JESUSA CERVANTES
Entre reuniones fuera de agenda con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, convivios fallidos con la procuradora Marisela Morales y "periodicazos", los priistas aseguran que no tolerarán que se conculquen las leyes y se violente el estado de derecho. En medio de todo, denuncian el desaseo por el caso Hank Rhon e insisten en que el gobierno pretende difundir expedientes negros para denostar a algunos de sus correligionarios en vísperas de los comicios del próximo 3 de julio. La noche del lunes 13, la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, dejó plantados a los 14 comensales con los que había acordado tener una "plática de amigos" y abordar temas diversos, entre ellos el de los llamados expedientes negros contra funcionarios, militantes y dirigentes del PRI y del exalcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, arrestado la madrugada del sábado 4 por elementos del Ejército.
La cita se programó para las nueve de la noche en la Hacienda de los Morales, en Polanco. Ahí acudieron, puntuales, los gobernadores priistas de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú; de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz, y de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.
Estuvieron también los diputados federales Felipe Solís Acero, Rogelio Cerda, David Penchyna y Jesús Alfonso Navarrete Prida; el senador Jorge Mendoza Garza; Homero Cárdenas Garza, quien fuera el segundo hombre en importancia de Multivisión; Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana Prieto, secretario general y tesorero, respectivamente, del Sindicato de Trabajadores Petroleros; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, director del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el general diplomado del Estado Mayor Moisés García Ochoa.
García Ochoa, quien fungió como secretario particular del titular de la Sedena durante el sexenio foxista, general Clemente Vega, y hoy se desempeña como director general de la dependencia, es amigo entrañable de la procuradora y fue el que organizó el convivio.
Alrededor de las 11 de la noche, Morales Ibáñez se comunicó al restaurante para informar que no podía asistir. "No detalló los motivos, pero todos supusimos que era por el caso Hank Rhon", dijo uno de los asistentes, y añadió: "La liberación definitiva (del exalcalde de Tijuana) al siguiente día nos dio la razón de por qué la procuradora no llegó a la cena".
Proceso buscó a varios de los asistentes, pero adujeron que como la reunión no tuvo carácter "oficial", era innecesario hablar al respecto. Algunos, sin embargo, comentaron que se invitó al director del Servicio de Administración Tributaria por ser pieza clave en las indagatorias sobre enriquecimiento ilícito o lavado de dinero enderezadas contra los priistas.
Consultados por la reportera, otros contertulios expresan que es factible que en los próximos días, cuando se cumpla el primer aniversario del asesinato del candidato de su partido al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la administración calderonista informe sobre los avances de las pesquisas e intente vincular en el caso al exgobernador Eugenio Hernández Flores.
La intención sería "relacionar al PRI con el crimen organizado, el enriquecimiento ilícito o el abuso de funciones", dice uno de ellos.
Por cierto, en una de sus últimas visitas al Distrito Federal, el candidato Torre Cantú estuvo en la Hacienda de Los Morales en una reunión que Homero Cárdenas, también tamaulipeco, organizó a sus paisanos radicados en la Ciudad de México. Tres meses después, el 28 de junio de 2010, un comando ejecutó al priista y a varios de sus colaboradores en el tramo carretero Ciudad Victoria-Soto la Marina.
Por lo que atañe a Hernández Flores, los priistas están preocupados porque aun cuando su dirigente nacional, Humberto Moreira, quien asumió el cargo el pasado 4 de marzo, anunció que el 20 de mayo nombraría al exmandatario como secretario técnico del Consejo Político Nacional, posición desde la cual se coordina la relación con los gobernadores, hasta hoy no lo ha hecho.
Varios de sus correligionarios aseguran a Proceso que Eugenio Flores Hernández "abandonó el país". La última vez que se le vio en un acto público fue el 2 de mayo, cuando Humberto Moreira, Emilio Gamboa Patrón, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones Rivera tuvieron un encuentro en un restaurante de la Ciudad de México.
