LUCIANO CAMPOS GARZA
La violencia criminal se ha desbordado en Nuevo León como en pocas otras partes del país. No hay día sin tiroteos entre sicarios y fuerzas públicas. Las ejecuciones se han multiplicado y los colgados y los descuartizados son la moda. El gobernador Rodrigo Medina no ha podido frenar la ola de sangre que, además, ya lo tocó de cerca, con el asesinato de dos de sus escoltas. Es hora de que renuncie, dicen sus opositores radicales.
MONTERREY, NL.- La violencia criminal que aqueja a Nuevo León empezó a cercar al gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz. El miércoles 15, el estado vivió la jornada más sangrienta de su historia con 33 asesinados por el crimen organizado, dos de los cuales eran escoltas del mandatario priista.
Ese día, a las siete de la mañana con 40 minutos, en el cruce de Arteaga y Chapultepec, en Guadalupe, fueron abandonados los cuerpos destazados de dos agentes del grupo de élite de la policía de Nuevo León, identificados como José Antonio Cerda El Cabrito y Juan Manuel García El Negro, guardias personales de Medina. Los cadáveres desmembrados estaban envueltos en sábanas y la cabeza de uno de ellos estaba en una cubeta.
En una de las sábanas los asesinos le dejaron un mensaje al mandatario: "Para el gobernador Rodrigo Medina. Aquí están dos de tus escoltas, muy buenos para agarrar dinero de la campaña 'Z' y nomás llegó y se le olvidó si siempre vas a estar en el poder. Al rato se te acaban seis años. A ver donde chinendes te metes si no antes".
Medina respondió en su cuenta de Twitter: "Las amenazas no me detendrán para luchar por un Nuevo León seguro". Después apareció en un acto público: dio inicio a unos trabajos de reparación vial, a un año del paso de la tormenta tropical Álex. Se veía desencajado. Luego respondió a las preguntas de la prensa y reiteró que no sería intimidado por mensajes.
"Al pueblo de Nuevo León, mi compromiso indeclinable de luchar por un Nuevo León seguro; ninguna amenaza, ningún mensaje nos va a hacer que nos detengamos en esta lucha. Tenemos que seguir adelante de manera unida, fortaleciendo las instituciones y combatiendo a la criminalidad", afirmó.
Crueldad en ascenso
Sin embargo, las muertes de sus escoltas –quienes fueron levantados un día antes en Zuazua– estuvo ligada a otros hechos de la racha sangrienta de ese día 15.
A las 10:45 en el municipio de Pesquería, 40 kilómetros al noreste de Monterrey, fueron abatidos cinco presuntos pistoleros. En su poder tenían una camioneta presuntamente usada para levantar a los guardias y transportar sus cadáveres.
El jueves 16, el Ejército detuvo en una redada a 22 policías y cuatro agentes de tránsito de Zuazua, 34 kilómetros al norte de la capital estatal. Se les investiga por su presunta participación en el levantón de los escoltas.
Marcelo Ebrard, jefe del Gobierno del Distrito Federal, se manifestó solidario con Medina a nombre de todos los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); señaló que la violencia desatada en Nuevo León es una respuesta de los criminales ante el operativo nacional impulsado desde esa asociación de mandatarios.
"Hay una reacción, hay un objetivo evidente de tratar de intimidar a la autoridad del estado y a su gobernador, y lo que tenemos que hacer es redoblar el paso, seguir adelante y no aceptar ningún tipo de intimidación frente a estos operativos, son un instrumento que seguramente está lesionando los intereses de estos individuos", dijo Ebrard.
En Nuevo León las ejecuciones se han vuelto cotidianas, pero los parámetros del horror se han elevado: los decapitados son exhibidos públicamente o se ejecuta a las víctimas colgándolas desde los puentes y luego baleándolas. Incluso uno de los colgados fue quemado vivo.
Las estadísticas criminales en el estado crecen día a día. Según cifras de la procuraduría estatal, mayo fue el mes más violento en la historia de la entidad con 241 ejecuciones. Hasta ese mes, en 2011 ocurrieron 737 asesinatos y es posible que en breve se rebase el número de 828, que fue el de todos los ejecutados del año pasado. Desde 2008 hasta el mes pasado se cometieron 2 mil 95 homicidios dolosos en Nuevo León. Ahora la moda en el paisaje criminal de la entidad son los colgados.
El último día de 2010 apareció colgado de un puente en la colonia Mitras Norte, semidesnudo, el cuerpo de una secuestradora que horas antes había sido rescatada a punta de pistola del penal de Topo Chico.
Parecía un hecho aislado, pero la racha de colgados siguió y arreció el domingo 5, cuando en un puente de la avenida Gonzalitos aparecieron dos colgados. A uno le habían cortado una pierna que estaba en la banqueta, debajo del cadáver.
La mañana del miércoles 8, dos hombres fueron colgados de las muñecas del puente vial de Revolución y avenida Chapultepec, en Monterrey. A uno le dispararon en la cabeza y murió ahí. Al otro también le dispararon, pero el tiro le dio en un brazo y el ejecutor, a su vez, fue acribillado. El herido estuvo colgado, gritando de dolor, hasta que lo rescataron socorristas media hora después.
Sin ley
A raíz de la violencia, en el área metropolitana de Monterrey en las noches no hay agentes de tránsito. Después de que en enero y febrero arreciaron las ejecuciones de estos policías de crucero ya nadie controla los flujos vehiculares. Los rondines de las policías municipal y estatal se hacen en convoyes de tres o más patrullas con agentes armados con fusiles.
