Vanguardia
09 febrero 2012
La Procuraduría General de la República emitió una alerta migratoria para dar con el paradero de cinco ex funcionarios del gobierno de Humberto Moreira, contra quienes existe una orden de aprehensión. Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda ya están internados en el Reclusorio Norte
México, DF. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/330/2011, obtuvo de un Juez de Distrito órdenes de aprehensión en contra de los ex servidores públicos siguientes:
1. Miguel Ramón Rodríguez Flores (Ex Titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila).
2. Héctor Javier Villarreal Hernández (Ex Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila -SATEC-).
3. Sergio Ricardo Fuentes Flores (Ex Administrador General de Políticas Públicas del SATEC).
4. Juan Manuel Froto García (Ex Director General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila).
5. Enrique Ledezma Sánchez (Ex Subadministrador de Políticas Públicas del SATEC).
6. Jaime René Jiménez Flores (Ex Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
7. Jorge López Alarcón (Ex Jefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Por el momento, al ex gobernador Humberto Moreira no ha sido solicitado para declarar en este caso, aunque es probable que en el transcurso de las averiguaciones sea citado.
Cabe señalar que ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila presuntamente cometieron el delito al obtener un crédito de un mil millones de pesos ($1,000’000,000.00), al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto donde supuestamente el H. Congreso del Estado de Coahuila autorizaba al Gobierno a endeudarse y que se afectaran en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales.
El 16 de diciembre de 2010, se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011, ex servidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en complicidad con los ex funcionarios de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, asentando que el crédito había sido inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y 24 de febrero de 2011; con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad.
Comunicado Íntegro
PGR OBTIENE ORDEN DE APREHENSIÓN CONTRA SIETE
EX FUNCIONARIOS POR CRÉDITOS IRREGULARES DEL GOBIERNO DE COAHUILA
La Procuraduría General de la República informa que en relación a la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en septiembre de 2011, por créditos obtenidos presuntamente de manera irregular por ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales dentro de la averiguación previa UEIDFF/FINM17/330/2011, obtuvo de un Juez de Distrito órdenes de aprehensión en contra de los ex servidores públicos siguientes:
1. Miguel Ramón Rodríguez Flores (Ex Titular de la Tesorería General del Estado de Coahuila).
2. Héctor Javier Villarreal Hernández (Ex Secretario Ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila -SATEC-).
3. Sergio Ricardo Fuentes Flores (Ex Administrador General de Políticas Públicas del SATEC).
4. Juan Manuel Froto García (Ex Director General del Fondo de Garantías para el Impulso de la Micro Empresa del Estado de Coahuila).
5. Enrique Ledezma Sánchez (Ex Subadministrador de Políticas Públicas del SATEC).
6. Jaime René Jiménez Flores (Ex Director de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
7. Jorge López Alarcón (Ex Jefe de Departamento por Honorarios, adscrito a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Dichas órdenes se otorgaron por el delito previsto en el artículo 112, párrafo cuarto, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, en grado de tentativa, considerado como grave.
El ejercicio de la acción penal en contra de los ex servidores públicos, se resolvió por su probable responsabilidad en la hipótesis relativa a: “las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, datos falsos sobre el monto de los activos de una entidad, si como consecuencia de ello resulta quebranto patrimonial para la institución”.
Se han cumplimentado las correspondientes a Jaime René Jiménez Flores y a Jorge López Alarcón al ser señalados como cómplices, quienes se encuentran internados en el Reclusorio Norte del Distrito Federal, a disposición del Juez de Distrito.
Los otros 5 probables responsables se encuentran prófugos de la acción de la justicia.
Cabe señalar que ex funcionarios del Gobierno del Estado de Coahuila presuntamente cometieron el delito al obtener un crédito de un mil millones de pesos ($1,000’000,000.00), al presentar en el banco del Bajío documentación falsa, consistente en un decreto donde supuestamente el H. Congreso del Estado de Coahuila autorizaba al Gobierno a endeudarse y que se afectaran en garantía de pago los ingresos de las participaciones federales.
El 16 de diciembre de 2010, se firmó el contrato de crédito simple y el 14 de febrero de 2011, ex servidores públicos de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en complicidad con los ex funcionarios de Coahuila, usaron un sello falso y alteraron el contrato respectivo, asentando que el crédito había sido inscrito en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de la SHCP, lo que originó que la institución bancaria liberara los recursos el 18 y 24 de febrero de 2011; con lo cual se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma penal consistente en el patrimonio de la institución de crédito y en consecuencia su estabilidad.
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