La cultura sacrificable

 

Arnaldo Córdova

El gasto público es un instrumento formidable de redistribución de la riqueza de la nación. Es el motor por excelencia de la economía. Casi todos los productores y distribuidores dependen del gasto del Estado. Es también el elemento que hace posible atender las necesidades de la colosal masa de necesitados de la sociedad y más todavía, cuando se dan desastres naturales, como se acaba de ver. Cuando el gobierno presenta iniciativas para aumentar los impuestos, todo mundo supone que es para atender esas ingentes necesidades. El problema es que eso no siempre es cierto.

Cuando se analizan con lupa los presupuestos de egresos del Estado se viene a parar en el hecho de que una gran parte, una parte de verdad desproporcionada del gasto no es para atender las necesidades de la economía y de los sectores populares, sino lo que se llama gasto corriente y que tiene que ver con pago de nómina, de oficina y, muchas veces también, con gastos suntuarios injustificables, como la compra reciente del nuevo avión presidencial que, se sabe, costó 7 mil millones de pesos. Cuando vi la foto del avioncito del presidente Evo Morales recordé nuestro despropósito.
El gobierno necesita dinero, es incuestionable; siempre lo necesitará. Es lógico y necesario que haya una política hacendaria de incremento constante de los impuestos. Pero en México tenemos una bajísima imposición. Es apenas de 11 por ciento del PIB. En otros países la cuota es de 35 por ciento y se dan casos en que llega a 60 por ciento. Aquí otro problema es que pagan impuestos no los que más ganan y más tienen, sino un sector cautivo de clase media, sobre el que va de nueva cuenta la iniciativa hacendaria de Peña Nieto. Los grandes tiburones de la economía no pagan o pagan muy pocos impuestos.
La política impositiva del gobierno va siempre en un doble sentido: por un lado, como se apuntó, aumentar los impuestos; por otro, restringir el gasto y efectuar recortes en el mismo. El gobierno no sabe cómo resolver el primer problema o no quiere gravar a los que más tienen y más ganan. Así, acaban pagando más impuestos los que siempre los han pagado. En el segundo sentido, los recortes afectan, en primer lugar, al gasto social en todos sus rubros. Nunca hemos visto que los ajustes se operen en los sectores burocráticos. El dispendio en el gasto corriente es irrefrenable.
Se ha dicho muchas veces que el derroche y el gasto excesivo en la burocracia es inevitable, porque es de esa manera que funciona el Estado. Para muchos otros, en particular para López Obrador y Morena, reducir el gasto público corriente es posible, aparte de indispensable. Tampoco será fácil ponerse de acuerdo en cuándo hay que reducir el gasto para hacer ahorros verdaderamente significativos. El mismo López Obrador dijo en alguna ocasión que el ahorro podría ser de 200 a 300 mil millones de pesos, con tan sólo rebajar sueldos estratosféricos, eliminar gastos suntuarios y dispendios en el gasto.
El gobierno prefiere siempre ir contra el gasto social. En términos globales, el gasto social no puede ser sacrificado sino hasta cierto punto. Es necesario no sólo para resolver problemas, sino y sobre todo, para evitarlos. Un rubro favorito del gobierno para los recortes y ajustes es el sector cultura. Y no hablo sólo de los aparatos del gobierno dedicados a la promoción de la cultura (al que se llama subsector) sino, además, de las universidades e institutos de educación superior y media superior y sus labores en la formación profesional y en el desarrollo de la ciencia. La ciencia siempre ha sido sacrificable.

A las instituciones de educación superior se les aumentan muy lentamente sus asignaciones y siempre padeciendo diversos ajustes y recortes que las mantienen en una crisis permanente. Pero el llamado subsector cultura es emblemático. Como depende directamente del gobierno, y su autonomía desde el punto de vista presupuestal es nula, también es uno de los favoritos de nuestros tecnócratas para ser sacrificados. Peña Nieto propuso para este sector un recorte de 23.84 por ciento, con un ajuste de casi 4 mil millones de pesos.
En 2012 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil 663.20 millones de pesos para el subsector. En diciembre anterior se autorizaron 16 mil 533.63 millones de pesos. Peña Nieto propone un presupuesto de 12 mil 593 millones. Debido a la crisis, Calderón ya lo había reajustado. Lo de Peña es como quemar la casa para evitar reparaciones. Los datos particulares de los recortes son de una ceguera y de una estupidez verdaderamente impresionantes. Para empezar, propone la eliminación del rubro de Conaculta llamado de apoyos y donativos, que representa un monto de 3 mil 907.86 millones de pesos.
Es probable que esos apoyos y donativos dejen mucho que desear si se atiende a los criterios que usa el Consejo para la Cultura. Pero la desaparición del rubro implicará la desaparición de estímulos para los creadores. No es mucho dinero, por otra parte, lo que se gasta en las ciudades nombradas patrimonio cultural de la humanidad, pues sólo alcanza 300 millones de pesos; pero la propuesta es que esa cantidad se reduzca a 150 millones. Al Centro de Capacitación Cinematográfica, AC, que ahora tiene asignados 75.67 millones de pesos, ahora se le destinarán 42.98 millones (43.20 por ciento menos).
A los Estudios Churubusco Azteca, que ahora reciben 128.39 millones, se les asignarán sólo 79.26 millones (un recorte de 38.27 por ciento). Educal, que ahora tiene un presupuesto de 64.40 millones, recibirá 54.63 millones (15.43 por ciento menos). El Centro Cultural y Turístico de Tijuana, al que el año anterior se le asignaron 109.68 millones, ahora recibirá únicamente 93.9 millones (15.12 por ciento menos). Canal 22 sufrirá un recorte de 49.13 millones de pesos, y su presupuesto quedará en 231.46 millones.
El Instituto Mexicano de Cinematografía sufrirá un ajuste de 30.90 millones de pesos, para quedar en 374.58 millones. Radio Educación sufrirá una reducción de 5 millones y el Instituto Nacional de Bellas Artes una de 29.29 millones. Sólo se incrementarán en el nuevo presupuesto las asignaciones al INAH (128.91 millones de pesos) y a la Cineteca Nacional con menos del uno por ciento (La Jornada, 30/IX/13).
La zafiedad gubernamental, tan claramente manifestada en estas cifras, nos muestra que no sólo no entiende nada en torno a los problemas de la cultura, sino que ignora por completo la función vital que la misma desempeña en la vida social. La suma total de recursos gastados en el subsector cultura es, francamente, ridícula. Venirnos ahora, por las necesidades del gasto gubernamental, que es ante todo gasto corriente, con la novedad de que se reducirán esos recursos en más de una cuarta parte, constituye una felonía que vamos a pagar con más brutalidad, más ignorancia y más barbarie.