejercicio del encargo".
El comité será el primer filtro en la selección. Proporcionará una lista de 33 aspirantes a la Jucopo, y esa junta elegiría a 11 más cinco de reserva. Los aspirantes que queden serán votados en primera instancia en el pleno de la Cámara de Diputados, y el primer electo debería ser el presidente del Consejo General. Cada seleccionado tendría que recibir las dos terceras partes de los votos de los presentes. Y si en dos ocasiones no se alcanza ese porcentaje, se elegiría a los nuevos miembros del INE de entre la lista inicial de 33 aspirantes, mediante el proceso de "insaculación".
El cargo de los consejeros electorales sería de siete años y se descartarían los nombramientos escalonados, tal como ha sucedido desde el año 2003. Los elegidos podrían ser reelectos para un segundo periodo.
El encargado de encauzar las negociaciones con el PRD y el PRI —el panista Rodríguez Doval— admite que el actual método de elección de los consejeros "ha generado el problema de cuotas de partido". Si se crea el INE —que concentraría el poder de organizar las elecciones para presidente de la República, diputados federales, senadores, diputados locales, gobernadores, alcaldes, jefe de gobierno y delegados del Distrito Federal— "deberemos tener mucho cuidado en ver quiénes participan en el comité técnico". De ahí que aún no se defina qué órganos autónomos podrán proponer miembros.
LA CONSTITUCIÓN, ENTRE VOLUNTADES
En el Pacto por México se estableció un esquema llamado "Acuerdos para la gobernabilidad democrática". Ahí se incluye la reforma electoral, y el PAN ha sido el que ha delineado los puntos de partida. No sólo busca un "nuevo modelo electoral", sino que además pretende acabar con un sistema de fiscalización de los partidos políticos "que no funcionó y lo único que generó fueron investigaciones no sancionadoras del caso Monexgate".
Así, el PAN ya acordó con el PRI y el PRD eliminar la Unidad de Fiscalización —a cargo del criticado Alfredo Cristalinas desde su nacimiento, con la reforma electoral de 2007—. La facultad de investigar regresaría a los consejeros electorales, quienes estarán auxiliados por un órgano técnico. Así se trabajó con los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate, que aunque carecían de la facultad de entrar al secreto bancario y fiduciario tuvieron más avances en la indagatoria que los registrados con el Monexgate.
En la propuesta panista, el INE no sólo organizaría los comicios; además sería el encargado de hacer la declaratoria de validez de la elección y de otorgar la constancia de mayoría, actos que hoy corren a cargo del TEPJF.
Los albiazules, además, proponen eliminar los 32 tribunales electorales locales y concentrar todas las resoluciones en el federal.
El investigador del sistema parlamentario y catedrático de derecho en la Universidad Iberoamericana Miguel Eraña hace una dura crítica a la propuesta de la triada PAN-PRD-PRI en materia electoral.
Acusa primeramente que los tres principales partidos "se han ido apropiando del sistema político; y después de cada proceso electoral intentan expiar sus culpas y responsabilidades por sus excesos e interferencias abusivas en el sistema electoral. Nunca buscan nombres ni apellidos y menos aún eficacia en las resoluciones de los árbitros tanto administrativos, como el IFE, o jurisdiccionales", como el TEPJF.
"Después de que nadie paga responsabilidades, entonces los tres partidos intentan compensar, otra vez, con el fetichismo constitucional y reglamentario en materia electoral. ¡Esto es un despropósito descomunal!", acusa. "Modificar el IFE —dándole un centripedismo tan absoluto como que organice también los comicios locales— parte de una falta de respeto total a la forma de gobierno republicano del país y al papel de las partes de la Unión". Centrar todas las elecciones en un órgano nacional, sostiene Eraña, es considerar que el modelo del IFE es "inmaculado" y que por eso hay que confiarle la tarea que hoy no tiene. La premisa es totalmente equívoca. Y afirma: "Es tan desastroso el sistema electoral en buena parte de las entidades como desastrosa es la organización del IFE y del Trife (como se conoce al TEPJF) en su contribución al desarrollo democrático de los últimos 10 años".
