EN EL ESTADO DE GUANAJaUATO
‘Es la impunidad. No atender la violencia, no prevenirla; pero sobre todo no sancionarla. Porque el mensaje es que puedes violentar a las mujeres, y si las violentas, no habrá castigo’
domingo, 27 de octubre de 2013
LEÓN, GTO. (Apro).- Cristina Torres fue asesinada a golpes el 1 de enero en Pénjamo por su pareja, Diego Elizarrarás González. Ella tenía 27 años y dos hijos. Él está prófugo.
El cuerpo calcinado de Juana Mena, una joven irapuatense de 16 años, fue encontrado el 9 de enero en un lote baldío, 11 días después de ser reportada desaparecida. Dos supuestos amigos suyos la quemaron. Uno fue detenido.
El 27 de enero Jéssica González fue rociada por su esposo Ricardo Frausto Ávalos con un líquido inflamable. Le prendió fuego. Tras quemarla, Ricardo se vació el solvente encima y murió días después por las quemaduras. La pareja vivía en León y tenía una hija de tres años.
A sus 17 años la estudiante Irán Eunice Cortés quedó embarazada de su novio, Sergio Eduardo Zata, quien pagó 20 mil pesos a tres amigos para fingir su secuestro. La estrangularon el 3 de febrero para evitar que se supiera su estado, aunque él ya le había prometido matrimonio. Tiraron su cuerpo en un canal de riego. Dos de los responsables fueron detenidos. Uno recibió una sentencia de 20 años y seis meses de prisión. Sergio Eduardo sigue prófugo.
María Isabel Fuentes Medina desapareció el 5 de marzo de su casa en Celaya. Sus familiares reportaron su desaparición y añadieron un dato: el maltrato constante que recibía de su esposo, Néstor Beltrán. Cinco días después fue encontrada, asfixiada, en un camino de terracería. El marido fue detenido. Se trata del primer caso clasificado como feminicidio por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en el presente año.
Estas son las historias de cinco de las 20 niñas y mujeres asesinadas por sus parejas, hijos, amigos o padrastros de enero a octubre de 2013. Cinco de las 62 mujeres cuyas muertes violentas han sido conocidas públicamente en éste, el año más cruento —"en datos numéricos y en brutalidad y saña"— en más de una década, según registros de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Son los casos del Centro Las Libres y del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, que desde 2000 hacen un trabajo de seguimiento, documentación, acompañamiento y defensa contra violaciones a los derechos humanos de las guanajuatenses y mantienen una postura de denuncia ante lo que califican de "violencia institucional" del estado y sus servidores.
"Es la impunidad. No atender la violencia, no prevenirla; pero sobre todo no sancionarla. Porque el mensaje es que puedes violentar a las mujeres, y si las violentas, no habrá castigo", dice a Proceso Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres.
La activista atribuye este fenómeno a una política "que se instaló con el PAN en el gobierno, basado en los conceptos de la derecha, de la Iglesia católica, de los grupos conservadores" y es preservar, sobre todas las cosas, el modelo tradicional de familia, "aunque eso les cueste la vida a las mujeres".
ABUSOS ERÓTICOS-SEXUALES
Dos modificaciones legislativas recientes apuntalan esta aseveración. Hasta hace poco en el Código Penal de Guanajuato la violencia intrafamiliar estaba tipificada como delito grave, lo mismo que el abuso sexual. Actualmente ninguno lo es; el segundo fue modificado y se llama "abusos erótico-sexuales".
Desde noviembre de 2010 en Guanajuato rige la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ésta, según la armonización planteada desde la ley general (aprobada por el Congreso federal) prohíbe la conciliación entre víctima y agresor. Pero un año antes de emitirse esa ley (en 2009) el entonces gobernador Juan Manuel Oliva impulsó y decretó otra normatividad, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, enfocada a la intrafamiliar en general, no sólo la cometida específicamente contra las mujeres. En los hechos, ésta es la que en realidad se aplica, con reglamento vigente y estructura operativa.
Esta ley prevé un acuerdo conciliatorio entre víctimas y agresores, una práctica cotidiana en las instancias responsables de recibir las denuncias.
Al respecto Cruz Sánchez detalla: "Mientras la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no tiene un solo peso para operar la infraestructura necesaria, la otra sí y es la que se aplica, aunque exista una clara contradicción en materia de conciliación. Guanajuato es pionero en construir la conciliación a su modo, donde se sienta a los desiguales como iguales. Se sigue entendiendo que la violencia contra las mujeres es un conflicto. Y no lo es. Es un delito que se debe castigar".
‘CONCILIAR’ HASTA LA MUERTE
Una víctima de la conciliación fue Laura Patricia Vázquez Aguilar. Su tumba en el panteón Jardines del Tiempo, en León, está señalada por un bote de chiles con un ramo de flores a medio secar. Es la última persona sepultada en la sección Jardines de Nuestra Señora de Fátima, en la fosa 137.