Tensión priista
El 29 de mayo por la noche, seis días antes de que un grupo de soldados irrumpiera en la residencia de Hank Rhon y la Procuraduría General de la República (PGR) lo acusara de acopio de armas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 15 de los 19 gobernadores del PRI se reunieron con la dirigencia nacional de ese partido y con los coordinadores parlamentarios, el senador Manlio Fabio Beltrones y el diputado Francisco Rojas.
El propósito era delinear una estrategia general para los comicios del próximo 3 de julio en Coahuila, Nayarit, Michoacán y el Estado de México, donde habrá cambio de gobernador, así como en Hidalgo, donde se renovarán los ayuntamientos, y preparar el escenario para la elección presidencial de 2012.
Los gobernadores hablaron también de los golpes que el gobierno federal les estaba propinando al retenerles los recursos federales y las participaciones. El hidalguense Olvera Ruiz encendió los ánimos de sus pares al mencionar los expedientes negros del gobierno federal contra algunos de ellos, en los que los acusa de tener presuntos nexos con el narco y de desvío de recursos, asegura uno de los priistas consultados.
Entrevistado sobre el tema el miércoles 15, un día después de la liberación de Hank Rhon, el vocero del PRI, David Penchyna, ataja la pregunta: "Esa es una afirmación que no comparto. Estuve en esa reunión y no escuché eso que tú afirmas. La hicimos para evaluar cómo íbamos en materia electoral; también plantearnos retos y adversidades que estamos viviendo en materia económica en las entidades (en las cuales habrá comicios).
"Nos planteamos la problemática de Michoacán, que era un tema en ese momento, y nos planteamos también el derrotero de mantenernos unidos y que justamente –subraya–, ante el ataque mal habido (contra Hank Rhon), fuera de lugar, fuera de nuestra Constitución, exigiríamos el respeto al derecho."
Ante el tema de los expedientes negros, Penchyna comenta: "Si ante su falta de competitividad electoral, su estrategia (la del gobierno federal) es denostar, enlodar la política, judicializar la política, hacer uso indebido de atribuciones y de funciones mediante filtraciones y expedientes negros, como tú los llamas, es asunto de ellos. Por eso nuestro discurso: no nos vamos a mover. Lo que exigimos es que se respete el estado de derecho, la Constitución y las leyes que de ella emanan".
El 30 de mayo, al día siguiente del encuentro con los gobernadores de su partido, el presidente del PRI se refirió al asunto de los expedientes negros: "Esa es rumorología. No se puede poner en práctica la política de terror; no se puede vivir bajo esa política de terror".
Y en relación con el exgobernador Hernández Flores, Moreira dijo que la dirigencia "no está cerrada a nadie"; incluso retó a las autoridades federales: "Todos los exgobernadores hicieron un trabajo. En materia de seguridad, su esfuerzo está acreditado; los respaldamos. Solicitaremos a la Procuraduría (General de la República) y a las demás instancias que, si tienen algo que exponer, lo muestren, para terminar con esta rumorología".
Horas después, el 31 de mayo, Moreira acudió al palacio de Covián, donde platicó en privado con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. A su vez, Ricardo Nájera, vocero de la PGR, declaró que la dependencia no ha citado a ningún exmandatario o gobernador. "En caso de indagatoria, la institución actuará con apego a derecho. De existir alguna acción jurídica, se citará a quien corresponda", dijo.
Aun así, la madrugada del sábado 4 el excandidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rhon, fue detenido, acusado y encarcelado. Diez días después fue liberado por orden de una juez federal "por falta de pruebas".
Amenazas anunciadas
A principios de la segunda semana de marzo último, entre los dirigentes priistas creció el rumor sobre la existencia de los expedientes negros. Marisela Morales aún era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cargo al que llegó el 3 de julio de 2008.
La funcionaria operó desde ahí, por ejemplo, la detención de 35 ediles de Michoacán en mayo de 2009 en vísperas de las elecciones federales de ese año. A los detenidos se les acusó de presuntos nexos con el narcotráfico. Hoy todos están libres por falta de pruebas.