SIMULACIÓN DE ARBITRAJE
Eraña —quien cuenta con un doctorado de la Universidad de Salamanca, que dio origen al libro La protección constitucional de las minorías parlamentarias en México y España— sostiene que tanto el IFE como el Trife han sido desde 2003 "una simulación de arbitraje electoral, porque la mayor parte de sus integrantes están capturados por estas tres élites políticas. Responden directamente a sus instrucciones y evidentemente no justifican su papel institucional al día de hoy". Eraña señala al PRI, PAN y PRD de haber contribuido a tal descomposición. Primero "diseñan un sistema que les permite la elección del árbitro, y es a modo. Después de tenerlos a modo les es muy fácil prescindir de ellos en cuanto les place y plantearse otro modelo institucional, que es lo que hoy pretenden hacer.
Una reforma de tal calado, dice, no puede ser ni mecánica ni inmediatista ni mucho menos carente de deliberación. El debate no puede darse sólo en el Congreso, "sino también con la sociedad civil, las universidades, que se realice un análisis por entidad de cómo funcionan los consejos estatales antes de suprimirlos. Esta es una decisión voluntarista desde la partidocracia que no tiene razón de ser ni justificación", afirma.
El problema no es sólo que después de cada elección se realicen reformas electorales, sostiene. De lo que se trata es de que haya un cambio cultural en la población y particularmente en las élites partidarias: que actúen con visión de Estado y no que diseñen cambios, pero dejando rendijas para la trampa.
Para Eraña, la reforma electoral es sólo de coyuntura política: "Es una suerte de trueque de ‘te apruebo la energética a cambio de la política o de la hacendaria’". El estudioso considera que lo peor de esta reforma es que es "totalmente instrumentalista y anómala, porque se usa para fines particulares y es toda una afectación para un país".
Y explica: De la aprobación de esta reforma depende que el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, "garantice su liderazgo y reelección al frente de su partido". Y por otro lado, en el perredismo, la aprobación de algunas de las propuestas está ligada con afianzar el liderazgo de su dirigencia, encabezada por Jesús Zambrano, del grupo de Los Chuchos. Su liderazgo está menoscabado por una figura que ha vuelto al estrado, Cuauhtémoc Cárdenas, con una fuerte oposición a la reforma energética. La dirigencia busca un apoyo que la base del partido no le da, sobre todo después del boquete que se le hizo al partido con la pérdida del lopezobradorismo."En suma, es un intento de las dirigencias nacionales para robustecer sus liderazgos, los cuales han perdido por un ejercicio poco horizontal del cargo, por su profundo déficit de discusión al interior de sus respectivos partidos. Para eso quieren la reforma."
REBELIÓN DE CONSEJEROS
Entre las propuestas que el PAN ya logró amarrar con el PRD y el PRI está un nuevo control de los recursos entregados a los partidos políticos, para evitar casos como Monexgate, Pemexgate o Amigos de Fox.
Se trata de que ahora el INE vigile los gastos de campaña de los partidos y que sus gastos se hagan públicos cada semana mediante un sistema que establezca la autoridad. Se debería instaurar un registro de proveedores autorizados "para proporcionar bienes y servicios para gastos ordinarios y de campaña" y los pagos se harían "mediante el otorgamiento de órdenes de pago que serán cubiertas por el INE".
La parte que aún no se consensua con el PRI es la central: que rebasar los topes de gasto de campaña sea causa de nulidad de la elección, además de que en la elección extraordinaria no pueda participar el candidato sancionado. Eraña sugiere que en los estados se establezcan consejos estatales "como instancias no pagadas". Propone que el instituto nacional convoque pero que las universidades estatales sean las que hagan las propuestas. Que no salgan de una Jucopo "como propone el PAN, y menos aún de un comité de sabios".
La propuesta consensuada establece la desaparición de los actuales consejos estatales por considerar que responden más al interés de los gobernadores en turno que a la ciudadanía.