Fue asesinada por su esposo, Miguel Ángel Castro Rocha, el pasado 22 de septiembre. Ex policía pensionado, ejerció su poder violento contra ella desde que decidió vivir con él. Ya antes la mujer de 30 años, madre de dos hijos, había visto las señales en su madre, Geraldina Aguilar, quien sufrió todo tipo de agresiones de su esposo, el padre de Laura.
Del asesinato de la mujer no se supo hasta el martes 1, pues la procuraduría estatal no informó sino hasta tener detenido y consignado a Miguel Ángel Castro, a quien acusó de feminicidio.
Entonces se conoció que tras varias agresiones —en su momento notificadas ante agentes del Ministerio Público en León— la pareja se había separado. Miguel Ángel se quedó prácticamente a la fuerza con la hija de ambos y la buscó en el domicilio donde vivía sola, supuestamente con la intención de que regresara con él. La encerró, la golpeó y estranguló.
La madre de Laura, Geraldina, volcó su indignación y dio testimonio a diversos medios —antes de recibir presiones de varias autoridades para guardar silencio— de las tres o cuatro ocasiones en que había acompañado a su hija al Ministerio Público para denunciar las agresiones del ex policía.
Una de esas veces, según un oficio que mostró al portal Zona Franca, las mandaron a la Agencia Conciliadora 5. Tres citatorios le fueron enviados a Miguel Ángel para presentarse ante esa instancia y "llegar a un arreglo a través de un procedimiento de mediación y conciliación neutral, imparcial, equitativo y gratuito, evitando con ello el seguimiento de los trámites legales correspondientes". Geraldina supo que al entregarle dos de esos citatorios, él los había roto en pedacitos.
Tras varios días de ignorar el paradero de su hija, fue al Ministerio Público y pidió que la buscaran, pues asumía que Miguel Ángel la tenía encerrada.
Le dijeron que no podían hacer nada, pues Laura ya era "mayor de edad" y si algo le pasaba, tenía que ser ella quien debía acudir a denunciar.
Es común en la procuración de justicia —y casi siempre esta posición llega a ser ratificada en los juzgados— que en lugar de consignarse un caso como violencia intrafamiliar, se hace por lesiones leves, delito cuya sanción es mínima. "Dan permiso de que se sigan cometiendo las agresiones", señala Cruz.
Y la saña aumenta. "Hay una mayor expresión de odio en la forma de matarlas, de tirarlas. Y la violencia institucional también aumenta mientras no se reconoce que el problema alcanzó dimensiones muy graves; eso habla de indolencia, omisión y desprecio por la vida de las mujeres".
VERÓNICA ESPINOSA
El cuerpo calcinado de Juana Mena, una joven irapuatense de 16 años, fue encontrado el 9 de enero en un lote baldío, 11 días después de ser reportada desaparecida. Dos supuestos amigos suyos la quemaron. Uno fue detenido.
El 27 de enero Jéssica González fue rociada por su esposo Ricardo Frausto Ávalos con un líquido inflamable. Le prendió fuego. Tras quemarla, Ricardo se vació el solvente encima y murió días después por las quemaduras. La pareja vivía en León y tenía una hija de tres años.
A sus 17 años la estudiante Irán Eunice Cortés quedó embarazada de su novio, Sergio Eduardo Zata, quien pagó 20 mil pesos a tres amigos para fingir su secuestro. La estrangularon el 3 de febrero para evitar que se supiera su estado, aunque él ya le había prometido matrimonio. Tiraron su cuerpo en un canal de riego. Dos de los responsables fueron detenidos. Uno recibió una sentencia de 20 años y seis meses de prisión. Sergio Eduardo sigue prófugo.
María Isabel Fuentes Medina desapareció el 5 de marzo de su casa en Celaya. Sus familiares reportaron su desaparición y añadieron un dato: el maltrato constante que recibía de su esposo, Néstor Beltrán. Cinco días después fue encontrada, asfixiada, en un camino de terracería. El marido fue detenido. Se trata del primer caso clasificado como feminicidio por la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en el presente año.
Estas son las historias de cinco de las 20 niñas y mujeres asesinadas por sus parejas, hijos, amigos o padrastros de enero a octubre de 2013. Cinco de las 62 mujeres cuyas muertes violentas han sido conocidas públicamente en éste, el año más cruento —"en datos numéricos y en brutalidad y saña"— en más de una década, según registros de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Son los casos del Centro Las Libres y del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, que desde 2000 hacen un trabajo de seguimiento, documentación, acompañamiento y defensa contra violaciones a los derechos humanos de las guanajuatenses y mantienen una postura de denuncia ante lo que califican de "violencia institucional" del estado y sus servidores.
"Es la impunidad. No atender la violencia, no prevenirla; pero sobre todo no sancionarla. Porque el mensaje es que puedes violentar a las mujeres, y si las violentas, no habrá castigo", dice a Proceso Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres.