Por esas fechas ya era público que Arturo Chávez Chávez saldría de la PGR. Priistas de los grupos de Beltrones Rivera y Peña Nieto consultados por la reportera aseguran que es posible que fuera removido por negarse a elaborar esos expedientes.
Dicen que se enteraron de que personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales estaba elaborando los legajos; aseguran incluso que supieron que el primero en caer "sería el exgobernador mexiquense Arturo Montiel".
A él se le abrió un expediente por delincuencia organizada en 2005, precisamente cuando buscaba la candidatura presidencial. Tuvo que retirarse de la contienda interna de su partido. Al final, la PGR archivó el caso, no así la procuraduría mexiquense, que acusó a Montiel de "enriquecimiento ilícito". La averiguación sigue abierta, confirma el exprocurador Alfonso Navarrete Prida.
Los priistas admiten que pensaron que las acusaciones en su contra se desatarían después de las elecciones del 3 de julio en el Estado de México. Pero el arresto de Hank Rhon los puso en alerta. Sobre todo porque el lunes 13 el periódico Reforma informó que el coordinador administrativo del CEN del PRI, Vicente Chaires Yáñez, se enriqueció en los últimos años.
El lunes 13, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake, se reunió durante una hora en sus oficinas con el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Según la versión oficial del encuentro, difundida por esa dependencia, la reunión tuvo como propósito establecer compromisos de colaboración para garantizar unos comicios equitativos y pacíficos en el Estado de México.
Blake es tijuanense y amigo del presidente Calderón, mientras que Peña Nieto forma parte del Grupo Atlacomulco, al que se asocia indefectiblemente a los Hank. De hecho, al día siguiente Hank Rhon recuperó su libertad y los ataques mediáticos contra los priistas cesaron.
El 6 de abril pasado, el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, se reunió con varios militares, incluidos los generales García Ochoa y Jorge Juárez Loera, quien fue ejecutado el 21 de mayo.
Juárez Loera advirtió a Moreira que si en la Cámara de Diputados la bancada del PRI no sacaba las reformas a la Ley Nacional de Seguridad, a través de las cuales se pretende legitimar el combate al narcotráfico por parte del Ejército, e incluso avalar la detención en "flagrancia", se darían a conocer los expedientes negros de priistas, gobernadores y exgobernadores (Proceso 1799).
Los priistas consultados insisten en que los expedientes son reales. Incluso aseguran que antes de que se intentara implicar a Hank Rhon en dos presuntos asesinatos, ellos supieron que el propósito era dar tiempo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que aportara datos incriminatorios a las autoridades mexicanas.
También se enteraron de que el gobierno federal trataría de incriminar al exgobernador tamaulipeco Eugenio Hernández por la muerte de Rodolfo Torre Cantú; al chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía, por presunto enriquecimiento ilícito; al exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza; al presidente del PRI, Humberto Moreira, por presuntos vínculos con el narcotráfico, y al mexiquense Arturo Montiel, por enriquecimiento ilícito.
Algunos dicen que Montiel acudió a Los Pinos para entrevistarse con Felipe Calderón y negociar su exoneración; y reiteran que Hernández Flores ya abandonó el país. Uno de los consultados, cercano a Peña Nieto, resume la situación: "Los ataques son por no haber aprobado la Ley de Seguridad, pero también están encaminados a denostar al PRI en las próximas elecciones".
Por ello, el miércoles 15, varios expresidentes del PRI, entre ellos Beatriz Paredes Rangel, María de los Ángeles Moreno, Mariano Palacios Alcocer, Santiago Oñate Laborde, Rafael Rodríguez Barrera y José Antonio González Fernández, se reunieron en una residencia del sur de la Ciudad de México para discutir acerca de los embates del gobierno federal contra su partido y definir la estrategia para enfrentar "el golpe" que, dijeron, prepara el gobierno calderonista. El encuentro duró tres horas.
Proceso
20/06/2011
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