De los 32 consejos estatales, incluyendo el del Distrito Federal, 28 ya se manifestaron en contra de su desaparición. De hecho, el pasado 15 de octubre se entrevistaron con los integrantes de la Comisión de Gobernación de San Lázaro para expresar su inconformidad y lo mismo harán esta semana con la de Puntos Constitucionales. Incluso se conformaron en asociación para defender sus derechos.
El presidente del Consejo Electoral de Chihuahua y de la asociación, Fernando Antonio Herrera, recordó: "Nosotros somos producto de un pacto federal, que no contempla órganos centralistas y sí el absoluto respeto y autonomía de los estados".
JESUSA CERVANTES
MÉXICO, DF (Apro).- La reforma energética está en manos de Acción Nacional. Para destrabarla presiona al Gobierno Federal con el fin de que se aprueben las modificaciones electorales delineadas en el Pacto por México. El PAN quiere nuevas reglas de fiscalización, que eviten casos como el Pemexgate, Amigos de Fox o Monexgate.
Fernando Rodríguez Doval —diputado del PAN y encargado de negociar con el PRD y el PRI el "nuevo modelo político-electoral"— anuncia que la discusión en el Senado arrancará esta semana para que el tema sea votado en la Cámara de Diputados antes de concluir octubre.
En entrevista con Proceso, el legislador hace un llamado al PRI y al gobierno federal para que no sigan dilatando el debate de lo trazado el 2 de diciembre de 2012. "Saben que la reforma energética, y lo saben bien, sólo la pueden aprobar con el PAN, por tratarse de una reforma constitucional; y nosotros ya lo dijimos: primero la electoral y luego la energética".
En su primera fase, la reforma política se centrará en el artículo 41 de la Constitución. De acuerdo con el último borrador avalado por los tres partidos, que consta de tres páginas, el punto toral es la sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) por el Instituto Nacional de Elecciones (INE). Esta instancia se encargaría de organizar todos los comicios, tanto nacionales como locales. El principal órgano de decisión, el Consejo General, pasaría de nueve a 11 miembros y su método de elección "dejará a un lado el cuotismo de partidos".
Según el documento, el paso inicial implicaría conformar un "comité técnico" integrado "por siete personas de reconocido y probado compromiso democrático que sean referentes para la sociedad y las fuerzas políticas". Este comité propondría a los candidatos al Consejo General.
Al respecto hay dos sugerencias. Primero, que tres integrantes del comité sean propuestos por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados (uno por cada una de las tres principales fuerzas políticas: PRI, PAN y PRD); dos, por miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y dos más, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
LA OTRA PROPUESTA
El panista Rodríguez Doval explica la otra propuesta. Se trata de incluir al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval). Se baraja también la posibilidad de incorporar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con el borrador de reforma política, la Jucopo emitiría la convocatoria y los integrantes del comité técnico podrán invitar a aspirantes al consejo, "que a su juicio cuenten con la independencia, imparcialidad y conocimientos necesarios para el ejercicio del encargo".
El comité será el primer filtro en la selección. Proporcionará una lista de 33 aspirantes a la Jucopo, y esa junta elegiría a 11 más cinco de reserva. Los aspirantes que queden serán votados en primera instancia en el pleno de la Cámara de Diputados, y el primer electo debería ser el presidente del Consejo General. Cada seleccionado tendría que recibir las dos terceras partes de los votos de los presentes. Y si en dos ocasiones no se alcanza ese porcentaje, se elegiría a los nuevos miembros del INE de entre la lista inicial de 33 aspirantes, mediante el proceso de "insaculación".
El cargo de los consejeros electorales sería de siete años y se descartarían los nombramientos escalonados, tal como ha sucedido desde el año 2003. Los elegidos podrían ser reelectos para un segundo periodo.
El encargado de encauzar las negociaciones con el PRD y el PRI —el panista Rodríguez Doval— admite que el actual método de elección de los consejeros "ha generado el problema de cuotas de partido". Si se crea el INE —que concentraría el poder de organizar las elecciones para presidente de la República, diputados federales, senadores, diputados locales, gobernadores, alcaldes, jefe de gobierno y delegados del Distrito Federal— "deberemos tener mucho cuidado en ver quiénes participan en el comité técnico". De ahí que aún no se defina qué órganos autónomos podrán proponer miembros.
