LA SUPERCARRETERA DURANGO-MAZATLÁN
La consideran como una de las más riesgosas del país
domingo, 13 de octubre de 2013
DURANGO/ MAZATLÁN (Apro).- Aún no se ha terminado y ya es considerada una de las más riesgosas del país. La supercarretera Durango-Mazatlán (que el presidente Enrique Peña Nieto debe inaugurar el jueves 17) ya presentaba "peligrosas" fallas geológicas no previstas en el proyecto técnico, túneles tapados por aludes y tramos en donde el terraplén con el pavimento va literalmente hacia el precipicio, desde antes incluso de que la golpeara la cola del huracán "Manuel".
A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más "importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada". Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños "colaterales" que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona.
ARROYOS AZOLVADOS
Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie.
A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo, entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María Morelos, sólo que estos dos últimos fueron "apaciguados" por el actual senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) narra el abogado defensor Enrique Pérez Virgen.
LOS AVALÚOS
"La primera demanda la presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba del millón de pesos", señala Andrés Medrano, mientras entrega a Proceso copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.
–¿En cuánto se los quieren pagar?
–¡Es vergonzoso! Nos ofrecen los precios que da Indavin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales): la gran cantidad de 60 centavos el metro cuadrado, o sea, 6 mil pesos la hectárea, menos de 10% de su valor.
Interviene el abogado Pérez Virgen: "Resulta más grave cuando los 60 centavos los comparas con los 28 mil millones de pesos que aplicó el gobierno federal en la construcción de la supervía. Es triste que a los dueños de la tierra no les hayan pagado nada por entrar a sus propiedades. Los constructores se valen de los documentos de ocupación previa de la tierra. Una cosa es que tengan el permiso para entrar y otra que regalen la tierra".
EN PIE DE LUCHA
El 14 de enero de 2013, en una reunión, la diputada Catalina Mercado fue a convencerlos de que no demandaran. Ahí, Arturo Hernández Hernández, representante agrario del gobierno del estado de Durango, dijo que en el sexenio del exgobernador Ismael Hernández Deras se pagó a 23 mil pesos la hectárea en el municipio de Durango. No lograron convencer a los de Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo es el segundo ejido más grande del país. Tiene mil 503 ejidatarios y una superficie que supera las 230 mil hectáreas –que incluyen 80 mil hectáreas de bosque para explotación–. En todo Durango, en total, son mil 800 ejidatarios afectados y arriba de 800 hectáreas dañadas. En Sinaloa son 800 campesinos de los municipios de Concordia, Mazatlán y Escuinapa.
"El día último de mayo hicimos valer el amparo que nos otorgó el juez segundo de lo penal, el cual dice que las cosas deben conservarse como están. Permanecimos 12 días en las colindancias de Pueblo Nuevo con los demás ejidos, pero fue personal del gobierno del estado para flexibilizarnos, y aceptamos para evitar represalias", explica Pérez Virgen.
"En esta lucha social, jurídica y agrarista de los ejidos afectados de Durango, Nayarit y Sinaloa lo que se ha puesto al descubierto, entre otras cosas, es que Carlos Slim colocó fibra óptica en las autopistas. El debate es quién autorizó al señor Slim a instalarla en terrenos ejidales porque, suponiendo que los ejidos acordaron con la SCT el derecho de vía para construir la autopista, fue sólo para eso, no para que se instalara la fibra óptica ni para que se concesionaran al capital privado las autopistas, cuando la tierra de los campesinos aún no se ha pagado."
NI JUSTO NI LEGAL
Por otra parte, los campesinos se niegan a que se concesione la operación de la autopista Durango-Mazatlán: "El Estado mexicano ha invertido cerca de 28 mil millones de pesos, por eso no nos parece justo ni legal ni legítimo que se le concesione a Guillermo Ortiz, de Banorte, o a Carlos Slim, de Grupo Carso. Además, la ganancia que pueda producir la autopista debe destinarse a educación y salud en los gobiernos locales".
