La batalla contra las armas

Olga Pellicer
16 de junio de 2011

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El tráfico de armas alimenta la violencia a lo largo del mundo. Está en el origen de acciones terroristas, de ejércitos irregulares, de asesinatos cometidos por mentes perturbadas, de ejecuciones masivas perpetradas por miembros del crimen organizado. Su presencia creciente en México es motivo justificado de preocupación.

Con las armas adquiridas a los comerciantes del terror han encontrado la muerte miles de personas, se ha fortalecido la capacidad de intimidación de los cárteles de la droga, se ha aterrorizado a millones de ciudadanos. Luchar contra el tráfico de armas requiere de medidas muy variadas; unas al interior de México, otras al interior del principal proveedor de armas en el mundo que son los Estados Unidos.

Las armas que llegan a México provienen en 80% de los estados fronterizos de la Unión Americana. Por lo tanto, la batalla para detener el tráfico se encuentra condicionada a los avances que se logren en aquel país. Desgraciadamente, los esfuerzos por regular la compra-venta de armas encuentran múltiples problemas en Estados Unidos. Cualquier intento de poner restricciones al libre comercio de armas remite de inmediato a las libertades establecidas en la segunda enmienda de su Constitución y propicia enconados debates que colocan en posiciones contrarias a quienes tienen conciencia de los efectos mortíferos de la venta indiscriminada de armas y quienes defienden poderosos intereses económicos e ideológicos.

Existe un amplio movimiento ciudadano que ha venido luchando por establecer regulaciones para evitar que las armas lleguen a manos criminales. Expresiones de ese movimiento son, desde la excelente película de Michael Moore Bowling for Columbine, hasta las iniciativas promovidas en el legislativo por organizaciones muy activas y de alta visibilidad como la Coalición de Alcaldes contra las Armas Ilegales.

Actuando en sentido contrario se encuentra la Asociación Nacional del Rifle (NRA), una de las organizaciones más poderosas para aglutinar y dar voz a las personalidades más conservadoras de los Estados Unidos. La NRA mueve inmensos recursos financieros para apoyar las campañas de Representantes y Senadores, cuya preocupación más urgente es obtener recursos e interpretar correctamente el sentir de sus electores para lograr su reelección.

La NRA ha convencido a numerosos legisladores de la conveniencia de creer en dos mitos: uno, que tomar posición a favor del control de armas es un camino seguro para perder una elección; dos, que los controles son inútiles en la medida que quienes anhelan obtener armas las obtendrán de todas maneras, a pesar de la regulación existente.

La fuerza del NRA se ha hecho sentir recientemente. A comienzos del mes pasado fue derrotada en la Cámara de Representantes la iniciativa bipartidista que buscaba establecer controles a la venta de armas y explosivos a quienes eran sospechosos de actividades criminales. En la misma línea se ubica la negativa a la solicitud del presidente Obama de otorgar autorización, a la Agencia para el Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF), de llevar un registro de aquellas personas que compran o venden armas semiautomáticas o de alto calibre en los estados fronterizos con México.

En ese ambiente se ubica la iniciativa promovida en México por la organización Alianza Cívica para suscribir una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos con tres peticiones: detener inmediatamente la importación de armas de asalto a Estados Unidos, porque la mayoría llega de contrabando a México; aumentar la capacidad regulatoria de la ATF en regiones donde se abastece el contrabando de armas a México; ordenar a los vendedores a reportar a la ATF la venta de varias armas de asalto a una misma persona.

Esta incursión de la sociedad civil mexicana en la batalla para el control de armas en Estados Unidos tiene el enorme mérito de abrir la puerta para una acción conjunta de las sociedades de ambos países y contribuir a la mayor toma de conciencia, aquí y allá, del enorme daño que está causando el tráfico de armas a México.

Reconociendo esos méritos encuentro, sin embargo, dos limitaciones: una, que tiene como único destinatario al presidente Obama. Sin embargo, los actores clave en este tema son las asociaciones civiles, los legisladores, los medios de comunicación. Ningún presidente de los Estados Unidos –independientemente de que cuente o no con las facultades para hacerlo– toma medidas sobre un tema tan sensible sin medir cuidadosamente las presiones e intereses que expresan dichos actores; menos aún cuando se encuentra en proceso de buscar la reelección.

La segunda limitación es apoyar, indirectamente, la política de reclamos que ha dado el tono a la estrategia del presidente Felipe Calderón para dialogar con Estados Unidos. En estas páginas me he referido de manera muy crítica a esa estrategia que tuvo una expresión muy controvertida en el discurso pronunciado en el Congreso de los Estados Unidos en mayo de 2010. Esa estrategia conlleva, al menos, tres problemas: colocar en segundo término la responsabilidad del gobierno mexicano como es, por ejemplo, mejorar el control de los puestos aduanales por donde atraviesan las armas; alentar el antimexicanismo que recorre a numerosos sectores de la sociedad estadunidense y, sobre todo, perpetuar la tendencia de la clase política mexicana a ignorar las complejidades del sistema político de los Estados Unidos formulando demandas de tal manera que, casi irremediablemente, no encontrarán respuesta.

A pesar de esas reservas, comparto el espíritu de quienes han decidido participar activamente en la batalla contra las armas. Es el comienzo alentador de un mayor involucramiento de la ciudadanía en un asunto que afecta gravemente la vida nacional.