LA CONSTITUCIÓN, ENTRE VOLUNTADES
En el Pacto por México se estableció un esquema llamado "Acuerdos para la gobernabilidad democrática". Ahí se incluye la reforma electoral, y el PAN ha sido el que ha delineado los puntos de partida. No sólo busca un "nuevo modelo electoral", sino que además pretende acabar con un sistema de fiscalización de los partidos políticos "que no funcionó y lo único que generó fueron investigaciones no sancionadoras del caso Monexgate".
Así, el PAN ya acordó con el PRI y el PRD eliminar la Unidad de Fiscalización —a cargo del criticado Alfredo Cristalinas desde su nacimiento, con la reforma electoral de 2007—. La facultad de investigar regresaría a los consejeros electorales, quienes estarán auxiliados por un órgano técnico. Así se trabajó con los casos de Amigos de Fox y el Pemexgate, que aunque carecían de la facultad de entrar al secreto bancario y fiduciario tuvieron más avances en la indagatoria que los registrados con el Monexgate.
En la propuesta panista, el INE no sólo organizaría los comicios; además sería el encargado de hacer la declaratoria de validez de la elección y de otorgar la constancia de mayoría, actos que hoy corren a cargo del TEPJF.
Los albiazules, además, proponen eliminar los 32 tribunales electorales locales y concentrar todas las resoluciones en el federal.
El investigador del sistema parlamentario y catedrático de derecho en la Universidad Iberoamericana Miguel Eraña hace una dura crítica a la propuesta de la triada PAN-PRD-PRI en materia electoral.
Acusa primeramente que los tres principales partidos "se han ido apropiando del sistema político; y después de cada proceso electoral intentan expiar sus culpas y responsabilidades por sus excesos e interferencias abusivas en el sistema electoral. Nunca buscan nombres ni apellidos y menos aún eficacia en las resoluciones de los árbitros tanto administrativos, como el IFE, o jurisdiccionales", como el TEPJF.
"Después de que nadie paga responsabilidades, entonces los tres partidos intentan compensar, otra vez, con el fetichismo constitucional y reglamentario en materia electoral. ¡Esto es un despropósito descomunal!", acusa. "Modificar el IFE —dándole un centripedismo tan absoluto como que organice también los comicios locales— parte de una falta de respeto total a la forma de gobierno republicano del país y al papel de las partes de la Unión". Centrar todas las elecciones en un órgano nacional, sostiene Eraña, es considerar que el modelo del IFE es "inmaculado" y que por eso hay que confiarle la tarea que hoy no tiene. La premisa es totalmente equívoca. Y afirma: "Es tan desastroso el sistema electoral en buena parte de las entidades como desastrosa es la organización del IFE y del Trife (como se conoce al TEPJF) en su contribución al desarrollo democrático de los últimos 10 años".
SIMULACIÓN DE ARBITRAJE
Eraña —quien cuenta con un doctorado de la Universidad de Salamanca, que dio origen al libro La protección constitucional de las minorías parlamentarias en México y España— sostiene que tanto el IFE como el Trife han sido desde 2003 "una simulación de arbitraje electoral, porque la mayor parte de sus integrantes están capturados por estas tres élites políticas. Responden directamente a sus instrucciones y evidentemente no justifican su papel institucional al día de hoy". Eraña señala al PRI, PAN y PRD de haber contribuido a tal descomposición. Primero "diseñan un sistema que les permite la elección del árbitro, y es a modo. Después de tenerlos a modo les es muy fácil prescindir de ellos en cuanto les place y plantearse otro modelo institucional, que es lo que hoy pretenden hacer.