De los 51 municipios de la entidad, 14 carecen de policía: Parás, Bravo, China, Los Herrera, Los Ramones, Agualeguas, Melchor Ocampo, General Terán, Hualahuises, Doctor Coss, Cerralvo, Los Aldama, General Treviño y Doctor González. Los patrullajes preventivos los hace ahí la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Eventualmente el Ejército desarma a las corporaciones de otros municipios para interrogar a algunos de sus agentes en averiguaciones previas de las que nunca se informa el desenlace.
En las calles de la zona urbana de Monterrey el trabajo preventivo lo hace el Ejército, que efectúa rondines a todas horas y en cualquier lado. Son quienes protagonizan la mayoría de los enfrentamientos armados y pretenden pacificar la ciudad.
El 19 de enero, la Agencia Estatal de Investigaciones asumió el combate a las bandas del crimen organizado al establecer puntos de revisión aleatorios en la zona metropolitana para detectar autos robados. Pero la medida, que irritaba a los conductores que se atoraban en el tráfico por las revisiones, fue paulatinamente abandonada y actualmente ya sólo se hacen esporádicamente.
Piden su renuncia
Omar Pérez Ortega, diputado local panista y criminólogo, considera impropio que los soldados hayan desplazado a la Secretaría de Seguridad Pública estatal, cuyo titular también es un militar: Jaime Castañeda Bravo.
"Tenemos una policía débil, infiltrada, que no da confianza y que ha tenido que ser desplazada por el Ejército y la Marina, con el refuerzo de la Policía Federal. Tanto tiempo que se dejó a la policía estatal sin capacitación hace que Nuevo León sea hoy una de las entidades más violentas y con menos seguridad para los ciudadanos", dice Pérez Ortega.
"El gobernador ha perdido el rumbo del estado, ha tenido que llamar al Ejército para darle tranquilidad al ciudadano.
Desgraciadamente su equipo de trabajo lo ha dejado completamente solo, no le ha dado un respaldo y eso no beneficia en nada a un Nuevo León pujante, de empresarios, que traía muchísima inversión extranjera", señala.
Percepción similar tiene Luis Farías, presidente del partido estatal Cruzada Ciudadana, quien considera que Nuevo León se encuentra en estado de guerra mientras la ciudadanía vive "en la total indefensión", con policías de los tres niveles ausentes y con una indefinición de responsabilidades frente a la crisis de seguridad.
"En lugar de prevención se hace reacción a hechos consumados. Las declaraciones de la autoridad municipal de Monterrey dicen que no ocurren por su falta de vigilancia. Cuando hay actos delictivos de gran envergadura, la autoridad estatal dice que corresponde el problema a la federación, y cuando la autoridad federal es rebasada dice que la competencia es estatal", señala el también regidor de Monterrey.
Ventura Gómez Ovalle, dirigente del PRD en esta ciudad, considera que frente al enorme problema de inseguridad que vive el estado, Medina de la Cruz debería considerar su renuncia.
"La respuesta del gobernador es tan nula que va a tener que renunciar, yo creo que ya lo está meditando. La salida puede ser aventar el barco y que venga alguien que lo releve. Lo vemos con falta de carácter, él mismo se dará cuenta de que no puede con el paquete. A lo mejor se va con su amigo, el candidato del PRI a la Presidencia, a coordinarle la campaña, para darle una salida decorosa", dice.
Frente a la andanada de críticas contra el gobernador, el diputado local tricolor César Garza Villarreal esgrime el discurso del conflicto generado en años anteriores y por causas ajenas a la entidad.
En su diagnóstico, el problema ha sido ocasionado por el pleito entre Los Zetas y el cártel del Golfo, que pretenden expandir aquí sus territorios de acción. Cuando se le pregunta si el estado no debe impedir que la gente sea ejecutada en la calle, pide no confundir "la tormenta con el responsable del timón".
"La tormenta no es culpa del gobierno, obedece a un fenómeno de carácter nacional e internacional, del que Nuevo León es víctima por un estado sede de organizaciones criminales, como Tamaulipas. La crisis económica que no se logra superar.
La errática estrategia para impedir la importación ilegal de armas. La ausencia de estrategias contra el lavado de dinero. Todo esto ha propiciado la tormenta", dice.
Garza destaca la labor de vanguardia en el país que ha hecho Nuevo León para depurar su policía estatal.
Como una de las medidas más recientes para apuntalar el combate al crimen, el Consejo de Seguridad del Estado tuvo la idea de ordenar, por decreto municipal, que se retiraran los polarizados de los cristales de los coches.
La medida fue acatada a medias por los ayuntamientos. Monterrey y San Pedro anunciaron que la someterían a consulta pública. Otros, como los de Escobedo, dijeron que analizarían la medida. Apodaca dijo que ayudaría a quitar el plástico ahumado, pero descartó aplicar sanciones.
Guadalupe comenzará a sancionar coches con vidrios oscuros a partir del 1 de julio.
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El jueves 16, el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos, presentó a Jesús Eduardo Cárcamo Rocha La Mija, de 18 años, como copartícipe del secuestro y ejecución de los dos escoltas del gobernador.
Originario de Nuevo Laredo, La Mija fue detenido tras la balacera en Pesquería, donde murieron cinco de sus acompañantes. El arresto de La Mija lo llevó a cabo el Ejército.
Proceso
20/06/2011
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