Vanguardia
24 febrero 2012
Ayer continuó en Saltillo la “cacería” de individuos que, de acuerdo con el caso armado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, pese a trabajar formalmente en las corporaciones de seguridad y en las instituciones de procuración de justicia, en realidad servían a los intereses del crimen organizado.
El coordinador del Grupo de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, Everardo Rosales Saucedo, además de elementos de la policía municipal de Saltillo y de la policía estatal, fueron arrestados ayer como probables responsables de delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Se trata de arrestos derivados de la investigación revelada la semana anterior y, según la cual, el crimen organizado habría logrado penetrar en Coahuila los cuerpos de seguridad a un nivel que implicaría al mismo exfiscal Jesús Torres Charles, dado que un hermano suyo habría sido uno de los principales “socios” de la delincuencia.
Se trata, a no dudarlo, de un escándalo monumental, pues de resultar ciertas las afirmaciones realizadas por un par de testigos protegidos, quienes habrían proporcionado información que permitió rastrear las comunicaciones y el flujo de dinero de la citada red de protección, nos encontraríamos ante la evidencia de que el sistema de seguridad y justicia de Coahuila se pervirtió totalmente en la administración anterior.
Por ello mismo, asombra que las autoridades locales insistan en señalar que “nada saben” del asunto y que la información que poseen al respecto es tan sólo la que se ha publicado en los medios.
Ayer mismo, el aún flamante vocero de seguridad del Gobierno de Coahuila, Sergio Sisbeles Hernández, declinó proporcionar datos precisos respecto de las detenciones efectuadas en esta ciudad, lo cual en poco ayuda a entender lo que está ocurriendo.
Sin duda lo que más interesa a los ciudadanos es tener claras las implicaciones de esta presunta red de corrupción descubierta y saber si el Gobierno del Estado está colaborando o no en el proceso de “limpia” que, al menos en teoría, estas revelaciones hacen ver como urgente.
Más allá de las detenciones de prominentes miembros del sistema de seguridad pública de Coahuila, ¿qué está haciendo el Gobierno del Estado para revertir la situación de deterioro de los cuerpos de seguridad del Estado y reconstruir la procuración de justicia en Coahuila?
¿En qué medida le preocupan al Gobierno del Estado las detenciones de funcionarios que parecen evidenciar la existencia de una extensa red de corrupción para brindar protección a grupos criminales desde el poder?
Se agradecería, por supuesto, que se considerara la necesidad de ofrecer una respuesta puntual a una sociedad que al menos espera una explicación puntual por parte de sus autoridades.
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