En la víspera del fin de campañas, PRI y PAN se enfrascan en una serie de acusaciones mutuas a nivel local y nacional, que empañan el proceso y dejan a la luz presuntos actos de corrupción
Jesús Castro, Antonio Ruiz y Agencias
29-Junio-2011 .
Saltillo. Previo al cierre de las campañas electorales y a sólo cuatro días de que los coahuilenses acudan a las urnas para decidir quién tomará las riendas del Estado los próximos seis años, los dos principales partidos se han lanzado acusaciones mutuas sobre presuntas irregularidades en las que estarían inmiscuidos distintos actores políticos.
Por una parte, ayer legisladores del PAN pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público investigar la presunta falsificación de información oficial para solicitar créditos de deuda pública a nombre del Gobierno de Coahuila con instituciones bancarias privadas, durante la administración de Humberto Moreira, documentos expedidos por el SATEC.
Además, demandaron la investigación de los fondos de Prodemi, que depende del SATEC y recauda 250 millones de pesos al año por cuotas de 75 pesos por tonelada de carbón a productores de Coahuila, quienes no reciben los beneficios de dicha aportación.
En rueda de prensa en el DF, el senador Federico Döring, delegado del PAN en Coahuila, presidió la presentación de documentos con los que afirman que Javier Villarreal, titular del SATEC, engañó a la SHCP, citando dos decretos donde supuestamente el Congreso local autorizaba endeudarse, primero con mil millones, y luego con 2 mil millones de pesos.
A la presentación asistieron los diputados locales Rodrigo Rivas, Ester Quintana y Mario Dávila, y el presidente del CDE del PAN, Carlos Orta, así como el diputado federal Jesús Ramírez.
Rodrigo Rivas quien presentó un documento expedido por el SATEC en el que el Gobierno del Estado pide a SHCP su anuencia para adquirir un crédito por 2 mil millones de pesos, con instituciones financieras particulares.
El documento señala que el endeudamiento fue autorizado por el Congreso estatal, y expone que tal autorización está contenida en el decreto 476, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre de 2010.
Rivas afirma que dichos datos son falsos, toda vez que el decreto 476 no fue publicado sino hasta el 19 de abril del 2010, lo cual podría parecer un error, si no fuera porque ese decreto se refiere no a un préstamo, sino al nombramiento de Deyanira de la Cruz García como regidora suplente del Cabildo de General Cepeda.
“Ellos solicitan el crédito con un decreto falso, que no corresponde a dicho decreto”, dijo el legislador, quien pidió cárcel para el ex gobernador y actual líder nacional del PRI, Humberto Moreira.
Por su parte, Ester Quintana mostró otro documento por el que el SATEC solicita a la SHCP avale un crédito con financieras particulares, esta vez por mil millones de pesos, presentando el número de decreto en el que presuntamente el Congreso de Coahuila autorizó tal endeudamiento.
Señala la diputada que según el documento tal aprobación está en el decreto 318, del 12 de julio en el Periódico Oficial, pero al consultar ese decreto, aparece que su contenido es para nombrar a José Luis González como contralor interno del IEPC en Coahuila; la publicación tiene fecha del 12 de octubre del 2010.
“Presentaron información falsa, mintieron, engañaron a la SHCP y a los bancos para endeudar a Coahuila”, señaló Quintana.
En su intervención, Mario Dávila denunció el uso de los recursos de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, de forma discrecional por parte del SATEC, cuyas altas cuotas no se traducen en beneficios para los productores del carbón de Coahuila.
Por otra parte, a través de Internet y en los últimos días entregado en los hogares coahuilenses, un video del PAN señala una presunta “red de corrupción, negocios turbios y tráfico de influencias” de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, gobernador con licencia y candidato del PRI a la Gubernatura de Coahuila.
En él, el PAN denuncia que los miles de millones de pesos de endeudamiento del Gobierno de Coahuila supuestamente se han destinado “con absoluto descaro a engrosar las fortunas personales de la familia Moreira y sus incondicionales”.
Según la denuncia, “la red de corrupción incluye al abogado de San Antonio, Texas, Rubén Flores Jr., involucra también directamente a Vicente Chaires, ex secretario de administración del Estado y actual coordinador administrativo del CEN del PRI, a quien se pide investigar por el crecimiento de sus bienes en Coahuila y Texas.
También se señala a Javier Villarreal, a Francisco Javier Flores Valdés, Lorenzo Schuessler, Paola Hernández y los padres del propio Villarreal.
Contra el PAN
En contraparte, a nivel nacional fue señalado el supuesto uso de recursos públicos procedentes del Gobierno de Sonora y de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para la campaña proselitista del candidato panista Guillermo Anaya.
De acuerdo con la edición 1808 de la Revista Proceso, una serie de conversaciones contenidas en un dispositivo magnético hecho llegar a su redacción de manera anónima, registra la forma en que presuntamente Luis Fernando Salazar, ex delegado de Sedesol en Coahuila y quien actualmente coordina la campaña de Anaya, se pone de acuerdo con el director general de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social para recibir apoyos, así como con el subsecretario de Hacienda de Sonora -entidad gobernada por el panista Guillermo Padrés–, de donde también se destinaría ayuda para la campaña.
En otro video difundido el fin de semana por el diputado local priísta Francisco Tobías, se destacan las presuntas relaciones de Anaya con personajes del crimen organizado como Sergio Villarreal "El Grande".
Además, el mismo Guillermo Anaya fue señalado por haber adquirido al 10 por ciento de su valor una propiedad en Durango que, según se dijo, tiene un costo aproximado de 46 millones de pesos. El abanderado albiazul salió a desmentir la información asegurando que el rancho en cuestión carece de servicios y la transacción estaba en su declaración patrimonial.
En otro frente, el diputado federal panista, Jesús Ramírez Rangel, fue acusado por “coyotaje” presuntamente por haber obtenido ganancias millonarias por prestar a productores de carbón servicios profesionales de asesoría y cabildeo ante las dependencias del Gobierno Federal, de las cuales una parte habría ido a parar también a la campaña electoral del abanderado de la alianza PAN-UDC.
Tras difundirse la información, el mismo Ramírez Rangel señaló, a través de un comunicado, que "se trata de un servicio que como profesionista independiente presté a los productores de carbón de Coahuila para que lograran un precio más justo por su trabajo. Esto fue en los años 2007 y 2008, mucho antes del proceso electoral que me dio la oportunidad de servir desde la Cámara de Diputados.
“Los contratos en cuestión son privados, como la gran mayoría de los servicios profesionales y están avalados por los propios productores de carbón y el Gobierno de Coahuila, entonces a cargo de Humberto Moreira".
Sobre el mismo señalamiento, el senador Ernesto Saro Boardman mencionó que no se puede hablar de “coyotaje”, cuando el diputado federal del PAN sólo asesoró a los mineros de la Región Carbonífera en la constitución de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila (Prodemi), y vender a un precio más justo millones de toneladas de carbón a la CFE.
“Desconozco el convenio que los mineros hayan hecho con el diputado Jesús Ramírez Rangel, pero es una actividad privada que fue contratada por los mineros y que fue exitosa, tan es así que eso dio la base para crear la Prodemi, la cual se ha desvirtuado desde hace seis años”, dijo.(Con información de Jesús Castro, Antonio Ruiz y Agencias)
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