Aseguran que actualmente los conflictos son superficiales, pero cuando la supercarretera entre en funcionamiento se agudizarán: cuando los pueblos estén realmente incomunicados, cuando no puedan sacar sus cosechas, sus mangos, su maíz, su madera, y en las comunidades empiece a profundizarse la pobreza. Así sucedió en Sinaloa y Nayarit, por donde pasa la autopista Tepic-Mazatlán. El abogado menciona los 25 ejidos ganaderos a los que les cerraron el paso en el municipio Rosa Morada, a la altura de Las Pilas, en donde existía un camino natural para 10 o 15 mil cabezas de ganado, que desapareció.
En Pueblo Nuevo, 20% de la madera que tiene autorización de cortar está quedando sin extraer. Están dejando incomunicado gran cantidad de terreno considerado en el programa de manejo forestal. Por ello exigen el pago de daños y la construcción de los caminos saca cosecha, afirma don Andrés Medrano, quien junto con el abogado fue entrevistado en la ciudad de Durango.
"Hicieron el proyecto como los proyectistas de la SCT creyeron que era, no a la necesidad de los habitantes. Tenemos una Dirección Técnica Forestal que sabe en dónde hay necesidad de caminos, y un comisariado que envía a sus jefes de monte porque conocen las necesidades para la extracción forestal, pero nunca los consultaron", afirma el señor José Luis Coria, quien guió a los reporteros por un tramo de la supercarretera hasta el puente El Baluarte-Bicentenario, límite con el estado de Sinaloa.
"Avance lento, no se pare, sólo lento…", pide un empleado de la autopista en el ejido La Victoria, kilómetro 102+600. Ahí se están reparando enormes baches y tramos de carpeta asfáltica hasta de 100 metros de largo, sumamente dañados.
¿PANORAMA BELLO?
Rumbo a Mazatlán, en el ejido La Victoria (municipio de Durango), el centro turístico Arroyo del Agua resultó afectado. Al riachuelo del mismo nombre lo azolvaron con la megaobra. Ya desde antes de llegar a este punto los derrumbes de piedra sobre la carretera son recurrentes.
En el puente Lambederos, en Chavarría Viejo (municipio de Pueblo Nuevo), el cascajo también se derramó hacia la corriente del arroyo, en un área natural protegida. Ahí es el hábitat de la pseudotsuga, una conífera verde-amarilla. Al fondo del cañón también hay cupresos, un tipo de cedro. Ambas especies son endémicas. El túnel –del mismo nombre que el puente– está lleno de fisuras. Más adelante, el asfalto está completamente fracturado, es un trecho de aproximadamente 600 metros.
Se supone que una de las atracciones de la supercarretera es la belleza del panorama. Sin embargo, los defectos ocasionados por las constructoras son los protagonistas. Es el kilómetro 17+400. Se llama Las Bobedas. En esta zona hicieron bancos de escombro que nunca fueron señalados, afectando el derecho de vía. Por entre los pinos se alcanzan a ver los montículos de cascotes. Desde el puente La Noria se ve un bajío en el que depositaron las rocas de concreto sobrantes, lo que afecta a la corriente del arroyo Chavarría. El siguiente paso, llamado El Indio, está igual de afectado.
Por uno y otro lado de la supercarretera se ve el tendido de los cables de fibra óptica que aún no terminan de instalar.
AHÍ ESTÁ EL LUCRO
Para él, ahí está el lucro, no en las casetas: "El negocio está en la fibra óptica que corre paralelamente en las autopistas. Esto jurídicamente implica que la SCT concesionó, de manera irregular e ilegal, un servicio sin que el Estado mexicano fuera propietario de la tierra. El delito lo comete la SCT: Le apuesta a la enorme fuerza de Estado, al gran músculo jurídico que tiene, al control de jueces, magistrados y actuarios, y al bolsillo roto de los campesinos para que no sostengan un juicio demasiado largo, técnico y profesional".
Los campesinos saben que su tierra genera plusvalía, por eso reclaman el pago a valor de mercado, como dice la Ley de Expropiación, el Reglamento de Propiedad Rural y la Ley de Bienes Nacionales.
–¿El hecho de que pase la fibra óptica eleva el costo de la tierra?
–Sí, porque genera plusvalía con las obras de informática. Carlos Slim entregó casi 6 mil 900 millones de pesos para construir la autopista Tepic-Mazatlán y el libramiento Tres en Mazatlán. De éstos, 30% lo destinó para adquirir la concesión administrativa de estas dos obras. Hay un indicador muy importante: en este 30% es muy probable que hubiera ido el dinero para el pago de la tierra, el pago de los daños y el pago de los perjuicios; es decir que la SCT agarró cerca de 2 mil millones de pesos y no les pagó a los campesinos sus derechos, su tierra, ni les construyó obras complementarias, como puentes, caminos laterales y saca cosechas. La pregunta es: ¿por qué la SCT con Vicente Fox y (Felipe) Calderón no le pagó a los campesinos?
PATRICIA DÁVILA
A causa de ese meteoro los daños se multiplicaron: hundimientos del asfalto por la presión del agua, drenajes tapados o que no soportaron el caudal y reventaron el asfalto, cunetas anegadas por la misma carga pluvial y pesadas rocas que deshicieron túneles, sin contar con que más de 50 de los 64 pasajes filtran agua. Una parte importante de los 57 puentes también presenta fallas de diverso calibre.
La carretera de 230 kilómetros fue anunciada como la más "importante y emblemática que se haya hecho en la historia de la ingeniería reciente de México, tanto por el reto que supuso su construcción como por la aplicación de la tecnología más avanzada". Hoy es una ruta de desolaciones. No sólo por los túneles y puentes estropeados, sino también por los daños "colaterales" que causaron las constructoras Tradeco, Aldesa y Omega en 29 ejidos y comunidades de la zona.
ARROYOS AZOLVADOS
Esas afectaciones también son cuantiosas: arroyos o grandes cauces de ríos –como El Baluarte– completamente azolvados por el material que desparramaron las constructoras más allá de su derecho de vía. Contaminaron zonas protegidas, en las que crecen especies de pino endémicas, como la pseudotsuga. Destruyeron el hábitat de la guacamaya, que está en peligro de extinción. Cerraron caminos que servían para sacar los productos de las zonas madereras o de cultivo y quitaron puentes de paso para ganado. En pueblos como Santa Lucía, Sinaloa, los habitantes demandan la reparación de las cuarteaduras que las detonaciones causaron en sus inmuebles. Y lo paradójico: se construyeron puentes que no sirven a nadie.
A ello se suma que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pretende pagar a 60 centavos el metro cuadrado de tierra expropiada. Sin acuerdo previo, además, otorgó el permiso para que Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim, instalara en forma paralela a la megaobra el cableado de fibra óptica.
La lucha de los ejidatarios y comuneros se inició en noviembre de 2012. En febrero de 2013, por iniciativa de Andrés Medrano Quiñonez –quien se inició con El Movimiento por la justicia agraria–, siete ejidos y comunidades decidieron irse al amparo. Del municipio de Pueblo Nuevo, entre otros, fueron Chavarría Nuevo, Chavarría Viejo, San Antonio y Anexos; del municipio de Durango se sumaron La Victoria y José María Morelos, sólo que estos dos últimos fueron "apaciguados" por el actual senador suplente Óscar García Barrón, quien entonces era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) narra el abogado defensor Enrique Pérez Virgen.
LOS AVALÚOS
"La primera demanda la presentamos en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de la ciudad de Durango, por el pago justo y la reparación de daños. Tenemos avalúos de la tierra y de bienes diferentes a la tierra que entregamos en las oficinas centrales de la SCT, así como en los estados. Estamos hablando de alrededor de 633 mil pesos por hectárea para Pueblo Nuevo, mientras que para San Antonio y Anexos, que está más conurbado, se cotiza arriba del millón de pesos", señala Andrés Medrano, mientras entrega a Proceso copia de los avalúos de cada uno de los ejidos.