Una reforma de tal calado, dice, no puede ser ni mecánica ni inmediatista ni mucho menos carente de deliberación. El debate no puede darse sólo en el Congreso, "sino también con la sociedad civil, las universidades, que se realice un análisis por entidad de cómo funcionan los consejos estatales antes de suprimirlos. Esta es una decisión voluntarista desde la partidocracia que no tiene razón de ser ni justificación", afirma.
El problema no es sólo que después de cada elección se realicen reformas electorales, sostiene. De lo que se trata es de que haya un cambio cultural en la población y particularmente en las élites partidarias: que actúen con visión de Estado y no que diseñen cambios, pero dejando rendijas para la trampa.
Para Eraña, la reforma electoral es sólo de coyuntura política: "Es una suerte de trueque de ‘te apruebo la energética a cambio de la política o de la hacendaria’". El estudioso considera que lo peor de esta reforma es que es "totalmente instrumentalista y anómala, porque se usa para fines particulares y es toda una afectación para un país".
Y explica: De la aprobación de esta reforma depende que el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, "garantice su liderazgo y reelección al frente de su partido". Y por otro lado, en el perredismo, la aprobación de algunas de las propuestas está ligada con afianzar el liderazgo de su dirigencia, encabezada por Jesús Zambrano, del grupo de Los Chuchos. Su liderazgo está menoscabado por una figura que ha vuelto al estrado, Cuauhtémoc Cárdenas, con una fuerte oposición a la reforma energética. La dirigencia busca un apoyo que la base del partido no le da, sobre todo después del boquete que se le hizo al partido con la pérdida del lopezobradorismo."En suma, es un intento de las dirigencias nacionales para robustecer sus liderazgos, los cuales han perdido por un ejercicio poco horizontal del cargo, por su profundo déficit de discusión al interior de sus respectivos partidos. Para eso quieren la reforma."
REBELIÓN DE CONSEJEROS
Entre las propuestas que el PAN ya logró amarrar con el PRD y el PRI está un nuevo control de los recursos entregados a los partidos políticos, para evitar casos como Monexgate, Pemexgate o Amigos de Fox.
Se trata de que ahora el INE vigile los gastos de campaña de los partidos y que sus gastos se hagan públicos cada semana mediante un sistema que establezca la autoridad. Se debería instaurar un registro de proveedores autorizados "para proporcionar bienes y servicios para gastos ordinarios y de campaña" y los pagos se harían "mediante el otorgamiento de órdenes de pago que serán cubiertas por el INE".
La parte que aún no se consensua con el PRI es la central: que rebasar los topes de gasto de campaña sea causa de nulidad de la elección, además de que en la elección extraordinaria no pueda participar el candidato sancionado. Eraña sugiere que en los estados se establezcan consejos estatales "como instancias no pagadas". Propone que el instituto nacional convoque pero que las universidades estatales sean las que hagan las propuestas. Que no salgan de una Jucopo "como propone el PAN, y menos aún de un comité de sabios".
La propuesta consensuada establece la desaparición de los actuales consejos estatales por considerar que responden más al interés de los gobernadores en turno que a la ciudadanía.
De los 32 consejos estatales, incluyendo el del Distrito Federal, 28 ya se manifestaron en contra de su desaparición. De hecho, el pasado 15 de octubre se entrevistaron con los integrantes de la Comisión de Gobernación de San Lázaro para expresar su inconformidad y lo mismo harán esta semana con la de Puntos Constitucionales. Incluso se conformaron en asociación para defender sus derechos.
El presidente del Consejo Electoral de Chihuahua y de la asociación, Fernando Antonio Herrera, recordó: "Nosotros somos producto de un pacto federal, que no contempla órganos centralistas y sí el absoluto respeto y autonomía de los estados".
JESUSA CERVANTES
2 comentarios:
¿Entonces ahora sí cuentan los derechos constitucionales de los estados? ¿Mas bien en referencia sola a la cuestión del desbarajuste de lo que significa pensar en Partidos Políticos locales? Hay que imaginar a Oaxaca, Veracruz, Michoacán o al Estado de México… ¡Sería el caos que simplemente ES cuando pensamos en las elecciones federales de las cuales es "responsabilidad el IFE y su "renombre"!.
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