Isaín Mandujano
Mediante la ofensiva judicial contra Pablo Salazar Mendiguchía se pretende anular cualquier intento del exgobernador por demostrar que durante su gestión no malversó fondos públicos. Pero, más aún –sostiene su defensa–, se buscó impedir que evidenciara la "pésima gestión económica" de su sucesor Juan Sabines, con quien tenía un pleito político que degeneró en encono personal. Al poco tiempo de convertirse en gobernador, Sabines le dio la espalda a Salazar, quien lo impulsó al cargo, y más recientemente decidió trabar amistad con quien es considerado el artífice de los golpes contra el exmandatario, contra Jorge Hank y los que faltan…: Felipe Calderón.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Cuando el 3 de enero pasado el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía anunció que reiniciaría sus actividades políticas tras cuatro años de retiro, cundió la intranquilidad en el despacho de su sucesor, Juan Sabines Guerrero, y de sus más cercanos colaboradores.
Mediante la utilización de su blog http://blog.unocontodos.org y un envío masivo de 100 mil correos electrónicos, Salazar empezó a hacer el ruido que su sucesor tanto temía.
Por espacio de cuatro años los medios controlados por el gobernador Sabines no dejaron de señalar a Salazar como un "delincuente" que malversó los 11 mil millones de pesos destinados a tareas de reconstrucción en 42 municipios afectados por el huracán Stan en octubre de 2005.
Grupos políticos, medios, periodistas y personajes que fueron perseguidos por Salazar durante su sexenio (2000-2006) cerraron filas en torno al gobernador Sabines y le exigieron que lo frenara, pues se especulaba que buscaría una candidatura al Senado por el Partido del Trabajo rumbo al 2012.
En 2006, Sabines ganó las elecciones para gobernador de Chiapas. Pudo lograrlo con el impulso del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y con el apoyo del gobernador Salazar. Así lo denunció en su momento el candidato derrotado del PRI, José Antonio Aguilar Bodegas.
Sin embargo, una vez que tomó posesión, en diciembre de 2006, Sabines se alejó de quienes lo apoyaron y se alineó con el presidente Felipe Calderón. Primero se distanció de López Obrador, y de manera gradual marcó su distancia con Salazar. Ello se reflejó a partir de que hizo una limpia y despidió a una docena de funcionarios que habían trabajado en la administración de Salazar y permanecían incrustados en el gabinete sabinista.
El caso más representativo de esta purga lo protagonizó Mariano Herrán Salvatti, quien se desempeñó como procurador durante el gobierno de Salazar. En enero de 2009 fue capturado y acusado de asociación delictuosa, peculado, ejercicio ilegal del servicio público y abuso de confianza en agravio del patrimonio del Estado y de la sociedad. Aún permanece recluido en el penal de El Amate.
Con la misma vara
Durante su gestión, Salazar persiguió y encarceló a los más cercanos colaboradores de su antecesor Roberto Albores Guillén (1998-2000). Años después, él mismo empezó a ser vigilado, perseguido y acosado, no sólo en los medios de Chiapas, sino también a partir de inserciones pagadas en periódicos de la capital del país y en programas de televisión como algunos que se transmitieron en Canal 40, de TV Azteca.
El embate contra Salazar se materializó pese a que en 2008 el gobernador Sabines dio por concluidas las auditorías en torno al manejo de los recursos para la reconstrucción.
El abogado Ilán Katz, uno de los defensores de Salazar, afirma que sus colaboradores más cercanos empezaron a ser acosados con diligencias administrativas. Indica que Socorro Domínguez, titular del Instituto de la Vivienda, fue detenida y llevada a prisión. Le ofrecieron, afirma el litigante, purgar su pena en la modalidad de arraigo domiciliario a cambio de que incriminara a Salazar por mal manejo de recursos públicos.
Acostumbrado a realizar distribuciones masivas de panfletos cuando los medios lo atacaban, Salazar mandó imprimir 50 mil ejemplares de un folleto titulado La verdad sobre la reconstrucción, que pretendía distribuir en los 42 municipios afectados por el huracán Stan en octubre del 2005.
No pudo hacerlo porque la madrugada del jueves 2 un grupo armado, en autos sin placas y vestidos de negro, entró a sus oficinas en Tuxtla Gutiérrez y le decomisó la publicación.
Al día siguiente, Salazar responsabilizó de este hecho a la policía de Sabines e interpuso una demanda ante la PGR. No acudió ante la procuraduría estatal, que por su propia iniciativa inició una averiguación previa.
El exmandatario ya veía venir una ofensiva en su contra. Así lo dijo en el noticiario La Red, conducido por Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Además de referirse a la confiscación de sus folletos, manifestó que los ataques promovidos por el gobierno de Sabines eran una cortina de humo para encubrir el pésimo manejo de las finanzas estatales realizado por el mandatario y su equipo; afirmó también que al término de su encomienda el gobierno de Chiapas tenía una deuda pública igual a 0, mientras que la administración de Sabines ya endeudó a la entidad por miles de millones de pesos. "Eso es lo que pretenden ocultar al acusarme", dijo.