–¿En cuánto se los quieren pagar?
–¡Es vergonzoso! Nos ofrecen los precios que da Indavin (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales): la gran cantidad de 60 centavos el metro cuadrado, o sea, 6 mil pesos la hectárea, menos de 10% de su valor.
Interviene el abogado Pérez Virgen: "Resulta más grave cuando los 60 centavos los comparas con los 28 mil millones de pesos que aplicó el gobierno federal en la construcción de la supervía. Es triste que a los dueños de la tierra no les hayan pagado nada por entrar a sus propiedades. Los constructores se valen de los documentos de ocupación previa de la tierra. Una cosa es que tengan el permiso para entrar y otra que regalen la tierra".
EN PIE DE LUCHA
El 14 de enero de 2013, en una reunión, la diputada Catalina Mercado fue a convencerlos de que no demandaran. Ahí, Arturo Hernández Hernández, representante agrario del gobierno del estado de Durango, dijo que en el sexenio del exgobernador Ismael Hernández Deras se pagó a 23 mil pesos la hectárea en el municipio de Durango. No lograron convencer a los de Pueblo Nuevo.
Pueblo Nuevo es el segundo ejido más grande del país. Tiene mil 503 ejidatarios y una superficie que supera las 230 mil hectáreas –que incluyen 80 mil hectáreas de bosque para explotación–. En todo Durango, en total, son mil 800 ejidatarios afectados y arriba de 800 hectáreas dañadas. En Sinaloa son 800 campesinos de los municipios de Concordia, Mazatlán y Escuinapa.
"El día último de mayo hicimos valer el amparo que nos otorgó el juez segundo de lo penal, el cual dice que las cosas deben conservarse como están. Permanecimos 12 días en las colindancias de Pueblo Nuevo con los demás ejidos, pero fue personal del gobierno del estado para flexibilizarnos, y aceptamos para evitar represalias", explica Pérez Virgen.
"En esta lucha social, jurídica y agrarista de los ejidos afectados de Durango, Nayarit y Sinaloa lo que se ha puesto al descubierto, entre otras cosas, es que Carlos Slim colocó fibra óptica en las autopistas. El debate es quién autorizó al señor Slim a instalarla en terrenos ejidales porque, suponiendo que los ejidos acordaron con la SCT el derecho de vía para construir la autopista, fue sólo para eso, no para que se instalara la fibra óptica ni para que se concesionaran al capital privado las autopistas, cuando la tierra de los campesinos aún no se ha pagado."
NI JUSTO NI LEGAL
Por otra parte, los campesinos se niegan a que se concesione la operación de la autopista Durango-Mazatlán: "El Estado mexicano ha invertido cerca de 28 mil millones de pesos, por eso no nos parece justo ni legal ni legítimo que se le concesione a Guillermo Ortiz, de Banorte, o a Carlos Slim, de Grupo Carso. Además, la ganancia que pueda producir la autopista debe destinarse a educación y salud en los gobiernos locales".
Aseguran que actualmente los conflictos son superficiales, pero cuando la supercarretera entre en funcionamiento se agudizarán: cuando los pueblos estén realmente incomunicados, cuando no puedan sacar sus cosechas, sus mangos, su maíz, su madera, y en las comunidades empiece a profundizarse la pobreza. Así sucedió en Sinaloa y Nayarit, por donde pasa la autopista Tepic-Mazatlán. El abogado menciona los 25 ejidos ganaderos a los que les cerraron el paso en el municipio Rosa Morada, a la altura de Las Pilas, en donde existía un camino natural para 10 o 15 mil cabezas de ganado, que desapareció.
En Pueblo Nuevo, 20% de la madera que tiene autorización de cortar está quedando sin extraer. Están dejando incomunicado gran cantidad de terreno considerado en el programa de manejo forestal. Por ello exigen el pago de daños y la construcción de los caminos saca cosecha, afirma don Andrés Medrano, quien junto con el abogado fue entrevistado en la ciudad de Durango.
