jueves, 28 de mayo de 2009

Crimen en La Laguna

Miguel Ángel Granados Chapa

El asesinato del reportero Eliseo Barrón Hernández ocurre en el marco de una crisis de seguridad en Torreón que implicó el despido de 302 agentes de la policía municipal, y de un incremento en las agresiones a periodistas, 50 de ellos asesinados en esta década

La Comarca Lagunera padece desde hace meses una ola criminal que anteayer cobró una vida más, la del reportero Eliseo Barrón Hernández, del diario La Opinión/ Milenio. El lunes por la noche un comando armado asaltó su casa, donde el periodista descansaba en compañía de su esposa Judith Ruiz Ortega y sus hijas Ana Sofía y Yamileth. Tras el levantón, fue torturado y muerto. Su cadáver fue hallado la mañana del martes en el canal de Tlahualilo, en el ejido Eureka, municipio de Gómez Palacio, Durango.

No es necesario recordar que en La Laguna la gran aglomeración urbana comprende el municipio coahuilense de Torreón y los duranguenses de Gómez Palacio y Lerdo. Barrón Hernández trabajaba en el primero y vivía en el segundo, donde acaecieron su secuestro y muerte. Luego de haber estudiado agronomía, el periodista halló el camino de la comunicación. Tras un breve comienzo en un diario fronterizo, en su Torreón natal se incorporó hace 11 años al diario La Opinión, periódico fundado en 1917 por don Rosendo Guerrero, cuya familia vendió la empresa editora al grupo Multimedios, propietario del Grupo Milenio, que además de ese medio impreso opera allí dos radioemisoras y el canal 9 de televisión.

Como reportero de policía, Barrón Hernández tenía mucho trabajo. Durante el año pasado se intensificaron los secuestros, al grado de hacer de Torreón una ciudad tan insegura que en febrero de este año el presidente Calderón fue disuadido de visitarla, no obstante que en la agenda figuraba su presencia allí. Al referirse al clima de inseguridad que padecen los torreonenses Calderón explicó que resulta de los enfrentamientos entre bandas que disputan una ruta de que forma parte Torreón.

Entre los secuestros sin resolver sobresalen el de Enrique Ruiz Arévalo, director de la unidad antisecuestros de la Procuraduría estatal, ocurrido en mayo de 2007 y el de Félix Batista, un asesor de seguridad especializado en secuestros, que se convirtió en víctima de ese delito en diciembre pasado.

Como parte de su modus operandi, las bandas delincuenciales corrompen a las autoridades, como lo muestra el preocupante tajo a la policía municipal que el ayuntamiento torreonense se sintió obligado a dar la semana pasada. El 21 de mayo el alcalde anunció que se había perdido la confianza a 302 miembros de esa corporación, que por ese motivo fueron destituidos. Ésa fue una de las últimas informaciones trabajadas por Barrón Hernández, cuyo secuestro y asesinato serán investigados por la Procuraduría General de la República, lo que equivale a decir que no serán resueltos.

Anoche en la Ciudad de México fueron entregados los premios nacionales de periodismo 2008. Es seguro que la muerte de Barrón Hernández haya sido deplorada en esa ceremonia, como ocurrió hace un año con la de las comunicadoras triques Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas el 7 de abril de 2008, y hace cuatro años con la desaparición de Alfredo Jiménez, reportero de El Imparcial, de Hermosillo, que fue privado de la libertad el 2 de abril de 2005 sin que desde entonces se sepa de él. Son tan frecuentes las agresiones a periodistas, que la PGR estableció una fiscalía especializada en esos casos, caracterizada por su entera inutilidad. Y lo mismo puede predicarse de las procuradurías estatales. Si la ominosa regla es que homicidios y secuestros quedan generalmente impunes, no hay razón para pensar que los casos en que las víctimas son periodistas fueran la excepción.

Con motivo del asesinato de Barrón Hernández, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha formulado una síntesis de los ataques padecidos por el gremio periodístico. De 2000 a 2009 la CNDH ha registrado el homicidio de 50 periodistas profesionales. De 2005 a 2009 ha documentado la desaparición de siete informadores.

El número de expedientes iniciados por violaciones a los derechos humanos de periodistas "muestra una preocupante tendencia al alza", dijo la CNDH, al dar a conocer que en 2000 se abrieron 13 expedientes de esa naturaleza. Fueron 21 al año siguiente y 43 en el 2002. Se redujo el número en 2003, cuando se iniciaron 29 expedientes. Pero desde entonces no ha dejado de subir: 43 en el 2004; 72 en el 2005; 74 al año siguiente; 84 en 2007. El año pasado hubo cuatro casos menos, pero en el primer cuatrimestre de este año se han abierto ya 24. Por eso concluye la Comisión que "el periodismo en nuestro país se ha convertido en una profesión de alto riesgo, sobre todo considerando que estos datos sólo revelan la existencia de casos de los que toma conocimiento la Comisión Nacional, por lo que la cifra real de agravios en contra de periodistas puede ser mayor si se consideran los casos que competen a las comisiones estatales y los que no se denuncian".

Pasado mañana se cumplirán 25 años, un cuarto de siglo ya, de un asesinato emblemático en este campo, el de Manuel Buendía. Ultimado a balazos por la espalda en pleno centro de la Ciudad de México -en la avenida de los Insurgentes no lejos del Paseo de la Reforma- su homicidio permaneció impune largo tiempo y al cabo de otro prolongado lapso puede decirse que sus asesinos siguen sin el castigo pleno que la ley y la justicia les deparaban. José Antonio Zorrilla, el jefe de la policía política del gobierno autoritario que urdió el crimen, salió en libertad en febrero pasado, 10 años antes de cumplir su condena. Lo consiguió por una colusión de funcionarios del gobierno del Distrito Federal que no debe quedar impune.

Cajón de SastreAunque el boletín oficial de la PGR informa que "el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la subdelegación de procedimientos penales en el municipio de Gómez Palacio atrajo la investigación" del crimen de que fue víctima Eliseo Barrón Hernández, es probable que por razones de especialización aborde el caso el fiscal para delitos contra periodistas, Octavio Alberto Orellana Wiarco, que ha tenido un triste desempeño en ese papel, desde que lo asumió en marzo de 2007. Sólo una ventaja tendría este abogado en el conocimiento del caso (aunque podría funcionar también como desventaja): vivió cerca de 30 años en Torreón, donde fue juez penal y notario público, además de dirigir un instituto superior de estudios sobre seguridad pública.

Reforma 28/05/2009