José Gil Olmos
15 de junio de 2011
MÉXICO, D.F., 15 de junio (apro).- Al iniciar su recorrido por el centro y norte del país con destino Ciudad Juárez los integrantes de la Caravana por la Paz, con Justicia y Dignidad tenían previsto que se encontrarían con muchas historias de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico, pero las previsiones fueron, por mucho, rebasadas y lo que se registró fue una situación de drama, dolor, abandono, miedo e incluso, terror de miles de familias que sufren condiciones tan trágicas que nadie, ni el gobierno ni el ejército o la opinión pública, ha atendido con la gravedad que representa.
Hoy que algunos articulistas, organizaciones de extrema izquierda y de derecha están centrados en desmeritar y desvirtuar la Caravana encabezada por el poeta Javier Sicilia criticando la confusión generada en Ciudad Juárez por la firma del Pacto por la Paz, es necesario recordar que el sentido original y más importante de este movimiento era, y es, hacer visibles a las víctimas de esta guerra absurda que ha metido al país en una espiral de violencia que registra 40 mil muertos, 10 mil desaparecidos y al menos 120 mil desplazados que huyen del horror de la violencia en sus lugares de origen.
La razón de ser de este movimiento ciudadano no ha sido alcanzar cotos de poder ni políticos, menos electorales, sino manifestar el descontento de las víctimas de una guerra que nadie pidió, y exigir a todos los gobiernos, así como a los poderes Judicial y Legislativo, que actúen como representantes populares y detengan esta estrategia militar y policíaca de combate al crimen organizado.
Sin experiencia, sin recursos, sin una estructura organizativa, en menos de tres meses esta movilización ciudadana se ha transformado en un movimiento nacional que, de manera natural, ante la necesidad ciudadana de tener una forma de expresión, ha comenzado ha aglutinar a todos aquellos que son victimas no sólo de la violencia sino de una mala administración gubernamental, del olvido de la justicia, de la corrupción y de la impunidad.
Esta falta de organización ha tenido, sin embargo, sus costos, como se hizo evidente en los retrasos en las dos marchas que han realizado en abril y mayo, así como en la Caravana que partió de Cuernavaca hasta llegar a Ciudad Juárez para firmar el Pacto de Paz donde las presiones de grupos radicales, del tiempo y ausencia de comité representativo hizo que se confundieran los resolutivos de las auditorías con el contenido del pacto que desde el 8 de mayo tiene definidos los seis puntos centrales.
No obstante, la esencia de ser un movimiento ciudadano, basado en las víctimas que han perdido a un familiar o han sufrido desapariciones, secuestros, extorsiones, nadie lo puede criticar ni cuestionar, ni las izquierdas o derechas más radicales, los políticos, el gobierno federal, autoridades o las agrupaciones civiles que lo ven como competencia. Menos los articulistas que están identificados con ciertos personajes del gobierno como Genaro García Luna.
Con esta meta, una de las revelaciones que la Caravana tuvo en su recorrido de tres mil kilómetros es la situación dramática que sufren las familias en cada estado, en cada zona o región, en cada comunidad o plaza por los muertos y desaparecidos que todos los días se presentan.
Esto es, que en el escalafón del terror y de la violencia Juárez ya no es el epicentro del dolor de esta guerra absurda, como se creía, sino que es el “síntoma” más claro que refleja una condición similar o peor de violencia y muerte como en las ciudades de Durango, Monterrey, Torreón y Saltillo.
En esta ruta del dolor y del terror, la Caravana hizo visibles a las víctimas de esta violencia que por miedo a los grupos criminales, a las autoridades, a las policías e incluso al Ejército, no habían denunciado sus casos. Verse reflejados por otras víctimas, no sentirse solos, sentir que alguien puede escucharlos, les ayudó a romper el silencio que habían guardado por mucho tiempo.
Pero quizá la mayor revelación fue descubrir que el problema más fuerte y profundo de esta región del país son los miles de desaparecidos que desde hace unos años se han registrado y que muchos de estos casos no son denunciados por temor
Desde Michoacán hasta Chihuahua, con especial acento en Durango y Coahuila, los casos de desaparecidos fueron la constante. Llamó la atención que en algunos se trataba de policías que habían desaparecido luego de que detuvieron a miembros del algún grupo criminal.
En el caso de los desparecidos, la tragedia es mayor porque los familiares siguen esperando con vida a que regresen y no dejan de tener esa esperanza, a pesar de las señales más ominosas de las autoridades locales que les dicen “seguramente estaban metidos en el negocio” y evaden realizar una investigación.
Ninguna autoridad estatal o federal tiene un registro de los desaparecidos, sólo el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias presentó el pasado 31 de marzo un informe especial sobre la situación de 3 mil desaparecidos en la Ciudad de México, Chihuahua, Ciudad Juárez, Acapulco, Atoyac de Álvarez, Chilpancingo y Saltillo.
No obstante, las estimaciones de agrupaciones ciudadanas es que podría haber hasta 10 mil desaparecidos en todo el país.
Ante esta realidad trágica y dramática que viven ciertas zonas del país, las criticas al movimiento ciudadano que encabeza el poeta Javier Sicilia quedan en segundo plano, como parte de los tradicionales desacuerdos que ha tenido la izquierda mexicana pero que poco a nada puede criticar frente a un movimiento preocupado en detener la espiral de violencia que se ha llevado a miles y cientos de mexicanos y que el gobierno de Felipe Calderón sigue considerando como “bajas colaterales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario