miércoles, 27 de mayo de 2009

Juez niega traductor a acusada de secuestro

Jacinta fue sentenciada a 21 años de cárcel por según plagiar a afis


Juan José Arreola
Corresponsal El Universal
Miércoles 27 de mayo de 2009
QUERÉTARO, Qro.— El juez que condenó a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial a 21 años de prisión, acusada de haber secuestrado a media docena de elementos de la AFI, es el mismo que ahora, repuesto el procedimiento, impidió que fuera auxiliada por un traductor durante el careo que sostuvo ayer.

Los abogados de la indígena queretana denunciaron que las irregularidades continúan afectándola, y se quejaron del juez a quien acusan de haber ignorado la petición de que Jacinta fuera auxiliada por un traductor de su lengua.

Santiago Aguirre, uno de los defensores, dijo que “esta es una actitud muy frecuente en los juzgados mexicanos, pues no reconocen los derechos de las personas integrantes de los grupos autóctonos de gozar de un traductor en las diligencias”.

Explicó que lo más preocupante era el hecho de que ya le habían solicitado al juez, antes de las diligencias de careo, que hubiera traductor “y ni siquiera eso fue permitido”.

Supuesto delito

Junto con Alberta Alcántara y Teresa González, Jacinta fue acusada de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cuando éstos realizaban un operativo destinado a decomisar mercancía pirata en el mercado de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco de Bonfil.

Ese día, el 26 de marzo de 2006, Jacinta Francisco estaba en el mercado vendiendo aguas frescas, a una distancia de por lo menos 150 metros del lugar en donde se realizó el decomiso y, según ella, cuando percibió que había un conflicto entre elementos de la AFI y vendedores de producto ilegales, optó por levantar su puesto y retirarse del lugar. No obstante, los afis la señalaron como la “cabecilla” del grupo de indígenas que –aseguraron— los secuestraron.

El juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longhi, encontró culpables del delito de secuestro a las tres mujeres, condenándolas a 21 años de prisión y a pagar una multa equivalente a 2 mil días de salario mínimo.

La defensa de Jacinta fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, cuyos abogados interpusieron un recurso de apelación para que fuera repuesto el procedimiento, pues sostuvieron que hubo diversidad de irregularidades.

El magistrado Hanz Eduardo López Muñoz asentó en los expedientes 27/2009 y 53/2009 que las tres indígenas, entre otras anomalía, no tuvieron un traductor que les hiciera saber de qué se les acusaba.

Anomalía

La reposición del procedimiento inició el pasado miércoles y previsiblemente concluirá este 27 de mayo, en el mismo juzgado cuarto de Distrito en Querétaro.

Los abogados de Jacinta solicitaron la presencia de un traductor al otomí durante los careos realizados esta semana, a lo que el juez se negó.

Durante el intercambio de comentarios entre Jacinta y la dueña de una farmacia a la que acudía para que fueran inyectadas sus hijas, el juez le preguntó a la acusada si quería intervenir.

—“No entiendo qué es eso de intervenir”, respondió Jacinta.

El juez cambió la palabra y le dijo que si quería participar, a lo que de nuevo respondió que no entendía qué le quería decir.

Por tercera ocasión, el juez le tuvo que explicar a Jacinta qué iba a suceder; ahora le dijo que si quería “que la verdad se supiera”. Ahora sí ella entendió y le contestó que sí.

Jacinta acudirá a un nuevo careo en esta semana con el que presumiblemente concluirá la reposición del proceso en su contra y, por consecuencia, el juez tendrá que dictar nueva sentencia.