Homicidio industrial

Napoleón Gómez Urrutia


El próximo 19 de febrero de 2012 se cumplen seis años de la tragedia que enlutó a 65 familias de trabajadores mineros, al ocurrir una terrible explosión en la mina de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila. Son seis años del homicidio industrial, como lo califiqué entonces, que se cometió por parte de la empresa Grupo México y de su presidente Germán Larrea; su cuerpo directivo, encabezado por Xavier García de Quevedo, y su consejo de administración, al haber obligado a los trabajadores a laborar en condiciones totalmente inseguras e inhumanas, a pesar de todas las quejas, protestas y paros que el sindicato nacional de mineros, que honrosamente presido, interpuso para presionar a la mancuerna de Larrea y García de Quevedo a cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (artículo 68); en la Ley Federal del Trabajo (artículo 132, fracción 17), y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 123, fracción 14).

Se trata de seis años de impunidad, complicidad y protección hacia Larrea y Grupo México por parte de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Ninguno de los tres –Larrea, Fox o Calderón– se presentó en la mina, ni para dar las condolencias a los familiares y mucho menos para ofrecer los apoyos técnicos, materiales y financieros que se requerían para el rescate de mineros, dejando desamparadas a las familias.

Adicionalmente, al quinto día de la explosión se apresuraron a cerrar y sellar la mina, impusieron al Ejército para terminar de un golpe la continuación de las tareas de rescate y se retiraron cobardemente del lugar, tanto el ingeniero químico y proveedor de Grupo México en sus empresas privadas de San Luis Potosí, Francisco Javier Salazar, improvisado por Fox como secretario del Trabajo, como los administradores de Grupo México dirigidos por el sumiso García de Quevedo.

Con insensibilidad total y una clara y perversa irresponsabilidad, abandonaron a los mineros sin conocer si aún estaban con vida o sin ella y sin escuchar el reclamo, el dolor profundo y el coraje de las familias y del sindicato nacional de mineros ante esa despiadada decisión. Los dejaron a tan sólo 120 metros de profundidad, donde todavía se encuentran este día los cuerpos de 63 de ellos. Querían evitar que se conocieran las causas de la explosión y del derrumbe de la mina, las pésimas condiciones de inseguridad y la falta de salud e higiene que prevalecían, producto de la irresponsabilidad cómplice entre autoridades y empresarios generada por la corrupción compartida.

Para contrastar mejor esa miserable actitud de Larrea y de Grupo México, recordemos que en Chile en 2010, con un gobierno conservador como el actual de México, se logró el rescate de 33 mineros con vida atrapados en la explosión y el derrumbe del 5 de agosto de ese año en la mina San José de Atacama, cercana a San José de Copiapó, en la montaña, en terreno de roca dura, a más de 700 metros de profundidad, a diferencia del terreno suave y plano de Pasta de Conchos. Los mineros de allá fueron encontrados vivos al día 17 de iniciadas las tareas de rescate y nunca los abandonaron, como sí sucedió en Pasta de Conchos al quinto día de la tragedia, condenándolos a la muerte e iniciando de inmediato una persecución política con base en falsas acusaciones contra los dirigentes sindicales mexicanos. Grupo México, de Larrea, y el gobierno de Vicente Fox en complicidad, crearon una cortina de humo para desviar la atención sobre su grave negligencia criminal, pero el rescate en Chile los exhibió ante todo el mundo.
En el país andino, el rescate exitoso duró 69 días, actitud que no vimos en México. Para ilustrar todavía más la mezquindad de Larrea y socios, en Chile negociaron una compensación cercana a un millón de dólares para cada trabajador, mientras que en Pasta de Conchos les ofrecieron en forma indigna y humillante 75 mil pesos, cerca de 7 mil dólares, para cada una de las familias. En contraste, en la mina de carbón de Upper Big Ranch de West Virginia, Estados Unidos, que estalló en abril de 2010 y 29 mineros murieron, el presidente Barack Obama estuvo en varias ocasiones en el lugar del siniestro y se indemnizó a cada familia con 3 millones de dólares.

Germán Larrea al igual que sus socios y cómplices son como unos cuerpos sin alma, sin principios, sin sentido de culpa y mucho menos de responsabilidad personal, social, civil o penal sobre sus actos. La vida humana ajena para ellos no tiene ningún valor.

A raíz de esa vergüenza nacional e internacional, las poderosas organizaciones sindicales mundiales acordaron realizar este año, del 19 al 25 de febrero, intensos Días de acción y lucha más enérgicos que los de 2011, para denunciar al gobierno de Felipe Calderón por inacción, por la represión y las violaciones a los Convenios Internacionales sobre el respeto al Derecho de Asociación, a la Autonomía y a la Libertad Sindical. Los argumentos son evidentes, la situación de los trabajadores en México se ha deteriorado, los sistemas abusivos de contratos de protección se han extendido, la intimidación física, legal y la tortura sicológica contra los trabajadores se ha reforzado, actuando en complicidad las corporaciones y el gobierno.

El mundo los está observando y los ha condenado. Los organismos sindicales internacionales están movilizándose con actos de protesta frente a embajadas y consulados de México y escribiéndole cartas a Felipe Calderón para que detenga esta agresión y respete los derechos laborales y humanos. De no ser así, las acciones se elevarán hasta que se detengan los abusos de poder, la corrupción y las constantes violaciones al estado de derecho. Esa clase de empresarios, el PAN y Calderón deben de inmediato corregir sus acciones contra el pueblo de México, antes de que se les termine el tiempo y la condena contra ellos se sostenga permanentemente, hasta llevarlos a juicio.