El martes 7 el exgobernador fue detenido en el aeropuerto de Cancún y traído a Chiapas, donde se le instruyó el procedimiento penal 96/2011por peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa.
Pese a que durante cuatro años y medio fue cuestionado por el manejo de miles de millones de pesos del fondo destinado a las tareas de reconstrucción en las poblaciones afectadas por Stan, las autoridades estatales ahora lo acusan del desvío de recursos por 104 millones de pesos.
La procuraduría estatal argumenta que a través de una aseguradora, Salazar y sus colaboradores contrataron una póliza denominada Vidadot-2-2 que abarcaba cobertura básica por fallecimiento, por supervivencia "total" y por gastos funerarios durante el periodo que comprendía del 19 de diciembre del 2005 al 7 de diciembre de 2006; es decir, un día antes de terminar su gestión al frente del gobierno del estado.
También sostiene que los más de 50 servidores públicos involucrados en esta supuesta operación irregular le otorgaron un amplio poder a Nelda Rosa Camacho Alayola, entonces secretaria de Administración, para que realizara los trámites correspondientes ante la aseguradora y pudiera cobrar los recursos públicos. Se afirma que efectuó esta maniobra por medio de varios cheques el 27 de febrero de 2007; esto es, tres meses después de que concluyera su encargo, cuando ya no eran empleados del gobierno.
De acuerdo con Katz, el expediente penal, que consta de 21 tomos que contienen 9 mil 117 fojas útiles, fue integrado desde 2009. El litigante considera que las acusaciones contra el exgobernador forman parte de una revancha política, y asegura que la averiguación previa está prendida con alfileres. Apunta que este caso demuestra que no existen límites cuando un gobernador se empeña en destruir a una persona.
Los argumentos que ahora esgrime Salazar para defenderse de las acusaciones en su contra son los mismos que en su momento utilizaron los perseguidos durante su sexenio. Entre éstos se encontraban colaboradores del gobierno de Albores Guillén y periodistas como Ángel Mario Ksheratto, así como los directivos del diario Cuarto Poder. Se decían víctimas de abuso de poder, violaciones a los derechos humanos y jueces "a modo" que los condenaban sin razón.
El articulista local José López Arévalo dice a Proceso que la presente crisis política en la entidad se debe aprovechar para poner en el banquillo de los acusados no a Pablo Salazar ni a Juan Sabines, sino al sistema feudal que rige en Chiapas.
"No es posible ni deseable que el Ejecutivo estatal, sexenio tras sexenio, tenga sometidos a los poderes, que, por ley, deberían ser autónomos", afirma, y añade: "El Poder Legislativo y el Judicial son una vergüenza, y no se diga los órganos electorales, Derechos Humanos, medios de comunicación, organizaciones sociales y demás instancias corporativizadas. Todos de hinojos al poder unipersonal del Ejecutivo, como en los peores años de PRI-gobierno".
Recuerda que fue el gobernador Pablo Salazar quien apoyó y catapultó la carrera política de Sabines. Por él llegó a ser diputado local, presidente municipal y gobernador.
En medio del vendaval hay quienes aplauden la acción de Sabines. Uno de los primeros en salir a brindarle su apoyo fue Roberto Albores Guillén, gobernador de enero de 1998 a diciembre de 2000, quien también fue perseguido por el entonces mandatario Pablo Salazar.
"En mi carácter de exgobernador de Chiapas manifiesto mi respaldo total al gobernador Juan Sabines Guerrero para que llegue hasta las últimas consecuencias en la aplicación irrestricta de la ley, sobre las diversas demandas que enfrenta la administración de Salazar y en específico la persona de Pablo Salazar", manifestó Albores en una conferencia de prensa el miércoles 8.
Señaló que la aprehensión "es un acto de justicia, de respeto al estado de derecho y un severo golpe a la impunidad".
Según Albores, Pablo Salazar no tiene autoridad moral ni política en Chiapas, pues "encabezó un gobierno represor y malgastó su tiempo en saciar sus ansias de venganza, frustración y resentimiento social". Todo su aparato de gobierno, dijo, se volcó a fabricar delitos, a conculcar derechos y a saciar venganzas. "Los servidores públicos de mi gobierno, que fueron confinados injustamente, demostraron su inocencia y obtuvieron su libertad", expuso.
Por cierto, durante su gobierno (enero de 1998 a diciembre de 2000), Albores desató una persecución feroz contra las bases de apoyo del EZLN, desmanteló varios municipios autónomos y encarceló a cientos de indígenas rebeldes en el penal de Cerro Hueco.
Proceso
13/06/2011
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