La activista atribuye este fenómeno a una política "que se instaló con el PAN en el gobierno, basado en los conceptos de la derecha, de la Iglesia católica, de los grupos conservadores" y es preservar, sobre todas las cosas, el modelo tradicional de familia, "aunque eso les cueste la vida a las mujeres".
ABUSOS ERÓTICOS-SEXUALES
Dos modificaciones legislativas recientes apuntalan esta aseveración. Hasta hace poco en el Código Penal de Guanajuato la violencia intrafamiliar estaba tipificada como delito grave, lo mismo que el abuso sexual. Actualmente ninguno lo es; el segundo fue modificado y se llama "abusos erótico-sexuales".
Desde noviembre de 2010 en Guanajuato rige la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ésta, según la armonización planteada desde la ley general (aprobada por el Congreso federal) prohíbe la conciliación entre víctima y agresor. Pero un año antes de emitirse esa ley (en 2009) el entonces gobernador Juan Manuel Oliva impulsó y decretó otra normatividad, la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia, enfocada a la intrafamiliar en general, no sólo la cometida específicamente contra las mujeres. En los hechos, ésta es la que en realidad se aplica, con reglamento vigente y estructura operativa.
Esta ley prevé un acuerdo conciliatorio entre víctimas y agresores, una práctica cotidiana en las instancias responsables de recibir las denuncias.
Al respecto Cruz Sánchez detalla: "Mientras la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no tiene un solo peso para operar la infraestructura necesaria, la otra sí y es la que se aplica, aunque exista una clara contradicción en materia de conciliación. Guanajuato es pionero en construir la conciliación a su modo, donde se sienta a los desiguales como iguales. Se sigue entendiendo que la violencia contra las mujeres es un conflicto. Y no lo es. Es un delito que se debe castigar".
‘CONCILIAR’ HASTA LA MUERTE
Una víctima de la conciliación fue Laura Patricia Vázquez Aguilar. Su tumba en el panteón Jardines del Tiempo, en León, está señalada por un bote de chiles con un ramo de flores a medio secar. Es la última persona sepultada en la sección Jardines de Nuestra Señora de Fátima, en la fosa 137.
Fue asesinada por su esposo, Miguel Ángel Castro Rocha, el pasado 22 de septiembre. Ex policía pensionado, ejerció su poder violento contra ella desde que decidió vivir con él. Ya antes la mujer de 30 años, madre de dos hijos, había visto las señales en su madre, Geraldina Aguilar, quien sufrió todo tipo de agresiones de su esposo, el padre de Laura.
Del asesinato de la mujer no se supo hasta el martes 1, pues la procuraduría estatal no informó sino hasta tener detenido y consignado a Miguel Ángel Castro, a quien acusó de feminicidio.
Entonces se conoció que tras varias agresiones —en su momento notificadas ante agentes del Ministerio Público en León— la pareja se había separado. Miguel Ángel se quedó prácticamente a la fuerza con la hija de ambos y la buscó en el domicilio donde vivía sola, supuestamente con la intención de que regresara con él. La encerró, la golpeó y estranguló.
La madre de Laura, Geraldina, volcó su indignación y dio testimonio a diversos medios —antes de recibir presiones de varias autoridades para guardar silencio— de las tres o cuatro ocasiones en que había acompañado a su hija al Ministerio Público para denunciar las agresiones del ex policía.
Una de esas veces, según un oficio que mostró al portal Zona Franca, las mandaron a la Agencia Conciliadora 5. Tres citatorios le fueron enviados a Miguel Ángel para presentarse ante esa instancia y "llegar a un arreglo a través de un procedimiento de mediación y conciliación neutral, imparcial, equitativo y gratuito, evitando con ello el seguimiento de los trámites legales correspondientes". Geraldina supo que al entregarle dos de esos citatorios, él los había roto en pedacitos.
Tras varios días de ignorar el paradero de su hija, fue al Ministerio Público y pidió que la buscaran, pues asumía que Miguel Ángel la tenía encerrada.
Le dijeron que no podían hacer nada, pues Laura ya era "mayor de edad" y si algo le pasaba, tenía que ser ella quien debía acudir a denunciar.
Es común en la procuración de justicia —y casi siempre esta posición llega a ser ratificada en los juzgados— que en lugar de consignarse un caso como violencia intrafamiliar, se hace por lesiones leves, delito cuya sanción es mínima. "Dan permiso de que se sigan cometiendo las agresiones", señala Cruz.
Y la saña aumenta. "Hay una mayor expresión de odio en la forma de matarlas, de tirarlas. Y la violencia institucional también aumenta mientras no se reconoce que el problema alcanzó dimensiones muy graves; eso habla de indolencia, omisión y desprecio por la vida de las mujeres".
VERÓNICA ESPINOSA
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