"Hicieron el proyecto como los proyectistas de la SCT creyeron que era, no a la necesidad de los habitantes. Tenemos una Dirección Técnica Forestal que sabe en dónde hay necesidad de caminos, y un comisariado que envía a sus jefes de monte porque conocen las necesidades para la extracción forestal, pero nunca los consultaron", afirma el señor José Luis Coria, quien guió a los reporteros por un tramo de la supercarretera hasta el puente El Baluarte-Bicentenario, límite con el estado de Sinaloa.
"Avance lento, no se pare, sólo lento…", pide un empleado de la autopista en el ejido La Victoria, kilómetro 102+600. Ahí se están reparando enormes baches y tramos de carpeta asfáltica hasta de 100 metros de largo, sumamente dañados.
¿PANORAMA BELLO?
Rumbo a Mazatlán, en el ejido La Victoria (municipio de Durango), el centro turístico Arroyo del Agua resultó afectado. Al riachuelo del mismo nombre lo azolvaron con la megaobra. Ya desde antes de llegar a este punto los derrumbes de piedra sobre la carretera son recurrentes.
En el puente Lambederos, en Chavarría Viejo (municipio de Pueblo Nuevo), el cascajo también se derramó hacia la corriente del arroyo, en un área natural protegida. Ahí es el hábitat de la pseudotsuga, una conífera verde-amarilla. Al fondo del cañón también hay cupresos, un tipo de cedro. Ambas especies son endémicas. El túnel –del mismo nombre que el puente– está lleno de fisuras. Más adelante, el asfalto está completamente fracturado, es un trecho de aproximadamente 600 metros.
Se supone que una de las atracciones de la supercarretera es la belleza del panorama. Sin embargo, los defectos ocasionados por las constructoras son los protagonistas. Es el kilómetro 17+400. Se llama Las Bobedas. En esta zona hicieron bancos de escombro que nunca fueron señalados, afectando el derecho de vía. Por entre los pinos se alcanzan a ver los montículos de cascotes. Desde el puente La Noria se ve un bajío en el que depositaron las rocas de concreto sobrantes, lo que afecta a la corriente del arroyo Chavarría. El siguiente paso, llamado El Indio, está igual de afectado.
Por uno y otro lado de la supercarretera se ve el tendido de los cables de fibra óptica que aún no terminan de instalar.
AHÍ ESTÁ EL LUCRO
Para él, ahí está el lucro, no en las casetas: "El negocio está en la fibra óptica que corre paralelamente en las autopistas. Esto jurídicamente implica que la SCT concesionó, de manera irregular e ilegal, un servicio sin que el Estado mexicano fuera propietario de la tierra. El delito lo comete la SCT: Le apuesta a la enorme fuerza de Estado, al gran músculo jurídico que tiene, al control de jueces, magistrados y actuarios, y al bolsillo roto de los campesinos para que no sostengan un juicio demasiado largo, técnico y profesional".
Los campesinos saben que su tierra genera plusvalía, por eso reclaman el pago a valor de mercado, como dice la Ley de Expropiación, el Reglamento de Propiedad Rural y la Ley de Bienes Nacionales.
–¿El hecho de que pase la fibra óptica eleva el costo de la tierra?
–Sí, porque genera plusvalía con las obras de informática. Carlos Slim entregó casi 6 mil 900 millones de pesos para construir la autopista Tepic-Mazatlán y el libramiento Tres en Mazatlán. De éstos, 30% lo destinó para adquirir la concesión administrativa de estas dos obras. Hay un indicador muy importante: en este 30% es muy probable que hubiera ido el dinero para el pago de la tierra, el pago de los daños y el pago de los perjuicios; es decir que la SCT agarró cerca de 2 mil millones de pesos y no les pagó a los campesinos sus derechos, su tierra, ni les construyó obras complementarias, como puentes, caminos laterales y saca cosechas. La pregunta es: ¿por qué la SCT con Vicente Fox y (Felipe) Calderón no le pagó a los campesinos?
PATRICIA DÁVILA
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