lunes, 14 de octubre de 2013

Inverosímil que Javier Villarreal Hernández y compañía falsificaran decretos del Congreso del Estado, sobornar funcionarios de la Secretaría de Hacienda

                                                    Editorial Vanguardia

                                               
Se ha dicho en múltiples ocasiones, pero nunca serán demasiadas: resulta imposible comprar la versión según la cual los responsables de las finanzas estatales durante la administración encabezada por Humberto Moreira Valdés actuaron con envidiable pulcritud, a pesar de haber incurrido en conductas delictivas para contratar parte de la deuda que hoy pesa sobre los hombros de la sociedad coahuilense.
Y es que simplemente resulta inverosímil que Javier Villarreal Hernández y compañía decidieran falsificar decretos del Congreso del Estado, sobornar funcionarios de la Secretaría de Hacienda y mentir reiteradamente sólo para depositar en las arcas estatales hasta el último centavo del dinero que obtuvieron de forma ilegal.
Nadie puede creer tal versión, por mucho que funcionarios como Jesús Ochoa Galindo, actual Secretario de Finanzas del Gobierno de Coahuila, se empeñen en sostener, en cada ocasión que se le pregunta, que en las cuentas de la administración estatal no hace falta ni un sólo peso.
Y menos se puede creer cuando, como lo hemos constatado en los últimos meses, las investigaciones, las denuncias y los hechos que apuntan en la dirección contraria no hacen sino acumularse.
Exfuncionarios de la anterior administración como Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López y Vicente Chaires, y empresarios como Raúl González Treviño aparecen, de acuerdo con investigaciones realizadas en los Estados Unidos, implicados en operaciones financieras ilegales que, todo hace indicar, se encuentra conectadas con la megadeuda coahuilense.
La historia suena lógica: para “lavar” el dinero ilegalmente extraído de las arcas públicas se requieren básicamente dos cosas: individuos dispuestos a realizar el papel de cómplices y mecanismos financieros a través de los cuales transformar el dinero ilegal en “ganancias legítimas”.
Y para ello, nada mejor que empleados incondicionales y “empresarios reconocidos” y sin escrúpulos a quienes no parece incomodarles en lo más mínimo realizar el “trabajo sucio” si ello les permite incrementar sus haberes personales.
Con tales compañeros de viaje la ecuación queda completa y eso quiere decir sólo una cosa: el monto de la defraudación a las arcas públicas sólo está limitado por la audacia de quien debe dar la “autorización” para realizar la operaciones ilegales y por la “sangre fría” de quienes deben realizar la operaciones de “blanqueado” y aquellos que deben auxiliarles en dicha tarea.
Frente a tales evidencias, las sospechas no puede sino dispararse y acumularse día tras día. Imposible creer que los delitos cometidos para contratar deuda fueron un “accidente”, un hecho sin mayor trascendencia, una “travesura” que debemos ignorar sin más.
Lejos de tal posibilidad, la certeza crece cada día más y quienes hoy actúan como cómplices de quienes saquearon las arcas públicas harían bien en reconsiderar su posición pues, más tarde o más temprano, la verdad quedará al descubierto.