Impunidad panista

Miguel Ángel Granados Chapa

Tal como hicieron el presidente Fox y su secretario de Gobernación con Sergio Estrada Cajigal, gobernador de Morelos señalado en 2004 por solapar a funcionarios suyos devenidos delincuentes, el actual titular del Ejecutivo de ese estado, Marco Antonio Adame, fue arropado a domicilio por Fernando Gómez Mont y por el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora. Se trata de una medida cautelar, en previsión de que las indagaciones ministeriales sobre el ex secretario de Seguridad Pública Luis Ángel Cabeza de Vaca implicaran a Adame, quien por lo menos demoró un año en deponer a su colaborador luego de tener noticia formal de su probable vínculo con el narcotráfico. Ha de creer que con el aval federal la impugnación local reduce su importancia.

Entre las muchas causas de decepción que el panismo hecho gobierno ha causado a sus votantes cuenta de modo capital el que extienda un manto de impunidad a sus militantes y el que no sufra ni se acongoje cuando sus miembros cometen delitos, faltas o infracciones, y se las arreglan para evitar la sanción correspondiente. El partido que tanto bregó por la instauración de la democracia, actuando siempre desde una perspectiva ética parece haber renunciado a esa dimensión de la política, sin la cual se convierte en mera tensión entre fuerzas carentes de escrúpulos.

Estrada Cajigal, que abandonó recientemente ese partido, estuvo sujeto a juicio político porque no atendió las acusaciones contra funcionarios de la Procuraduría de justicia del estado, que aun purgan penas porque se les halló responsables de delitos graves, mientras que el gobernador quedó a salvo gracias al cobijo que le prestó su partido. Tuvo que desprenderse de colaboradores cercanos, como el secretario de Gobierno Eduardo Becerra, pero a su renuncia no siguió ninguna averiguación. Y se sabía por Alberto Pliego desde entonces, como se ha recordado ahora, el llamado superdetective que actuó un tiempo al frente de la policía ministerial morelense, que Becerra promovía la aceptación de donaciones procedentes de la delincuencia organizada. Benefició a Becerra, como a su jefe, la proclividad panista a dejar impunes las conductas reprochables de sus militantes.

Ahora mismo están en curso otros casos donde el PAN conseguirá lenidad y aun impunidad en provecho de los suyos. Uno es el del episodio en que por insólita honradez de una de las partes se frustró el intento de pagar una campaña política panista con recursos del gobierno federal del mismo signo. En apariencia, Miguel Ángel Jiménez no es miembro del PAN y por lo tanto no le sería aplicable el razonamiento que aquí expongo. Pero en los hechos actuó como si tuviera credencial de ese partido, ya que a la hora de ser designado director general de la Lotería Nacional era integrante del bloque elbiazul, es decir la franja del gobierno federal entregada al establo (dicho sea en el sentido pugilístico) de Elba Esther Gordillo, simultáneamente cabeza del sindicato del magisterio y del partido Nueva Alianza.

Jiménez buscó pagar la campaña de candidatos panistas campechanos (no en referencia a su bonhomía sino a su oriundez) con dinero de la Lotería Nacional. Denunciado que fue por el Diario de Yucatán, que no se avino a ser cómplice de ese delito, se otorgó a sí mismo unas vacaciones pagadas de mes y medio dizque para no entorpecer la indagación sobre su conducta. Pero la Secretaría de la Función Pública dijo el lunes que su presencia en el cargo no era obstáculo para la averiguación, por lo que era conveniente que reasumiera sus funciones. En vez de hacerlo, Jiménez renunció. Pero se va sin que recaiga sobre él ninguna pena, entre otras razones por la parsimonia con que actúa la Sefupu, una creación del gobierno panista para practicar la impunidad. Ninguno de sus titulares ha castigado a ningún pez gordo, como fue la oferta previa a la creación de la dependencia. Francisco Barrio, Eduardo Romero, Germán Martínez y Salvador Vega Casillas han procedido más en la línea de asegurar impunidades que de sancionar infracciones.

El PAN extendió en este caso su manto protector a sus miembros coludidos con Jiménez para perpetrar el delito electoral que la honradez periodística del Diario de Yucatán frustró. El principal de ellos es Carlos Mouriño, en cuyo despacho y con cuya presencia el ahora renunciante propuso el trato delictuoso no aceptado.

Sin ser miembro de ese partido, no obstante que ya dos veces ha sido postulado por él, Demetrio Sodi será beneficiario de su afán solapador. Será difícil, diríase que imposible, documentar la compra de tiempo a Televisa con la que el aspirante a gobernar la delegación Miguel Hidalgo violó la Constitución y quebrantó la equidad en la contienda. Pero aun si candorosamente aceptamos que no hubo pago en numerario, es claro que el gran favor otorgado por la principal televisora del país alteró los términos de la competencia. Sodi no será sancionado por los órganos electorales y quedará satisfecho consigo mismo por su sagacidad al meter un gol cuando sus amigos de los medios le ofrecieron comentar un importante partido de futbol. Tampoco Acción Nacional resentirá perjuicio legal ninguno por esa infracción. Y no habrá en el PAN ninguna voz profética (en el sentido bíblico de la expresión) que reconvenga al candidato externo por infringir la línea ética de ese partido. Y no podrá haberla porque Sodi, como Calderón, podrá ufanarse de gobernar su territorio "haiga sido como haiga sido".

Cajón de Sastre

El reportero Eliseo Barrón Hernández, que hace 11 años trabajaba para el diario La Opinión de Torreón a cargo de la información policiaca, fue levantado en el interior de su casa, en Gómez Palacio, Durango, y su cadáver fue hallado horas después en un canal de riego del ejido Eureka. El diario para el que trabajaba forma parte de la cadena Multimedios, que edita en varias ciudades el diario Milenio. En su edición capitalina de ayer, ese periódico recuerda que "en los días recientes Eliseo Barrón cubrió la información sobre el conflicto en el interior de la dirección de seguridad pública municipal de Torreón, de la que fueron cesados 302 policías preventivos por pérdida de la confianza. Los expedientes de estos elementos fueron entregados a corporaciones policiacas estatales, además del Ejército mexicano, PGR y SSP federal".

Reforma 27/05/2009